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Condenaron a ocho represores por crímenes durante la dictadura en Uruguay
La justicia de Montevideo condenó a 6 militares y a 2 policías a penas de entre 20 y 25 años de prisión, por su responsabilidad en 28 homicidios especialmente agravados en reiteración real, desaparecidos durante el golpe de Estado.
Télam. Buenos Aires, 29 de marzo de 2009.
La justicia de Uruguay condenó a 6 militares y a 2 policías a penas de entre 20 y 25 años de prisión, por su responsabilidad en 28 homicidios especialmente agravados en reiteración real, entre ellos los de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, desaparecidos durante la dictadura de ese país.
La condena del juez Luis Charles involucra a los militares Gilberto Vázquez, José Ricardo Arab, Ernesto Ramas, José Gavazzo, Luis Maurente y Jorge Silveira y los policías José Sande Lima y Ricardo Medina.
A pedido del fiscal, los ocho estaban procesados por los delitos de "asociación para delinquir" y "privación de libertad", y presos en la cárcel Domingo Arena.
"Este es un acto procesal más, en el régimen democrático en el que vivimos nosotros y creo que habló la justicia", expresó Sergio López, único sobreviviente del llamado "segundo vuelo", como se denominó a los traslados clandestinos coordinados entre las dictaduras de Argentina y Uruguay en el marco del llamado Plan Cóndor.
Soba y Mechoso, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo, desaparecieron en Buenos Aires el 26 de setiembre de 1976, cuando en Argentina también gobernaba una dictadura (1976-1983), y permanecieron en el centro clandestino de Automotores Orletti.
Los dos fueron trasladados en el segundo vuelo y ejecutados, junto a una veintena de militantes del PVP, en el Batallón 13, reseñaron las agencias Ansa y Prensa Latina.
En Uruguay rige desde 1986 la denominada Ley de Caducidad que amnistió a policías y militares vinculados a violaciones de derechos humanos durante la dictadura, y que ahora las organizaciones de derechos humanos intentan derogar en un plebiscito.
La norma exceptúa del impedimento de juicio a quienes cometieron delitos fuera de Uruguay.
Desde la asunción de Tabaré Vázquez como presidente, en 2005, se impulsó el procesamiento de represores, que derivaron en algunos encarcelamientos, entre ellos el más emblemático del ex dictador Gregorio Alvarez, hace más de un año.
Las organizaciones de DDHH llevan ya reunidas cerca de 246 mil firmas para pedir una consulta sobre la Ley de Caducidad, paso que se logrará con 250 mil rúbricas, y que deben ser presentadas antes del 25 de abril.
Si se consigue el cuarto de millón de firmas, los uruguayos decidirán sobre su anulación el 25 de octubre, junto con las elecciones nacionales.
