Después de la Década de los Pueblos Indígenas Recuentos y horizontes

Tepoztlán, Morelos, 12 de octubre de 2004

Desde el sitio sagrado de Tezpotlán uniendo nuestros corazones, pensamientos, sueños, experiencias y luchas; comprometidos con la fuerza de la sabiduría de nuestros antepasados, mujeres y hombres de pueblos indígenas de América, convocados por la Fundación Rigoberta Menchú y la Universidad Nacional Autónoma de México, expresamos:

Haciendo uso de la soberanía y libre determinación de nuestros pueblos, en el contexto de la lucha de los 500 años de resistencia, y determinados a promover transformaciones estructurales profundas, declaramos la Década de los pueblos indígenas en 1993, que fue asumida por los Estados, Gobiernos y el Sistema de Naciones Unidas en 1994.

Afirmamos que aunque estábamos conscientes que una década no es suficiente para cambiar las relaciones históricas de colonización y opresión, ni erradicar las prácticas racistas y de marginación a los cuales han sido sometidos nuestros pueblos; lo consideramos como un significativo primer paso, en el establecimiento de una nueva relación entre los pueblos indígenas, los Estados y las sociedades nacionales.

La Década fue concebida como una oportunidad, para generar y practicar nuevas relaciones equitativas sociales, económicas, políticas y culturales entre Estados, pueblos indígenas y sociedad en general. Sin embargo, el obstáculo mayor se reflejó en los desencuentros conceptuales sobre pobreza, democracia, ciudadanía, poder-gobernabilidad, desarrollo, seguridad que dan cuenta de la subordinación colonial que sigue caracterizando a los Estados.

Diez años después reconocemos la tarea inconclusa en la plena materialización en el reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos en el Sistema de las Naciones Unidas; mientras los Estados y Gobiernos no asumieron su compromiso. Por su lado las corporaciones transnacionales monopólicas, lejos de construir un compromiso social, amenazan la vida y los derechos colectivos de nuestros pueblos, al privilegiar sus desmesurados intereses particulares, legitimados por los procesos de negociación de tratados comerciales, que subordinan a las propias soberanías de los Estados.

Acogiendo el persistente planteamiento de los pueblos indígenas, durante la Década, se estableció el Foro Permanente sobre cuestiones indígenas en el seno de las Naciones Unidas, con una representación paritaria de pueblos indígenas y Estados. Se designó, además, el Relator Especial sobre derechos humanos de los pueblos indígenas, debiendo en el futuro realizar esfuerzos que incorporen las perspectivas y fortalezas de los pueblos indígenas.

No obstante los primeros avances que se han dado, lamentamos la serie de obstáculos que han limitado el cumplimiento de otros objetivos que se establecieron en la Declaratoria del Decenio. Los pueblos indígenas hemos aceptado, que el contenido aprobado por la Subcomisión de Prevención y Discriminación de las Minorías sobre el Proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU, constituye las normas mínimas para defender la vida de nuestros pueblos. Entre estos derechos colectivos fundamentales constan el de la libre determinación, derechos territoriales, de los conocimientos colectivos y recursos naturales, reconocimiento de los tratados y acuerdos suscritos entre los pueblos indígenas y Estados, entre otros. La no adopción de la Declaración durante la 1ª. Década, revela la falta de voluntad política de los Estados por continuar desarrollando normativas internacionales de derechos humanos relacionados con los pueblos indígenas. La ausencia de un instrumento internacional de esa envergadura, alimenta la dispersión en la ejecución de políticas en el seno de agencias e instancias del Sistema de las Naciones Unidas, los Estados y Gobiernos, lo cual ha sido una constante a través de la Década.

A pesar de algunos avances jurídicos-constitucionales en gran parte de los países latinoamericanos, en la práctica no se han traducido en políticas públicas, y menos aún en políticas de Estado, lo cual ha dado lugar en algunos casos a retrocesos en la implementación de los derechos, revitalización de las políticas indigenistas, prácticas racistas y nuevas formas de exclusión.

Al finalizar la década, continúa siendo un desafío, la construcción de Estados democráticos, inclusivos, interculturales, equitativos sobre la base de un pacto social genuino, que reconozca el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas expresado a través de las diversas formas de autonomía o autogobierno que los pueblos indígenas promueven, en el marco de los nuevos modelos de Estado. Estas transformaciones requieren de la voluntad política de los Estados que se expresa de la redistribución del poder político y reorientación de los recursos presupuestarios, que permitan el desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente la libre determinación.

El proceso de lucha y el establecimiento de la Década, nos ha dejado a los pueblos indígenas lecciones y nuevas perspectivas. El nuevo escenario internacional demanda de los pueblos indígenas, un reforzamiento de sus estrategias, la rearticulación de espacios de concertación y reconstrucción de nuevos paradigmas, desde los niveles comunales-locales, nacionales y globales, garantizando la generación y ejercicio de autoridad, cohesión territorial, reconstitución de pueblos, que en conjunto constituyen la fortaleza de los autogobiernos; considerando el rol de las mujeres indígenas y el compromiso en la formación integral, espiritual y política de las nuevas generaciones.

Afirmamos que los avances que se han dado en la Década se deben a la lucha y presión ejercidos por la participación y las capacidades propositivas de los pueblos indígenas. El liderazgo de nuestros pueblos, desde las comunidades hasta el nivel internacional, se ha colocado como una esperanza para la continuidad de la lucha. Desde esa fortaleza, planteamos las
siguientes recomendaciones.

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