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Por Immanuel Wallerstein
La Jornada. México, 9 de noviembre de 2008.
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Dramáticas consecuencias" son lo que el secretario de Defensa estadunidense, Robert Gates, predice si, para el primero de enero de 2009 no hay algún acuerdo respecto de los derechos de las tropas estadunidenses para operar en Irak, ya sea mediante el llamado Acuerdo de Estatus de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) entre Irak y Estados Unidos o, la segunda opción, menos buena, mediante una extensión del mandato de Naciones Unidas que hasta el momento es la base jurídica para la presencia y derechos de la actividad militar estadunidense ahí, pero que expira el 31 de diciembre de 2008.
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irak han llegado a un impasse, como casi todo el mundo reconoce ahora. Podría haber una salida de último minuto, pero es poco probable. Parece más probable que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúna al mero final de diciembre para autorizar una extensión limitada en tiempo del presente mandato. Esto le arrojaría la cuestión a las manos del siguiente presidente estadunidense para que la negocie. Esto no es lo que el gobierno de Bush hubiera querido o esperado que pasara.
Hace más o menos un año, el gobierno de Bush estaba confiado de que podría negociar un acuerdo SOFA con el que se suponía era un gobierno amistoso en Irak, el de Maliki. Quería un acuerdo que más o menos renovara las reglas actuales que gobiernan las operaciones militares estadunidenses en Irak y que fuera uno que le amarrara las manos al próximo gobierno estadunidense por varios años. Los negociadores estadunidenses propusieron un acuerdo a nivel de ambas administraciones, uno que no tuviera que ser ratificado por las legislaturas de los dos países.
Todo fue mal con ese plan. Primero que nada, las legislaturas insistieron en que querían ser parte de los arreglos, especialmente el cuerpo legislativo de Irak. Segundo, hubo importantes voces políticas al interior de Irak que estaban contra cualquier arreglo que mantuviera las fuerzas estadunidenses en Irak. Por supuesto, esas voces incluían al grupo encabezado por Moqtada Sadr, quien consistentemente ha levantado la bandera del nacionalismo iraquí contra la continuación de la presencia estadunidense.
Pero Sadr no estaba solo. Resultó que había serias reservas al interior de tres grupos que Estados Unidos contaba con que simpatizaran con una extensión -los dos principales partidos chiítas aparte de los sadristas (el SCIRI y el partido de Maliki, Dawa), los así llamados moderados sunitas y por supuesto los kurdos. Los rumores de todas partes hicieron que el primer ministro Nuri Maliki asumiera una línea bastante más dura en las negociaciones de lo que Estados Unidos había anticipado. Comenzó a actuar como si su mayor preocupación fuera verse rebasado por otros como líder nacionalista iraquí, en particular Moqtada Sadr.
Maliki elevó entonces dos demandas primordiales en las negociaciones. Pidió una fecha segura para la retirada de las tropas estadunidenses. Y quiso someter a esas tropas y a los contratistas civiles estadunidenses a la jurisdicción iraquí, siempre que fueran acusados de serios crímenes cometidos fuera de la legítima actividad militar. Ambas demandas fueron un total anatema para Estados Unidos.
Pero Maliki se mantuvo firme. Y después de muchos meses obtuvo concesiones. Hubo acuerdo en la fecha (2011) para retirar las tropas de combate estadunidenses, y hubo acuerdo en que privaría la jurisdicción iraquí al respecto de la conducta en el ámbito no militar. Pero el fraseo de cada una de estas concesiones incluyó también cláusulas de escape. La retirada en 2011 estuvo sujeta a "las condiciones en el terreno". Y la jurisdicción iraquí quedó sujeta a que alguien (presumiblemente Estados Unidos) decidiera que la conducta en cuestión quedaba, de hecho, fuera de la legítima actividad militar.
Las compuertas de escape resultaron ser un exceso, como para que las aceptaran los políticos iraquíes. Como lo puso uno de ellos, "nos otorgan con la mano derecha lo que nos quitan con la izquierda". Así que, uno tras otro, dicen que no votarán para aprobar el actual borrador "de compromiso". La voz más importante que va con esta línea fue el gran ayatola Sistani que indicó que la propuesta actual era inaceptable. El mayor partido chiíta, el SCIRI, rechazó el borrador. Los moderados sunitas y los kurdos indicaron que querían cambios. El gabinete iraquí completo votó en el sentido de que se insistiera en enmiendas. Y luego indicó que una de las enmiendas debería ser darle al gobierno iraquí (no al de Estados Unidos) la potestad de decidir si alguna conducta de los estadunidenses quedaba fuera de la legítima actividad militar. No parece que tales enmiendas hayan sido aceptables en lo absoluto para Estados Unidos.
En esta situación, el secretario de Defensa Gates y la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, han intentado emitir comentarios diplomáticos cuidadosos. Otros estadunidenses no se han restringido tanto. El comandante de las tropas estadunidenses en Irak, el general Raymond T. Odierno, dijo que la renuencia iraquí se debía a los sobornos iraníes. Inmediatamente Maliki dijo que Odierno "ponía en riesgo su posición".
Luego el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Michael Mullen, opinó que sin el respaldo de las tropas estadunidenses, las fuerzas iraquíes "no estarían en condiciones de proveer su propia seguridad". El vocero del gobierno iraquí Ali Dabbagh respondió de inmediato con enojo que "no es correcto forzar a los iraquíes a tomar una opción y no es apropiado hablar con los iraquíes de este modo". Otros iraquíes fueron más tajantes. Calificaron de forma de "chantaje" los comentarios de Mullen acerca de ponerle fin a toda la asistencia estadunidense si no se firma el acuerdo SOFA.
Cuando Estados Unidos lanzó su reciente ataque contra supuestos elementos de Al Qaeda localizados en suelo sirio, y lo hizo desde una base en Irak, se lanzó más agua fría al acuerdo propuesto. Un prominente político kurdo dijo que el ataque fue perpetrado sin el conocimiento del gobierno iraquí y daría a los vecinos de los iraquíes "una buena razón para estar consternados acerca de la continuada presencia de Estados Unidos en Irak". Otra enmienda que ahora pide el gabinete iraquí es una que prohíba los ataques de las fuerzas estadunidenses localizadas en Irak a los vecinos.
El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, ha dejado claro que Rusia no se opondrá a una extensión del mandato de Naciones Unidas, siempre y cuando el gobierno de Irak la solicite. Lavrov añadió que Rusia respalda "al gobierno de Irak en la necesidad de garantizar la soberanía de Irak en su propio territorio". ¿Por qué no habría de hacer esto Rusia ? Rusia está bastante contenta de ver que las tropas estadunidenses se hallan atadas en Irak por el momento. Eso constriñe la capacidad estadunidense para usarlas en cualquier otro lugar. En todo caso, existe la cuestión de que si el gobierno iraquí solicitara una extensión del mandato de Naciones Unidas, pediría que se incluyeran en dicha extensión las nuevas previsiones a las que Estados Unidos se opone en el acuerdo SOFA, y si en tal caso Estados Unidos vetaría la extensión.
La persona que calladamente se regocija con lo que está ocurriendo es Moqtada Sadr. Su mera existencia como una voz en la escena iraquí ha forzado a todas las otras fuerzas políticas iraquíes a expresar demandas nacionalistas más abierta y más agresivamente. La marea se mueve en su dirección. Es ahora bastante probable que el gobierno iraquí le pida a Estados Unidos que se retire por completo antes de la hipotética fecha de 2011 en la actual propuesta, y mucho antes de los 100 años de los que alguna vez habló John McCain.
¿Habrá acaso "dramáticas consecuencias" ? El mundo habrá de juzgarlo. Así por supuesto habrán de hacerlo los iraquíes. Y también lo hará la opinión pública estadunidense. Pero dramáticas o no, ocurrirán probablemente.
Traducción : Ramón Vera Herrera.
© Immanuel Wallerstein.
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"Dramatic Consequences in Iraq ?"
by Immanuel Wallerstein
"Dramatic consequences" are what U.S. Secretary of Defense, Robert Gates, predicts if, on Jan. 1, 2009, there is no agreement concerning the rights of U.S. troops to operate in Iraq, either via a so-called Status-of-Forces Agreement (SOFA) between Iraq and the United States or, second best, an extension of the United Nations mandate that is at the moment the juridical basis of the presence and rights of U.S. military activity there, but which expires on Dec. 31, 2008.
The negotiations between the United States and Iraq have reached an impasse, as almost everyone now acknowledges. There could be a last-minute breakthrough, but it seems unlikely. It seems more probable that the U.N. Security Council will meet at the very end of December to authorize a time-limited extension of the present mandate. This would throw the question into the hands of the next U.S. president to negotiate. This is not at all what the Bush administration had wanted or ever expected to happen.
A year ago or so, the Bush administration was confident that it could negotiate a SOFA agreement with a presumed-to-be friendly al-Maliki government in Iraq. It wanted an agreement that would more or less renew the current rules governing U.S. military operations in Iraq and one that would also thereby tie the hands of the next U.S. administration for at least several years. The U.S. negotiators proposed an agreement at the level of the two governments, one that would not have to be ratified by the legislatures of either country.
Everything went wrong with this plan. First of all, the legislatures insisted that they wanted to be part of the arrangements, especially the Iraqi legislature. Secondly, there were important political voices within Iraq who were against any arrangement that would keep U.S. forces in Iraq. These included, of course, the group led by Moktada al-Sadr, who has consistently raised the banner of Iraqi nationalism against a continued U.S. presence.
But al-Sadr was not alone. It turned out that there were serious reservations among all three groups on whom the United States had counted to be sympathetic to an extension - the two main Shi’a parties other than the Sadrists (SCIRI and al-Maliki’s party, Dawa), the so-called moderate Sunnis, and of course the Kurds. The rumblings on all sides led Prime Minister Nouri al-Maliki to take a far tougher line in the negotiations than the United States had anticipated. He started to act as though his greatest worry was that he might be outflanked as an Iraqi nationalist leader by others, and in particular by Moktada al-Sadr.
Al-Maliki therefore made two primary demands in the negotiations. He wanted a firm date for the withdrawal of U.S. troops. And he wanted to submit U.S. troops and civilian contractors to Iraqi jurisdiction, whenever they were accused of serious crimes committed outside of legitimate military activity. Both demands were totally anathema to the United States.
But al-Maliki held firm. And after many months he got concessions. There was agreement on a terminal date of 2011 for U.S. combat troops, and there was agreement on Iraqi jurisdiction on behavior in the non-military arena. But the wording of each concession also included escape clauses. The withdrawal in 2011 was to be subject to "conditions on the ground." And Iraqi jurisdiction was to be subject to someone (presumably the United States) deciding that the alleged behavior was indeed outside of legitimate military activity.
The escape hatches turned out to be too much for Iraqi politicians to accept. As one of them recently put it, "they have given with the right hand what they have taken away with the left hand." So, one after the other, they said they would not vote to approve the present "compromise" draft. The most important voice along these lines was Grand Ayatollah al-Sistani who indicated that the present proposal was unacceptable. The largest Shi’a party, SCIRI, refused the draft. The moderate Sunnis and the Kurds indicated that they wanted changes. The entire Iraqi cabinet then voted to insist on amendments. It then indicated that one of the amendments would be to give the Iraqi (and not the U.S.) government the power to decide on whether behavior of Americans was outside legitimate military activity. It doesn’t seem that such amendments are at all acceptable to the United States.
In this situation, Secretary of Defense Gates and Secretary of State Condoleezza Rice have tried to issue careful diplomatic comments. Other Americans were not as restrained. The commander of U.S. troops in Iraq, Gen. Raymond T. Odierno, said that Iraqi reluctance was due to Iranian bribes. Al-Maliki immediately said that Odierno had "risked his position."
Then the Chairman of the U.S. Joint Chiefs of Staff, Adm. Michael Mullen, opined that, without U.S. troop support, Iraqi forces would not "be ready to provide for their own security." The Iraqi government’s spokesman, Ali al-Dabbagh, immediately responded angrily that "it is not correct to force Iraqis into making a choice and it is not appropriate to talk with the Iraqis in this way." Other Iraqis were more blunt. They called Mullen’s comments about ending all U.S. assistance if a SOFA agreement was not signed a form of "blackmail."
When the United States launched its recent raid against presumed al-Qaeda elements located on Syrian soil, and did this from a base in Iraq, it threw further cold water on the proposed agreement. A prominent Kurdish politician said that the raid was made without the knowledge of the Iraqi government and would give Iraqi’s neighbors "a good reason to be concerned about the continued U.S. presence in Iraq." Another amendment the Iraqi cabinet now wants is one forbidding attacks on neighbors by U.S. forces located in Iraq.
Russia’s Foreign Minister, Sergei Lavrov, has made it clear that Russia would not oppose an extension of U.N. authorization, provided it is the government of Iraq that requests it. Lavrov added that Russia supports "the government of Iraq as far as the need to ensure the sovereignty of Iraq on its own territory is concerned." Why should Russia not do this ? Russia is quite happy to see U.S. troops tied down in Iraq for the time being. It constricts U.S. ability to use them anywhere else. In any case, there is a question whether the Iraqi government, if and when it requests an extension of the U.N. mandate, would ask that the new provisions the United States is opposing in the SOFA agreement be included in the extension, in which case the United States might veto the extension.
The person who is quietly relishing what is going on is Moktada al-Sadr. His mere existence as a voice on the Iraqi scene has forced all other Iraqi political forces to express Iraqi nationalist demands more openly and more aggressively. The tide is moving in his direction. It is now quite probable that the Iraqi government will ask the United States to withdraw entirely even before the hypothetical date of 2011 in the present proposal, and very long before the 100 years of which John McCain once spoke.
Will there be "dramatic consequences" ? The world will judge. So of course will the Iraqis. And so will U.S. public opinion. But dramatic or not, it is probably going to happen.
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