Condena en Perú a Fujimori e inicio de una nueva batalla.

El tribunal encabezado por el juez César San Martín condenó el martes a Fujimori a 25 años de prisión, por ser autor mediato de los delitos de homicidio agravado, asesinato con alevosía y secuestro, cometidos en dos matanzas de 25 civiles inocentes y en los plagios de un periodista y un empresario.

El fallo estableció que los delitos, por haber sido cometidos por un gobierno, configuran crímenes de Estado y delitos de lesa humanidad, por lo que el condenado no puede ser indultado ni amnistiado.

Los magistrados basaron la decisión en cerca de 300 hechos comprobados a lo largo de 14 meses de juicio que, en resumen, llevaron a establecer la convicción de que Fujimori organizó y encabezó un aparato de poder vertical y una política contrainsurgente paralela.

Las conclusiones señalan que en ese marco fue creado el Grupo Colina, financiado por orden presidencial y que ejecutó las dos matanzas y casi medio centenar de ejecuciones de sospechosos de insurgencia.

También estableció el tribunal como hechos comprobados que Fujimori felicitó y amnistió a integrantes de ese escuadrón de la muerte integrado por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército.

La condena desató la reacción iracunda de los familiares, abogados y seguidores del ex gobernante, que acusaron a los jueces -a quienes previamente habían reconocido por su ecuanimidad y corrección durante el juicio- de haber dictado una sentencia motivada por el odio y la venganza.

Esa reacción incluyó un llamado de Keiko, hija y heredera política del ex presidente, a los simpatizantes del condenado, a salir a las calles a rechazar la sentencia, lo que el miércoles se tradujo en una concentración de unas tres mil personas.

Keiko dijo que la concentración inició una "cruzada nacional" por la libertad de su padre y por el triunfo electoral del fujimorismo en las elecciones de 2011, en las que encabeza unas prematuras encuestas, con un magro 16 por ciento, por la "victimización del padre", según analistas.

Las reacciones incluyeron reproches al gobierno del presidente Alan García por no haber intervenido a favor del ex gobernante, pese a que la bancada parlamentaria fujimorista ha apoyado la política económica y otros aspectos de la gestión del ejecutivo.

Los reclamos han incluido la advertencia de que García puede correr la misma suerte que Fujimori, por matanzas registradas en su primer gobierno (1985-90). "García es el próximo", dijo un legislador fujimorista.

Sin embargo, el mandatario rechazó la analogía y recordó que él no rompió la democracia como Fujimori ni acaparó todos los poderes y por tanto las responsabilidades.

Comentaristas de todas las tendencias coinciden en descartar la posibilidad de que García haga algo para favorecer a Fujimori, por el desprestigio que ello le acarrearía nacional e internacionalmente, teniendo en cuenta que tiene pendientes acusaciones referidas a derechos humanos, las cuales datan de su primera gestión.

El costo político de aliarse al fujimorismo para hacer presidenta a Keiko -e impedir que gane el antineoliberal Ollanta Humala- en 2011, hace también muy difícil el panorama de indispensables alianzas para la heredera.

Al mismo tiempo, medios de prensa identificados con la derecha empresarial amplificaron la campaña de desprestigio de los jueces y la sentencia, en la perspectiva de que prospere el recurso de nulidad presentado por el reo contra la sentencia.

El recurso será visto, en un plazo de cuatro a ocho meses, por una sala revisora cuyo fallo será definitivo y que según diversos analistas jurídicos, dada la contundencia de la condena, sólo podrá reducir la pena -es la máxima contemplada para los delitos sancionados- o modificar los duros términos de la misma.

Por Manuel Robles Sosa
Prensa Latina. Lima, 11 de abril de 2009.