Ecuador avanza con su ley de medios, a pesar de las presiones de los grupos concentrados

El proyecto será debatido en primera instancia en el pleno de la Asamblea Nacional el próximo 10 de diciembre y, luego de un segundo discusión, deberá estar listo para su votación en el mes de febrero. Las grandes corporaciones mediáticas del país parecen haber tomado nota de sus homólogas argentinas en cuanto a los argumentos para oponerse a la democratización del sector.

La nueva ley de Comunicación de Ecuador, que busca reemplazar a la actual norma de Radiodifusión y Televisión, regulará el derecho a la comunicación establecido en la Constitución Nacional con un enfoque basado no en la libertad de empresa de la época neoliberal, sino en el acceso a los medios de todos los ciudadanos y ciudadanas.

El presidente Rafael Correa defendió el martes último la iniciativa al subrayar que "es obvio que se requiere una ley que regule adecuadamente la comunicación social e impida los abusos que cotidianamente se dan".

Por su parte, el asesor jurídico de la Secretaría de Comunicación de Ecuador, Rafael Balda, explicó que la ley vigente sólo aborda aspectos técnicos de las telecomunicaciones y deja fuera a la prensa escrita.

Para Balda, la nueva norma debe constituirse en "una disposición en defensa del periodismo, para que la responsabilidad de la información no recaiga sólo sobre el periodista, sino también sobre el medio de comunicación".

El proyecto, que fue redactado por la Comisión Ocasional de Comunicación Social de la Asamblea Nacional, será debatido por el pleno parlamentario el próximo 10 de diciembre. Las observaciones que surjan en este primer debate deberán ser incorporadas por la Comisión para un segundo debate, que habilitará la votación de la iniciativa en febrero del año que viene, según se estima.

Desde que Ejecutivo ecuatoriano puso en agenda la discusión hacia una nueva ley de regulación de medios, para democratizar las comunicaciones, el ataque de los grandes grupos mediáticos concentrados nacionales e internacionales ha sido constante, en colaboración incluso con las cámaras empresariales que representan los intereses monopólicos en la región, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Grupo de Diarios de América (GDA).

La situación que atraviesa Ecuador actualmente es similar a la de los días más álgidos del debate por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, donde los grandes medios del Grupo Clarín y de otros holdings salieron con artillería pesada para tratar de frenar la sanción de la norma.

Los argumentos en contra que se escuchan en el país andino son los mismos que aún se repiten en Argentina: hablan de la democratización de las comunicaciones como de una "mordaza" contra los "medios independientes", de la regulación como una violación a la libertad de expresión, tratando de confundir los intereses privados con los de una sociedad en su conjunto.

Hace un mes atrás, la SIP organizó su asamblea general en Buenos Aires para condenar tanto la ley argentina como la ecuatoriana. "Este año fue tal vez el más complicado en mucho tiempo para el funcionamiento de las instituciones democráticas y para el ejercicio del periodismo independiente", sostuvo la patronal de medios interamericana, y señaló como los casos "más preocupantes" las iniciativas impulsadas por Cristina Fernández y Rafael Correa.

En la volteada también cayó, por cierto, el gobierno de Hugo Chávez, uno de los blancos sistemáticos de la SIP porque en Venezuela se cometió la osadía de liberar el espectro radioeléctrico del monopolio dominante.

El GDA, conformado por una docena de diarios hegemónicos de la región, también impulsa una fuerte campaña para definir la democratización mediática como una "amenaza". Las "leyes restrictivas impulsadas por diferentes gobiernos" pretenden "levantar barreras a la libertad de expresión y a la labor fiscalizadora que los medios ejercen sobre los poderes públicos", dicen al unísono periódicos de ese grupo, como El Comercio de Ecuador, La Nación de Argentina, El Mercurio de Chile, entre otros.

Sin embargo, en un reciente artículo (¿Ley Mordaza para quién?), el periodista Galo F. Benítez sostiene que en su país "el pueblo ecuatoriano jamás ha tenido libertad de expresión, el derecho a la comunicación le ha sido negado desde siempre. Hemos sido meros espectadores pasivos de una programación basura de televisión y radio, que jamás aportó al afianzamiento de los valores humanos, al desarrollo de la cultura, tradiciones y formación ética de las últimas generaciones".

"Políticos influyentes y curas de abolengo han aprovechado el espectro radioeléctrico para ganar votos en las elecciones y almas incautas en los púlpitos de las iglesias. El resultado del control monopólico e ideológico está a la vista. El pueblo sigue siendo pobre e ignorante, mientras las élites eclesiásticas, bancarias y empresariales amasan fortunas cada día", agrega Benítez.

Amplios sectores de la sociedad civil ecuatoriana, entre ellos organizaciones académicas, indígenas, gremiales de medios, religiosas, femeninas y de derechos humanos, también respaldaron la necesidad de aprobar una nueva ley de Comunicación.

"Condenamos la campaña mediática de los grandes grupos empresariales de la comunicación en Ecuador que, a pretexto de defender la libertad de expresión, no buscan otra cosa que precautelar sus intereses corporativos" y que "no haya ninguna ley de comunicación", subraya una carta abierta difundida este viernes y firmada por un total de 22 organizaciones.

En el texto también se propone "la re-conceptualización radical del Proyecto de Ley" en base a 11 puntos, entre ellos: Defensa irrestricta de la libertad de expresión; defensa irrestricta del derecho a recibir información verificada y plural; derecho a la rectificación frente a información falsa o injuriosa; distribución en tres tercios de las frecuencias de radio y televisión entre los sectores público, privado y comunitario; prohibición de concentración de frecuencias y monopolios mediáticos.

Además, las organizaciones reclaman producción nacional y local desde la diversidad cultural y geográfica; acceso universal a tecnologías de información y comunicación; institucionalización de la defensoría del público; distribución equitativa de la publicidad estatal en los medios y el país, y reversión de frecuencias obtenidas ilegítimamente.

Política y Medios. Argentina, 4 de Diciembre de 2009.