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A pesar del estado de sitio en Ecuador, se reanudan las protestas en Quito
El presidente Lucio Gutiérrez decretó la emergencia en la capital luego de destituir a la Corte Suprema anoche. Su vice, Alfredo Palacios, lo trató de dictador y le exigió derogar esos decretos.
Por Clarín
Buenos Aires, 16 de abril del 2005
Las muestras de descontento y oposición de los ciudadanos se multiplicaban este sábado contra el presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, quien en la víspera implantó el estado de sitio en Quito y disolvió la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras el país sigue con incertidumbre el desarrollo de la crisis.
Los quiteños recorren las principales calles de la capital en sus automóviles mientras hacen sonar las bocinas y lanzan gritos de "abajo el dictador" y "Lucio fuera", apenas horas después de la declaración de emergencia que sólo rige para la capital ecuatoriana.
Al rechazo a las decisiones de Gutiérrez se sumó hoy la del vicepresidente de la República, el médico Alfredo Palacios quien declaró: "Rechazo, como el que más, el estado dictatorial a que se está sometiendo al pueblo ecuatoriano". "Demando del presidente Lucio Gutiérrez revocar de inmediato este decreto dictatorial", dijo Palacios, quien desde la elección como binomio de Gutiérrez mantiene un distanciamiento con él.
Un ambiente de gran tensión se vive en las cercanías del Palacio de Carondelet, sede del gobierno, en el centro histórico de Quito, donde unos 200 soldados y policías han establecido cordones de alambre de púas y mallas metálicas en dos cuadras a la redonda. Durante la madrugada alrededor de 5.000 personas protestaron con cacerolas.
Gutiérrez, un ex coronel que está en el poder desde hace poco más de dos años, justificó el estado de emergencia en razón de la necesidad de devolver la calma y la estabilidad a la capital de 1,2 millones de personas, sacudida desde el miércoles por fuertes protestas.
El ex presidente León Febres Cordero (1984-1988), tras criticar la decisión de Gutiérrez, exhortó al Poder Legislativo a que se reúna lo antes posible, para que "revoque el decreto del estado de emergencia y destituya la Corte y de inmediato nombre una nueva".
"Es la mejor solución a esta crisis que avergüenza a Ecuador ante los ojos del mundo", expresó el ex mandatario, de 76 años, líder del Partido Social Cristiano (PSC).
El Congreso podría reunirse hoy mismo para tratar el decreto firmado ayer por Gutiérrez. Los legisladores tienen la facultad de ratificar o de levantar el estado de excepción. Sin embargo, aún se mantiene la incertidumbre sobre una eventual reunión del Parlamento, pese a la insistencia de algunos diputados de "autoconvocarse".
Tanto Febres Cordero como el alcalde de Quito, Paco Moncayo; el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot y el precandidato presidencial Álvaro Noboa coincidieron en que Gutiérrez actuó como un dictador.
Moncayo pidió la renuncia de Gutiérrez: "por amor a Ecuador debe dar la salida digna que la crisis requiere, y esa salida es la presentación de su renuncia", afirmó Moncayo.
"Lucio se ha quitado la máscara y se ha mostrado en toda la dimensión de un dictador", dijo el constitucionalista Carlos Solórzano, quien sostuvo que el mandatario no esta facultado para destituir a la CSJ.
También el ex ministro de Defensa, José Gallardo invitó a las Fuerzas Armadas a desobedecer al presidente y dijo que las protestas que se registran en el país no pueden ser entendidas como una situación de conmoción interior.
Sin embargo, las Fuerzas Militares apoyan al presidente; el jefe del Comando Conjunto, vicealmirante Víctor Hugo Rosero, dijo en conferencia de prensa que "su único fin es recuperar la paz y el orden perdidos en los últimos días".
El alto mando militar recordó que una serie de libertades y derechos constitucionales están suspendidos por el decreto de emergencia.
La situación ecuatoriana generó reacciones de preocupación de parte de la Unión Europea, España y Perú, que exigieron que "no haya interferencia sobre los poderes judiciales en ese país".
Ecuador soporta una fuerte crisis político-jurídica desde el 8 de diciembre pasado, cuando una mayoría oficialista en el Congreso reestructuró la CSJ y con una simple resolución integró una nueva, que de inmediato fue calificada como ilegal y politizada por la oposición.
En diciembre de 2004, el Congreso, atendiendo un pedido de Gutiérrez, cesó a 27 de los 31 magistrados de la Corte Suprema, lo que de inmediato fue denunciado como una acción inconstitucional por parte de la oposición política.
Una de las acciones más controvertidas de la nueva Corte fue la anulación de los juicios pendientes de los ex presidentes Abdalá Bucaram, polémico líder populista, Gustavo Noboa, y del ex vicepresidente, Alberto Dahik.
Gutiérrez, un coronel del ejército que intentó dar un golpe de estado en enero del 2000, ganó las elecciones dos años después y se posesionó en el poder en enero del 2003 para un período de cuatro años.
