Boqueteros en las jerarquias del Banco de Seguros del Estado de Uruguay

El esquema de corrupción configurado en las alturas del Banco de Seguros del Estado, según la detallada documentación que AEBU acaba de remitir a la justicia penal, estaría opacando el gigantesco escándalo del marcado de automóviles que en 1995 derivó en el encarcelamiento de Julio Grenno y Daniel Cambón.

Por Pablo Alfano
Portada, Brecha

Tras malaria, joda

Recopilar todos los datos, documentos y pruebas documentales les llevó varios años. Por eso, cuando integrantes de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) llegaron a la sede penal de decimosexto turno fueron muchos los que se mostraron sorprendidos. La cantidad de documentación era abrumadora, para sorpresa del propio juez Álvaro França, quien desde hace varias semanas tiene a su cargo este caso que presenta una gran cantidad de ramificaciones.

La denuncia es compleja, pero básicamente ataca tres puntos. El primero son los presuntos sobrepagos por vía extrajudicial que el Banco de Seguros del Estado (BSE) realizó en varias indemnizaciones por accidentes de tránsito. La cobertura de estos siniestros se decidió, en muchos casos, pese a que los informes de los abogados del banco aconsejaban no desembolsar ni un solo peso, y tuvieron un costo mayor al de un juicio. Lo habitual es que por la vía extrajudicial se "arregle" con el cliente un monto sensiblemente menor al que se obtiene en un juicio, con lo que se evita el largo trámite en la justicia.

El segundo aspecto de la denuncia se centra en varias irregularidades en el sistema que, en la jerga del BSE, se denomina "abogados jet" (véase recuadro). Estos dos puntos de la denuncia involucran al hasta ayer, jueves, presidente del BSE, Alberto Iglesias (lista 321, PC), quien presentó su renuncia al cargo para dedicarse de lleno a la actividad política, de cara a las próximas elecciones. El puesto de Iglesias (que hoy, viernes, realizará una fiesta para celebrar su reingreso a la arena política) será ocupado por el actual vicepresidente de la institución, Enrique Roig (lista 15, PC).

El ex prosecretario letrado Wilder Vetrale, quien hace poco dejó su cargo de director de la División Legal para jubilarse, es otro de los jerarcas salpicados por estas denuncias. Su reemplazante, el nuevo director de la División Legal, Óscar Ricca, también aparece como uno de los directamente involucrados en el manejo irregular de los sobrepagos en los seguros por accidentes de automotores.

El tercer aspecto medular de la denuncia penal involucra al director del BSE Juan Raúl Ferreira (Herrerismo, PN) y a su amigo y abogado personal Bernardo Berro, quien además trabaja como "abogado jet" contratado por el BSE. Ferreira y Berro fueron cuestionados por varias presuntas irregularidades, entre ellas un sobrepago que se le efectuó a la empresa Octogonal SA (véase nota en página 4).

Gran parte de estas denuncias -en conocimiento del directorio del BSE que nunca las investigó- fueron informadas esta semana a la bancada de legisladores del Encuentro Progresista-Frente Amplio, quienes se mostraron profundamente preocupados por la gravedad de las imputaciones. Además, el gremio bancario solicitó una reunión con los legisladores blancos y colorados con la finalidad de instalar una comisión parlamentaria que también investigue estas denuncias, explicaron a BRECHA fuentes sindicales.

UN ROSARIO DE SUMARIOS. El Sector de Reclamaciones de Automóviles es clave dentro de cualquier compañía de seguros. Allí se atienden los reclamos que plantean personas que fueron damnificadas contra el cliente de la empresa aseguradora. La idea es lograr un acuerdo extrajudicial que casi siempre resulta más rápido y menos costoso que un juicio.

Sin embargo, dentro del BSE este departamento pagó más dinero en algunas indemnizaciones por la vía extrajudicial que si el caso hubiera llegado a la justicia, es decir lo contrario a lo habitual.

Entre 1995 y 1998 Óscar Ricca estuvo al frente del Sector de Reclamaciones y durante su gestión enfrentó un sumario a raíz de una denuncia que formuló por escrito la empresa de ómnibus UCOT al entonces presidente del BSE, Carlos Cassina. La Comisión de Transacciones -que integraba Ricca- aconsejó pagar 165 mil dólares de indemnización por un accidente, pese a que UCOT consideró que no tenía ninguna responsabilidad, lo que quedó probado con el archivo del caso en el ámbito penal, que decretó la libertad del chofer del ómnibus.

La empresa de transporte también cuestionó el monto de la transacción y se quejó formalmente de que nunca fue informada de la existencia de un arreglo extrajudicial. Esto ocasionó que a UCOT se le incrementara la tarifa de los seguros contratados.

Después de una intensa discusión interna el directorio del BSE resolvió iniciar un sumario a Ricca, que estuvo plagado de vicios formales porque "su instrucción, no por extraña coincidencia, estuvo a cargo del superior inmediato de Ricca y, por tanto, también responsable indirecto de las irregularidades", según una denuncia de AEBU. Este sumario culminó con una "censura" a Ricca, la sanción más leve que se le aplica a un funcionario y que en la jerga de la institución es conocida como "la palmadita", explicaron a BRECHA fuentes vinculadas al caso. Pero los sumarios no terminaron ahí.

NON BIS IN IDEM. Poco después -y ante una denuncia presentada por el entonces director de la División Legal, Hugo Lens- el directorio del BSE resolvió una nueva investigación administrativa "que determine si existieron irregularidades en las actuaciones cumplidas en el expediente del siniestro número 34398/96, especialmente si la suma abonada de 250 mil dólares fue desusada y sin fundamentación".

En esta oportunidad un informe jurídico redactado por el entonces prosecretario letrado Wilder Vetrale recomienda al presidente Iglesias que se archive la denuncia. ¿Las razones?: que este nuevo caso tiene características similares al de UCOT, por lo que sería aplicable el principio non bis in idem, o dicho en criollo: nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Pero esto no impidió que las denuncias y los sumarios siguieran rodeando a Ricca.

Poco después, y ante los insistentes reclamos de AEBU, las autoridades del banco resolvieron encomendar una nueva investigación administrativa sobre las actuaciones que se realizaron en torno a un accidente ocurrido el 25 de agosto de 1997, conocido dentro del BSE como el "caso Rey Guardiola". Para este nuevo sumario -dictado por la resolución del directorio del 6 de diciembre de 2000- se contrataron los servicios del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Marabotto, quien concluyó que "corresponde iniciar un sumario a los profesionales actuantes en el caso relativo al siniestro número 29.247, Óscar Ricca y la contadora Graciela Vidal Castro, a los fines de examinar su conducta".

El llamado "informe Marabotto" tomó en cuenta los antecedentes del caso UCOT y del que Vetrale recomendó archivar por el principio non bis in idem. La pregunta que surge entonces es: ¿por qué si Ricca no podía ser nuevamente juzgado se contrató a Marabotto para que se expidiera sobre un tercer caso? Ésta es una de las tantas contradicciones que AEBU ha denunciado infinidad de veces.

Lo cierto es que pese al argumento legal de Marabotto esta nueva denuncia fue archivada en aplicación del, a esta altura polémico, principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo.

A LA MITAD DE PRECIO. Mientras se discutían todos estos sumarios ocurrió algo que nadie esperaba y que forma parte de la denuncia que ahora investiga la justicia. A mediados de 2000 el directorio solicitó a la División Legal un pormenorizado informe sobre todas las transacciones extrajudiciales que se realizaron entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de junio de 2000.

El entonces director de la División Legal, Hugo Lens, y el gerente del Departamento Contencioso, Ariel Apotheloz, brindaron la sorpresa: en 18 meses se había logrado bajar a la mitad el porcentaje de lo efectivamente abonado a los clientes (relación oferta-reclamo). En 1997 -cuando Ricca estaba al frente de los reclamos extrajudiciales- se pagaba un 24 por ciento, mientras que la cifra que se abonó en el período 1999-2000 bajó a un 11,09 por ciento.

En el informe que elaboraron Lens y Apotheloz se afirma que en el período en que Ricca estuvo al mando de los reclamos se detectaron manejos inadecuados de varios casos con un perjuicio económico para el BSE superior a los dos millones de dólares. Esto motivó que los dos jerarcas solicitaran al directorio una "auditoría exhaustiva y objetiva que pretende ser seria como la entidad de la millonaria diferencia en dólares lo exige". Esta auditoría debía ser llevada adelante por personas ajenas a la institución y debía tener como objetivo "determinar, examinar y explicar las razones por las cuales se producía este extraño y poco lógico fenómeno que conducía a que el BSE en vía extrajudicial, promedialmente, abonara indemnizaciones por cifras superiores, incluso, a las abonadas en juicios".

Ante esta situación el directorio no hizo absolutamente nada. En una resolución fechada el 13 de setiembre de 2000 resolvió darse por "enterado" del asunto, pero no adoptó ninguna medida. Poco después, y a instancia de los dos directores blancos de la época (Ricardo Abásolo y Blas Abel Mello), se solicitó una reconsideración de esta resolución que permitiera iniciar la auditoría solicitada por Lens y Apotheloz, pero la mayoría del directorio siguió firme en su idea de no indagar al respecto.

PARA MUESTRA, UN BOTÓN. La lista de siniestros en los que presuntamente Ricca operó como "mediador" y que, según denunció AEBU, terminaron perjudicando las arcas del banco por los elevados sobreprecios que se pagaron, es larga. Por esa razón, BRECHA ilustrará un solo caso en el cual el jerarca cuestionado intervino y que forma parte de la indagatoria penal.

Se trata de un accidente ocurrido el 22 de diciembre de 1996 cuando un automovilista asegurado por el banco estatal chocó y su acompañante quedó cuadrapléjico. Una abogada del BSE que intervino en el caso recomendó que la institución pagara 190.565 dólares como indemnización para evitar un juicio. Este expediente pasó el 13 de junio de 1997 a la Comisión de Transacciones -cuyo asesor jurídico en ese momento era Ricca- y "sin que exista ningún estudio u opinión fundada en contra que justifique el apartamiento de los argumentos y conclusiones arribadas por la abogada", se resolvió pagarle al accidentado un total cercano a los 300 mil dólares, es decir 110 mil dólares más de lo que se aconsejó inicialmente, según denuncia el sindicato.

Ahora bien, este caso ocurrido hace más de seis años no hubiera cobrado especial relevancia si hace poco tiempo no se hubiera detectado que el conductor que protagonizó este accidente, Diego Romero, es funcionario del BSE. Aunque ése no es el problema.

Este joven funcionario fue procesado con prisión -junto a tres personas más- hace dos meses por el juez França por un delito de estafa agravada. A raíz de una denuncia presentada por las propias autoridades del BSE, la Policía descubrió una maniobra que permitió establecer que Romero y los otros tres hombres falsificaban firmas y órdenes de cobro del banco estatal.

Lo que permitió al sindicato atar cabos fue que Romero declaró ante el juez que Ricca le habría ofrecido participar en esta maniobra, lo que el jerarca negó tajantemente en un careo que se produjo en la sede judicial. Pero Romero fue más allá y señaló que a Ricca ya lo conocía de antes y que su relación comenzó luego del choque que protagonizó, explicaron a BRECHA fuentes del caso.

Cuando los integrantes de la Comisión Representativa del Personal del BSE de AEBU lograron establecer que se trataba de la misma persona fue que comenzaron a manejar la posibilidad de realizar una denuncia penal.

A esto se suma que el 7 de febrero de 2002 los dirigentes gremiales habían enviado un extenso escrito al directorio donde se detallan todas las nuevas denuncias y solicitan "una profunda investigación administrativa de lo sucedido para determinar el origen de las irregularidades denunciadas y las responsabilidades que le puedan corresponder a su autor", como también tramitar "la realización de la exhaustiva auditoría con el contenido y alcances expuestos en este escrito, acompañando en este sentido las reiteradas solicitudes que sobre el particular ha promovido la División Legal del BSE y de la que se hizo eco el doctor Jorge Marabotto en la investigación administrativa que el directorio en su momento le encomendara".

Pero muy lejos de ser sancionado, Ricca fue ascendido, hace un mes, a director de la División Legal, según una resolución del 27 de agosto pasado. Su antecesor, Vetrale, ocupó ese mismo alto cargo durante cerca de un año antes de retirarse, lo que le permitió tramitar una mejor jubilación, señalaron fuentes bancarias.

Los que sí fueron "sancionados" en el marco de una "persecución" que ha denunciado AEBU fueron los ex directores de esa división, los abogados Lens y Apotheloz, quienes aportaron abundante documentación sobre la mala gestión de Ricca y otros jerarcas y solicitaron una y otra vez una auditoría interna, sin éxito. El caso más notorio de esta "persecución", como se afirma en los pasillos del BSE, es el de Lens: pasó a desempeñar funciones en Auditoría, un lugar más adecuado para un contador que para un profesional de las leyes.

Así las cosas, hace poco más de un mes el gremio bancario envió una nueva nota a las autoridades del organismo donde solicita explicaciones sobre la ausencia de investigación de estas irregularidades. Nunca hubo respuesta.

A partir de esta nueva negativa de indagar y con los elementos que brindó Romero en el juzgado durante su procesamiento por estafa, todavía frescos, los dirigentes bancarios decidieron que era el momento de presentar toda la documentación que recopilaron durante años al propio juez França.