Corte ecuatoriana decide si enjuician a vocales TSE

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinará hoy si se inician procesos legales en contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), acusados de las irregularidades registradas en los comicios de hace 10 días.

Por Prensa Latina
Quito, 25 octubre de 2006

Las solicitudes, realizadas por la Fiscal general, Cecilia Armas ; y la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), incluyen además el reclamo de levantamiento de la inmunidad a los miembros de ese ente.

El pleno del CSJ recibió la víspera a los representantes del TSE, cuyo presidente Xavier Cazar negó toda responsabilidad con el fracaso de la empresa E-VOTE, contratado por ese órgano para realizar un rápido conteo de votos el pasado día 15.

Cazar señaló que su órgano no tuvo que ver con el colapso del sistema de la E-VOTE, la cual no pudo ofrecer los resultados de las elecciones del pasado día 15.

Puntualizó además que la imputación presentada contra él y los vocales del TSE por la CCCC contiene un matiz político y carece de fundamento.

En su acusación, la Comisión Cívica contra la Corrupción determinó que existen indicios de responsabilidad penal del TSE por el delito de adjudicación ilícita de convenio con la E-VOTE.

Ramiro Borja, máximo representante del grupo anticorrupción, resaltó que el ente electoral cerró dicho convenio de manera apresurada, pues no esperó el informe oficial de autorización de Contraloría y Procuradoría.

Además de la CCCC, varios diputados reclamaron igualmente a la Fiscalía la apertura de una pesquisa contra el Tribunal Electoral por la suscripción del acuerdo para la transmisión inmediata de resultados de los comicios presidenciales.

Cazar admitió que dispuso asentar ante un notario el contrato sin tener en sus manos el informe de la Procuraduría, asumiendo que era favorable.

Por esta violación, el presidente del TSE y los vocales podrían ser enjuiciados por el delito de "falsificación intelectual" y por ofrecer "falsos testimonios" al firmar ese texto, señalaron fuentes judiciales.

El Código Penal establece una pena de nueve a 12 años de reclusión para "el funcionario público que, al redactar piezas correspondientes a su empleo, hubiere desnaturalizado su sustancia o sus pormenores estableciendo como verdaderos, hechos que no lo eran".

En medio de este contexto, E-VOTE rechazó devolver un adelanto de 2,5 millones de dólares, entregado por el TSE, debido al fracaso de su gestión y reclamó además el pago de la otra parte de los fondos, ascendente a más de dos millones de dólares.

El abogado de esta entidad, Mauricio Aguirre, señaló que el colapso del sistema de la empresa se debió a un cambio a último hora de la planilla electoral para elegir diputados por parte del ente electoral.

Esta disputa agrava aún más la situación del TSE y sus vocales, quienes señalan que un enjuiciamiento de ellos podría afectar la celebración el 26 de noviembre próximo de la segunda vuelta electoral.