Colombia: "Seguridad democrática" o la paz de los cementerios

Por Eduardo Tamayo G.

Mientras el gobierno de Alvaro Uribe Vélez asegura que en los últimos seis meses se ha reducido de manera significativa la violación de los derechos humanos, organizaciones civiles expresan que hay grandes retrocesos sobre todo en materia de impunidad y en los mecanismos de protección de los derechos humanos.

El tema colombiano, como todos los años, fue abordado por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) que se reúne en Ginebra desde el 17 de marzo hasta el 25 de abril. En varias intervenciones, los representantes del gobierno colombiano han insistido en un argumento central: que la política de "seguridad democrática", seguida por el gobierno de Alvaro Uribe Vélez, va a garantizar los derechos y las libertades ciudadanas y que la CDH debe profundizar el debate sobre "la responsabilidad de los actores no estatales en materia de respeto a los derechos humanos".

Estados Unidos elogió los "progresos observados en
materia de derechos humanos en el último año" por el
gobierno colombiano. "El Estado se ha extendido a áreas
y regiones previamente ignoradas, que servían como base
de operaciones para los grupos terroristas, mas aún, el
Programa Presidencial de Derechos Humanos también ha sido
fortalecido y el gobierno ha manifestado que no tolerará
la cooperación entre militares y paramilitares", señaló
el diplomático de Estados Unidos, Mark Falcoff. Agregó
que el gobierno de Uribe ha dado importantes pasos para
restablecer la "seguridad democrática", recordando que
"los principales culpables de los abusos de derechos
humanos y la violencia son los grupos armados que
desafían la autoridad legítima y causan terror al pueblo
colombiano. Estos grupos están involucrados en
narcotráfico, secuestran y extorsionan como fuente de
ingresos y forma de vida", según Falcoff.

Casi todas las organizaciones defensoras de los derechos
humanos acreditadas en la CDH desmintieron, con datos y
estadísticas, las afirmaciones de los representantes de
George W. Bush y Alvaro Uribe, y más bien apuntaron que
la situación ha empeorado e incluso está alcanzando
niveles dramáticos. Entre estas organizaciones se puede
mencionar a Amnistía Internacional, la Asociación
Americana de Juristas, la Comisión Internacional de
Juristas, el Servicio Internacional para los Derechos
Humanos, la Federación Internacional de Derechos Humanos,
la Comisión Colombiana de Juristas, la Liga Internacional
por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, FEDEFAM,
el Consejo Canadiense de Iglesias, Human Rights Watch, la
Federación Sindical Mundial, la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la
Organización Mundial contra la Tortura, Franciscanos
Internacional y 99 organizaciones colombianas del más
variado tipo.

Los principales cuestionamientos al gobierno colombiano
tienen que ver con el involucramiento de la población
civil en el conflicto armado; la declaratoria del estado
de excepción que desconoce derechos fundamentales; el
desmantelamiento de Estado social y de derecho; los
nuevos factores de impunidad que otorgan poderes
exorbitantes al Fiscal General de la Nación; la actitud
hostil hacia los defensores de derechos humanos; la
pretensión de indultar a los grupos paramilitares
responsables de la mayoría de violaciones de derechos
humanos y ataques a la población civil; la erradicación
forzada de cultivos ilícitos y las fumigaciones en áreas
campesinas; la ausencia de políticas de derechos humanos
y derecho humanitario y lo no-cooperación con Naciones
Unidas, en tanto cumple los requerimientos del FMI y del
Banco Mundial aún en perjuicio de los derechos de la
población.

La violencia socio-política continúa agravándose. Entre
julio de 2001 y junio de 2002, un promedio de 20 personas
fueron muertas o desaparecidas de las cuales el 85% son
atribuidas a agentes estatales y grupos paramilitares y
el 15% a las guerrillas. Entre enero y diciembre de
2002, 17 defensores de los derechos humanos fueron
víctimas de homicidios y desaparición forzada. Entre
enero y octubre de 2002, se desplazaron forzadamente más
de 353.100 personas, con un promedio de 1.284 diarias.

Hay un creciente deterioro de los derechos económicos,
sociales y culturales. La concentración del ingreso
aumentó del 0,54 en 1980 al 0,57 en 1999; el índice de
pobreza es del 60%; el 2 por ciento de propietarios posee
el 53% de la tierra; el desempleo es del 16%; 3 millones
de niños y niñas están fuera del sistema escolar, según
datos de la Comisión Colombiana de Juristas.

El deterioro de la situación de los derechos humanos en
Colombia, según Peter Drury, de Amnistía Internacional,
se da en un marco de enfrentamiento de las Fuerzas
Armadas, que utilizan a los grupos paramilitares, con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y el
Ejército de Liberación Nacional, ELN, fuerzas
guerrilleras que tampoco respetan el Derecho
Internacional Humanitario. Drury hizo mención al intento
de involucrar a la población civil en la lucha contra-
insurgente a través de la propuesta de Alvaro Uribe de
crear una red de 1 millón de informantes y un ejército a
" tiempo parcial" de 150.000 campesinos para que
colaboren activamente con la policía y las fuerzas
armadas en la lucha contrainsurgente. El gobierno ha
emprendido una agresiva política de persecución a la
población civil a la que considera cómplice o auxiliadora
de las guerrillas. Numerosos civiles han sido asesinados
fuera de combate. Hay un ataque sistemático a los
defensores de los derechos humanos. Varios testigos de
procesos judiciales que las autoridades judiciales
llevaban a cabo contra militares y paramilitares han sido
perseguidos o encarcelados.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Sergio Vieira de
Melo, en su informe del 2002, señala que mediante el
estado de excepción, declarado en agosto de 2002,"las
autoridades desarrollaron (...) una política de
allanamientos a gran escala y capturas masivas. La
Oficina recibió varias denuncias de abusos de la fuerza
pública y de procedimientos incompatibles con los
principios internacionales, en particular el de la
protección contra las privaciones arbitrarias de libertad
y los de legalidad y de inocencia".

Si bien hay responsabilidad de los paramilitares y
guerrilleros en la violación de los derechos humanos, es
"igualmente claro que el principal responsable de esta
crisis es el Estado colombiano, que ha sido incapaz de
proteger a la población frente a las agresiones de la
guerrilla y los paramilitares, que ha sido igualmente
incapaz de romper los vínculos entre los grupos
paramilitares y múltiples agentes del Estado, que
mantiene y actualmente promueve una grave impunidad, que
desarrolla acciones violentas contra la población y que,
además, ha decidido en los últimos meses emprender una
agresiva campaña para desmantelar el Estado de derecho",
asegura la Comisión Colombiana de Juristas, la Comisión
Internacional de Juristas y la Federación Internacional
de Derechos Humanos.

La Federación Sindical Mundial (FSM), expresó su
preocupación por la violencia ejercida contra líderes
sindicales y trabajadores. "Las ejecuciones,
desapariciones y detenciones de líderes sindicales han
persistido con impunidad. Hasta que se inició el 59avo
período de sesiones de la CDH, la situación en Colombia
no ha cambiado y las violaciones de los derechos
sindicales no han sido detenidas", dijo Aída Avella, de
la FSM. En el último año, 184 trabajadores han sido
asesinados, 13 de ellos por grupos paramilitares.

Agustín Jiménez, de la Organización Mundial contra la
Tortura, manifestó que la política de seguridad
democrática del gobierno colombiano está supuestamente
dirigida a atacar a los grupos armados y paramilitares,
pero en realidad constituye un mecanismo de persecución a
opositores civiles, pretendiendo acallar a la oposición
democrática.

Por su lado, Jairo Sánchez, de la Asociación Americana de
Juristas, manifestó que la situación humanitaria y de
derechos humanos en Colombia se deteriora cada día porque
el actual gobierno, al igual que el anterior, ha hecho
muy poco para cumplir las recomendaciones internacionales
para mejorar la situación. Hay falta de voluntad
política por parte de las autoridades para convertir a
Colombia en un estado de derecho y democrático, subrayó.

Finalmente, Robert Faris, del Consejo Canadiense de
Iglesias, expresó que a pesar de los desmentidos,
continuaba convencido que la relación entre las fuerzas
de seguridad del Estado, los funcionarios públicos y los
grupos paramilitares era generalizada y se mantenía
vigente. "Esta alianza clandestina está detrás de la
gran mayoría de los asesinatos políticos y desapariciones
en Colombia. Las fuerzas de seguridad colombianas han
utilizado "la guerra contra el terrorismo" para ejecutar
arrestos arbitrarios y allanar las sedes de sindicatos y
de respetables organizaciones que promueven la paz. Han
aumentado el número de colombianos asesinados,
desaparecidos, internamente desplazados y forzados al
exilio, entre ellos promotores comunitarios,
sindicalistas, activistas sociales, líderes indígenas y
defensores de derechos humanos y miembros de las
iglesias", enfatizó.

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