Desregulación del sistema financiero estimula lavado de dinero en Brasil

Por Adital
Adital, Brasil, 23 de diciembre 2003 -

Los lucros provenientes de actividades criminales como el tráfico de drogas o de armas, terrorismo, secuestro, crímenes contra el sistema financiero, desvío de recursos públicos o el resultado de las acciones de cualquier organización ilegal, para ser usufructuados por los detentadores, precisan pasar por una operación que desvincule el montante de su origen ilícita. Este proceso es comúnmente llamado de lavado de dinero y mueve por año del 2 al 5% del Producto Interno Bruto Mundial, lo que representa de 600 mil millones a 1,5 billón de dólares anuales, según datos del Fondo Monetario Internacional.

Brasil ocupa la 20ª posición en el ranking entre los suministradores de laudry service en el mundo de esta modalidad de crimen organizado, superado la mayoría de veces solamente por micro-países que existen apenas para funcionar como paraíso fiscal y turístico, como las Islas Caimán. Para combatir esta actividad, el gobierno brasilero promulgó en 1998 la ley 9.613, conocida como ley "anti-lavado", que definía el crimen y creaba el Consejo de Fiscalización de Actividades Financieras (Coaf).

Hasta fines de 2002, nadie fue punido con base en esta ley, y a pesar de las 18.610 comunicaciones de operaciones sospechosas encaminadas al Coaf hasta esta misma fecha, no se consiguió recuperar casi nada de los 17 mil millones de dólares perdidos en el período a través del lavado de dinero.

Por causa de esta situación, el Ministerio de Justicia acaba de lanzar la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Dinero para el 2004 (Encla-2004), con 32 metas determinadas a ser cumplidas en plazos establecidos en el transcurso del próximo año. "Esto fue hecho con el objetivo definido y plazo de ejecución", informó el ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos

Estos puntos envuelven la implementación y acción del recién creado Sistema Nacional de Combate al Lavado de Dinero, conformado por 22 órganos e instituciones que trabajan en la investigación de crímenes financieros. Esta red de organismos fiscalizadores trabajará articulados en la utilización de la base de datos de catastros públicos para identificar los procesos de lavado de dinero y crimen organizado.

La actividad de combate a estos crímenes, según el Ministerio de Justicia, está dividida en tres partes, cada fase bajo la responsabilidad de un agente específico : estrategia (por parte del Gabinete de Gestión Integrada de Prevención y Combate al Lavado de Dinero) ; inteligencia (a cargo del Coaf, que poseía apenas 18 funcionarios en 2002) y operaciones, que serán efectuadas por fuerzas-tareas.

Los resultados esperados del pasaje a la práctica de la Encla-2004 son la recuperación de activos, a través principalmente de la cooperación jurídica internacional, la formación de una cultura de combate al lavado de dinero - en un país celebrado mundialmente por el carnaval de las escuelas de samba de Rio de Janeiro financiado por una actividad ilegal, o jogo do bicho (en algunos países conocida como quiniela) - y el desarrollo de medios de prevención a este tipo de crimen, el que sería obtenido en parte por la acción conjunta de las agencias gubernamentales integrantes del Sistema Nacional de Combate al Lavado de Dinero.

Para el ministro, esta red, compuesta por el Ministerio Público, Judicial, Abogacía General de la Unión, Ministerio de la Hacienda y demás órganos involucrados surgen colaborar con la deficiencia del gobierno en el sector pues, según él, "el país no enfrenta crisis normativa, pero sí institucional".

No es exactamente lo que piensa Maria Lucia Fattorelli Carneiro, presidente del Sindicato Nacional de los Auditores-Fiscales de la Receita Federal (en algunos países DGI), para quien la desregulación ocurrida en el sistema financiero a partir de la década de 1990 para facilitar el flujo de capitales entre Brasil y el exterior facilita, y, posiblemente, estimula el lavado de dinero en el país.
"El principal problema son las brechas en los controles legales, principalmente en el Banco Central", apunta.

Conforme exposición realizada por ella el último viernes, día 19, en Aracaju, Estado de Sergipe, cuando habló sobre la cuestión del lavado de dinero para integrantes del Ministerio Público, la libertad para el flujo de capitales causa, además de la perdida de 10 millones de dólares por año al país (por ejemplo, según exigencia del FMI las remesas al exterior están exentas de pagar el impuesto de operación financiera, así como también las transacciones en la bolsas de valores), también contribuye para que se realicen aquí operaciones de lavado de dinero.

El principal mecanismo legal para estas transacciones ilícitas son las cuentas CC-5, así denominadas por haber sido creadas a través de la Carta Circular 5 en 1969. Hasta 1990, estas cuentas se destinaban únicamente a extranjeros domiciliados (personas físicas o jurídicas) en Brasil para que pudiesen operar sus cuentas en el exterior. Con el gobierno de Fernando Collor, se acabo con la restricción para quien desease efectuar remesas de capitales para el exterior a través de estas cuentas. Actualmente, la utilización de estas cuentas sólo puede ser hecha mediante la autorización del Banco Central brasilero, y de todas maneras originó escándalos como la Comisión Parlamentaria de Inquérito (Investigación) del Banestado, banco de Paraná a través del cual dinero desviado de obras públicas, entre otras fuentes ilegales, fue remitido al extranjero, totalizando remesas de 30 mil millones de dólares.

Otras maneras de lavar dinero pueden ser encontradas en las concesiones contenidas en los dispositivos reguladores de las transacciones financieras. Por ejemplo, la Circular 2.639 de 1996 permite a las instituciones financieras realizar operaciones de compraventa de moneda extranjera sin la emisión de boleto bancario, o sea, sin la posibilidad de esta operación ser rastreada a través de documentación.

Es decir, un cliente puede hacer depósitos en moneda local brasilera, que una institución financiera no-residente en el país se encarga de convertir en dólares y remitir el valor en cuentas en el exterior de este mismo cliente como se fuese una operación propia y, por lo tanto, sigilosa e indocumentada. Circulares, como la 3187, emitida en el gobierno Lula, facilita también esta transacción, pues admite que esta sea hecha sin la identificación del remitente, y sí solamente de la institución financiera.

Para Carneiro, estas brechas continúan existiendo porque tanto interesan a los bancos, por las altas tasas que cobran por estos servicios, como al gobierno brasilero, "interesado en atraer moneda extranjera para cerrar sus cuentas externas, deterioradas por el proceso de endeudamiento".