Comisión para la Paz entrega hoy el informe a Batlle con las conclusiones de su investigación

Punto final : gobierno decreta la muerte de los desaparecidos y la caducidad de los delitos cometidos en la dictadura

El Poder Ejecutivo impulsará a través de un decreto una solución jurídica al tema de la violación de los derechos humanos, durante la dictadura, con la esperanza de cerrar en forma definitiva el capítulo de la violencia política en el país y dar vuelta la página.

Según información proporcionada a LA REPUBLICA, la fórmula consistiría en declarar como fallecidos a los detenidos desaparecidos en Uruguay. A esta misma conclusión arribó la Comisión para la Paz, al cabo de dos años y medio de actuación, cuyo informe final será presentado hoy al Presidente, reunión en la que también estará presente el vicepresidente Luis Hierro.

También el gobierno impulsará la prescripción de los delitos cometidos entre 1973 y 1985. Fuentes del gobierno dijeron que se buscaría un efecto similar al que generó la Ley de Caducidad.

La iniciativa fue acordada en las últimas horas al más alto nivel del Partido Colorado y sería difundida en el correr de esta jornada, según la información proporcionada a LA REPUBLICA. No obstante, había dirigentes colorados que entendían que los resultados de la Comisión para la Paz con estas disposiciones podían ser aprobadas por ley. Sin embargo se optó por un decreto que no puede ser sometido a plebiscito.

Pese a mostrarse muy cauto, el ministro de Defensa, Yamandú Fau, confirmó ayer esta idea del gobierno. En diálogo con radio El Espectador reiteró que el Poder Ejecutivo no estudia una "nueva iniciativa". Lo que se hace, dijo, es "comprender el sentido y el alcance de la Ley de Caducidad". Para el secretario de Estado, la ley "no amnistió a personas según su condición militar, policial o civil, sino que declaró que no se actuaría contra determinados delitos". "El juez debe consultar al Poder Ejecutivo si determinado delito está comprendido en la ley, y en caso afirmativo archivar los antecedentes", agregó.

Recordó que el Artículo 4º de la Ley de Caducidad "establece en forma precisa algunas facultades que el Poder Ejecutivo tiene en esta materia ; y ahí los pronunciamientos del Poder Ejecutivo tienen el carácter vinculante que no tendría un informe o una conclusión de la Comisión para la Paz.

La posibilidad de modificar la Ley de Caducidad había generado fuerte resistencia, no sólo a nivel político. La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, emitió un comunicado en el que rechaza la idea manejada por el gobierno de una ley interpretativa para la Ley de Caducidad.

Luego de recordar que los sucesivos gobiernos nunca cumplieron con el artículo cuarto de dicha ley que establece investigar la situación de los desaparecidos, se señala la "vergüenza" que genera la nueva propuesta. Familiares realizará hoy un primer balance del informe en conferencia de prensa que fue convocada para las 17.00 horas, en su sede de la calle Nicaragua.

El Informe

La Comisión para la Paz fue instalada en agosto de 2000 por el presidente Batlle con el objetivo de "sellar definitivamente la paz entre los uruguayos".

El grupo, en un preinforme elevado en octubre del año pasado, consideró confirmadas la muerte de 26 desaparecidos en Uruguay "en función de que existen elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir" que estas personas "fallecieron finalmente" por torturas.

El asesor presidencial e integrante de la Comisión, Carlos Ramela recordó que el grupo realizará una serie de recomendaciones al Poder Ejecutivo. Entre ellas, se encuentra la de conformar una oficina especial que continúe recibiendo información sobre los desaparecidos. Asimismo, habrá un capítulo referido a las reparaciones patrimoniales que el Estado habrá de disponer.

"La Comisión lo que hace es presentar las sugerencias sin determinar montos ­dando simplemente criterios­ que son los mismos que han regido en el derecho comparado, en el sentido de que tengan acceso a esa indemnización las familias que no han hecho juicio la Estado y no han cobrado ya alguna indemnización. Estamos previendo aquí que haya un régimen tarifado, que tenga un procedimiento muy breve, donde se pueda conseguir para el resto de las familias una reparación patrimonial", dijo.

Ramela indicó que ya se informó a los familiares sobre la situación de los restos de los desaparecidos. "Los familiares en toda oportunidad que se han reunido han demostrado consideración, respeto, reconocimiento sobre el trabajo.

Evidentemente sobre el tema restos ­que es el más delicado­ el objetivo principal y básico de las familias era recuperar los restos. Eso no se ha logrado, salvo casos excepcionales, con lo cual en esa temática no hay una satisfacción total. Pero se reconoce que es un tema muy difícil y que la Comisión ha actuado como podía y que igual ha logrado avances significativos", sostuvo. *

Comisión cuestionó falta de colaboración de las FFAA y lamentó imposibilidad de hallar los cuerpos

Informe final : aclaran veintiséis casos en Uruguay ; destrucción de restos data de fines de 1984

Con severos cuestionamientos a los militares y civiles que estuvieron al mando del país durante la dictadura -por haber violado los derechos humanos- y señalando que un número importante de personas fueron enterradas en dependencias militares y luego cremadas y arrojadas al mar, la Comisión para la Paz presentó ayer su informe final que recopila la información recogida al cabo de 31 meses ininterrumpidos de labor para aclarar el destino de los detenidos-desaparecidos durante el gobierno de facto.

El extenso documento de 32 páginas y 14 anexos, fue entregado ayer al presidente Jorge Batlle y al vicepresidente Luis Hierro, y contiene la firma de los seis integrantes del grupo : Nicolás Cotugno, Jorge Osorio, Gonzalo Fernández, José D’Elía, José Claudio Williman y Carlos Ramela. D’Elía no concurrió a la reunión por razones de salud.

En un mensaje a la población, el presidente Batlle destacó que el trabajo del grupo es la "versión oficial" sobre la situación de los desaparecidos y anunció una serie de resoluciones administrativas, proyectos de ley y comunicaciones a los poderes del Estado. "El Uruguay ha mostrado una vez más la categoría que como sociedad lo distingue", evaluó Batlle (ver nota aparte).

Poco después de conocido el informe, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos reclamó que la justicia investigue las conclusiones a las que arribó la Comisión para la Paz ya que de ahí surge la comprobación de que un "plan perverso" cuya "última etapa habría comenzado a consumarse a fines de 1984", por lo que consideran que debe haber implicancias políticas y reclaman que se conozca "toda la verdad" (ver nota aparte). En conferencia de prensa, Ramela dijo que esperaba que los Familiares "sepan valorar los resultados".

En el documento, se plantean valoraciones respecto al rol del Estado en defensa de los derechos humanos, se realiza una serie de sugerencias que van desde la declaración de ausencia de desaparición forzada, a la enseñanza de los valores democráticos, y sistematiza la información recabada en cada caso de los desaparecidos. El informe se refiere a las más de 170 denuncias de uruguayos desaparecidos en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia y Colombia. Respecto a los desaparecidos en nuestro país, considera confirmadas 26 denuncias, ya que "existen elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir que las personas (...) fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos -en la enorme mayoría de los casos- o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional".

Agrega que no es posible confirmar un caso (el de Urano Miranda) debido a que "existe información trascendente pero no suficiente a esos efectos".

Asimismo, sostiene que no es posible confirmar o descartar una denuncia (Ever Rodríguez Sanabria), debido a la poca información con la que se cuenta. Por último, considera descartadas cuatro denuncias porque no se accedió hasta la fecha a información o evidencia, que vincule el destino de las personas desaparecidas con el tema de la Comisión. Entre ellos figura Olivar Sena, persona que según el Servicio de Paz y Justicia, que realizó su propia investigación, desapareció por la dictadura.

El informe aclara que de los antecedentes de las personas fallecidas hay evidencia de que la "enorme mayoría de ellas no participaba en forma directa en actos de violencia ni integraban organizaciones subversivas. La fecha de sus muertes pone de manifiesto, por su parte, que la mayoría de ellas se verificaron después que la sedición había sido desarticulada y derrotada y cuando sus integrantes se hallaban detenidos en establecimientos de reclusión".

En cuanto a Argentina, la Comisión dice que pudo obtener conclusiones que "demuestran la detención clandestina de numerosos ciudadanos uruguayos en territorio argentino y su desaparición forzada y fallecimiento como consecuencia de torturas y/o ejecución, a partir de procedimientos donde existieron, en algunos casos -fundamentalmente procedimientos contra los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), entre otros-, acciones represivas con distinto grado de coordinación y colaboración entre fuerzas de ambos países".

Respecto a la situación en el vecino país concluye que fueron confirmadas 13 denuncias de personas que fallecieron y fueron sepultadas en cementerios de la provincia de Buenos Aires. Considera confirmadas 42 denuncias -sin el respaldo objetivo y formal de los casos anteriores-, y estima que tienen una confirmación parcial otros 73 casos.

En tanto, en chile se confirmaron parcialmente siete denuncias, en Paraguay, dos casos, en Brasil se descartó una, al igual que en Colombia, y en Bolivia se aclaró un caso.

Restos

En el informe final se incorporó un ítem que no figuraba en el preinforme presentado en octubre del año pasado : el de los restos de los desaparecidos en Uruguay. En este tema, la Comisión reconoce y señala que tal "como lo consagra incluso el propio derecho consuetudinario de guerra, los familiares deben ser amparados en su derecho a tener una tumba donde honrar a sus seres queridos".

La Comisión informa que recibió de "fuentes militares" versiones e informes "coincidentes sobre cuál habría sido, en términos generales, el destino de los restos de los desaparecidos cuyo fallecimiento ha sido confirmado". Se aclara que la Comisión "no puede -ni debe- confirmar esa información y se limita simplemente a transmitirla en términos generales, destacando que los uruguayos merecen a esta altura -a juicio de este Cuerpo- una explicación más clara y contundente sobre el destino de los restos". El grupo explica que no pudo ubicar los restos de las personas desaparecidas, debido a la información recabada.

En tal sentido informa que, los restos de Abel Adán Ayala y Héctor Castagnetto da Rosa, "habrían sido arrojados al mar en una zona cercana al Cerro de Montevideo".

Indica además que "habrían sido enterrados en dependencias de las Fuerzas Armadas", las siguientes personas desaparecidas que murieron a partir de 1974 en Montevideo : José Arpino Vega, Carlos Arévalo Arispe, Luis Eduardo Arigón, Oscar Baliñas Arias, Ricardo Blanco Valiente, Eduardo Bleier Horovitz, Juan Manuel Brieba, Julio Castro Pérez, Julio Gerardo Correa, Ubagesner Chávez Sosa, Lorenzo Escudero Mattos, Luis Eduardo González González, Miguel Mato Fagian, Fernando Miranda, Otermín Montes de Oca, Félix Ortiz, Antonio Paitta, Eduardo Pérez Silveira, Elena Quinteros, Amelia Sanjurjo Casal, Juan Américo Soca y Oscar Tassino.

En cuanto a Horacio Gelos Bonilla, sostiene que sus restos "habrían sido enterrados" en una zona de bosques entre la Ruta Interbalnearia y la costa.

El informe dice que "los restos de todas las personas desaparecidas que fallecieron a partir de 1973 -24 en total- habrían sido exhumados hacia fines del año 1984, incinerados o cremados mediante la utilización de calderas u hornos de fabricación informal alimentados con formas adicionales de combustión y arrojados finalmente al Río de la Plata, en una zona cercana al Barrio Paso de la Arena que ha sido ubicada y señalada con precisión". El paraje, deshabitado, está utilizado en jurisdicción de la Prefectura Nacional Naval, y es utilizado frecuentemente para práctica de tiro militar. La rocosa ensenada, de unos 150 metros de largo, habría sido el escenario elegido.

Entrevistas

En el informe, la Comisión describe que recopiló información de las organizaciones de derechos humanos, y de dependencias del Estado. En cuanto al último punto, se indica que por "expresas instrucciones" del Presidente, la Comisión no entabló nunca contactos de nivel institucional con las Fuerzas Armadas.

Indica, no obstante, que entrevistó a "numerosos integrantes" de las fuerzas policiales y militares de la época, "intentando persuadirles de que dialogaran y cooperaran con la tarea de este Cuerpo, aportando cuanto supieran acerca de la suerte corrida por los detenidos-desaparecidos".

"La Comisión apeló únicamente a su poder de persuasión, tratando de convencer a aquellos policías y militares para que aportaran en forma voluntaria la información a su alcance, al amparo del régimen de estricta reserva imperante en materia de fuentes informativas. Ese esfuerzo, pese a todo, tuvo resultados dispares ; de todas formas, la información adicional finalmente obtenida por la Comisión refleja que existió, de parte de algunos, una voluntad de colaboración sin la cual muchas respuestas no hubiesen sido posibles".

Conclusiones

La Comisión sostiene que llegó a la "verdad posible". Agrega que el aporte del grupo "se limita a verificar la verdad de hechos que, aún cuando muchas veces fueron negados, deben ser ahora considerados como parte de la historia oficial. De ahora en más -considera esta Comisión- es responsabilidad de todos procesar y superar, en toda su dimensión y globalidad, un período triste y oscuro de nuestra historia reciente, intentando sentar las bases de una paz final y definitiva".

"La Comisión considera imperativo señalar, en ese sentido, que es tarea de todos ratificar la plena y total vigencia del Estado de Derecho ante toda y cualquier circunstancia que se pueda verificar o invocar. Es necesario aprender y recordar por siempre que no existe diferencia o divergencia que habilite la violencia, el secuestro y la muerte de cualquier origen o signo y que esas manifestaciones deben ser siempre y en todo caso condenadas ; la generalidad de la condena, que abarca todas y cada una de las acciones de aquellos años que en nuestro país tuvieron esos objetivos, no debe ignorar que es siempre y en todo caso el Estado quien tiene la obligación suprema de defender determinados valores, afianzar ciertos principios y descartar determinados procedimientos, usando su autoridad y poder con estricto apego a la ley y a los derechos fundamentales de la persona humana.

El Estado que abandona esas premisas y admite o tolera la existencia de un aparato represivo que actúa sin control y por fuera de la legalidad, desvirtúa su esencia y agrede principios fundamentales que hacen a la razón de su propia existencia", dicen los integrantes de la Comisión.

El grupo cuestiona a quienes gobernaron durante la dictadura. Sostiene que la Comisión ha "formado convicción plena acerca de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen de facto.

Desde la tortura, la detención ilegítima en centros clandestinos, hasta llegar a los casos más graves de desaparición forzada, se constata la actuación de agentes estatales que, en el ejercicio de su función pública, obraron al margen de la ley y empleando métodos represivos ilegales.

La Comisión se permite subrayar, por último, que nadie está habilitado o autorizado, en ninguna circunstancia, a violar o desconocer los derechos humanos fundados en la propia existencia y dignidad de la persona".

Sugerencias

En base a estas consideraciones, la Comisión para la Paz realiza en su informe una serie de sugerencias para "generar una conciencia colectiva nacional que condene por igual toda forma de intolerancia y violencia y que procese un auténtico y definitivo NUNCA MAS entre todos los uruguayos".

Una primera sugerencia es crear una "secretaría de seguimiento" debido a los trámites que se deben realizar por los desaparecidos en Argentina.

Luego sugiere al presidente, que se promueva una iniciativa legal tendiente a crear la figura específica y propia de la Ausencia por Desaparición Forzada, "declarable a través de un procedimiento sumario que admita, como prueba suficiente, las conclusiones de este Cuerpo".

"Esta categoría jurídica reconoce antecedentes en el derecho comparado y es la que naturalmente se adapta, con mayor exactitud, a una hipótesis donde el fallecimiento no puede ser acreditado, de forma objetiva, por no haberse ubicado los restos respectivos, permitiendo a su vez en la esfera jurídica la determinación de un estado que supera la indefinición legal que se ha sufrido -como un perjuicio más- hasta el presente". También propone reparar patrimonialmente -en sede administrativa y por vía sumaria- los daños y perjuicios generados por la actuación ilegal de agentes del Estado, que beneficie a aquellas familias de personas fallecidas en nuestro país que no han cobrado a la fecha indemnización alguna por los hechos que se señalan en el informe.

Por último, la Comisión realiza cinco sugerencias generales : a) que se promueva y fomente, a todo nivel, con especial énfasis en los planes de estudio en general y en los procesos de formación de docentes y educadores en particular, un análisis objetivo y global de la "triste realidad que vivió el país desde la década de los años sesenta y hasta mediados de los años ochenta, que rescate y valore una realidad completa y veráz y permita entender, asumir y reconocer, en toda su dimensión, las causas y los factores complejos y múltiples que incidieron para generar uno de los períodos más duros y trágicos de nuestra historia nacional.

b) Se enseñe y estimule también a todo nivel la vigencia de conceptos, valores y principios que hacen a nuestra propia esencia como Nación y son la mejor garantía contra toda forma de violencia y arbitrariedad, tales como : la democracia como instrumento formal, sustancial y único de convivencia ; el diálogo y la solución no violenta de los conflictos y las divergencias ; la tolerancia y el respeto por los derechos de los demás como vehículo para definir objetivos nacionales comunes, sin perjuicio de la diversidad que nos distingue como sociedad libre y pluralista ; la consolidación plena del Estado de Derecho ; la absoluta sujeción del Estado y sus agentes al marco de más estricta legalidad y, en definitiva, la promoción y protección genuina de los derechos fundamentales del hombre.

c) Que se revean y actualicen nuestras normas legales vigentes, de forma de contemplar delitos como tortura, delitos contra la humanidad, genocidio, desaparición forzada.

d) Se ratifiquen y aprueben tratados, pactos y convenciones internacionales que se impulsan, como forma de mantener al país en la vanguardia de aquéllos que hacen del individuo y del respeto de sus derechos una prioridad básica y esencial.

e) Se genere un ámbito adecuado para analizar y resolver la creación de una estructura institucional propia y autónoma que pueda actuar, en forma permanente, en el seguimiento y control de las regulaciones y normas tendientes a la más efectiva protección de los derechos humanos del individuo. *