Depositantes argentinos denunciarán por "prevaricato" a Ignacio de Posadas en Uruguay.

Por CARLOS PELAEZ

La información fue aportada a LA REPUBLICA por dos representantes legales de los denunciantes que tomaron conocimiento de los hechos a través de la publicación, en nuestra edición del martes, de las actas del directorio del Banco Comercial.

El prevaricato es uno de los delitos previsto en el Código Penal contra la administración de la Justicia. El artículo 194 (asistencia y consejo desleal) establece que el "abogado o procurador, que faltando a sus deberes profesionales, perjudique los intereses de la parte que defiende o represente judicial o administrativamente, será castigado con 100 UR a 900 UR de multa e inhabilitación especial de dos a ocho años. Constituyen circunstancias agravantes especiales (art.195), "que el hecho se haya efectuado por el culpable, mediante colusión con la contraparte", y "que el hecho se haya efectuado en perjuicio de sujeto sometido a un proceso criminal". En el artículo 196 se señala que "el abogado o procurador de una de las partes, que diere consejo, prestara asistencia, o ayudara de cualquier manera en juicio, a la parte contraria, directamente o por interpuesta persona, será castigado con 20 UR a 500 UR de multa e inhabilitación especial de dos a seis años".

Los documentos, que están integrados al expediente que se sustancia en el Juzgado Penal de 4º de Montevideo a cargo del juez José Balcaldi, revelan que Ignacio De Posadas era el abogado del Banco por lo menos hasta enero pasado, aunque ahora defiende a muchos ahorristas estafados por la misma institución.

Precisamente esa información, desconocida por muchos depositantes, es la que promueve ahora la denuncia penal. Las fuentes revelaron que la denuncia será presentada en los próximos días en la misma sede que investiga el fraude de los hermanos Carlos y José Röhm contra el Banco Comercial y la Compañía General de Negocios, la offshore uruguaya del mismo grupo financiero. El nombre de De Posadas ha sido mencionado reiteradamente en los últimos años en diversas circunstancias, la mayoría vinculadas a la constitución de empresas que se dedicaban al lavado de activos producto del narcotráfico. En 1999 De Posadas fue mencionado por Abel Reynoso, jefe regional de la DEA, agencia estadounidense encargada del combate al narcotráfico. El agente especial dijo entonces a la revista Noticias de Argentina que investigaba una red de lavado dinero por más de mil millones de dólares que involucraba a importantes figuras políticas de Uruguay, Brasil y Argentina que "comenzaba siempre en los mismos estudios", en obvia referencia al encabezado por De Posadas en Montevideo.

El ex ministro de Economía durante la administración de Luis Alberto Lacalle y ex senador de la República fue incluso entrevistado por periodistas de Noticias.

El abogado negó cualquier vinculación a los hechos denunciados y dijo que acusarlo por lo que hacían las empresas que se armaban en su estudio era "algo parecido a acusar a un herrero que fabrica cuchillos por lo que luego se hace con esos cuchillos".

Sin embargo el nombre de De Posadas volvió a ser mencionado en agosto de 2001, ahora por la diputada argentina Elisa Carrió que presidía la Comisión de Diputados argentinos que investigaban el lavado de dinero y acaban de recibir importante documentación enviada por el Senado de los EEUU.

En tanto la diputada Graciela Ocaña, integrante de la misma comisión, reveló en su momento que De Posadas había impedido un allanamiento que realizaba en su estudio la Justicia uruguaya a solicitud de una magistrada argentina que investigaba a una mafia de narcotraficantes liderada por el llamado Cártel de Juárez.

El abogado y dirigente político volvió a negar las acusaciones y descalificó en severos términos a la diputada Carrió. Esta denuncia penal que realizarán ciudadanos argentinos es la primera que se presenta contra De Posadas, abogado, ex ministro y ex legislador.