Portada del sitio > Los Primos > Uruguay > Despejando el terreno en la relación entre izquierda y militares en Uruguay
Despejando el terreno en la relación entre izquierda y militares en Uruguay
En una época de paroxismo bélico la cuestión militar se torna más compleja que de costumbre. Sobre todo en países donde no se han saldado las cuentas con un pasado reciente de dictaduras y donde se avizora, como en Uruguay, la posibilidad de un cambio histórico en la orientación política del gobierno.
Por Sergio Israel
Brecha, 24 de abril del 2004
Las conversaciones y negociaciones entre militares de rango y dirigentes de izquierda, otrora marginales y sigilosas, suceden en la actualidad de modo mucho más fluido -y acaso cordial- de lo que unos y otros pueden estar dipuestos a admitir. La perspectiva electoral obliga. El tema de los derechos humanos, obviamente, es materia prima sustancial del diálogo, pero los motivos del intercambio no se reducen a ese terreno. ¿Cómo involucrar a las Fuerzas Armadas en la amplia noción de "país productivo" que maneja la izquierda? ¿Será posible un rediseño de ese tipo manteniendo a los militares en sus clásicas misiones de defensa? ¿No debería modificarse el rol y la supremacía del Ejército frente a la Armada y la Fuerza Aérea, habida cuenta de la preponderancia que en la actualidad reviste la soberanía marítima y aérea? La agenda de negociación es amplia, y el modo en que la orientan algunos legisladores de izquierda no siempre coincide con la visión existente en las estructuras del Frente Amplio (FA).
UN PASADO POR DELANTE. La agenda de contactos entre legisladores de izquierda y militares de izquierda tiene dos grandes asuntos: la no resuelta situación de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, especialmente el caso de los desaparecidos, y la reorganización de la defensa nacional en el futuro.
El senador Eleuterio Fernández Huidobro, el diputado José Bayardi y otros legisladores que trabajan en el tema, como el senador socialista José Korzeniak y el suplente del senador Danilo Astori, Albérico Segovia, han insistido en la necesidad de separar la resolución de los hechos del pasado de los asuntos de la política de defensa nacional.
Lograr este objetivo, sin embargo, no resulta tan sencillo. El pasado, porfiado, reaparece a cada instante.
Cuando el entonces recién electo presidente Jorge Batlle lanzó su propuesta de la Comisión para la Paz involucró directamente a Tabaré Vázquez, convencido de que lograría su colaboración porque sería bueno para Vázquez llegar a la Presidencia con ese asunto resuelto.
Aunque se produjeron avances con respecto a los anteriores gobiernos de Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, que negaron sistemáticamente el problema, "sellar la paz", como se sabe, tampoco resultó un asunto fácil de resolver. Ello se debió sobre todo a que la mayoría de los militares involucrados y las instituciones castrenses no colaboraron con la propuesta de Batlle y éste, salvo excepciones -como el caso de la nieta del poeta argentino Juan Gelman-, no la ordenó o si lo hizo fue desobedecido. Colaborar o no con la comisión creada por Batlle, y respaldada por Vázquez, fue un tema que dividió a los militares.
Por el lado de la izquierda tampoco hay unanimidades con respecto a cómo abordar el tema. En todas las instancias públicas el Frente Amplio ha insistido en que no renuncia a la búsqueda de verdad y justicia, pero también que se respetará la ley de caducidad. A su vez ha dicho que cumplirá con la norma a rajatabla, en especial con su artículo 4, dando a entender que la política de derechos humanos de Batlle fracasó, entre otras cosas porque en varios casos no se dejó actuar a la justicia. Vázquez llegó a contemplar la posibilidad de una consulta popular para resolver el tema de los desaparecidos y "dar vuelta la página".
La posición de los dirigentes tiene matices. Mientras Korzeniak sostuvo que, pese a que al menos una decena de militares deberían haber ido presos, es necesario respetar la voluntar popular que confirmó la ley de impunidad, Bayardi fue más lejos.
El 30 de marzo último, durante una entrevista en radio El Espectador, sorprendió cuando dijo que "en mi interpretación el mando no está cubierto por la ley de caducidad". Consultado por el periodista sobre esa interpretación, el legislador de la Vertiente Artiguista, mencionado como uno de los posibles ministros del ramo en un eventual gobierno de Vázquez, sostuvo que "sería bueno que algún día tomáramos definiciones. Para saber quién dio la orden de tal o cual cosa, para saber cómo se dieron los acontecimientos, esta fuerza política va a investigar y va a cumplir con la ley que caducó la pretensión de punir".
ORDENO Y ¿MANDO? En la capacidad real de mando del poder civil sobre las Fuerzas Armadas parece residir el punto de unión entre los dos grandes temas de la agenda que los dirigentes frenteamplistas se empeñan en separar, los derechos humanos y la defensa nacional.
Aunque los oficiales que tuvieron responsabilidad durante la dictadura están casi todos en retiro, las opiniones se dividen a la hora de evaluar la influencia que aún conservan en filas castrenses, especialmente en el Ejército, la más conservadora de las tres fuerzas.
Según explicó a BRECHA el especialista en asuntos militares Julián González, el carácter de organización vertical y disciplinada que tienen las Fuerzas Armadas determina que resulte muy difícil conocer cómo piensan realmente sus integrantes.
Una interpretación bastante aceptada es pensar que la mayoría de los jóvenes oficiales no se sienten demasiado entusiasmados con la herencia recibida e incluso que reprochan a los "viejos" el aislamiento social en el cual viven.
En esa línea de razonamiento, los discursos y las declaraciones de los actos del Centro Militar y el Círculo Militar el 14 de abril serían una expresión nostálgica poco compartida en el interior de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, otra forma de ver las cosas es que, en realidad, esos sectores que actúan como verdaderos sindicatos (e incluso son recibidos como tales por el presidente de la República) expresan públicamente, incluso moderadamente, lo que se opina en los casinos de oficiales.
Ninguno de los dirigentes de la izquierda se anima a pronosticar qué pasaría el próximo 14 de abril en el acto oficial "en homenaje a los caídos en defensa de las instituciones" si Vázquez resulta electo presidente. Hasta la fecha ningún dirigente de la izquierda ha asistido a ese acto.
Pese a lo delicado de todo el tema militar, las conversaciones no se ocultan. Los legisladores Bayardi, Fernández Huidobro, Korzeniak y Segovia, entre otros, reconocieron a BRECHA que mantienen contactos formales e informales con oficiales en actividad y en retiro, incluyendo los propios mandos pero también las logias que están operando, desde los Tenientes de Artigas hasta otros poderes fácticos más o menos significativos.
En esas reuniones, los dirigentes de izquierda tratan de recoger información y de discutir con los militares sus puntos de vista. Base de esos intercambios es un documento elaborado por la Comisión Permanente de Defensa Nacional, un organismo del Frente Amplio que preside el general retirado Víctor Licandro, con quien los legisladores han mantenido hasta ahora una relación al menos distante.
Uno de los temas polémicos en la izquierda es la participación en las misiones de paz. Pese a que los legisladores del EP-FA hasta el presente han votado -salvo en el caso de Camboya- todas las misiones dentro del capítulo 6 (mantenimiento de la paz) de la carta de las Naciones Unidas, existen fundadas opiniones en la fuerza política en el sentido de que, además de un gasto muy importante para el país que no se cuantifica en forma clara, las misiones resultan más un servicio a los grandes intereses de Estados Unidos y de algunas multinacionales que un verdadero esfuerzo por la paz.
A juicio del contralmirante Óscar Lebel, que no integra la Comisión de Defensa frenteamplista, participar en las misiones es una experiencia democratizadora para los efectivos uruguayos. El general Licandro, en cambio, estima todo lo contrario: en su opinión los convierte en mercenarios.
El punto de partida general para la izquierda es definir qué se entiende por defensa nacional. El documento en discusión sostiene que "la defensa nacional es una cuestión esencialmente política y compromete a toda la nación. Comprende el conjunto de actividades que tienden a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad de nuestro territorio y a consolidar la paz y el respeto de la Constitución y las leyes de la República".
En palabras de Bayardi, se trata de "concebir a las Fuerzas Armadas como el componente militar de la defensa", porque "la defensa nacional es algo que va mucho más allá de las Fuerzas Armadas".
Un proyecto de ley orgánica de las Fuerzas Armadas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento tiene una definición de defensa nacional diferente a la del FA. Si bien no puede decirse que la propuesta gubernamental abreve directamente en la doctrina de la seguridad nacional que sirvió como base teórica a la dictadura, sí incluye el concepto de seguridad, un elemento irritante para la idea que tiene la izquierda de lo que debería ser la defensa. Paradójicamente, el ministro de Defensa, Yamandú Fau, dijo a Búsqueda de ayer, jueves, que la propuesta del FA de adecuar a las Fuerzas Armadas al "país productivo" se parece a la doctrina de la seguridad nacional que quisieron imponer los militares hace 20 años, y acusó a los legisladores frenteamplistas de haber tomado prestadas estas propuestas de la Universidad de Defensa de Estados Unidos.
MENOS Y MEJOR MONTADOS. La brecha tecnológica, entre otros factores, ha determinado que un país de las dimensiones de Uruguay tenga pocas posibilidades de contar con Fuerzas Armadas que posean verdaderas posibilidades de éxito en una guerra.
Sin embargo, desoyendo la vieja idea del líder socialista Emilio Frugoni, quien ya en la década de 1920 propuso eliminar el inciso Ministerio de Defensa Nacional del presupuesto, el FA sostiene que es necesario contar con Fuerzas Armadas para asegurar la soberanía que aún se conserva.
Partiendo de la premisa de que la defensa nacional es una actividad que abarca a toda la sociedad, que debe ser dirigida por el poder político sin fines partidarios y que los militares deben ser consultados como profesionales pero controlados por quien los paga, la izquierda se propone promover un debate sobre qué Fuerzas Armadas se necesitan para la defensa nacional deseada.
La iniciativa parece ser más resistida en la fuerza de tierra y mejor vista en la Armada y la Fuerza Aérea. El nuevo comandante en jefe de la fuerza del aire, teniente general Enrique Bonelli, se propuso incluso invitar a Vázquez a la base de Boiso Lanza a una reciente ceremonia, pero finalmente Batlle le ordenó que no lo hiciera.
La concepción que tiene la izquierda de cómo deben ser las Fuerzas Armadas del futuro se asienta en que la nueva política de defensa debe contemplar seriamente las necesidades de un mejor control del espacio aéreo y el mar territorial. En el caso de la costa este año pasará de 200 a 350 millas, lo que significa mayor soberanía marítima para controlar que la extensión de tierra firme. En ese caso se necesitarían medios para proteger la pesca de la depredación, sin contar con que pueda haber petróleo.
De los alrededor de 32 mil funcionarios que están bajo el inciso Ministerio de Defensa, cerca de dos mil pertenecen directamente a la estructura burocrática. Según el FA, la secretaría de Estado fue engordada artificialmente por el clientelismo y el nepotismo de blancos y colorados, al que son ajenos los militares.
Reduciendo la burocracia, quitando del ámbito de Defensa servicios como meteorología, eliminando unidades duplicadas y sobre todo redimensionando las fuerzas, la izquierda se propone una tarea ambiciosa: mejorar la capacidad operativa, pagar mejores sueldos y en definitiva contar con una defensa nacional más adecuada.
Parte de estas propuestas están contenidas en un documento elaborado por un grupo de militares navales y de otras fuerzas, que el contralmirante retirado Óscar Lebel entregó al presidente de la Vertiente Artiguista senador Enrique Rubio, hace algunas semanas, en calidad de flamante militante de ese sector.
La propuesta, que no ha sido adoptada oficialmente pero que se considera un insumo de trabajo, incluye al menos dos propuestas polémicas: la creación de un mando conjunto efectivo entre las tres fuerzas, quitando autonomía a los comandantes en jefe de cada una, y la reducción de unos 12 mil efectivos en total, hasta 20 mil. Actualmente, la mayor cantidad de soldados y oficiales y el presupuesto más elevado son los del Ejército. Una reorganización como la que se propone realizar la izquierda le daría mayor preponderancia a la Fuerza Aérea y la Armada.
En ese sentido es que deberían ser interpretadas las afirmaciones de Bayardi y Fernández Huidobro a La República, el jueves 12, respecto de reorientar la misión de las Fuerzas Armadas en el marco de un país productivo partiendo de que Uruguay careció de un proyecto estratégico desde el primer gobierno de José Batlle y Ordóñez.
Uno de los argumentos de la izquierda en el área estrictamente militar es que el actual despliegue de fuerzas está completamente pasado de moda, y que resultaba útil a los colorados para controlar a los blancos en el siglo XIX o para reprimir a los obreros en el XX, pero caro y poco efectivo en la actualidad (el número de efectivos de las Fuerzas Armadas uruguayas es el mayor per cápita del continente, según un informe del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, de Argentina).
En contra de ese argumento, desde el Ejército se sostiene que los cuarteles mueven la economía de las localidades donde están instalados y que por otra parte la tecnología actual permite desplazamientos rápidos, máxime en un país bien comunicado y no excesivamente grande.
La resistencia de ciertos estamentos al cambio sugiere la imposibilidad de realizar transformaciones en forma acelerada, sobre todo teniendo en cuenta que quienes tienen que ceder parte de su poder son aquellos que ostensiblemente han dirigido las cosas hasta ahora.
Sin embargo, la situación de extrema necesidad que se vive en las tres fuerzas y la conciencia de que el país no está en condiciones de mejorar sustancialmente la cantidad de recursos que destina a su "defensa", podrían hacer más factibles los cambios. Cambios que la izquierda pretende sean no sólo técnicos sino de fondo. nLa resistencia militar
Locura sediciosa
"Un Ejército que desde 1811 no ha modificado sus valores esenciales, que nunca ha juzgado a la patria, la ama, la defiende y si es preciso, muere por ella; para ello se prepara y capacita, guiado invariablemente por el sentimiento del cumplimiento del deber y el deseo del buen servir." La definición cierra un folleto publicado recientemente por el Comando General del Ejército bajo el título "Ejército Nacional. Desde 1811 al servicio de la patria."
Otra parte del documento da su versión del período más negro: "Ya desde 1963, pero particularmente a partir de 1967, grupos terroristas locales consumaron una sucesión creciente de asaltos, robos, secuestros, atentados explosivos, asesinatos y copamientos de ciudades, debiendo asegurar la democracia del Uruguay como Estado libre y soberano. En el año 1971, el Poder Ejecutivo asignó la lucha contra la subversión armada a las Fuerzas Armadas e instituto policial, debiendo apoyar el Ejército nacional un conflicto no convencional, adaptando rápidamente sus conceptos doctrinarios y sus medios a fin de defender la nación del agresor subversivo. Luego de más de una década de esfuerzo y sangre derramada, los integrantes de estas organizaciones subversivas armadas fueron detenidos o dispersados hacia el exterior, capturándose además, el ’aparato armado’ del partido marxista-leninista, finalizando la época de la ’locura sediciosa’".
Aquellos cuadros
El diputado José Bayardi dijo a BRECHA que una situación como la que se produjo el 24 de marzo en Argentina, cuando el presidente Néstor Kirchner ordenó al comandante en jefe del Ejército bajar sendos cuadros de los ex dictadores Rafael Videla y Reynaldo Bignone en el Colegio Militar, no se produciría en Uruguay porque no hay cuadros de militares presidentes para bajar. Fuentes militares dijeron a BRECHA que una recorrida por algunas unidades demostraría todo lo contrario e incluso más: que las fotos de algunos oficiales superiores que se opusieron a la dictadura fueron borradas con alcohol o simplemente desaparecidas.
Para Bayardi, el tema de los derechos humanos, "que tiene una gravitación superlativa desde el punto de vista ético, habrá que asumirlo como una parte del relacionamiento", pero limitar la relación entre la izquierda y las Fuerzas Armadas a eso "sería caer en un reduccionismo y entrar en el juego de quienes agitando el tema de los derechos humanos han tratado de utilizar a las Fuerzas Armadas para la defensa de sus intereses, que no son los del conjunto de la sociedad".
El legislador dijo que "nadie tenga dudas de que los militares en un gobierno del Encuentro Progresista que sean convocados por la justicia como testigos tendrán que concurrir".
Sin embargo, el propio Bayardi reconoció que finalmente todo es una cuestión de correlación de fuerzas. Que eso es así se puso de manifiesto cuando el juez Alejandro Recarey, que quería citar a militares por el caso de Elena Quinteros, fue abruptamente apartado del caso.
