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Lula sigue siendo depositario de la esperanza del pueblo brasileño. A poco más de tres meses de gobierno, presidente Lula está entre el cielo de la popularidad y los desafíos de la realidad.
Por José Pedro S. Martins
8 May, 2003
En sus primeros 100 días en el cargo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha despertado críticas de algunos miembros de su propio Partido de los Trabajadores (PT) y grupos políticos aliados, a la vez que ha despejado dudas y temores de líderes de la oposición y analistas que hicieron predicciones catastróficas durante su campaña presidencial. La mayoría de brasileños, entretanto, sigue esperando que el nuevo gobierno haga cambios sustantivos en las inequitativas estructuras sociales del país.
Los primeros tres meses del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de origen izquierdista, estuvieron marcados por medidas económicas que básicamente repitieron el recetario de los dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) (NA, Ene. 15, 2003).
El resultado es una conjunción de buenos resultados que agrada por completo a los agentes económicos. El riesgo Brasil -índice elaborado por agencias internacionales de inversión y análisis de mercado, muy criticadas por Da Silva en su campaña presidencial-, bajó de 2,440 puntos en setiembre a 937 puntos el 4 de abril.
La paridad del dólar cayó de 3.89 reales en octubre a 2.96 a fines de abril, y paralelamente han subido los índices bursátiles, incluida la Bolsa de Valores de São Paulo, la principal del país.
Un saldo positivo en la balanza comercial -de US$3.7 millardos en los primeros tres meses del año-, el retorno de millones de dólares en inversiones, la elevación de la tasa de interés de 25% a 26.5% anual para combatir un rebrote inflacionario -que amenaza alcanzar el 12% este año-, y la predisposición a que el Banco Central se autonomice -contra la postura de los sectores más radicales del PT-, ayudan a disipar cualquier duda respecto del comportamiento económico del presidente izquierdista del país más rico de América Latina.
En lo social, sin embargo, las victorias han sido más tímidas. El programa Hambre Cero, vanguardia del gobierno en esa área, fue lanzado con gran pompa entre la simpatía de la opinión pública (NA, Feb. 26, 2003), pero indefiniciones de enfoque y divergencias entre sus responsables impiden que se conozcan ya resultados positivos.
Otro rubro marcado por la indefinición de orientación se refiere a la soya transgénica, cuya producción está expresamente prohibida por la legislación brasileña (NA, Oct. 16, 2000). Considerando la gran producción que en Rio Grande do Sul ya se tenía de ésta, y después de mucha discusión política y judicial, la cosecha del 2003 recibió autorización, firmada por Da Silva el 26 de marzo, para su exportación y venta interna. El argumento fue evitar pérdidas económicas enormes a los agricultores.
Por otro lado, Da Silva ha recibido críticas de aliados del PT, y dentro mismo del partido, por el reajuste del salario mínimo a 240 reales ($79), por debajo de lo que los sindicalistas esperaban. La planilla federal de 1.2 millones de personas recibió 1% de aumento, con un adicional de 60 reales (25% del salario mínimo) para los 1.1 millones de trabajadores del Poder Ejecutivo.
Pero hay otros temas muy sensibles para un gobierno de izquierda, como es el de la reforma agraria.
Una cierta "demora" en la reforma agraria ha sido criticada por sectores como la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de la Iglesia Católica (NA, Feb. 28, 2000), que incluso declaró recientemente que "la medida provisoria que penaliza las ocupaciones [de tierras] es la principal responsable del aumento de la violencia contra los trabajadores. Con ella el gobierno ha expresado su clara posición a favor del latifundio".
La medida que penaliza las ocupaciones de tierras, dictada durante el gobierno del presidente Cardoso y aún vigente, deja fuera de la reforma agraria oficial las áreas ocupadas. Sin embargo, el líder nacional del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), João Pedro Stédile, reafirmó que el MST "no hace la guerra" al gobierno de Da Silva, al contrario de lo que la gran prensa estaría dando a entender (NA, Mar. 12, 2003).
Pese a las críticas, la popularidad del gobierno se mantiene alta. En poco más de tres meses, según las encuestadoras tradicionales 51% de brasileños consideran el gobierno bueno u óptimo, 10% más que el de Cardoso en el mismo periodo, y 80% dice confiar en el presidente.
Da Silva cuenta con esa popularidad para enfrentar una de sus mayores pruebas, las propuestas de reforma previsional y fiscal, que el gobierno del PT está elaborando en alianza con otras organizaciones a la derecha e izquierda del espectro político, para presentarlas al Congreso, y a las que buena parte del sindicalismo brasileño se oponen.
Una de las propuestas polémicas es el aumento de la edad de jubilación de 53 a 60 años para hombres y de 48 a 55 años para mujeres. Otra es que los jubilados que ganen más de $600 paguen impuestos y que la pensión más alta sea de $800. Estas y otras medidas tienen como fin cubrir la brecha de la previsión social, de 54.4 millardos de reales ($18 millardos) en el 2003.
El 10 de abril, en un discurso en que comentó los primeros 100 días de su mandato, Da Silva respondió a los sindicalistas que resisten las reformas propuestas por su gobierno. "La izquierda también es conservadora y tiene miedo de lo nuevo", dijo.