Detenciones arbitrarias de indígenas en la región del Píe de Monte Costero en Colombia

Por Adital. Brasil, 31 de octubre de 2005

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) denuncia que el día 26 de octubre fueron detenidos Eder Burgos, Coordinador de Justicia del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte -Camawari, y Braulio Canticus, secretario de la misma organización indígena. La detención se produjo en la vereda Chucunés, jurisdicción municipal de Mallama, en la región conocida como el Píe de Monte Costero.

La detención fue protagonizada por el sargento Ramirez, de la Policía Nacional, quien sin el menor respeto por los símbolos de dignidad del Pueblo Awá les decomisó el bastón de mando, una cámara fotográfica, un celular y la agenda personal. Los indígenas fueron conducidos al calabozo de la Policía Nacional, en el municipio de Ricaurte.

Los indígenas privados de la libertad están sindicados, supuestamente, de haber participado en una incursión de la guerrilla. "La sindicación es absurda por cuanto el Pueblo Awá ha proclamado su autonomía y ha pedido que las partes enfrentadas en el conflicto, respeten su independencia", afirma el CPDH.

La comunidad señala que la estrategia de "seguridad democrática" ha traído como consecuencia : asesinatos extrajudiciales ; detenciones desapariciones forzadas ; tratos crueles e inhumanos ; mas de 100 personas detenidas en forma masiva y arbitraria violando el debido proceso ; más de 1.600 personas se han desplazado forzosamente de sus territorios ; han sido víctimas de allanamientos sin orden judicial ; bombardeos y ametrallamientos indiscriminados ; empadronamientos permanentes ; robo y saqueo, destrucción de bienes de los cabildantes al paso de las tropas del ejercito ; señalamientos y hostigamientos a través de filmaciones, registros fotográficos e involucrando a la población infantil ; utilización de la población civil como escudo humano ; y bloqueo de alimentos y restricción de la movilidad.

El pasado 4 de octubre, habían sido asesinados los hermanos Luis Armando y Carlos Leonel Escobar, de 28 y 30 años de edad, respectivamente, también pertenecientes a las comunidades indígenas de la región, después de que la fuerza publica acantonada en la región los hubiera sacado de su casa de habitación en horas de la madrugada.