Lobby cipayo en contra la Ley de Tierras

« Las visiones que hablan de inconstitucionalidad responden a un lobby económico. Para nosotros, la tierra es un objeto de producción y un hecho cultural », sostuvo ayer Julio Alak, ministro de Justicia, al participar de un seminario sobre la ley que busca regular la tenencia de la tierra en manos extranjeras. Fue en un encuentro realizado por el Ministerio de Agricultura, a cargo de Julián Domínguez, en conjunto con la Universidad Católica Argentina (UCA), que tuvo por objetivo analizar en detalle los distintos aspectos de la normativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo. Además de los funcionarios nacionales, disertaron abogados, ingenieros agrotécnicos, legisladores y periodistas. El trámite parlamentario del proyecto en cuestión se encuentra frenado en la Cámara baja. Ayer la Comisión de Agricultura, presidida por el radical Juan Casañas, realizó una reunión, pero excluyó la iniciativa del temario.

La mención que hizo Alak sobre el aspecto cultural de la ley no es menor. En los fundamentos del texto se especifica que « las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales se inscribe dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos, así como su derecho a la independencia económica y a la fijación de las formas de explotación y distribución de lo producido con sus riquezas y recursos naturales ». Esta definición fue extraída del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado con rango constitucional.

Domínguez y Alak fueron los encargados de abrir la jornada de debate, junto al presbítero rector de la UCA, Víctor Manuel Fernández. Ambos funcionarios criticaron el argumento de que la iniciativa podría ser considerada « inconstitucional ». « Se trata de una interpretación originada en un liberalismo dogmático. No nos olvidemos de que la última reforma constitucional vino con el proceso que entregó muchísimos recursos del país, donde todo se privatizaba », argumentó el ministro de Justicia.

Luego de este marco conceptual, el seminario presentó su primer panel bajo el título « Geopolítica ». El dominio de la tierra reviste un interés estratégico, por eso es declarado en el proyecto como un recurso no renovable y por fuera de la órbita de los tratados bilaterales de inversión. De esta manera, podría evitarse la injerencia de jurisdicciones internacionales y supranacionales, como el tribunal arbitral del Ciadi. « El mercado no resuelve por sí solo las cuestiones del hambre. En el mundo, miles de hectáreas son entregadas a los capitales especulativos sin tener en cuenta necesidades sociales. ¿Tan lejos estamos en América latina de esta situación ? En este sentido, los medios de comunicación son un espacio de disputa política fundamental para dar las actuales batallas culturales, como la ley de tierras », concluyó en el panel de geopolítica el periodista de Página/12 Raúl Dellatorre.

« Además de la tierra en sí, hay que proteger los inmuebles que encierren recursos como el agua, bosques y patrimonios culturales. La posesión y el uso de la tierra están directamente ligados a la soberanía alimentaria y la posibilidad de desarrollo del país », afirmó la diputada Verónica Benas (Bloque Unidad Popular, ex SI). El otro diputado que participó del encuentro fue Pablo Orsolini, radical y de la Federación Agraria. El legislador dijo que es necesario avanzar en esta normativa y mostró algunas coincidencias y diferencias con el proyecto del Ejecutivo. El radicalismo es uno de los bloques parlamentarios que más están dificultando el debate. El titular de la Comisión de Agricultura, Juan Casañas (UCR), se negó en varias oportunidades a iniciar la discusión en un plenario de comisiones, junto a Asuntos Constitucionales y Legislación General. Ayer tenía la posibilidad de avanzar con el proyecto, pero lo excluyó del temario.

La discusión por la tenencia de la tierra no es una particularidad argentina. La FAO-ONU está preocupada por este tema. Así lo manifestó tras su paso por la Argentina el brasileño José Graziano Da Silva, quien a partir de enero será titular de la entidad. La tenencia de la tierra y sus usos están vinculados con la cuestión del hambre en el mundo y con la pregunta sobre quiénes son los sujetos agrarios. De la respuesta surge la estrategia geopolítica.

OPERACIONES DE TRASPASO CUESTIONADAS EN RIO NEGRO
El libre juego del pase de manos

La provincia de Río Negro es un caso emblemático de cómo se venden tierras fiscales a titulares extranjeros. La fiscal Daniela Zágari presentó una denuncia –a instancia de los legisladores Luis Bardeggia y Luis Bonardo– que incluye 40 mil hectáreas en litigio en el distrito catastral El Bolsón. El último caso adjuntado a la causa incluye dos predios fiscales que suman en total 10 mil hectáreas que pasaron primero a una empresa nacional y luego a la multinacional Burco, propiedad del belga Hubert Gosse. Las sucesivas transferencias se realizaron en menos de cinco años, que es el tiempo legal previsto por la Ley de tierras provincial. Además, el gobernador Miguel Saiz ya le había entregado directamente a Burco un predio que encierra al Cerro Carreras, de 2400 metros de altura.

« La operatoria siempre es la misma. La provincia adjudica tierras a empresas locales, luego éstas revenden a terceros, quienes las colocan en venta en el mercado inmobiliario. La adjudicación es pergeñada con el único fin de sacar las tierras del dominio público », explicó a Página/12 Bardeggia.

Según la denuncia de los legisladores, elevada como causa penal por la fiscal Zágari, en 2008 Saiz le vendió a la empresa Forestal y Ganadera San Tadeo SRL dos campos de 10 mil hectáreas. El intermediario fue Fernando Valenzuela, integrante del estudio de abogados de José Luis Martínez Pérez, presidente de la empresa mixta Emfor.

A los pocos meses de la primera venta, los dos campos fueron transferidos a Ana María Trianes, cónyuge de Martínez Pérez, quien pagó entre 27 y 36 pesos la hectárea, según la denuncia. El nombre de Martínez Pérez es relevante, ya que fue apoderado del inglés Joe Lewis y actuó de intermediario en la venta de varios terrenos que terminaron en manos del inglés, a través de Emfor.

Según la denuncia de los legisladores y la fiscal, la operatoria incorporada recientemente en la causa terminó de concretarse cuando Trianes vendió en febrero de este año los dos campos a Hubert Gosse, titular del grupo Burco. El juez de instrucción Carlos Reussi decidió colocar en todos los boletos de compraventa de las 40 mil hectáreas involucradas en la denuncia la frase « en conflicto » para evitar que en el lapso de la investigación sean revendidas. Por esta causa están imputados el ex ministro de Producción Juan Acattino, el subsecretario de Tierras Jorge Belacin y el director de Tierras Daniel Tait.

Página 12. Buenos Aires, 5 de Octubre de 2011