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Adital. Miércoles, 11 de mayo de 2005 -
La fiscal de derechos humanos en Perú, Cristina Olazábal, está amenazada de ser destituida por haber formulado una denuncia penal en contra del ex presidente del Perú Alan García Pérez por su presunta responsabilidad penal por omisión en la masacre de 69 campesinos en el pueblo de Accomarca, Ayacucho. Es lo que denuncia la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
Un funcionario del Ministerio Público de Ayacucho recomendó que Olazábal fuera destituida debido a la queja interpuesta por el abogado de Alan García. El funcionario dijo que la fiscal no había sustentado la acusación contra el ex-Presidente antes de formalizar la denuncia. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo que se debe investigar estos casos hasta el final y que no se puede permitir que hayan presiones políticas, "si se sanciona injustificadamente a los funcionarios que investigan casos delicados se pierde la confianza en la justicia y se comprometen las obligaciones jurídicas del Perú en derechos humanos".
Olazábal investiga las masacres ocurridas en Ayacucho desde 2003. La región fue la más afectada por el conflicto armado que de 1985 hasta 1990 castigó al Perú y dejó más de 60 mil muertos. Pese el gran perjuicio que fue el periodo para la sociedad peruana, el procesamiento de los responsables por estos crimines aun es muy lento.
Alan García, que se encuentra entre los favoritos en las encuestas presidenciales de 2006, está siendo investigado por la masacre en la comunidad de Cayara, en mayo de 1988, en el que murieron 25 campesinos. El abogado de García, cuando la denuncia se hizo publica, intentó relacionarla con supuestas predilecciones políticas de la fiscal por el Sendero Luminoso, pero eso no fue confirmado, puesto que el líder del Sendero, Abimael Guzmán, se encuentra en cárcel preventivo por un proceso penal abierto por Olazábal.