Alerta !
Monsanto y los "agroindustriales" atacan

Por Matías Longoni
Clarín, 17 de agosto 2003

Desde hace meses, cerca de treinta entidades de la cadena agroindustrial vienen rumiando una propuesta de política para el campo que pretenden acercarle al Gobierno. Clarín pudo acceder al borrador casi definitivo de ese documento, que sugiere, entre muchos otros puntos, una profunda reforma impositiva, reestructurar todos los organismos estatales vinculados al sector, un firme apoyo a la biotecnología, grandes obras de infraestructura para el interior y hasta que se permita emplear a los desocupados que cobran subsidios del Estado para trabajar en el campo.

El dato relevante es que el documento lo firmarán, en un hecho inédito, prácticamente todas las cámaras empresarias que conforman un foro que han bautizado como Cadena Agroindustrial.

Figuran en esa extensa lista los proveedores de insumos, incluyendo multinacionales de la talla de Monsanto o Nidera ; dos entidades de productores, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural ; los poderosos exportadores de cereales y aceites ; la industria frigorífica y hasta las industrias alimenticias nucleadas en COPAL. Sólo se han autoexcluido la Federación Agraria y Coninagro, que agrupan a chacareros de medianos a chicos.

La Cadena Agroindustrial comenzó a reunirse a fines de 2002, como reacción a lo que consideraba una ofensiva creciente del gobierno de Eduardo Duhalde en contra de sus intereses.

Con la crisis, en rigor, el Estado volvió a apelar a las retenciones a la exportación y a otra serie de medidas impositivas que significan una transferencia de recursos desde el campo de unos 10.000 millones de pesos anuales. El rechazo general hacia esa situación pudo lo que nunca antes : reunir a entidades que muchas veces aparecían enfrentadas.

Ahora, con las aguas más calmas, la cadena quiere pasar a la ofensiva y prepara dos documentos. El primero reinvindica al agro como "motor de la economía". Y el segundo resume una propuesta de política para el sector, que no ahorra reclamos para la gestión de Néstor Kirchner :

El eje del documento está referido a las medidas impositivas. La Cadena reclama obviamente un cronograma de reducción de las retenciones, hasta su supresión. Pero suma otros pedidos : la eliminación de alícuotas diferenciales en el IVA, la eliminación del impuesto al cheque, no pagar el impuesto a las Ganancias por adelantado sino en base a los resultados de cada empresa, corregir la triple imposición a la tierra (gravada hoy por Bienes Personales, el impuesto inmobiliario y tasas municipales), y una reducción de los impuestos que gravan los combustibles.

Las entidades también apuntan a que el Estado debe prestar mayor atención al sector, no sólo convirtiendo la Secretaría de Agricultura en un ministerio sino además produciendo una fuerte mejora de sus organismos vinculados. En ese sentido, se propone reestructurar el SENASA (el servicio sanitario nacional), restablecer el INASE (Instituto de Semillas), y elevar el rango de la Conabia (Comisión de Biotecnología Agropecuaria).

"La biotecnología debe recibir especial énfasis e impulso. Debe transformarse en una política de Estado", enfatiza el documento.

Los empresarios también enfatizan la necesidad de que regrese el crédito, y que se oriente especialmente a "extender la frontera agropecuaria", y a financiar inversiones en almacenamiento y segregación de los productos del sector. Por otro lado, pide "establecer un régimen cambiario adecuado, sin restricciones al ingreso y egreso de líneas de crédito, para que la producción se financie a costos internacionales".

Hay otro capítulo dedicado a la obra pública. Allí el sector requiere una "política de infraestructura para que los transportes sean más eficientes y económicos (dragados, canalizaciones, caminos secundarios y ferrocarriles)" y planes "urgentes" para impedir nuevas inundaciones.

Por último, la Cadena Agroindustrial reclama por una "participación activa del sector privado en los programas oficiales de ayuda alimentaria y de subsidio a la mano de obra", como el Plan Jefas y Jefes de Hogar. Y precisa : "Se debe permitir que los subsidios públicos sean útiles a las empresas privadas y estén empleados por los particulares interesados en reducir costos y aumentar la competitividad".