Argentina no descarta una ruptura con el CIADI órgano arbitral del Banco Mundial

El Ciadi, dependiente del Banco Mundial, rechazó la recusación argentina contra uno de sus árbitros que antes había participado de una demanda contra el país. Pero se negó a dar sus fundamentos. El representante argentino calificó esa actitud de arbitraria y no descartó, una ruptura de relaciones.

Por David Cufré
Página 12, 26 de abril del 2005

"La que rompe no sería Argentina, sino ellos"

El tribunal internacional que tramita los juicios de las privatizadas contra la Argentina se comporta de un modo "perverso". "Ya no puede ser llamado como un centro de justicia", dado que asume actitudes "imposibles de superar en su arbitrariedad".

Todo esto lo dijo el Gobierno en una nota oficial al Ciadi, el organismo en cuestión que depende del Banco Mundial. La pelea con ese cuerpo viene creciendo en intensidad, pero el Poder Ejecutivo parece dispuesto a llevarla al extremo. El procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, le dijo a Página/12 que "de mantenerse semejante grado de arbitrariedad, no sería la Argentina la que rompe con el Ciadi, sino ellos los que rompen con nosotros". Este conflicto es otra cara de la pulseada con los organismos de crédito.

La gota que rebasó el vaso fue una decisión polémica del Ciadi : ratificó en su puesto al juez que fallará en la demanda de Siemens contra la Argentina por la anulación de su contrato para la provisión de los DNI. El Estado lo había recusado por dudar de su imparcialidad. Se trata del español Andrés Rigo Sureda, quien forma parte de un estudio jurídico que defiende a empresas querellantes de la Argentina, como Azurix. Para la Procuración, esta situación constituye "un claro cruce de intereses y una grave falta ética".

El Ciadi, en cambio, consideró que Rigo Sureda está habilitado para presidir el tribunal que laudará en el caso Siemens. Se respaldó en la opinión de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, a la que remitió la queja argentina y que habría recomendado mantener al español como juez. Al menos, eso fue lo que el Ciadi le comunicó al Gobierno, pero sin remitirle ni los argumentos de la Corte de La Haya ni los suyos propios para desestimar la recusación. Cuando Guglielmino los reclamó, le respondieron que "el Ciadi tiene como práctica no entregar los fundamentos" de sus decisiones.

El funcionario respondió con una carta furibunda que deja la relación del Poder Ejecutivo con este tribunal al borde de la ruptura. "Nadie puede concebir que un Estado se someta ante un juez que se comporta como los viejos emperadores romanos, juzgando con el dedo para arriba o para abajo", sentenció el procurador ante este diario. La advertencia fue más allá del caso Siemens y se extendió al resto de las causas en trámite. El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, ya había anticipado que los fallos del Ciadi no serían acatados automáticamente, sino remitidos a la Corte Suprema para su revisión. El Gobierno espera que el Congreso apruebe un proyecto de ley que ratifica esa posición.

Las privatizadas utilizan sus juicios internacionales como un arma de presión para obtener mejores condiciones en la renegociación de sus respectivos contratos. Se presentaron 32 demandas por el supuesto incumplimiento de contrato que significó la pesificación y el congelamiento de las tarifas, que darían lugar a indemnizaciones -de acuerdo con el reclamo de las empresas- por un total de 16.000 millones de dólares. Entre las querellantes están Telefónica y Telecom, Aguas Argentinas, Edenor y Edesur, Distribuidora de Gas Pampeana y del Sur, Azurix y Siemens.

"Argentina está muy preocupada por el trato, en algunos casos extraordinariamente arbitrario, al que está siendo sometida por el Ciadi.

Esto le hace concebir todas las soluciones posibles para salir de una situación que devino en una especie de trampa y que no tiene nada que ver con los tratados firmados", insistió Guglielmino, ante la consulta de Página/12 sobre si el Gobierno maneja la hipótesis de romper con el tribunal. "Si el proceso arbitral transcurre normalmente y no se comete este tipo de desastres, la Argentina cumplirá lo que diga el Ciadi. Pero cuando uno es sometido a semejante colmo de arbitrariedad, lo que debe remarcarse es eso y no si uno acatará o no", agregó.

En la nota que el funcionario remitió al secretario general adjunto del Ciadi, Antonio Parra, le reprocha en términos inusuales su negativa a proveerle los fundamentos del organismo para rechazar la recusación de Rigo Sureda. "Lamento la nota que me ha enviado hoy", arranca, en referencia al viernes pasado. "Más lamentable aún es notar que tanto usted como todos los funcionarios que conozcan este episodio antijurídico no se escandalicen ante una práctica imposible de superar en su arbitrariedad", añade. Más adelante afirma que "no le pido sino que le exijo conocer los nombres de todas las personas que han participado en este episodio tan desgraciado".

Parra le contestó con una carta no mucho más amigable. "Por este medio la Secretaría ha tomado nota de su disconformidad (...). Al respecto, debo señalar que la recomendación formulada por el Secretario General de la Corte cumple plenamente con la práctica de esa institución, así como los usos internacionales en la materia", señaló. "La decisión es final y no cabe procedimiento de apelación", completó.

En diálogo con Página/12, Guglielmino se mostró sorprendido porque un organismo como el Ciadi "llegue al colmo de tomar decisiones sin fundamentar y que defiendan esa línea". Con respecto a cuál será la estrategia frente a la demanda de Siemens, Guglielmino adelantó que podría pedirse la nulidad del caso y solicitar la convocatoria a un nuevo tribunal. Si el Ciadi lo rechazara, se redoblaría la apuesta. "Argentina está elaborando una estrategia para responder dentro del derecho internacional contra este tipo de atropellos. Hay mecanismos que por ahora no podemos contar", indicó. Aunque no quiso avanzar más de ahí, remarcó que "apelaremos a todos los recursos que tiene un Estado soberano para impedir que se burlen sus derechos".

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De puño y letra del Ciadi y el procurador
Página 12, 26 de abril del 2005

El particular cruce epistolar entre el procurador del Tesoro y el secretario general del Ciadi en torno del pedido de recusación de un juez de este último cuerpo, promete abrir una fuerte polémica. El caso del español Rigo Sureda, árbitro designado por el Ciadi para atender el conflicto entre Siemens y la República Argentina, puede sentar un antecedente que transforme la relación entre ese organismo arbitral dependiente del Banco Mundial y el país. A continuación, el texto íntegro de las dos cartas en las que quedó reflejada la controversia.

"DECISIÓN FINAL"

Estimado doctor Guglielmino :
Por este medio la Secretaría ha tomado nota de su disconformidad con la recomendación formulada por el Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya respecto de la solicitud de recusación presentada por la República Argentina en contra del señor Andrés Rigo Sureda.

Al respecto, debo señalar que la recomendación formulada por el Secretario General de la Corte cumple plenamente con la práctica de esa institución, así como los usos internacionales en la materia.

Asimismo, la decisión es final y no cabe procedimiento de apelación. En cuanto al fondo del caso arbitral, el procedimiento ha sido reanudado conforme les fuese informado por nuestra carta a las partes de fecha 15 de abril del año en curso, por lo cual cualquier comunicación sobre el fondo del tema debería ser dirigida al Tribunal.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Antonio R. Parra
Secretario General Adjunto
Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones

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"UN COMPORTAMIENTO PERVERSO"

Estimado doctor Parra :
Lamento la nota que me ha enviado hoy. Es imposible entender que una decisión de naturaleza jurisdiccional sea considerada plena cumplidora de la práctica de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, cuando carece de fundamentos o, si los tiene, no se los ponga en conocimiento de quien resulta perdidoso conforme esa decisión.

Más lamentable aún es notar que tanto usted como todos los funcionarios que conozcan este episodio antijurídico no se escandalicen ante una práctica imposible de superar en su arbitrariedad.

Se está formando en mí la convicción de que en estos tribunales internacionales no hay personas capaces de comprender que su rol no es el de negar el derecho de defensa a procuradores que, como yo, intentamos defender con nobleza jurídica, pretensiones económicas enormes de inversores, en representación de una Nación en crisis económica y social, con millones de seres humanos sumidos en la pobreza.

La Argentina se hace cargo de que ésa es su responsabilidad, pero no lo será que el drama se incremente por este perverso comportamiento de estos centros que ya no pueden llamarse de justicia, puesto que consideran adecuado no fundar decisiones de gran trascendencia.

Tenga en claro que no le pido, sino que le exijo conocer los nombres de todas las personas que han participado en este episodio tan desgraciado, dejando a salvo el suyo, porque ya lo conozco.
Es todo lo que voy a decirle por ahora, porque el estado de conmoción moral en que me encuentro no me alienta a seguir expresándome con prudencia. Usted se preocupará, supongo, por cómo me expresaré en los próximos días si considero prudente lo dicho antes, teniendo en cuenta que en los mullidos ámbitos internacionales se mide la prudencia por las formas y no por el contenido. Hace bien.

Señor Parra, no lo conozco a usted personalmente, pero me despido deseándole éxitos en el esfuerzo que deberá poner por llevar una vida más verdadera que aparente. Voy a intentar aportarle un elemento que lo ayude en esa empresa. Pregúntese quiénes están transformando en una grotesca ironía el slogan del Banco Mundial : "Por un mundo libre de pobreza".

Cordialmente,

Osvaldo César Guglielmino
Procurador del Tesoro de la República Argentina

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MAÑANA SE REALIZARA LA AUDIENCIA EN NUEVA YORK
Esperan la luz verde al canje

Página 12, 26 de abril del 2005

A dos meses del cierre del canje, el Gobierno confía en que, ahora sí, podrá cerrar formalmente la operación. La atención está puesta sobre los jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York que citaron para mañana a una audiencia para analizar el embargo sobre 7.000 millones de dólares en bonos argentinos. Economía quiere que se confirme el levantamiento de esa medida para así emitir los nuevos papeles de la deuda, aunque en los pasillos del Palacio de Hacienda ayer especulaban con la posibilidad de que la definición del tema podría quedar otra vez postergada, por lo menos por una semana más.

En las últimas semanas hubo distintos intentos del equipo económico por apurar los tiempos del tribunal, que hasta ahora fracasaron. La inminencia de la resolución tuvo impacto en la city. Cautelosos, los financistas hicieron ayer el menor volumen de negocios del año en el mercado cambiario ya que prefieren aguardar a la decisión judicial y dilatar sus decisiones. En la Bolsa lució una mirada un poco más optimista : las acciones líderes subieron un uno por ciento en promedio.

Los funcionarios de Economía siguieron trabajando bajo el supuesto de que los magistrados neoyorquinos levantarán el embargo en la audiencia de mañana. Roberto Lavagna quiere lanzar los nuevos títulos durante la primera quincena de mayo. En principio, el cronograma oficial indicaba que los nuevos papeles se lanzarían el 1º de abril.

A la audiencia están citadas las dos partes del conflicto : los letrados que defienden los intereses de la Argentina, del buffet Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton, y los abogados del NML Capital, un fondo buitre armado por el grupo Elliot, que posee una vasta experiencia en litigios contra países que se declararon en default. Este fondo había logrado que el juez de primera instancia Thomas Griesa impusiera un embargo por 7000 millones de dólares en papeles de la deuda argentina. Finalmente, ese juez levantó la traba pero esta medida fue inmediatamente apelada por NML Capital. Ahora se aguarda la resolución de la Corte de Apelaciones.

La estrategia del Gobierno consistió en suspender la entrega de los nuevos títulos a los inversores que adhirieron al canje. Los abogados argumentaron que los viejos bonos embargados no pertenecen a la República sino a los inversores, y que si se hubiese continuado con el trueque se le habría dado la razón al fondo buitre, que afirma lo contrario.

La pelea con el NML Capital no estuvo exenta de chicanas. Hace un par de semanas, el fondo buitre presentó una nota instando al Gobierno a seguir con el canje ya que el embargo pesaba sólo sobre una parte de la operación, que totalizó 62.000 millones de dólares.
La pulseada judicial quedó también enmarcada en la renovada puja del Gobierno con el FMI. Para Washington, la administración Kirchner debe cerrar trato con los inversores que rechazaron la reestructuración de la deuda, aun cuando todavía falte resolver la cuestión con los fondos buitre.