Economía y estado de excepción

El desborde hacia México y Canadá del estado de excepción instaurado en Estados Unidos después del 11/9 con la Ley Patriota (renovada el pasado jueves), la Ley de Comisiones Militares que conlleva la abrogación del habeas corpus y la ley marcial que permite al Ejecutivo el uso de los militares en tareas de seguridad pública tiene como trasfondo el sur del Bravo la explosividad social y la informalidad económica de la cual la delincuencia y el narcotráfico son expresiones cruciales, gestadas al calor del manejo clasista de la política económica del FMI-Banco Mundial-BID y las secretarías del ramo, en vigor en centro y periferia capitalista por tres décadas, ante una crisis estructural que persiste, se amplía y se agudiza desde 2007.

Agréguese la incapacidad del alto capital, en especial de los sectores financiero, bélico-industrial, de seguridad y de los intereses vinculados a la quema de combustibles fósiles, para enfrentar colapsos como el desempleo crónico, los retos ambientales y los límites geológico/atmosféricos (peak oil y calentamiento global) del patrón energético y se confirmará el aserto de Istvan Mézáros a Lucien Goldman, durante la rebelión estudiantil parisina en 1968, de que la crisis que se perfilaba entonces, haría aparecer la gran depresión « como una tarde de té en la vicaría. »

Ese es el trasfondo de la protesta del « otro mundo es posible » del Foro Social Mundial ; del « estamos hasta la madre » y del Movimiento de Regeneración Nacional en México, que lleva a cientos de miles (y a millones detrás de ellos) a las plazas y calles, de San Cristóbal al Zócalo y a Ciudad Juárez ; del Cairo a Madrid y a Madison : son respuestas, cada vez más extensas e intensas de trabajadores, sindicatos de entes públicos y privados, campesinos, indígenas y de amplias fracciones de la clase media, ante la agresión económica y policial-militar, de esquemas oligárquico-imperiales de intervención/ocupación, saqueo y explotación, que operan bajo la militarización de la guerra al narco, al crimen organizado o al terrorismo, con « estímulo » presupuestal y diplo-militar de la « Iniciativa Mérida » (IM) de Estados Unidos en México y Centroamérica. Estados Unidos no está exento. Aún el conservador Instituto Cato detecta, a raíz del 11/9, « una perturbadora militarización de las operaciones de seguridad pública civil », así como « un aumento dramático en el uso de unidades policiacas paramilitarizadas en labores policiales rutinarias », a lo que se agrega un muy extenso e ilegal espionaje electrónico de la ciudadanía por la Agencia de Seguridad Nacional. Jack Balking de Yale, percibe la « normalización y legitimación bipartidista de un estado de vigilancia nacional » (New Yorker, 23/5/11 p.48) : « desde el 11/9 surgió una vasta y nueva burocracia de seguridad en la que se emplea al menos dos millones y medio de personas con autorización para manejar información confidencial, secreta o de secreto máximo ; cuentan con inmensos fondos para la vigilancia electrónica », retorciendo la ley para hacerlo, así como arreglos público/privados, « que han transformado a la industria contraterrorista en un poderoso cabildo ». Y Obama, advierte Balkin, « ha adoptado sistemáticamente políticas consistentes con lo que se hizo durante el segundo gobierno de Bush ». Es un estado orwelliano policial-militar, con aval de Bush (y ahora de Obama) bajo la noción, inconstitucional, de la primacía del Ejecutivo sobre Legislativo y Judicial como comandante en jefe de la guerra anti terrorista.

En México con la Ley de Seguridad Nacional se alienta algo similar : un estado de excepción a la sombra de una creciente montaña de 40 mil cadáveres. Es un diseño dictatorial impulsado por PRI y PAN para « legalizar » la inconstitucional militarización de la seguridad pública. A Estados Unidos le importa dar continuidad al actual esquema de intervención, aun a costa de prolongar la masacre en curso entre mexicanos. ¿Será una exigencia que ya Peña Nieto negoció a cambio de la presidencia ?

John Saxe-Fernández
La Jornada. México, 2 de junio de 2011.