AMIA : Presiones de EEUU para frenar el caso y acusar Irán

Los cables emitidos por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y filtrados por Wikileaks a Página/12 revelan que Washington presionó a lo largo de varios años para que no se siguiera adelante con la investigación contra Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, el comisario Jorge « Fino » Palacios y otros funcionarios por haber frenado y desviado la investigación del atentado a la AMIA. « Los oficiales (norteamericanos) de nuestra Oficina Legal le han recomendado al fiscal Alberto Nisman que se concentre en los que perpetraron el atentado y no en quienes desviaron la investigación », se sostiene en un cable del 22 de marzo de 2008 que hoy da a conocer este diario.

La Oficina Legal era, en realidad, un eufemismo, ya que se trataba de la cobertura usada por los hombres del FBI, que eran quienes verdaderamente presionaban para proteger a los que encabezaron la investigación inicial –Menem, Galeano, Palacios–, tradicionalmente afines a las posturas de Estados Unidos. « Esto podría ser usado por Irán para cuestionar la credibilidad e imparcialidad de la investigación », señala en el cable el por entonces embajador de Estados Unidos Earl Anthony Wayne, a quien no parecía preocuparle que la pesquisa por el desvío de la investigación del atentado había sido ordenada por el propio Tribunal Oral que juzgó el caso AMIA. Poco tiempo después, el pedido de procesamientos que emitió Nisman fue convalidado por el juez Ariel Lijo y luego confirmado por la Cámara Federal.

El 22 de mayo de 2008, el fiscal pidió la detención del ex presidente Menem, de su hermano Munir, del ex juez Galeano, del titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, de su segundo Juan Carlos Anchézar, y del jefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, Palacios. Todo se centraba en una investigación iniciada diez días después del atentado sobre Alberto Jacinto Kanoore Edul, un ciudadano de origen sirio, cuyo padre fue amigo de Carlos y Munir Menem. Kanoore Edul realizó, ocho días antes del atentado contra la AMIA, por una llamada a Carlos Telleldín, el último tenedor de la Trafic que estalló en la mutual judía. Kanoore nunca pudo explicar aquella comunicación y fue cambiando su versión varias veces. Además, en la hoja de ruta de una empresa que dejó un container delante de la AMIA cinco minutos antes de la explosión, también figuraba un predio vacío en la calle Constitución, contiguo a varios domicilios de Kanoore. Con esas evidencias en la mano, Galeano ordenó el allanamiento de las propiedades, así como la intervención de todos los teléfonos de Kanoore. Sin embargo, como determinó Nisman y luego confirmó el juez Lijo, toda la investigación se frenó no bien Alberto Kanoore Edul padre fue a la Casa Rosada y habló allí con Munir Menem, entonces asistente del Presidente.

El cable del 22 de mayo fue emitido casi a las 23 del día en que Nisman pidió las capturas y está firmado por el propio embajador Wayne. Revela que los oficiales del FBI le venían insistiendo a Nisman que dejara la causa del encubrimiento. “Cuando la oficina de Legales (en verdad, el FBI) le hizo notar a Nisman que su anuncio podía llevar, otra vez, a que el gobierno iraní cuestionase la credibilidad o imparcialidad de la investigación, Nisman dijo que no debería, aunque luego concedió que no había considerado las implicancias que el pedido de detención podría tener en la investigación internacional”. Había otra cuestión que también molestaba al embajador: que los medios consideraban a Kanoore Edul como la punta de la llamada pista siria.

La preocupación fundamental de la embajada, reflejada todo a lo largo del cable, era que no se abriera la más mínima posibilidad de duda sobre las acusaciones contra Irán planteadas desde el inicio mismo de la investigación. Desde su óptica, cualquier cuestionamiento sobre si hubo un desvío intencional de la investigación o sobre la posible existencia de otra pista que no fuera la iraní sólo serviría para complicar el avance de la causa. Lejos de las minucias tribunalicias, como la necesaria investigación del encubrimiento, la piedra angular de la postura de Estados Unidos era no moverse de lo que sirviera para acusar a Irán.

Washington ha usado la causa AMIA como una punta de lanza contra el régimen de Teherán, pese a que éste nunca fue acusado con anterioridad de atentados masivos contra civiles fuera del Medio Oriente. Sí hay imputaciones por asesinato de figuras opositoras en Alemania o Francia, pero no de la colocación de artefactos explosivos o coches bomba. Las únicas dos acusaciones de ese tenor son las de Buenos Aires, la de la Embajada de Israel y la de la AMIA. En un cable emitido cinco días más tarde –también filtrado por Wikileaks y dado a conocer por el diario El País de Madrid–, Wayne dice que van a tratar de averiguar qué otra información desclasificó Nisman de la SIDE y cómo frenar cualquier intento de uso de la nueva investigación por parte de Irán. También destaca las opiniones de dos informantes de la embajada: un importante dirigente de la comunidad judía y un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina.

El dirigente de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado contra la AMIA, Sergio Burstein, remarcó ayer la dudosa objetividad de la fuente comunitaria citada en los cables de Wayne: Alfredo Neuburger, cuya identidad fue dada a conocer por lo publicado por El País. Al dar a conocer el cable de la embajada, el diario español tachó el nombre de Neuburger en numerosas oportunidades, pero en el punto 8, cometen el error de no hacerlo, con lo que quedó claro que la fuente de Estados Unidos es el funcionario de la DAIA, quien figura nombrado aunque con tachadura en varios tramos del cable del 27 de mayo.

Lo llamativo es que Wayne lo cita todo el tiempo, siempre abogando en contra de que se investigue el desvío de la causa AMIA. No era para menos. Neuburger era la mano derecha de Rubén Beraja, titular de la DAIA en el momento del atentado y también imputado en la causa por las irregularidades en la investigación del ataque contra la mutual judía. « Nuestra preocupación es mayúscula dijo ayer Burstein. Queremos saber si fue en nombre de la DAIA o en forma personal a la Embajada de Estados Unidos a argumentar a favor de los que desviaron la investigación del atentado. No me sorprende que esta persona sea nombrada en el cable. Creo que hay que denunciarlo ya que no hizo más que tomar una postura que afectó a todos los familiares y a cada decisión que tomábamos. Siempre que dijimos algo lo tuvimos a Neuburger criticando, es histórico », aseguró.

La otra fuente de la interpretación de que se pretendía utilizar el dictamen de Nisman para distraer la atención de los problemas de aquel momento provino de lo que el cable identificó como una alta fuente de la Cancillería. Esa fuente también sostiene que, en su opinión, no existió un desvío de la pesquisa con el argumento de que « es difícil creer que Menem haya sido tan estúpido ». A fuentes judiciales consultadas por este diario no les resultó difícil identificar al funcionario de la Cancillería que hablaba con Wayne. Se trataría de Guillermo González, ex embajador argentino en Washington durante el gobierno de Fernando De la Rúa. En el propio cable se habla de que es un hombre que ayudó con la presentación argentina ante Interpol en 2007 y ese papel lo jugó González.

En los últimos días, el diario El País, seguido luego por La Nación y Clarín, interpretaron que el cable del 27 de mayo señalaba que, según la opinión norteamericana, Nisman, en combinación con Néstor y Cristina Kirchner, pretendieron tapar, con el pedido de detención de Menem y los demás, el problema que por entonces estaba en el centro de la escena: el conflicto con las entidades del campo. En el cable del día 22 queda claro quién sostiene esa hipótesis: los propios Menem y Galeano. Ambos dijeron públicamente que la acusación en su contra era una maniobra política. Sin embargo, todo fue confirmado en las dos instancias judiciales superiores, el juez y la Cámara. Los otros dos que abonan esa teoría del desvío de atención fueron Neuburger y González. Los cables traducen esas opiniones y, sobre el final, Wayne más bien expresa sus dudas.

Más allá de las especulaciones, la noticia relacionada con la investigación AMIA no podía tener, ni tuvo, el peso suficiente para desplazar la caliente actualidad de aquel momento. La oportunidad de la noticia parece haber tenido otra explicación. Nisman según transcribió entonces este diario buscó hacer la presentación antes de empezar el mes de junio porque, de lo contrario, considerarían que estaba preparando una novedad especialmente orientada a evitar críticas en los actos por el aniversario del atentado, el 18 de julio. Además, el propio cable del 22 de mayo cuenta que « Nisman explicó que tenía a los familiares de las víctimas presionándolo para que se investiguen los desvíos en la primera investigación ». Ningún diario publicó el pedido del fiscal en su tapa y hasta los propios norteamericanos ironizan sobre esa interpretación: « Si alguien pensó que con el pedido de Nisman se iba a desviar la atención, se equivocó miserablemente. La ruptura de negociaciones entre el Gobierno y las entidades del campo sigue al tope de las noticias », culmina el cable del 27 de mayo.

Página/12 consultó a Nisman sobre una frase del « garganta profunda » de la Embajada: « Nisman está totalmente dominado por el jefe de Gabinete Alberto Fernández. Obedece sus ordenes sin discusión y no descarto que todo sea una maniobra política de Alberto Fernández ». El fiscal respondió brevemente a Página/12. « Vi a Alberto Fernández dos veces en mi vida. Ambas en 2005, cuando se estableció la fiscalía especial para el caso AMIA. En ese momento gestioné ante el jefe de Gabinete la compra del sistema Excalibur de entrecruzamiento de llamadas. El presupuesto dependía de él y por ello lo fui a ver. Nunca más lo vi. »

La oficina del FBI, que presionó durante dos años para que no se investigue a los investigadores ni el desvío de la causa AMIA, estaba en aquel momento bajo la conducción de William Godoy, un cordobés que tenía magnífica relación con quienes resultaron imputados por las irregularidades: Palacios, Galeano, Anzorreguy. Algunos dicen que hoy sigue viviendo en la Argentina y que está a cargo de la seguridad de una conocida empresa de venta de hamburguesas.

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SERGIO BURSTEIN, DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LAS VICTIMAS
«Una operación para encubrir »

« Lo que apreciamos nosotros es que hubo una operación para defender a los que encubrieron el atentado, para frenar la investigación contra ellos. Nos preocupa que el ex embajador Anthony Wayne se mantenga en silencio. Lo mismo pasa con los demás citados en el cable », señaló Sergio Burstein, dirigente de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado contra la AMIA. La Agencia Judía de Noticias consultó a Wayne pero éste se abstuvo de hacer comentarios. Lo propio ocurrió con la Embajada de Estados Unidos.

En diálogo con Página/12, Burstein se declaró asombrado de « ver que está mezclado Alfredo Neuburger en estos cables, un hombre del riñón de Rubén Beraja, de la abogada de la DAIA Marta Nercellas, es decir de todos los que avalaron al juez Galeano y a una investigación que nos llevó a la nada. Encima aparecen como alcahuetes de una embajada extranjera y abogando a favor de que no se investiguen las pistas falsas que sembraron y la forma en que pararon pistas posibles. Y pregunto: ¿Neuburger iba a hablar con el embajador estadounidense en nombre de la DAIA o iba en forma personal? Desde hace varios días que nadie contesta. Ellos no quisieron ser querellantes en las denuncias por las irregularidades en la investigación, barren la mugre debajo de la alfombra. Y ahora se esconden. Neuburger sigue siendo directivo de la DAIA aún hoy. El papel que jugaron en defensa de Galeano, de Menem y de todos los que empantanaron el caso AMIA ya lo conocemos. Lo conocen los familiares de Memoria Activa y lo conocemos nosotros, la agrupación Familiares. Pero que encima vayan a hablar a una embajada extranjera para que también presione contra la investigación, es gravísimo. Van a que Estados Unidos presione contra Nisman, contra el Gobierno, contra el que quiera investigar », redondeó Burstein.

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LA SOLIDEZ DE LA CAUSA, LAS DEBILES EXCUSAS
Llamadas, presiones, ofensas

La presión ejercida por Estados Unidos no fue dirigida contra una decisión de ningún gobierno, sino contra una causa judicial confirmada en todas las instancias. La investigación por las gravísimas irregularidades y las pistas falsas en el caso AMIA no se inició por voluntad de los gobiernos de Néstor o Cristina Kirchner ni por pedido de la administración anterior de Fernando de la Rúa. Es una causa judicial iniciada en 1997 por los familiares de las víctimas, en especial los agrupados en Memoria Activa, que cobró todavía mayor fuerza a partir del fallo del Tribunal Oral Federal No 3. Tras casi tres años de juicio, el TOF 3 sostuvo que la investigación oficial “fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos”. El observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el chileno Claudio Grossman, dictaminó que el juicio fue limpio e imparcial, con lo que convalidó lo actuado por el TOF. Lo concreto es que fueron imputados en la causa judicial, que instruye el juez federal Ariel Lijo, todos los involucrados en esa investigación del atentado considerada « un armado ».

En el marco de la pesquisa, surgió en 2005 un episodio que confirmaba y agravaba las acusaciones. Trece días después del atentado se investigaba a un sospechoso, pero la pesquisa fue empantanada tras una visita a la Casa Rosada y un diálogo del padre del sospechoso con Munir Menem.

La movida de los delegados en la Argentina del FBI equivale a pedirle a un funcionario judicial –en este caso el fiscal Alberto Nisman– que no investigue un homicidio o un delito determinado. Tal como se señala en uno de los cables dados a conocer por Wikileaks, Nisman les dijo a los representantes de Estados Unidos que era su obligación investigar la maniobra que había frenado la investigación contra Alberto Kanoore Edul.

El TOF 3 dictó un minucioso fallo de 4500 páginas cuando terminó el juicio oral en 2004. Todos los acusados fueron absueltos, aunque luego la Corte Suprema revocó la absolución del armador de autos truchos Carlos Telleldín, el último tenedor de la Trafic que estalló frente a la AMIA. Contra él se ordenó un nuevo juicio. Al ratificar el grueso del fallo, la Corte convalidó, de hecho, la conclusión a la que había llegado el TOF respecto de que la investigación fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos. Uno de los puntos centrales en los que se basa la conclusión del tribunal y luego la Corte es que el Ejecutivo, en tiempos de Menem, y el juez Juan José Galeano le pagaron 400.000 dólares a Telleldín para que acuse a los policías luego imputados por el atentado. En el expediente paralelo, en el que justamente se investigan los desvíos e irregularidades de la causa AMIA, el juez Lijo procesó a todos los implicados, empezando por el juez Galeano, los titulares de la SIDE, los fiscales, el comisario Jorge Palacios, a cargo de la Unidad Antiterrorista, y hasta el entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja.

En 2005, establecida la Unidad Especial AMIA a cargo del fiscal Nisman, este revisó la investigación respecto de Alberto Kanoore Edul, la persona que llamó a Telleldín el 10 de julio de 1994, ocho días antes del atentado y el día en que Telleldín entregó la Trafic que luego estalló en la mutual judía. Kanoore Edul no había podido explicar esa llamada. Galeano ordenó la intervención de sus teléfonos y el allanamiento de sus domicilios el 1° de agosto de 1994, 13 días después de la masacre. En la revisión hecha en 2005, Nisman encontró que Kanoore utilizaba dos teléfonos que fueron incorporados a la causa mucho después. Por ello ordenó que se averiguara quién había llamado a esos dos teléfonos aquel día de los allanamientos. Nisman se encontró con que hubo sólo dos llamadas, ambas realizadas desde un mismo celular. La fiscalía pidió un informe a Movicom y se estableció que el celular desde el que se llamó a Kanoore era utilizado por el comisario Palacios. La sospecha es que El Fino le avisó a Kanoore, por esos teléfonos no registrados, que lo estaban por allanar.

La visita de Kanoore padre a Munir está probada por lo que surge de las escuchas telefónicas realizadas a sus teléfonos, y la orden de frenar la investigación se basa en numerosos datos, entre ellos el testimonio de Claudio Lifschitz, secretario de Galeano, quien propuso profundizar la pesquisa y al que le dijo otro secretario de Galeano: « No podemos hacer nada. En qué quilombo querés que nos metamos si cuando lo detuvimos a Edul llamó el hermano del Presidente. No es el momento de seguir con eso ».

Los allanamientos realizados por el comisario Palacios a los tres domicilios de Kanoore aparecen en la resolución como una parodia. Existen numerosos testimonios de que los efectivos llegaron a las 8 de la mañana y la orden librada por el juez Galeano indicaba que debía irrumpirse en Constitución 2633, 2695 y 2745. El primero directamente no fue allanado, el segundo se concretó a las 17.30 y el tercero a las 19.20. En las escuchas telefónicas se verifica claramente que los allanados ya sabían que se estaba por hacer el procedimiento. Sólo en uno de los domicilios se llevaron documentación, y la agenda de Kanoore recién se analizó un año más tarde.

A todo este cuadro de sospecha se agregan dos llamadas consideradas por Lijo como virtuales avisos de Palacios a Kanoore. Las comunicaciones se hicieron ese 1 de agosto desde el celular 44115884, que figuraba a nombre de Palacios, a los teléfonos 49410024 y 49429146 de Kanoore Edul. La primera de un minuto y medio, la segunda de 45 segundos. Palacios dijo que él no tenía el celular y no hizo la llamada. Argumentó que a su nombre había una flota de teléfonos. El informe de Movicom lo desmiente y además se demuestra que de ese celular Palacios llamaba a su casa, es decir que era su aparato personal.

Con las escuchas de la SIDE pasaron cosas parecidas o peores. Una parte de los casetes nunca más apareció y la intervención de los teléfonos se suspendió sin orden judicial. La investigación sobre todos estos hechos –entre muchos otros– es la que se pretendía frenar.

Página 12. Buenos Aires, 27 de febrero de 2011.