Demasiados y fatales errores militares en Colombia

Por María Isabel García
Radio Nederland, 15 de marzo del 2004

Basta dar un vistazo a los titulares de primera plana en la prensa colombiana de los últimos días para concluir que algo grave debe estar pasando en el seno de las Fuerzas Armadas y los organismos de control del Estado.

Bajo el título de "El club de la pelea", la revista Semana dedica su artículo de fondo a las pugnas entre el Ejército, la policía y los servicios de inteligencia. El diario El Tiempo hace referencia al "mortal error militar en Cajamarca", donde soldados antiguerrilla dieron muerte a cinco miembros de una familia campesina, incluido un bebé de seis meses y un menor de 14 años, que, en medio de la noche, no atendieron un llamamiento de alto.

Desde fines de marzo, periódicos, emisoras y teleinformativos dedican atención a la muerte de siete policías y cuatro civiles que fueron atacados por ’fuego amigo’ del Ejército cuando se movilizaban en una patrulla. Este hecho, ocurrido en Guaitarilla, sureño departamento de Nariño, estaría relacionado con el tráfico de cocaína y, según el Procurador General, Edgardo Maya, "puede ser más grave de lo que hasta ahora se asume". Tan grave como la destitución, esta semana, de dos fiscales antimafia y las denuncias recurrentes de penetración de los cárteles de la droga en el aparato legal.

Ante los enfrentamientos con saldo fatal de víctimas, tanto de las propias filas del Estado como civiles, y las notorias contradicciones entre unas y otras versiones oficiales, la afirmación más frecuente es que las tropas actúan bajo presión para mostrar resultados que justifiquen la política de seguridad democrática del Gobierno.

Por su parte, el Comandante de las fuerzas militares, general Carlos Alberto Ospina, descarta que ése sea el origen de los sonados episodios que comprometen la credibilidad del estamento castrense. A lo que agrega que "el único afán de las tropas es acabar cuanto antes a los bandidos, para que la gente vuelva a ser feliz y pueda exhibir el pasaporte colombiano sin temor a ser rechazado." A su juicio, las tropas regulares no actúan bajo ninguna clase de presión, y sus integrantes están dispuestos a arriesgar sus vidas para poner fin a la violencia y la delincuencia en el país.

Héctor Moncayo, del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) y de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, considera difícil "hacer afirmaciones categóricas" cuando sólo se dispone de datos ofrecidos por los medios de comunicación. Estas informaciones, no obstante, se convierten en ’pistas’ para investigar situaciones que, por ahora, permanecen ocultas.

Moncayo declaró a RN que "tras todo esto se oculta la crisis de la famosa política de seguridad democrática impulsada por el Gobierno del presidente Álvaro Uribe". Según el analista, se está armando una bomba de tiempo, y los acontecimientos del año en curso son apenas la punta del iceberg.

Radio Nederland.- ¿Es posible que estas situaciones lesionen el trámite del Estatuto Antiterrorista en el Congreso ?

Héctor Moncayo.- Efectivamente, y así lo han planteado muchos de sus miembros, aunque la banca parlamentaria del Gobierno es mayoritaria. El Estatuto es una reglamentación de la reforma constitucional que limita las libertades individuales y los derechos humanos, civiles y políticos. Por tanto, genera desconfianza, pues, si sin Estatuto ocurren estas cosas, ¿qué sucederá una vez se otorguen más instrumentos a las Fuerzas Armadas y se legalicen algunos de sus comportamientos ? Es de temer que tendrán vía libre y que, de ahora en adelante, ningún ciudadano podrá vivir tranquilo.

RN.- ¿Qué efecto pueden tener estos episodios en la política de seguridad democrática ?

Héctor Moncayo.- Hay varias interpretaciones. Según la oficial, expuesta por el presidente el lunes 12, el mandatario reconoce errores y los atribuye a las condiciones de la guerra y a sus efectos colaterales. Otros opinan que tales episodios son el resultado de la presión que ejerce el Gobierno sobre las Fuerzas Armadas para obtener resultados. Sin embargo, creo que otro elemento más profundo es la noción misma de la política de seguridad, que han señalado las organizaciones de derechos humanos.

RN.- ¿Cómo precisa esa afirmación ?

Héctor Moncayo.- El argumento es que una política de seguridad democrática está encaminada a proteger la sociedad contra la amenaza de un puñado de terroristas. La contradicción radica en que si, por definición, los terroristas están camuflados entre los civiles, para las Fuerzas Armadas todo elemento de la sociedad civil se convierte en sospechoso. De ahí que, al llegar a los estrados judiciales, muchas personas que han sido capturadas en redadas masivas deben ser puestas en libertad porque no hay nada en su contra. Una política de seguridad democrática que coloca a todos los ciudadanos bajo sospecha no aporta una solución al problema, ni conducirá, incluso en la lógica del presidente, a un triunfo militar. Además, se han comprobado muchos casos de corrupción y nexos, no sólo con los grupos paramilitares sino con el narcotráfico y otros grupos delincuentes.

RN.- ¿Se pueden esperar cambios en la política del Gobierno ?

Héctor Moncayo.- En lo inmediato no habrá autocrítica ni cambios de política. Por el contrario, ésta se reafirmará. Aunque todos los ingredientes mencionados erosionan su política de seguridad democrática, el presidente Uribe mantendrá su oferta, en un principio aceptada por muchos, de conseguir la pax romana (la victoria militar). Debemos tener en cuenta que tanto el Gobierno como el presidente son de carácter sumamente autoritario.