Bolivia Press 2004, Nº 15

22 de noviembre 2004

Boletín electrónico quincenal del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) afiliado a las redes UNITAS y UNIBAMBA.
En este número:

NOTICIAS COMENTADAS:
– 1. Paro cívico en Santa Cruz y Tarija en demanda de autonomías
– 2. Serias dificultades para el Presupuesto General de la Nación 2005
– 3. Enfrentamiento entre Tribunal Constitucional y Poder Ejecutivo
– 4. Se agudiza debate sobre cultivo de productos transgénicos
5. Dura polémica por aprobación del Art. 5 de la nueva Ley de Hidrocarburos

TEMA DE ANÁLISIS:
Farsa y chantaje en torno a TLC con EEUU

1. PARO CÍVICO EN SANTA CRUZ Y TARIJA EN DEMANDA DE AUTONOMÍAS

LOS HECHOS. El jueves 11 de este mes se hizo efectivo el paro cívico convocado por los comités cívicos de Santa Cruz y Tarija (los de Pando y Beni se habían negado a secundarlo), paro que se hizo notar en las respectivas capitales pero no en la totalidad de ambos departamentos por desacuerdos (en el caso de Santa Cruz) de algunos comités cívicos provinciales y de los sectores campesinos e indígenas, y (en el caso de Tarija) por desacuerdo de la provincia Gran Chaco y de la Federación de Campesinos. El paro exigía sendos referéndums departamentales sobre las "autonomías" (ver boletín anterior), pero además de las disidencias dentro de los dos departamentos, hubo también reacciones adversas no sólo del Gobierno (incluyendo a los presidentes de ambas cámaras parlamentarias, cruceño uno y tarijeño otro), sino también de los comités cívicos de los departamentos andinos e incluso de las Fuerzas Armadas, que se hicieron eco de la denuncia gubernamental en el sentido de que el paro expresaba tendencias separatistas (acusación que es rechazada por los acusados).

COMENTARIO. Las disidencias sociales en ambos departamentos vienen a comprobar que no se trata de un movimiento que realmente busque desmontar el centralismo estatal, sino de camuflar la defensa inconfesable de las empresas petroleras y sus minúsculos socios internos. Si a pesar de todo el paro ha tenido contundencia ha sido en parte por las presiones y chantajes ejercidos contra la población y en parte porque sigue habiendo opiniones (como la del Presidente) que identifican gratuitamente "federalización" con división del país. Sin embargo va creciendo en todo Bolivia un sentimiento coincidente de que la descentralización y sus formas deben ser tema de la Asamblea Constituyente, así como la comprensión de que esta movilización oculta otros intereses (relacionados con los hidrocarburos). Por otra parte, si llega a celebrarse el referéndum departamental y el SÍ a las "autonomías" obtiene una gran mayoría ¿qué se habría adelantado? Seguiría pendiente una ardua y detallada discusión sobre los contenidos y las formas concretas de esas autonomías.

2. SERIAS DIFICULTADES PARA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2005

LOS HECHOS. El Congreso Nacional viene haciendo equilibrios de agenda para avanzar en el tratamiento de la ley financial, pero las informaciones que permanentemente salen en la prensa dan cuenta de tremendas dificultades financieras que amenazan al presupuesto del año próximo. Los sucesivos ministros de Hacienda vienen advirtiendo que no habrá ningún incremento salarial, ni incremento para las universidades, que no se podrá mantener los niveles de subsidio a los combustibles (en especial al diésel), que se estudiará las posibilidades de modificar el régimen tributario (si no creando nuevos impuestos, sí modificando los actuales), y que todo se pondrá peor si no se acelera la aprobación de la ley de Hidrocarburos (la del Ejecutivo) gracias a la cual se cuenta con 91 millones de dólares por concepto del ICH (Impuesto Complementario a los Hidrocarburos). También se informa (como un alivio) que en septiembre se cierra el ingreso de nuevos jubilados del sistema antiguo, lo que no quita que una quinta parte del presupuesto nacional se seguirá destinando a subsidiar la reforma de Pensiones. En resumen, el año 2005 será un año muy duro para los bolivianos.

COMENTARIO. Lo que no se explica en todo este aluvión de advertencias es si la reforzada austeridad fiscal del 2005 tendrá consecuencias positivas para el 2006 y siguientes, o si el Gobierno asume que al aferrarse al actual modelo económico seguirá sometiendo al país a una imparable y creciente atrofia fiscal. Tampoco se pondera que si se aprueba la ley de Hidrocarburos intermedia, la que se está tratando en Diputados, esos 91 millones se multiplicarían por tres, ni se comenta lo saludable que resultaría para el erario nacional ya no tener que subsidiar combustibles si gracias a la nueva ley los precios internos de los mismos dejaran de regirse por los precios internacionales y las ganancias de las petroleras y empezaran a regirse por los intereses nacionales. Como no se explica si se seguirá invirtiendo los recursos HIPC (destinados a "alivio de la pobreza") en pago de planillas de la burocracia estatal. Parece pues evidente que el ministerio de Finanzas (y en su medida el Gobierno en su conjunto) no es más que una sucursal del FMI, y que los únicos puntos de vista que expresa son los de dicha agencia.

3. ENFRENTAMIENTO ENTRE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y PODER EJECUTIVO

LOS HECHOS. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el DS 27650 (del 30 de junio del presente año) por el cual el Presidente de la República designaba a seis magistrados de la Corte Suprema, dos consejeros de la Judicatura, nueve fiscales de distrito y al Fiscal General de la Nación. Basándose en el Art. 96 de la Constitución, y en el dato de que el 30 de junio el Congreso Nacional no se hallaba en receso, el Tribunal consideró que dichas designaciones carecen de valor legal, por lo que conminó al Congreso a realizar las correspondientes designaciones de acuerdo a ley, permitiendo que hasta ese momento las autoridades cuestionadas sigan ejerciendo sus cargos. Las reacciones fueron múltiples y airadas. El Presidente y su gobierno lamentaron una decisión que consideran errónea e injusta; algunas de las autoridades afectadas fueron todavía más vehementes en criticar al Tribunal; las directivas parlamentarias dieron la razón al Tribunal (en el MIR incluso se habló de un juicio de responsabilidades al presidente Mesa); y el ministro de Justicia llegó a decir que se estaba estudiando el cierre del Tribunal Constitucional.

COMENTARIO. Botón de muestra de la inconsistencia del aparato estatal boliviano. Primero el Parlamento se pasa meses y años sin hacer las designaciones que le corresponden porque los partidos mayoritarios no se ponen de acuerdo en las "cuotas" que les corresponden; luego el Presidente hace las designaciones sin calibrar las posibles consecuencias y sin respaldarse convenientemente ante el Poder Judicial; a continuación las directivas congresales envían un informe al Tribunal Constitucional que ahora es seriamente cuestionado (se discute si en esa fecha había o no receso parlamentario); finalmente el Tribunal emite una sentencia (que no puede ser apelada) al parecer sin haber verificado la veracidad de tal información. Todos se quejan de todos, y para terminar un ministro de segundo rango habla de cerrar el Tribunal, como si semejante decisión dependiera del Poder Ejecutivo. Dicen que se trata de una jugada para postergar o inviabilizar el juicio a Sánchez de Lozada; puede ser, desde luego, pero tal jugada sólo es posible gracias a la decadencia política que sufren nuestros "tres poderes", que está demostrado que no se arreglan con parches.

4. SE AGUDIZA DEBATE SOBRE CULTIVO DE PRODUCTOS TRANSGÉNICOS

LOS HECHOS. Una fundación brasilera que opera en el Oriente boliviano (Fundacruz) está gestionando la autorización para hacer pruebas con soya transgénica, y el Gobierno (a través del SENASAG) anuncia su disposición para otorgar dicha autorización, aunque aclara que sólo se trata de investigación. Ante la oposición crítica de organizaciones ambientalistas, el Sr. Bojanic (del SENASAG) explica que en Estados Unidos se ha aprobado la producción y el consumo de productos transgénicos porque se ha establecido que no causan daño alguno. Sin embargo el Foro Boliviano del Medio Ambiente advierte que la producción de transgénicos, así sea experimental, conlleva riesgos económicos y también riesgos para la salud de los bolivianos; los segundos tienen que ver con los efectos todavía no estudiados que en cada caso se pueden derivar para los campesinos productores y para los consumidores (p. ej. se menciona el caso ya comprobado de productos transgénicos que producen resistencia a los antibióticos). Entre los riesgos económicos está la pérdida de mercados (por ejemplo europeos) que precisamente buscan soya no transgénica.

COMENTARIO. Lo grave del caso es que no se trata de decisiones autónomas tomadas por el estado boliviano, sopesando pros y contras y escuchando a las organizaciones e instituciones entendidas e interesadas, sino que se trata de concesiones otorgadas por el estado menos soberano de Sudamérica a empresarios y corporaciones extranjeras que saben cómo pueden ejercer presión. FOBOMADE se pregunta si el interés de una fundación brasilera para que en Bolivia se produzca soya transgénica no se deberá precisamente a un proyecto de eliminar a nuestro país como exportador de soya… Sabemos además que la producción de transgénicos crea dependencia, es decir los productores quedan obligados a seguir comprando semillas transgénicas a transnacionales como Monsanto, con lo que la autonomía productiva y alimentaria con la que soñamos se hace cada vez más inviable. ¿Seremos los mansos de siempre, dispuestos a servir de conejillos de indias para cualquiera? ¿Hasta cuándo seguiremos recibiendo donaciones de USAID que contienen productos prohibidos para consumo humano, o productos argentinos hechos con transgénicos? Otro tema para la "agenda" social.

5. DURA POLÉMICA POR APROBACIÓN DEL ART. 5 DE LA NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS

LOS HECHOS. La pasada semana la Cámara de Diputados aprobó en detalle el Art. 5 de la Ley de Hidrocarburos, en el cual, conforme a la segunda pregunta del Referéndum, se establece la recuperación para el estado boliviano de todos los hidrocarburos en boca de pozo, y en consecuencia se establece la obligatoriedad, para todas las empresas petroleras, de "convertirse a las modalidades de contratos establecidas en la presente ley" en un plazo de 180 días. Esta aprobación, que se supone constituye el corazón mismo de la nueva ley, ha provocado reacciones contradictorias. El Poder Ejecutivo y las empresas petroleras lo denuncian como confiscatorio e incluso "inconstitucional" (por contravenir un fallo del Tribunal Constitucional a favor del D.S. 25806); la COB en cambio lo denuncia como una claudicación por no utilizar el término "nacionalización"; finalmente la Coordinadora de Defensa de los Recursos Naturales aplaude la aprobación. En todo caso no se sabe si el Senado ratificará la decisión de Diputados. Por lo demás éstos últimos han congelado la discusión de los artículos 6, 8 y 9, para ir avanzando lentamente en la aprobación de los demás.

COMENTARIO. Evidentemente este artículo constituye el núcleo de la nueva ley y abre las puertas para una revisión de las concesiones a empresas extranjeras, contrato por contrato. Quienes piden la nacionalización inmediata y total de toda la infraestructura y activos de las empresas no han sopesado en absoluto la verdadera correlación de fuerzas existente en el Parlamento (e incluso en el país). Y quienes advierten que este artículo llevará al país a la bancarrota (por supuestas demandas judiciales de las petroleras, por la fuga de inversiones y por la consiguiente quiebra del país) no explican qué otra salida tiene nuestra economía; la prueba de que se equivocan (o de que fingen terror y en el fondo defienden intereses extranjeros) es que varias empresas ya han anunciado su disposición a "convertirse". Lo que en todo caso queda claro es que no será fácil que el Art. 5 (y el resto de la ley) llegue a promulgarse tal como está, pues a estas alturas es evidente que las empresas petroleras tienen fuertes aliados, no sólo en los comités cívicos de Santa Cruz y Tarija, sino también en el Poder Ejecutivo y en las cámaras legislativas, de manera especial en el Senado. El resultado final probablemente dependerá de la movilización social.

Tema de análisis:
FARSA Y CHANTAJE EN TORNO A TLC CON EEUU

El secretario adjunto de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega, informó que difícilmente su gobierno podrá incluir a Bolivia en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) que está en curso con Colombia, Ecuador y Perú. No es ésta la única amenaza que viene haciendo el gobierno norteamericano para el caso de que se apruebe la Ley de Hidrocarburos que se está discutiendo en Diputados. Otro funcionario ha llegado a afirmar que cualquier avance en las negociaciones del TLC estará sujeto a la emisión de una ley que respete las inversiones de las empresas petroleras de su país.

Hasta aquí todo es normal, EEUU tiene derecho a negociar el libre comercio con quien quiera y a poner condiciones. Lo que está fuera de toda lógica es que numerosos sectores de opinión (voceros del Gobierno, órganos de prensa, empresarios privados) pretendan argumentar con esa amenaza para que el Congreso Nacional se deje someter a esas presiones, y lo que es más grave, pretendan hacernos creer que Bolivia corre grave peligro de aislarse del mundo y perder toda oportunidad comercial si no llega a firmar el TLC de los países andinos con EEUU, arguyendo además que por lo menos un tercio de nuestras exportaciones van a dicho país. La cabeza de la delegación boliviana, el Sr. Iturri, ha llegado a pedir una concertación de todos los sectores "para demostrar que Bolivia es un socio comercial serio" (¿quiere decir un socio que se deja poner condiciones a costa de su soberanía?). En el mismo sentido se hizo presente en nuestro país el obeso ex ministro de Comercio Exterior de Costa Rica para afirmar en un seminario que "Bolivia no puede desaprovechar" la oportunidad de firmar ese tratado, ignorando la gran movilización social que recientemente se ha desatado en su propio país (y en todo el continente) en contra de la política entreguista que se esconde detrás del mismo.

¿Cuál oportunidad?

¿Ignoran los señores gobernantes y los señores empresarios cuáles han sido las consecuencias de la "libertad de comercio" decretada en el 21060 y que en pocos años causó la quiebra de decenas de miles de familias campesinas y de centenares de industrias? ¿No son capaces de calcular cuánto empeoraría la situación si firmamos un TLC con un país que, además de ser una potencia productiva infinitamente más poderosa y competitiva, se da el lujo de subvencionar sus productos agrícolas y ganaderos? Pero además quienes así se expresan lo hacen como si el TLC fuera un tratado exclusivamente comercial, y se niegan a hacer referencia a los otros capítulos del mismo (y que constituyen la mayor parte del tratado) como son los referidos a:
– Protección de inversiones
– Flexibilización laboral
– Ampliación de los "derechos de los "Creadores de
– Nuevas Variedades de Plantas"
– La cláusula de secreto para los fabricantes de agroquímicos (que ya están metiendo en nuestro país los productos que en los suyos están prohibidos)
– La calificación de "delito" para la libre reproducción de plantas y animales y al libre intercambio de semillas
– El monopolio para la producción y venta de medicinas (lo que significaría la muerte de la industria farmacéutica nacional)
– La patentabilidad de los seres vivos
– La obligación estatal de indemnizar a aquellas empresas a las que cualquier norma o decisión que perjudique sus ganancias (ahí tenemos el ejemplo de la Bechtel que quiere cobrarle al gobierno boliviano los 25 millones de dólares que esperaba extraerles a los cochabambinos y luego no pudo)
– La obligación de abrir a concurso público la adquisición y/o contratación de bienes y servicios (con lo que moriría de infarto el "Compro Boliviano" y acabarían entregados a empresas extranjeras servicios como el desayuno escolar, la educación y salud, el agua etc).

Ignorar esta cadena de cláusulas no puede ser ingenuidad o ignorancia, sólo puede ser mala fe. En cambio se gasta montón de esfuerzos en explicar cuántos obreros se quedarían sin fuentes de trabajo si Bolivia deja de exportar a EEUU. Es cierto que unos pocos rubros se verían beneficiados con un TLC (tampoco muchos: cueros, maderas, textiles y joyas), pero el análisis tiene que ser global y poner a consideración lo mucho que se perdería comparado con lo poco que se gana, que tampoco es tanto (ahí está como prueba el dato de que Bolivia no ha podido aprovechar las Preferencias Arancelarias que ha abierto la Unión Europea para los países andinos, a que son claramente más favorables que las del famoso ATPDEA).

El caso pequeño del Mercosur

En 1996 (primer gobierno de Sánchez de Lozada) Bolivia firmó el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) con los países del MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). Pues bien, según el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gabriel Dabdoub, el intercambio comercial con dicho bloque, a partir de 1997, sólo favoreció al resto de los países, en desmedro de Bolivia, pese a que el Gobierno de entonces había asegurado que el acuerdo incrementaría "drásticamente" las exportaciones bolivianas hacia un mercado de 200 millones de personas. Sin embargo en los hechos las exportaciones bolivianas al bloque del MERCOSUR fueron un 32 % menos de las que habían ingresado antes de la firma del ACE. De manera que el mismo Instituto ahora expresa su temor de que al iniciarse una nueva fase de apertura el 2006 el perjuicio para el comercio nacional sea todavía mayor. ¿Se niegan a aprender nuestras autoridades?

¿Por qué el secreto?

Para colmo, ahora nos venimos a enterar de que en junio de este año la ex ministra Solares había firmado un "acuerdo de confidencialidad" por el cual los contenidos de todas las negociaciones y tratados deberían mantenerse en secreto durante nada menos que 10 años. ¿Por qué? ¿Qué es lo que EEUU considera que nuestras sociedades andinas deben ignorar y que sólo debe ser de conocimiento de nuestros gobernantes? Ahora entendemos mejor que el ex ministro costarricense, al hablar de transparencia, dijera que el gobierno boliviano debe informar a la población "sobre las ventajas" del TLC y no dijera una palabra acerca de la información sobre las desventajas, que son como cien veces mayores. Es una suma de chantajes y maniobras.

Parece claro que la consigna es romper todos los secretos y posibilitar que la sociedad civil diga su (última) palabra. Y si la aprobación de la Ley de Hidrocarburos nos deja fuera del TLC andino, tanto mejor.

MISCELÁNEA

La Cámara de Diputados censuró al Canciller Siles por no haberse presentado a una interpelación a la que había sido convocado por las declaraciones que hiciera en España sobre la ley de Hidrocarburos que se discute en Diputados. Pero el Presidente, en un nuevo desafío al Poder Legislativo, lo ratificó en el cargo.
Mientras los exportadores bolivianos hacen estudios que sugieren la utilización de los puertos peruanos de Ilo y Matarani, Chile ablanda posiciones para el uso boliviano de todo el puerto de Iquique (y no sólo del muelle fiscal) con la sola oposición de la empresa Portuaria de Iquique; a lo que se añaden las declaraciones del canciller Insulza en el sentido de que a Bolivia se le debe abrir "acceso pleno" al mar.
El ministro Javier Cuevas (ratificado el mes pasado en su cargo) ahora sí se fue en forma definitiva, parece que llamado por el mismo FMI que lo había "sugerido" para el cargo de ministro. Lo sucede en el cargo Luis Carlos Jemio, otro persona de confianza de los organismos multilaterales. Todo queda igual.
La FEJUVE de El Alto amenaza con paro indefinido si el Gobierno no responde a las demandas presentadas el mes pasado: empleo y desarrollo, gas domiciliario, educación y salud, presupuesto para La Paz, abrogación del 21060, expropiación de bienes de Goni y sus cómplices, devolución de gastos reservados, investigación de fortunas, reversión de tierras, no a la subvención a partidos, disminución de dietas.
El negocio de los loteadores, esta vez con participación de la universidad de Cochabamba, ha generado una nueva guerra de pobres contra pobres en Pampa San Miguel; se trata de terrenos que la UMSS decidió vender (previo cambio de uso del suelo) a una asociación de nuevos asentados pero que choca con la oposición de las comunidades campesinas de la zona. Hasta ahora ha habido 2 muertos y 11 heridos.
Las fuerzas policiales de Umopar están siendo denunciadas en los Yungas de La Paz, no sólo por abusos a los pobladores sino también por la posesión ilegal de las tierras en que han levantado su cuartel.
La Iglesia Católica denunció que hasta ahora los recursos HIPC (condonación de intereses de la deuda externa para el alivio de la pobreza) no impulsaron el desarrollo productivo ni mejoraron la salud o la educación.

Mientras la empresa SIG-srl afirma que la Zapata Co. (propiedad de Georg Bush padre) ha encontrado fabulosos yacimientos de gas y petróleo en el Sureste potosino, el Gobierno asegura que tal cosa es imposible, ya que en esa zona no hay ninguna concesión y la Zapata Co. no trabaja en Bolivia. Curioso.

En contra de la repetida opinión de autoridades norteamericanas, se ha ratificado el convenio entre Gobierno y Cocaleros del Trópico cochabambino para la no erradicación de un total de 3.200 hectáreas de hoja de coca.

Gracias a un contrato con Petróleos de Venezuela (PDVSA), YPFB acaba de asegurar la provisión de una primera partida de diésel venezolano (50 mil barriles), cuyo precio final, debido a una suerte de subvención venezolana al ítem transporte, viene a ser inferior del que hasta ahora se viene pagando Bolivia estuvo satisfactoriamente y hasta exitosamente presente en la Feria Turística Mundial de Londres (World Travel Market) a través de 20 operadores de turismo, 10 bailarines y una serie de artesanos de diferentes ramos.

Hemos podido terminar este boletín con varias noticias buenas lo que nos permite enviar a nuestras suscriptoras un saludo de esperanza.

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