La violencia criminal y policial como arma del imperialismo
(Segunda y última parte)

Imposible no ver la intencionalidad política detrás de la violencia criminal o marcadamente fascista que se manifiesta en algunos países latinoamericanos, a veces de manera tan constante e incrustada en los aparatos políticos y organismos del Estado que termina formando lo que el amigo y columnista Carlos Fazio caracteriza como « ideología del darwinismo social de libre mercado (que) ha barrido con toda cohesión social. Inmersa en un proceso de autodestrucción, la sociedad está atomizada. En la selva social domina el derecho del más fuerte y el más apto » [1].

Como señaló el historiador Eric Hobsbawm, a diferencia del imperialismo estadounidense, en su etapa dominante el imperio británico « no buscaba a adquirir un poder global ni tampoco un poder militar y político terrestre en regiones como Europa y América Latina ». Es por ello que la política guerrera de Washington « aparece como muy insensata a los observadores exteriores y dificulta la captación de su finalidad real. Para quienes dominan completamente o al menos a mitad el proceso de toma de decisiones en Estados Unidos, (la razón de esta política) es manifiestamente la de afirmar una supremacía global por la fuerza militar, pero el objetivo de esta estrategia sigue siendo obscuro » [2]. Lo planteado por Hobsbawm hace más de una década se manifiesta ahora con claridad, como revela un reciente trabajo (que merecería ser traducido al español), del bloguer y editor Ian Whelsh al analizar los límites de la búsqueda de la supremacía militar [3].

Pero le cabe a nada menos que al Secretario de Defensa de Estados Unidos (EE.UU.), Chuck Hagel, confirmar esta apreciación cuando en un discurso ante el Chicago Council on Global Affairs pidió un aumento del gasto militar de su país y en los países de la OTAN : « aunque hoy día está aumentando el escepticismo de los estadounidenses hacia los compromisos en el extranjero y las responsabilidades globales, es un error ver esas responsabilidades como una carga o como caridad. Debemos recordar que los estadounidenses son los mayores beneficiarios del liderazgo estadounidense y sus compromisos en el mundo » (http://rt.com/usa/157336-us-military-hagel-cuts/).*

En su estrategia de dominación global EE.UU. utiliza tanto la criminalidad como los grupos contrarrevolucionarios, ultranacionalistas y fascistas para generar las condiciones que le permitan, si no alcanzan el proyectado objetivo de dominación, recurrir a la intervención militar directa.

En síntesis, el imperialismo estadounidense crea conflictos políticos, étnicos y militares, para sembrar la subversión y la criminalidad en los países que quiere dominar, y para completar sus fines destructivos exige a esos países que den solución a esos conflictos de manera inmediata y respetando el dictado de Washington, so pena de hostigamiento o agresión militar, de sanciones diplomáticas, comerciales o económicas.

Los actuales acontecimientos en Ucrania, donde la Unión Europea y EE.UU. organizaron con fuerzas fascistas un golpe de Estado que está creando las condiciones de una guerra civil por los ataques armados y matanzas contra la población civil de lengua rusa, como en Odesa, muestran claramente la estrategia imperial. Lo mismo podemos decir de la violencia criminal y la subversión fascista organizada por EE.UU. en Venezuela para desestabilizar la sociedad venezolana y poder así derrocar el legítimo gobierno de Nicolás Maduro.

Pero los planes en ejecución no se paran ahí, ya que la estrategia de destrucción social y política mediante la inseguridad y la violencia, real o inventada, también está siendo utilizada en otros países de NuestrAmérica, como en El Salvador, Brasil y Argentina, por ejemplo.

Nada de nuevo en esta estrategia imperialista. Después de la segunda Guerra Mundial la CIA reclutó en Europa a cientos de nazis, entre ellos los de Ucrania que ahora de nuevo figuran en la « lista de colaboradores pagos » de la CIA [4], para crear focos subversivos en la (ex) Unión Soviética y los países del Este Europeo, y en los años 60 y 70 del siglo pasado -durante la guerra en Vietnam- la CIA financió con el tráfico de opio (el Triangulo de Oro) la acción subversiva y criminal de grupos en Laos, expandiendo así las mafias criminales que traficaban con heroína en Europa Occidental, EE.UU. y Canadá, entre otros países.

En cuanto a la creación y expansión de los « carteles de narcotraficantes » de cocaína a partir de Sudamérica, este fenómeno sólo es explicable por el papel de la CIA durante la guerra contra la revolución sandinista en Nicaragua y la lucha del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador [5].

El Salvador en la mira.

Y ahora que el FMLN ha sido reelecto para un segundo mandato al frente del Ejecutivo en El Salvador vemos que ARENA, el partido opositor que surgió como expresión visible y legal de los escuadrones de la muerte creados en los años 80 por Roberto D’Aubuisson a partir del asesoramiento de Mario Sandoval Alarcón, miembro de la Liga Anticomunista Mundial con sede en Taiwán, y que ha sido responsable directo del asesinato de miles de salvadoreños, trabajadores, estudiantes, campesinos, curas, y hasta de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, busca paralizar y desestabilizar al nuevo gobierno con el tema de la violencia que proviene de las pandillas conocidas como « maras », mientras bloquea las investigaciones sobre los robos, fraudes, asesinatos y robos de niños de militantes asesinados o desaparecidos durante la década de los 80.

Como me dijo el periodista salvadoreño-canadiense Víctor Regalado, con el concurso de los medios de prensa que controla ARENA se está creando una falsa « encrucijada » política en torno al problema de la violencia, para desestabilizar y desgastar políticamente al nuevo gobierno del FMLN : Si no reprime a las pandillas el gobierno será culpable de la violencia (para concluir en que se estaba más seguro bajo los anteriores gobiernos de ARENA), y si las reprime entonces ARENA y el gobierno de EE.UU. lo acusarán de ser « un gobierno represivo, como el de Venezuela ».
El tema de la criminalidad y la violencia en El Salvador, donde las secuelas de la represión durante el proceso revolucionario y bajo los gobiernos de ARENA se hacen sentir en la sociedad, fue y sigue siendo de suma importancia.

Las denuncias de que en la policía salvadoreña existen « escuadrones de la muerte » para matar a pandilleros fue abordada recientemente por el ministro de Seguridad Ricardo Perdomo, quien declaró que « hay una sección de desconocidos » o particulares, de gente que utiliza ropas similares a las de la Policía o militares y que se ha dado a la tarea de realizar actos delictivos con el interés de incrementar el clima de violencia en el país, para generar intranquilidad al nuevo gobierno que asumirá a partir del uno de junio, con Salvador Sánchez Cerén, al frente del Ejecutivo (Ricardo Perdomo : « No estamos en guerra contra las pandillas, sino en defensa de la gente honrada », La Página, El Salvador, 4 de mayo 2014).

El ministro salvadoreño añadió que « pueden haber sectores interesados en incrementar el clima de la violencia para ejercer presión al gobierno y crearle intranquilidad al futuro gobierno - aclarando que ya se está investigando a este grupo-, que pudieran ser pandilleros que ejecutan acciones delictivas ordenadas por otros sectores que no están necesariamente adentro de las pandillas – añadiendo que- los estamos identificando y la población debe tener la certeza que vamos a hacer todos los esfuerzos para llevarles seguridad y tranquilidad ».

Por su parte el titular de la Academia Nacional de Seguridad Pública de El Salvador, Jaime Martínez, afirmó que « los grupos de exterminio de pandilleros no es la solución para los problemas de inseguridad del país », recalcando que « nadie debe tomar la justicia en sus manos » y que la Policía Nacional Civil dispone de « la capacidad necesaria para enfrentar los ataques de las pandillas a sus miembros », que últimamente han costado la vida a cinco policías (La Página, 1 de mayo 2014).

¿Qué hacer ?

ARENA denuncia la existencia de « inseguridad » social por una supuesta incapacidad del gobierno salvadoreño para aplicar con rigor las leyes que combaten la criminalidad, en particular a las pandillas, y para ello cuenta con el apoyo de los medios de prensa controlados por la derecha en el país y en el exterior para convertir el problema en un permanente asunto cotidiano y amplificarlo de manera que sea una propaganda continua contra el gobierno.

Pero si el gobierno actúa con rigor en el caso de actos de violencia y vandalismo criminal de las pandillas será acusado, como es el caso con Venezuela, de estar reprimiendo « al pueblo que protesta contra el gobierno ».
Como señalábamos en el anterior artículo (Un « escuadrón de la muerte » en Quebec), constitucionalmente sólo el Estado tiene el « monopolio de la violencia » para hacer cumplir las leyes y defender al pueblo. Y si el Estado considera que debe involucrar al pueblo en esta lucha porque no es únicamente una tarea policial sino asimismo social y política, pues entonces debería permitir o fomentar la formación de « comités de defensa » o milicias ciudadanas para defender la seguridad de la población de las amenazas externas e internas.

Por ejemplo en Venezuela, donde el imperialismo y sus aliados locales tratan de crear el desabastecimiento y la parálisis económica para derribar al gobierno, las organizaciones sindicales de la Central Bolivariana de Trabajadores están formando milicias obreras con voluntarios, según Marco Tulio Díaz, presidente de la Federación Unitaria Nacional de Trabajadores Bolivarianos de la Construcción.

La misión de estas milicias de voluntarios, que aspira a tener dos millones y medio de miembros, es « defender la soberanía nacional y garantizar la senda de crecimiento productivo », y se enmarcan en « la corresponsabilidad del pueblo y del Estado en la defensa de la soberanía nacional ». El Mayor General Comandante General de la Milicia Bolivariana, José Antonio Briceño Moreno, describió el nuevo concepto estratégico de defensa integral desde los puestos de trabajo : « No solamente es la defensa militar, es la defensa alimentaria, es la defensa industrial » [6].

Es tarea de los organismos políticos y sociales el exponer la agresiva estrategia del imperialismo, en particular la ligada al uso de la criminalidad para desintegrar las sociedades y generar el descontento que impida la cohesión social y política en torno a los proyectos de recuperación de nuestras soberanías y de nuestros recursos económicos y sociales.
Recientemente el secretario de Seguridad del Gobierno argentino, Sergio Berni, dijo que EE.UU. es el país que « importa las drogas y exporta las muertes ». Tal verdad es bien conocida desde hace décadas en México, por ejemplo, donde la cocaína que parte hacia el Norte regresa como dinero para ser lavado y poder así corromper a más políticos y funcionarios, y armas para matar, para criminalizar aún más la sociedad y la economía.
Carlos Fazio escribe que en el caso de México « la lucha de todos contra todos que se desploma sobre la sociedad ha derivado en una catástrofe humanitaria. La sociedad se ha convertido en un compuesto amorfo de etnias, tribus, mafias, pandillas y organizaciones criminales de todo tipo, incluidas las empresas, los poderes fácticos y sus facciones políticas subordinadas –verbigracia el « pacto por México »–, que han venido agitando la lucha de clases de manera implacable contra los trabajadores ».

Nadie puede ignorar que la criminalización de nuestras sociedades tiene un propósito político, el de destruir toda cohesión social, todo intento de crear sociedad y ciudadanía a través de los proyectos políticos de recuperación de la soberanía nacional, en curso en varios países de Centro y Sudamérica.
Refiriéndose a la herencia que el Presidente mexicano Felipe Calderón dejó a su país, o sea « un Estado de guerra permanente », Fazio la describe de la siguiente manera : « una sociedad sumida en la violencia, el terror y el caos. Y en muchos espacios del territorio nacional, una sociedad militarizada y paramilitarizada. El dispositivo ideológico de la violencia institucionalizada es el miedo. Un miedo aterrorizante, paralizador, potenciado por una estrategia comunicacional no desprovista de ideología. Una estrategia mediática enajenadora e invisibilizadora de la realidad, que como parte sustancial de las operaciones de guerra sicológica utiliza diferentes máscaras » [7].

Los linchamientos, según Romero, son la expresión de una sociedad consumista bajo un sistema económico y político que garantiza el orden social a través de la administración del miedo. Basta tomar el control remoto y localizar algún canal de noticias para toparse con imágenes de cámaras de seguridad proyectando casi en vivo y en directo una y otra vez los mismos hechos delictivos. Todas estas imágenes tienen características comunes : se tratan sólo de delitos contra la propiedad privada y la mayoría en espacios públicos.

Más adelante señala que « esto otorga espacio a la creación de un enemigo interno, que está siempre bajo estado de sospecha permanente » que permite a los sectores que buscan la desestabilización del gobierno decir « que los linchamientos se producen por la ausencia del Estado, que desprotege a la gente decente. Los decentes, ante el cansancio y el hastío de ser atropellados por los delincuentes, salen a matarlos, para impartir ‘justicia’. Los decentes, necesitan más seguridad ante ese enemigo común acechante. Así, un Estado más fuerte, con más policías, con más mano dura, solucionaría el problema de los linchamientos, ya que sería el aparato represivo estatal el que haría su parte ».

La falsedad de estos argumentos, como señala Romero, puede ser probada tanto con los datos de la provincia de Córdoba como con los de EE.UU., que es la sociedad donde reina, desde hace más tiempo y con mayor fuerza, tanto el « gatillo fácil » de las policías [8] como el encarcelamiento de los jóvenes –y de los negros, latinos y pobres de todas las edades-, por delitos insignificantes, como robar un chocolate.

En las prisiones estadounidenses, que en principio son más « escuelas » de formación de criminales que otra cosa, y que de paso proporcionan una mano de obra casi gratuita a las empresas privadas que se han formado para explotar esa situación, hay dos millones de adolescentes [9].
En síntesis, EE.UU. no puede ser un modelo en el tratamiento de la criminalidad, como Washington pretende, ni tampoco sobre cómo debe actuar el Estado en esa materia, y mucho menos lo es en cuanto al modelo de democracia que se debe aplicar.

Pero es evidente que los gobiernos junto a las fuerzas políticas y sociales que bregan por democratizar y hacer más prosperas y seguras nuestras sociedades, deben encontrar y aplicar las respuestas políticas para superar los problemas sociales y económicos que existen y tienen un impacto en la población y la vida social. Esa es una tarea urgente, porque esos problemas nos hacen vulnerable a las agresivas estrategias del imperialismo.

Montreal, Canadá.

El Correo. París, 8 de mayo de 2014.

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