Democracia y empresa privada en Perú

Por Wilfredo Ardito Vega
IDL, Perú, noviembre del 2003.

Una vez más, la población de Tambogrande salió a las calles a protestar, esta vez obteniendo el respaldo de las autoridades piuranas, la prensa nacional y muchas entidades. Una vez más, el Ministerio de Energía y Minas y los voceros de la empresa Manhattan declaran que no se hará una explotación minera en el valle de San Lorenzo si no se cuenta con la aceptación de la población.

En esas circunstancias, cabe preguntarse, ¿por qué continua un conflicto que desgasta tanto a la población como a la actividad minera en general? El gobierno tiene la facultad para lograr una solución definitiva… si abandona los supuestos errados que han bloqueado su capacidad de decisión.

En primer lugar, se deduce de los discursos oficiales una extraña percepción sobre la inversión extranjera, que pareciera al mismo tiempo inescrupulosa y timorata: no sólo negocia siempre las mejores condiciones, sino que cualquier señal de control estatal, generará una percepción negativa hacia el Perú. En realidad, los inversionistas extranjeros son muy hábiles para manejar contextos adversos. Es bastante inverosímil asumir que los ahuyentará masivamente el cese de operaciones de Manhattan.

Un segundo supuesto es asumir que las protestas de Tambogrande derivan de una ideología contraria a la inversión privada. En este caso, precisamente, lo más interesante es que son los inversionistas quienes protestan, junto con los trabajadores. Se trata de un valle donde la inversión estatal, privada y extranjera ha logrado que sea uno de los más productivos del Perú. Se trabaja el control de calidad, se promueve la agroindustria y la exportación, con miras a obtener resultados económicos muy superiores a los que podría generar la actividad minera.

Además, llama la atención el menosprecio del gobierno hacia la participación de la población en temas de desarrollo y productividad, porque contradice el mensaje que busca crear una mentalidad empresarial. ¿No sería más coherente escuchar a los empresarios agrarios del valle de San Lorenzo? ¿O es que ellos no merecen la seguridad jurídica que el gobierno suele garantizar a los empresarios?

En tercer lugar, el mismo gobierno que ha lanzado la descentralización ha ingresado a un conflicto regional, al desconocer las disposiciones de la Municipalidad de Tambogrande y el Gobierno Regional de Piura. Ambas normas establecen que no puede realizarse explotación minera a tajo abierto en el valle de San Lorenzo, siguiendo el decreto que aprobó el gobierno de Costa Rica el año pasado. Para el Ministerio de Energía y Minas, sin embargo, ni la consulta vecinal, ni las normas municipales o regionales tienen efectos legales.

Lo que sucede es que legalmente el propietario de un inmueble en el Perú sólo es dueño de la superficie del terreno. El subsuelo le pertenece al Estado, que lo puede dar en concesión a una empresa minera. Si el propietario no está de acuerdo en venderle a ésta su terreno, el Estado puede declarar una "servidumbre minera", con lo cual, la empresa tiene el derecho de realizar las actividades que sean necesarias en la superficie y al propietario sólo le queda resignarse.

Todo este panorama, mas bien refleja la debilidad de la legislación, por la cual, las personas pueden perder todo lo que tienen, si se descubre un yacimiento mineral debajo de su propiedad. Ninguna norma permite tomar en cuenta la opinión de la población o sus autoridades locales, en relación a si admite o no la explotación minera (las audiencias públicas no permiten cuestionar la explotación en sí misma).

Evidentemente, al ignorar la opinión de la población, se está atentando contra la democracia... pero también el gobierno tiene una percepción particular al respecto. Hace un año, cuando la población de Arequipa protestó contra la privatización de las empresas eléctricas, el gobierno declaró el toque de queda y la entrega de la región a un Comando Político Militar, para defender "la democracia". Cuando días después, el gobierno retrocedió en la privatización y las demás medidas, los arequipeños salieron a las calles a celebrar el triunfo de "la democracia".

Algunos funcionarios del régimen todavía tienen la percepción de una democracia delegativa, en que la población confiere a una autoridad el ejercicio del poder, con carta blanca por varios años. Esta fue la democracia que se vivió en tiempos de Belaúnde o García, con las consecuencias que recordamos. Sin embargo, la población es más favorable a una democracia participativa, en la cual ellos tienen el derecho a opinar sobre la política del Estado y la autoridad está obligada a consultarles.

Muchos de los conflictos que han empantanado al gobierno se han producido por su indiferencia hacia la opinión pública, desde el proyecto Playa Hermosa en Tumbes hasta el penal de máxima seguridad de Ancón. En todos estos casos, el ciudadano parece no tener derecho a opinar, a discrepar o siquiera a ser consultado.

El año pasado, la empresa Tractebel comprendió que no era el momento para invertir en Arequipa y se marchó. Manhattan, en cambio, no sólo ha tenido una conducta poco ética, sino que inclusive ha atribuido el rechazo de la población a la mala imagen de las demás empresas mineras en el Perú. En realidad, es gracias a su empecinamiento, que la inversión minera en su conjunto está siendo percibida como impositiva e inescrupulosa.

Si Manhattan no logra percibir el daño que está causando, es el Ministerio de Energía y Minas el que debería cortar un proceso que ya dura cuatro años de tensiones. No es sólo por los limones y mangos de San Lorenzo, sino por la estabilidad de toda la región y por el bien de toda la actividad minera.

En caso que el ministro desee argumentos técnicos contundentes, le conviene quizás acudir a la Universidad Católica este jueves 13 a mediodía. Se presentará el último estudio científico, esta vez realizado por la Universidad, sobre las consecuencias sociales, económicas y ecológicas que traería la explotación minera en Tambogrande.