El Congreso de Bolivia cede ante la presión popular y envía a Sánchez de Lozada a juicio

Por Econoticiasbolivia.com
La Paz, 14 octubre 2004.-

Arrinconado por una creciente presión popular, el Congreso de amplia mayoría neoliberal, que avaló, apoyó y cogobernó con el depuesto régimen del ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada, se vio obligado esta madrugada a autorizar el enjuiciamiento del ex mandatario y de todos sus colaboradores.

Esta decisión, según admitieron varios parlamentarios durante los debates que se prolongaron desde la mañana de ayer, fue asumida para evitar que los sindicatos y organizaciones populares cumplan su amenaza de cerrar el Parlamento, ante la eventualidad de que éste deje en la impunidad a Sánchez de Lozada y sus colaboradores, que ahora deben ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia.

La presión fue tan intensa que fueron los propios parlamentarios del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido jefaturizado por Sánchez de Lozada, actualmente refugiado en Estados Unidos, los que viabilizaron el enjuiciamiento al presentar una propuesta de resolución para juzgar a todos aquellos que tuvieron responsabilidad en la masacre de hace un año, en la que perecieron 67 civiles y quedaron heridos a bala más de 300.

Según la resolución, aprobada por 126 votos a favor, 13 en contra y uno en blanco, el juicio involucrará a Sánchez de Lozada y a todos sus ministros, existiendo la posibilidad de que el ex presidente Jaime Paz Zamora, jefe del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y el capitán Manfredd Reyes Villa de la derechista Nueva Fuerza Republicana (NFR) también sean interpelados por la justicia por su participación en el gobierno derrocado en octubre.

En la sesión congresal de 12 horas, los parlamentarios del MIR y de la NFR, junto a los congresales del Movimiento al Socialismo (MAS) del cocalero Evo Morales, habían intentado enjuiciar sólo a Sánchez de Lozada y a dos de sus ministros, el de Defensa y el Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín y Yerko Kukoc, dejando libres de pena y culpa a todos sus otros colaboradores.

Sin embargo, este acuerdo propiciado por Evo Morales con los que cogobernaron con Sánchez de Lozada, fracasó al no obtener los votos necesarios. Los partidarios del MAS optaron por esta acción en la creencia de que la presión popular no era suficiente para doblegar el Parlamento y que era necesario darles inmunidad a los ex aliados de Sánchez de Lozada, para así "viabilizar" por lo menos un juicio de responsabilidades restringido contra el ex presidente y sus dos más cercanos colaboradores.

Fracasada la acción, los seguidores de Morales, al igual que los miembros del MIR y de la NFR, concluyeron apoyando la propuesta de los seguidores de Sánchez de Lozada para juzgar a todos los que gobernaron Bolivia durante la luctuosas jornadas de octubre.

La decisión congresal, fruto de la presión popular, fue bien recibida por la Central Obrera Boliviana (COB) y por las organizaciones sociales y populares que marchan a pie a La Paz precisamente para imponer el juzgamiento de Sánchez de Lozada y para lograr la nacionalización del gas y el petróleo.

"Estamos satisfechos por el juicio contra Goni y sus colaboradores. Ahora la justicia tiene que obrar con imparcialidad, aunque dudamos de los miembros del Tribunal de Justicia", dijo el líder de la COB, Jaime Solares, que anunció que su organización seguirá pugnando por incluir en el juicio al actual presidente Carlos Mesa, que hace un año era vicepresidente y leal seguidor de Sánchez de Lozada.

Solares, a nombre de la COB, convocó a los trabajadores y al pueblo a profundizar la movilización social, a marchar masivamente sobre La Paz y cercar el Congreso para lograr ahora recuperar los hidrocarburos de manos de las transnacionales. "Se ha logrado el juicio a Goni, ahora es el turno de aplastar la ley neoliberal de hidrocarburos y arrancar la nacionalización", dijo.

Sin embargo, en las esferas parlamentarias y en el gobierno se aguarda que el enjuiciamiento a Goni y a sus colaboradores aplaque la presión social, dejando a salvo los intereses de las transnacionales petroleras.