Comunidad kolla-guaraní : Crónica de un despojo

La nota, escrita a mano, comenzaba así :

"Nosotros, integrantes de la comunidad kolla-guaraní de Río Blanco Banda Norte, Orán, provincia de Salta, venimos a denunciar la violación de nuestros derechos".

De esta manera se presentaron el pasado lunes 29 de marzo ante el Defensor del Pueblo de la Nación, los siete miembros de esa comunidad que llegaron a Buenos Aires con la misión de reclamar lo que les falta.

– ¿En qué puedo ayudarlos ?, preguntó el subsecretario Anselmo Cella.
– Señor : no buscamos ayuda. Buscamos justicia- le contestó Estela Miranda.

Un rato después, en el televisor del despacho de Cella, se pudieron ver las imágenes del desalojo que la delegación trajo en un video para demostrar lo que pasó.

Fue el 2 de marzo, a las ocho de la mañana, cuando ese juez de paz que la cámara muestra sonriente, golpeó la puerta de la casa de Estela y le anunció que debía sacar sus cosas y retirarse.
– ¿A dónde ? ¿Por qué ?, alcanzó a preguntar Estela.
No tuvo respuesta.

Con candado, entonces, cerró la puerta de su casa -dos ambientes de ladrillos desnudos y cerramientos de madera- dejó a sus dos hijos de 12 y 10 años y a su madre adentro, y pidió una tregua para ir, corriendo, a buscar a un abogado. Cuando regresó, la cuadrilla había roto la puerta con un hacha y cargado sus cosas en una camioneta. Las imágenes muestran a su madre con las manos cruzadas en el pecho, siguiendo con la cabeza el desplazamiento del ropero, la mesa, las camas. El cronista pregunta :
– ¿Qué sucede, señora ?
– Sucede que nos están robando.

Allí en Río Blanco, a la altura del kilómetro 31 de la ruta nacional 50, viven desde hace más de veinte años una reunión de pueblos originarios desterrados. La mayoría, habían sido expulsados de Abra Grande por el ingenio El Tabacal. Con el tiempo, la comunidad unió familias de varias etnias : kollas y guaraníes, principalmente, pero también algunos wichis y criollos, todos desocupados. "Las familias de costumbres indígenas aportaron sus tradiciones de solidaridad que forjaron la convivencia : los kollas con su "minga" y los guaranies con su "yuctu icavi" o convivencia feliz. Los criollos, a su vez, sumaron soluciones de convivencia como las ideas de formar cooperativas ; es así como en algunos sellos que utilizan actualmente la comunidad en sus presentaciones, figura el nombre de Asociación de Pequeños Productores del Rio Blanco", cuenta el padre José Auletta, de la parroquia San José de Orán, que trabaja con ellos desde hace años.

En esas 500 hectáreas encontraron la forma de sobrevivir : cosecharon maíz, zapallitos, bananas, maní, durazno. Criaron animales y con la generosa leña del monte, sobrevivieron a su destino de hambre.
"Nosotros no recibimos planes ni bolsones de comida. No le pedimos nada al Estado. La única vez que fuimos a reclamar algo al municipio fue para que hicieran un camino, pero nos dijeron que teníamos que pagar nosotros las máquinas. Y así lo hicimos. Juntamos peso sobre peso y lo pagamos", cuenta Mario Miranda, el hermano de Estela.

En ese camino -convertido en barro por las intensan lluvias que azotan a Orán- están ahora las familias que fueron arrojadas de sus casas. Otras cuarenta quedaron adentro del terreno, protegidos por la intervención que hizo Caritas y la Pastoral Social y al reclamo del obispo de Orán, que logró parar el desalojo y las topadoras con las que estaban derribando las casas.
Los que quedaron adentro no pueden salir, porque si salen no pueden volver a entrar, les dijo la gente de la Brigada de Orán, que con ropa de civil y armada custodia el terreno. Atrapados en esa lógica están los chicos : sin colegio.

Los que están afuera no pueden entrar, porque en pocas horas la policía levantó un portón que custodian hombres de civil armados. Allí, en el camino, cocinan en una gran olla lo que la solidaridad puede acercarles. Resisten el calor y la noche, debajo de nylons. Atrapados en esa humedad que cría bichos y bronquitis están los chicos : con fiebre.
Llevan treinta días así.
Sin sus pertenencias, que fueron confiscadas.
Sin sus animales, que fueron muriendo en los corrales, abandonados.

Sin sus cosechas, que fueron robadas.

"Vimos cómo la policía, delante de nuestros ojos, cargaba los choclos, los zapallitos, todo, en una camioneta y se lo llevaba. Trabajamos mucho, durante meses, para sembrar y cuidar nuestros cultivos, que es lo que comen nuestras familias y nos da de comer a todos. ¿Me quiere decir qué hacemos ahora nosotros ? ¿Qué comemos ?", solloza en el despacho Simón Villalobos.

También están a punto de perder el puesto en la feria municipal, donde venden los productos que cultivan y por el que pagan un canon mensual que ya venció. Si no lo pagan en diez días, a la lista de despojos se sumará otro.

Todo -casas, cosecha, animales, puesto- es lo que le da la tierra que reclaman. "Nosotros estamos aquí para buscar la justicia que no encontramos en Salta y exigirle que nos de una sola cosa : nuestra tierra. Ese es nuestro derecho", sintetiza Mario Miranda.

Las imágenes muestran a parte de la comunidad -niños y mujeres, principalmente- frente al juzgado civil de Orán, responsable de la causa que provocó el desalojo. La jueza Cristina del Valle Barbará de Morales, hija del intendente de Orán, no los recibió ni recibió el escrito que le presentaron, alegando que como estaba escrito a mano, era ilegible. En la parroquia lo pasaron a máquina, pero tampoco lo aceptaron : faltaba la firma de un abogado. Buscaron, entonces, al asesor legal de la comunidad, el doctor Hernán Mascietti, defensor también de la comunidad Ava Guaraní desalojada de su tierra de La Loma, a pocos kilómetros de Orán, en un violento operativo promovido por la empresa El Tabacal, propiedad de la multinacional Seaboard. Mascietti presentó un amparo, en donde deja constancia que no existió aviso previo ni notificación judicial -según consta en el expediente que a regañadientes le dejaron ver- que pusiera sobreaviso a la comunidad del proceso legal en el que estaban involucrados. Ese amparo permitió que la jueza diera marcha atrás con el desalojo. Pero el alivio duró unas pocas horas y la comunidad nunca fue notificada. Para cuando se enteraron, la parte demandante ya había presentado la apelación y la medida quedaba interceptada.
No es claro, tampoco, quién está detrás del caso. Nunca lo estuvo : por esas tierras pasaron ya varios personajes que alegaron ser los legítimos propietarios, con pretensiones de cobrar arriendo o diezma, según el caso.

Originalmente, las tierras eran propiedad de la empresa Higamar S. A., desde 1946. "Nota característica de Higamar fue la de sucesivas hipotecas millonarias que nunca fueron pagadas. Actualmente, ante la quiebra de Higamar, el Banco Central de la República Argentina es quien ha llamado sucesivamente a remates para la compra de esas tierras", apunta el abogado de la comunidad en su presentación. Esa empresa promovió el desalojo de una parte de la comunidad, en 1999, y desde entonces, quedaron reducidos a esas 500 hectáreas que hoy le disputan. ¿Quién ? La empresa, en los expedientes, aparece con el nombre Río Zenta SRL. Pero el viernes 26 de marzo, cuando la delegación que viajó a Buenos Aires presentó la denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la funcionaría que los atendió comentó lo siguiente :
– Llamamos a Orán y preguntamos, entre otras cosas, de quién es Río Zenta.
– ¿Y qué le contestaron ?
– Que es de Seaboard Corporation.

El subsecretario Cella escucha el relato en silencio. Pregunta si quieren tomar algo. Son las seis de la tarde y nadie allí probó bocado. Llegaron a la oficina de Montevideo al 1.200, en pleno Barrio Norte porteño, caminando desde donde están alojados. Cuarenta y dos cuadras a pie y a 33 grados.

Traen mate cocido y bizcochos para la espera : diez minutos hasta que Cella regresa y comunica la decisión.
El jueves 1 de abril una delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación viajó a Orán para entrevistar a la jueza, visitar la comunidad y comprobar lo que Cella define como "un hecho de una gravedad inaudita".
Del resultado de esa gestión no pende la suerte de la comunidad kolla-guaraní.
Pende ese hilo de legalidad que ata un país a la democracia.