Colombia : Denuncian a la petrolera Oxy de promover una masacre

** Una de las razones del éxito de las Farc en Colombia es la ausencia del Estado en las áreas críticas (por ejemplo, la salud, la educación, la seguridad y la justicia en los pueblos acechados).

** Tampoco algunas compañías multinacionales colaboran con la gente sino que, hambrientas de los recursos naturales de la zona, llegan a colaborar en cacerías de pobladores.

** En este escenario, no sólo las Farc se abusan de los pobladores sino también los paramilitares, quienes les roban y asesinan.

"Fui invitado por algunos accionistas que están preocupados por la violación de derechos humanos en Colombia", explicó el exiliado Luis Alberto Mojica, de 30 años, quien, ante tenedores de acciones de la petrolera Occidental Petroleum (Oxy) señaló que "el próposito de esta comparecencia fue la búsqueda de la verdad".

Mojica sobrevivió, hace cinco años, a un bombardeo de su poblado en el que murieron 17 civiles. Él ha acusado a la petrolera estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) de estar implicada en la masacre.

Mojica presentó el jueves, ante la corte de distrito de Los Angeles, California, USA, una demanda contra Oxy y su compañía de seguridad, Airscan, por su presunta responsabilidad en el asesinato de civiles.

La demanda afirma que tanto Oxy como Airscan ayudaron a perpetrar el ataque, proporcionando información estratégica clave así como apoyo terrestre y aéreo al ejército colombiano que buscaba atacar a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en Santo Domingo, pero que terminó con la muerte de civiles no vinculados a los guerrilleros.

"El avión de Airscan -que proporciona vigilancia aérea del oleoducto de Oxy en Caño Limón- acompañó a las fuerzas aéreas colombianas durante el bombardeo, utilizando sus equipos de video y rayos infrarrojos para señalar objetivos en el terreno", afirma Amazon Watch, una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos que promovieron la querella.

"Pese a que, presuntamente, el ataque era contra rebeldes, ningún rebelde resultó muerto", añade.

Oxy negó sin embargo toda implicación en la acción.

"Cualquier sugerencia de que Occidental Petroleum fue responsable en cualquier modo por la tragedia de Santo Domingo resultado de una acción militar entre las fuerzas armadas colombianas y elementos de las FARC es completamente falsa", afirmó la empresa en un comunicado. "Occidental no ha proporcionado y no proporciona ayuda letal a las fuerzas armadas de Colombia", agregó.

Mojica dijo que en la reunión de accionista de Oxy "también les conté que a raíz de las investigaciones, me he visto amenazado en mi país y he tenido que salir de mi país y ahora me encuentro aquí en los Estados Unidos iniciando una acción legal contra ellos".

"Creo que el presidente de la Oxy, Ray Irani, es una persona que no tiene corazón porque percibí cómo se reía en la cara de la gente que me hacía preguntas", lamentó Mojica.

A la entrada del hotel donde se celebraba la reunión, un pequeño grupo de activistas protestaba contra las prácticas internacionales de la compañía, que califican de "moralmente cuestionables".

La madre, la hermana y la prima de Mojica se encontraban entre los 17 civiles -entre ellos seis niños- que murieron en el bombardeo de Santo Domingo por el ejército colombiano, el 13 de diciembre de 1998. Él sobrevivió a la masacre por encontrarse en un caserío fuera del pueblo.

"Sólo pude entrar un día después a sacar el cuerpo de mi madre que había quedado prácticamente mutilado y calcinado producto de la bomba", explica.

La demanda contra Oxy forma parte de casi una treintena presentadas ante tribunales estadounidenses contra empresas multinacionales acusadas de complicidad en la violación de los derechos humanos en diferentes lugares del mundo.

Ninguno de estos casos ha ido todavía a juicio pero la petrolera Unocal puede verse ante los tribunales a finales de este año por acusaciones de que soldados que vigilaban uno de sus gaseoductos en Birmania cometieron violaciones y asesinatos.

Estas demandas se acogen a una ley federal estadounidense que permite a extranjeros presentar querellas en tribunales de los Estados Unidos por violación de las leyes internacionales aunque los abusos se hayan cometido en otro país.

A un año de Bojayá

La Procuraduría General de Colombia denunció abusos de la Fuerza Pública en Bojayá (Chocó), en un informe sobre el precario papel que ha jugado el Estado en la zona donde hace un año ocurrió una tragedia que tuvo repercusión mundial. El 2 de mayo de 2002, 119 pobladores de Bojayá que se refugiaban en la iglesia del pueblo, huyendo de los combates entre Farc y paramilitares, perdieron la vida cuando un proyectil disparado por la guerrilla impactó en el templo.

Incluso critica a los encargados de salud y educación por no garantizar condiciones mínimas para los desplazados que han retornado.

El procurador, Edgardo Maya, le remitió ese informe al presidente Álvaro Uribe Vélez con una carta que señala que "Bojayá sigue en el abandono".

Una vez conocidos los hechos, dice la Procuraduría, se le pidió a la Fuerza Pública diseñar un plan para garantizar que controlara la zona y garantizara la seguridad, alterada por el enfrentamiento entre los dos grupos armados ilegales.

Sin embargo, la comisión del Ministerio Público, asegura que durante muchos meses el Frente 57 de las Farc mantuvo un retén en Tanguí, a 40 minutos en lancha de Quibdó.

El retén, al cual tenían que rendir cuentas todas las embarcaciones, estuvo cerca de dos años ahí, hasta la 1ra. semana de marzo, cuando se trasladó a la población de Bocas de Amé, también sobre el río Atrato.

La Procuraduría asegura que pese a que a la salida de Quibdó hay un retén del Ejército y se cuenta con la presencia de un buque nodriza y seis lanchas o pirañas -que cubren el río Atrato entre Vigía del Fuerte hasta la capital chocoana-, "el retén de las Farc se mantiene, no en un sitio inasequible, sino a la orilla del río, en medio de la población, en clara violación al Derecho Internacional Humanitario". Críticas al Ejército

Aunque el 2 de septiembre de 2002, regresaron cerca de 1.000 pobladores que habían huido tras la masacre, la Procuraduría advierte que la población no se siente segura y que tiene temor porque considera que está siendo estigmatizada.

"La población que retornó a Bellavista en 2002, no puede desarrollar normalmente sus actividades agrícolas, por no contar con garantías de seguridad por fuera del casco urbano, o por ser estigmatizados como colaboradores o informantes de grupos al margen de la ley o del Ejército", dice el informe.

El cabildo Mayor Indígena de Bojayá (Camaibo) denunció bloqueos de las Farc en sus resguardos cerca de los ríos Napipí y Opogadó, que les impiden bajar al caso urbano. Y los pobladores, de otro lado, también se quejaron por detenciones sin orden judicial por parte de las autoridades.

La Procuraduría constató que la supuesta retención, por parte del Ejército, del combustible que instituciones internacionales donaron, en ocasión del retorno de los desplazados, para el abastecimiento de las plantas de energía eléctrica.

La comisión de la Procuraduría que viajó hasta el puesto de control del Ejército en Vigía del Fuerte para averiguar denuncias sobre restricciones de combustible y de alimentos, fue hostigada por disparos del Ejército, según denuncia el informe, pese a que llevaban una bandera con el logo de la Procuraduría. Lo mismo, aseguran, ocurrió con una comisión de la ONU.

La comisión dice que la única señalización que tiene el puesto de control oficial, "es un trapo rojo sostenido de una rama" y que "la población se queja de que el Ejército en varias ocasiones ha hecho disparos para obligar a detener a los que se movilizan por el río, y luego además los obligan a pagar C$ 20.000 por cada bala disparada".

El pasado 9 de abril, dice la Procuraduría, se realizó una reunión con el comandante del batallón Manosalva, coronel Juan José Buenaventura, quien "se comprometió a flexibilizar las restricciones a la movilización de personas, alimentos y combustible, sin embargo, solo para el casco urbano de Bellavista se permite el ingreso de alimentos enlatados".

Según la Procuraduría, el 12 de noviembre de 2002, el procurador regional del Chocó advirtió al Gobernador que no existían las garantías de salud en Bojayá para la población que iba a retornar, porque no había un médico en el municipio y además faltaba dotar el centro de salud.

La entidad encargada de salud en la región, Dasalud, y el municipio se acusaron mutuamente de la situación, advirtiendo la necesidad de pagar los salarios de varios meses a los empleados lo mismo que a los contratistas.

El pasado 4 de marzo, las directivas de Dasalud se comprometieron a pagar los dineros.

Sin embargo, la Procuraduría abrió investigación contra el director de Dasalud al advertir que "al 17 de marzo no habían sido instalados los equipos y no se había cancelado salarios a ninguno de los funcionarios ni contratistas, pese a que se había probado los recursos y el Ministerio de Protección Social giró los dineros el 9 de octubre pasado".

La Procuraduría asegura que la Gobernación del Chocó se comprometió, una vez retornaran los pobladores, a reanudar el calendario escolar a partir del 1ro. de septiembre de 2002, sin embargo solo se atendió el nivel de primaria en algunas viviendas y sitios públicos de Bellavista.

De acuerdo con el informe, "en vista de que el Estado no asumía esta obligación", un medio de comunicación inició una campaña para recaudar fondos y construir así la escuela.

La Procuraduría indicó, además, que tuvo que hacer un llamando a los directores de los colegios en Quibdó para que recibieran a los estudiantes debido a su condición de desplazados, esto por quejas reiteradas según las cuales no eran admitidos.

"El 1 de abril de 2003 solicitamos a la Ministra de Educación la disponibilidad presupuestal para la construcción de un núcleo educativo en Bellavista, a lo cual respondió el 7 de abril que en ese Ministerio no existe disponibilidad presupuestal por dicho concepto", dice.

El informe del Ministerio Público incluye también las investigaciones preliminares que ha iniciado al alcalde de Bojayá, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades en salud, educación, presupuesto y contratación.

En relación con la masacre, por presunto incumplimiento en sus funciones, la Procuraduría investiga de manera formal a tres generales : Leonel Gómez Estrada, entonces comandante de la 1ra. División ; Mario Montoya Uribe, entonces comandante de la 4ta. Brigada, con sede en Medellín, y el retirado Jorge Enrique Linares, entonces director Operativo de la Policía.

El texto de la carta :

Señor Presidente :

Hace un año, nuestro país y el mundo entero se estremeció de indignación por el aleve y absurdo atentado de que fue objeto la población de Bojayá, en Chocó, por parte de grupos ilegales que alimentan día a día un conflicto armado interno que nos desangra.

La magnitud del crimen originó vehementes reacciones, no solo en nuestras instituciones sino de la comunidad internacional, que de manera inmediata expresaron su voluntad de suministrar la ayuda necesaria, no solo para reconstruir el pueblo arrasado, sino para hacerlo garantizando una adecuada inversión, especialmente en lo social, infraestructura y servicios públicos, que hiciera posible empezar a superar la situación de olvido y de injusticia social que durante décadas ha sufrido esa región.

Tal voluntad se tradujo en una serie de programas y proyectos, que desde el primer momento se constituyeron en objeto prioritario de seguimiento y control preventivo por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Hoy, a un año de la tragedia de Bojayá, le presento al país un informe sobre el avance de los compromisos adquiridos, del cual hago llegar a usted como primera autoridad del país el ejemplar correspondiente.

Desafortunadamente el balance es desalentador, pues 12 meses después de ocurridos los hechos de Bojayá sigue en el abandono. Estoy seguro que el contenido de dicho informe servirá para que de manera prioritaria su gobierno impulse el cumplimiento de una deuda que tenemos todos los colombianos con Bojayá y con la comunidad internacional que solidaria respondió al infame atentado contribuyendo con recursos y asesoría técnica.

El pueblo de Bojayá reclama acciones y respuestas inmediatas que respondan a los compromisos adquiridos, sobre los cuales la Procuraduría seguirá atenta en cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que le son propias.

Condena a paramilitares

Según se indicó, un juez colombiano encontró responsables a Castaño, jefe político de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y Mancuso, jefe militar, de la muerte de 15 humildes labriegos en octubre de ese año, ocurrida en la vereda de El Aro, de Ituango, Antioquía, en 1997.

El juez los halló culpables de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y concierto para delinquir, se informó.

De acuerdo con fuentes de la investigación, un comando armado de 150 hombres de las Auc incursionó en esa ocasión en la remota población y dio muerte a 15 personas.

También amenazaron de muerte a decenas de ancianos, mujeres y niños, quienes abandonaron el pueblo ante el temor de ser asesinados.

Asimismo, antes de abandonar el casco urbano, los paramilitares hurtaron varias viviendas, incineraron otras y se llevaron consigo unas 800 cabezas de ganado.

Las Auc están comprometidas en un esquema de paz con el gobierno del presidente Alvaro Uribe.

Los paramilitares forman parte de la nómina de "organizaciones terroristas extranjeras" confeccionada por Estados Unidos, junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los principales grupos rebeldes del país.

Los insurgentes libran una guerra a muerte con los paramilitares por el control de varios territorios del país andino, la cual incluye ataques contra campesinos, indígenas y otros civiles ajenos al conflicto, pero que cada bando percibe como auxiliador del adversario.