Citibank y la clase dominante argentina: Son fuerzas que un estado democrático no debería tolerar

En diciembre del 2001, cuando la catastrófica situación política, económica y cultural argentina estalló, arrastrando en su expansión a la alianza de gobierno liderada por el abogado conservador, cordobés y radical Fernando de la Rúa, terminaba un ciclo iniciado en diciembre de 1984, cuando otro abogado radical (y no menos conservador), Raúl Ricardo Alfonsín, resultó el representante electo para la recuperación de los mecanismos formales de la democracia, después de siete años de dictadura cívico-militar.

Aquella transición (el término pertenece al catálogo de las ciencias sociales y politólogos del momento), siempre acechada por el fantasma de los levantamientos castrenses, para algunos observadores, fue la continuación por otros medios de la política (económica) de José Alfredo Martínez de Hoz, Roberto Alemann y otros patriotas que dirigieron, entre 1976 y 1983, en connivencia con los segmentos local y extranjero del empresariado y la burocracia sindical peronista, los destinos del Palacio de Hacienda.

La destrucción del parque industrial nacional se correspondió con el asesinato de miles de delegados gremiales y militantes revolucionarios y con el festejo de un Mundial de fútbol arreglado. La especulación financiera, la literatura de Jorge Asís y la chirinada contra la OTAN, en 1982, organizada por un general borracho, completan el cuadro de época, muchos de cuyos rasgos reproduciría la posterior ’transición’.

El más grave, sin dudas, y el de peores consecuencias (el ’triunfo’ cultural de la dictadura): el protagonismo de los grupos económicos y sus operadores políticos, jurídicos y bancarios, quienes impusieron ’modelos’ y administradores, todos o casi todos cuadros formados en la ortodoxia monetarista aprendida en Chicago o aledaños, desde Juan Vital Sourrouile hasta Domingo Felipe Cavallo.

Entre los actores centrales de ese proceso es imposible dejar de nombrar al Citibank, instalado en la Argentina desde noviembre de 1914. La historia de esa institución, de altísima influencia en el desarrollo del mercado financiero y en el manejo (interesado) de las políticas monetarias, en la gestión de la deuda externa y la vinculación entre los poderes de turno y los lobbies empresarios locales, es la que cuentan el periodista Marcelo Zlotogwiazda y el contador e investigador Luis Balaguer en un libro recién aparecido.

Se trata del ’Citibank vs. Argentina. Historia de un país en bancarrota’, publicado por la casa Sudamericana. El volumen, de cuya existencia y contenido se habían filtrado múltiples rumores, confirma la consistencia de cierto periodismo de investigación, menos comprometido con el funcionariato y los expedientes judiciales que con el cuerpo a cuerpo, la teoría económica y la astucia (cuando faltan datos) para narrarlos como si fueran hechos.

Balaguer, responsable de la investigación sobre defraudaciones financieras y bancarias que disparó una investigación paralela del Senado de los Estados Unidos sobre el papel en esas actividades de las entidades crediticias norteamericanas en la Argentina, también es el responsable intelectual del informe sobre lavado de dinero, tráfico de influencias, armas y drogas leído en el parlamento durante el 2001 por la actual diputada Elisa Carrió. Ese informe —plagado de nombres propios— puso al descubierto la trama de complicidades político-empresarias que meses después de leído llevarían a la Argentina al default y la situación terminal en la que todavía se encuentra.

En ’Citibank...’ no sólo aparecen los ministros de Economía, desde Bernardo Grinspun a Cavallo, sino los gerentes de la presunta estafa ideológica perpetrada contra el sector mayoritario de la sociedad civil argentina (esa que hoy padece un 60 por ciento de desocupación): ahí están John Reed, Daniel Vila, José Luis Manzano, Richard Handley, Raúl Moneta, Juan Navarro y Pedro Pou, entre otros muchos nombres del elenco estable que gusta disfrazar sus movimientos con ’guante blanco’.

Ahí están, desnudos, los mecanismos de las privatizaciones, la creación de los fondos de pensión, los préstamos sin contraprestación legal, la invención del CEI, ese conglomerado multimediático manejado por ignorantes en la materia (y no sólo en esa), el conflicto de las tarifas telefónicas, cuidadas como intereses personales por todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Carlos Saúl Menem y De la Rúa, etcétera, etcétera.

Escriben los autores: ’El enfoque de este libro también se inspira en lo que, desde otra perspectiva, sostuvo en 1934 Edouard Daladier, un ex primer ministro socialista francés: ’Hay doscientas familias que son propietarias de la economía francesa, y por consiguiente, de la política francesa. Son fuerzas que un estado democrático no debería tolerar (...)’.

’La influencia de las doscientas familias incide en el sistema fiscal, en los transportes, en el crédito. Las doscientas familias sitúan a los suyos al frente del estado e influyen en la opinión pública a través del control de la prensa’. Tal cual, ochenta años después y todavía, si no en Francia, en la Argentina. Este libro llega para recordar lo que los argentinos, de una vez y para siempre, no deberían tolerar, nunca más.

Argenpress. Buenos Aires, Agosto de 2003.