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19 octobre 2007

Democracia y seguridad en Colombia

 

Por Mauricio García Durán
CINEP
. San José. Colombia, 11 de octubre 2007.

Hay una relación intrínseca entre democracia y seguridad, al menos como ha sido vivida y reflexionada en Occidente. La democracia exige como principios básicos a nivel de seguridad que exista, por una parte, un monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado y, por otra parte, que este Estado proteja efectivamente la vida, honra y bienes de los/as ciudadanos/as que lo conforman, es decir, que ofrezca seguridad para todos.

Aunque la política de "seguridad democrática" del actual gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha buscado nominalmente responder a este reto, en la actual coyuntura emergen varios interrogantes sobre la manera como esta mencionada política de seguridad está contribuyendo, o no, a la consolidación de la democracia colombiana. ¿Ha promovido la política gubernamental que se avance en el monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado ? ¿Está el gobierno ofreciendo una mayor seguridad para todas/os los colombianas/os ?

El monopolio de la fuerza en manos del Estado ha sido una realidad esquiva durante toda nuestra historia republicana. De forma paralela a la fuerza pública siempre han existido distintos tipos de grupos rebeldes armados y "ejércitos privados" al servicio de diversos intereses económicos. Las guerras civiles del Siglo XIX estuvieron marcadas por esa realidad, como lo estuvo la dinámica de polarización política y armada entre liberales y conservadores en el siglo pasado, particularmente en la época de la Violencia y en los años finales del Siglo XX con la existencia de una pluralidad de grupos guerrilleros y de grupos paramilitares.

Los esfuerzos de la Fuerza Pública por alcanzar este monopolio de la fuerza han sido limitados, como también lo han sido las políticas de paz adelantadas por distintos gobiernos desde 1982. Sólo se han alcanzado algunos resultados que, aunque importantes, son parciales (por ejemplo, los acuerdos de paz de los años noventa).

El "proceso de paz" con los grupos paramilitares emprendido por el actual gobierno para avanzar hacia dicho monopolio de la fuerza parece estar naufragando en lo que se presenta como la emergencia de una tercera generación de grupos paramilitares en el país, como bien lo puso de presente el informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en el mes de agosto. La política gubernamental de paz no puso las condiciones para que se dé el real desmonte de las estructuras paramilitares, como se criticó con claridad cuando se debatió en el Congreso la ley de Justicia y Paz.

Ahora bien, el problema no sólo está en alcanzar el monopolio de la fuerza en manos del Estado, sino aún más que este monopolio sea legítimo, es decir, acorde a la Constitución y las leyes, acorde a los principios éticos que deben regir la vida política en una democracia. Al CINEP le preocupa constatar que se están presentando hechos que cuestionan esa legitimidad de la fuerza pública. En el próximo número de la Revista Noche y Niebla se constata con asombro que la Fuerza Pública ha incurrido en un año (julio de 2006 a junio de 2007) en 90 "falsos positivos", es decir, que ha presentado a la opinión pública 90 casos como resultados militares exitosos (por ejemplo, guerrilleros muertos en combate) cuando en verdad eran atropellos y violaciones a población civil no combatiente.

Hechos como éstos no sólo cuestionan la legitimidad de la fuerza pública, sino que además cuestionan si la excesiva presión presidencial para que las Fuerzas Armadas muestren resultados en su lucha contra la insurgencia no está llevando a que éstas caigan en una lógica perversa : mostrar resultados positivos así haya que fabricarlos.

Pero, ¿hay más seguridad para todos ? Los altos indicadores de popularidad del Presidente Uribe indicarían que el país ha avanzado a nivel de seguridad : se puede viajar a la costa en tiempo de vacaciones, la inversión ha aumentado significativamente y la economía muestra un crecimiento importante. No obstante estos signos que indicarían una mayor seguridad en el país, en CINEP nos quedan interrogantes si esta seguridad es para todos.

En nuestras bases de datos de luchas sociales y de acciones colectivas por la paz hemos registrado durante el tiempo en que Álvaro Uribe ha estado en el poder un significativo crecimiento de la protesta social en razón de los efectos de la violencia y el conflicto armado, particularmente a nivel local y regional. Este nivel de protestas contra la violencia y por la paz nos indican a nosotros que, no obstante las encuestas de opinión, la gente del común no se siente más segura, antes bien, tienen que movilizarse crecientemente para demandar las condiciones de seguridad que la "seguridad democrática" no les está brindando.

El país necesita debatir el tema de seguridad de forma tal que los distintos sectores sociales y políticos estemos en condiciones de jugar un papel positivo en la demanda de una política pública que verdaderamente nos permita avanzar hacia el monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado y en consecuencia podamos gozar de la seguridad a la que todos los/as colombianos/as tenemos derecho.

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