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16 mai 2021

El Injerencismo de toga Made in USA

par Jorge Elbaum*

 

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Primera parte

OPERACIONES JUDICIALES MADE IN WASHINGTON

La Corte Suprema argentina no es la única institución que se afana por proteger a los poderes concentrados e impedir la consolidación de proyectos soberanos. Todos los países de América Latina y el Caribe (ALC) sufren de forma sistemática la cooptación de magistrados y fiscales al servicio de intereses corporativos afines a los requerimientos trazados por el Departamento de Estado.

En el caso de Colombia, donde los organismos de seguridad y el ejército han generado durante las últimas semanas una centena de asesinados y heridos, el Poder Judicial se mantiene indiferente frente a los luctuosos sucesos. Sin embargo, se mantiene muy activo en salvaguardar a los responsables políticos y militares de las masacres mientras funge de ser el socio más afín de Washington en la región. El 4 de agosto de 2020 se libró una orden de detención domiciliaria contra el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez –jefe político del actual mandatario Iván Duque Márquez– bajo la acusación de mantener vínculos con el narcotráfico y de intento de soborno contra testigos.

Mientras las acusaciones contra Uribe merecían el repudio de su amigo Marco Rubio –senador republicano de Miami y referente de los sectores más extremistas de los enemigos de la Revolución cubana–, el procurador encargado de tramitar la causa contra el ex Presidente, el fiscal Gabriel Jaimes Durán, adelantó que solicitará la prescripción de la causa dado el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos investigados. La defección de Jaimes Durán se produjo luego de la visita a Miami, donde mantuvo conversaciones con funcionarios de la Homeland Security Investigation (HSI), agencia dependiente del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

Jaimes Durán participó a principios de abril, en el Estado de La Florida, de « reuniones con representantes de las agencias internacionales en Estados Unidos con el fin de afianzar los lazos de cooperación contra la delincuencia trasnacional ». Mientras se desarrollaba la masacre en diversas ciudades colombianas, Marco Rubio se expresó a través de Twitter. « Detrás de gran parte de la violencia que está ocurriendo en Colombia esta semana hay un esfuerzo orquestado por los movimientos narcoguerrilleros de izquierda y sus aliados marxistas internacionales para desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente ». El mensaje fue replicado por su cofrade y aliado Álvaro Uribe.

Las operaciones judiciales que vinculan a Miami y a Bogotá también fueron detectadas en la investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral de 2018, que motivó la elección de Iván Duque. Audios filtrados a medios de comunicación revelaron el apoyo de una red de narcotraficantes conectados con la secretaria de Álvaro Uribe –conocida como « Caya » Daza– quien presurosamente abandonó el país con destino a Estados Unidos. En los mensajes interceptados de WhatsApp se identificaron los aportes monetarios de varios narcotraficantes, entre ellos los de José Hernández Aponte, alias « Ñeñe ». El caso es conocido como « ñeñepolítica », pero los funcionarios judiciales encargados de las investigaciones han sido impugnados e incluso detenidos con la obvia intención de amedrentarlos y de impedirles la continuidad de la tarea. Según integrantes de la fiscalía, la Drug Enforcement Administration (DEA) –dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos– estaría abocada a resolver el caso.

Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la producción de cocaína en Colombia se duplicó en el último lustro convirtiéndose en el mayor recurso de exportación de ese país. El informe señala que la producción actual es superior a la generada en tiempos del auge del Cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar Gaviria. Washington aportó alrededor de 15.000 millones de dólares desde 2001 a través de diferentes fuentes de financiamiento englobados en el denominado Plan Colombia, orientados a reducir la producción de cocaína y reprimir a los grupos insurgentes, sobre todo las FARC.

El caso de Perú también posee aristas coincidentes con las relaciones tóxicas que expande Washington en su formato judicial. Luego de la victoria de Pedro Castillo en la primera ronda electoral, el Ministerio Público Fiscal anunció una investigación contra uno de los congresistas electos de la agrupación política de Castillo, Perú Libre, por nominar entre sus candidatos a Guillermo Bermejo (alias « el Che » Bermejo), por su presunta participación en la organización terrorista Sendero Luminoso. El martes 27 de abril, la Segunda Sala Penal Transitoria Especializada en Crimen Organizado adelantó que el 18 de mayo dará inicio al juicio contra el congresista electo, apenas tres semanas antes de la segunda vuelta electoral. Cuatro días antes, Castillo había anunciado la decisión de expulsar a la DEA de Perú en el caso de alcanzar la presidencia.

Según los periodistas limeños especializados en temas jurídicos, las audiencias podrían ocupar la tapa de los diarios –comprometidos con Keiko Fujimori– las semanas previas a los comicios. El detalle sugestivo del caso es que la instrucción se inició a partir de las denominadas « declaraciones de colaboradores eficaces », cuyos informantes arrepentidos mantienen estrechos vínculos con la DEA. Entre los integrantes del jurado que dictaminará sobre Bermejo figura un magistrado acusad de proteger a integrantes del ejército responsables de la denominada masacre de Accomarca, en la que fueron asesinadas 69 personas, incluidos niños, mujeres y ancianos.

El miércoles 5 de mayo se desarrolló en Miami un foro titulado « Defensa de la democracia en las Américas » del que participaron líderes de la derecha de América Latina y el Caribe. Entre sus expositores figuraron el secretario general de la OEA Luis Almagro, el ex Presidente argentino Mauricio Macri y los actuales primeros mandatarios Sebastián Piñera de Chile, Iván Duque de Colombia y Lenin Moreno de Ecuador. La organización de la conferencia corrió por cuenta del Interamerican Institute for Democracy, cuya jefatura ejerce Carlos Sánchez Berzain, ex ministro de defensa del gobierno boliviano de Gonzalo “Goñi” Sánchez de Lozada. Tanto Berzain como Lozada se asilaron en Miami luego de ser acusados como responsables de la masacre de octubre de 2003, en la que fueron asesinadas 67 personas que se habían movilizado en la Ciudad de El Alto para evitar la exportación de gas (a precio vil) a Estados Unidos, a través de puertos chilenos.

Difamar y juzgar

Carlos Sánchez Berzain fue uno de los funcionarios fugados de Bolivia que celebraron el golpe de la hoy detenida Jeanine Añez, y es quien repudió la labor de dos investigadores del Massachusetts Institute of Technology, John Curiel y Jack R. William, quienes en febrero de 2020 –luego de un relevamiento estadístico pormenorizado– negaron la existencia de fraude generado por el partido de Evo Morales, el MAS. En una cobertura reciente del portal The Intercept se exhiben los correos electrónicos (filtrados) que funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos envían a los dos investigadores del MIT con la clara intención de amedrentarlos y extorsionarlos antes de las elecciones en las que volvió a imponerse el MAS.

Las pistas sobre el grupo de tareas judiciales del Departamento de Estado se observan con claridad también en Ecuador, cuyos magistrados han colaborado de forma eficiente en la descalificación permanente de Rafael Correa y la detención de su ex Vicepresidente Jorge Glas, en el marco de la megacausa conocida como Odebrecht. Las evidencias utilizadas en el juicio para condenar a seis años de cárcel a Glas –y luego para solicitar la captura internacional de Correa– fueron aportadas en forma desinteresada por el DOJ, con sede en el Robert Kennedy Building de Washington. Uno de los magistrados encargados de instruir la causa contra Correa y solicitar en su contra una pena de ocho años de prisión, bajo la imputación de cohecho, fue el juez Iván Saquicela Rodas, quien fue premiado con el nombramiento de presidente de la Corte Nacional de Justicia. En simultáneo, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Justicia estadounidense, entregó como donación a dicha Corte Nacional de Justicia la infraestructura informática que le permitirá a Rodas –y a sus socios– el acceso a la totalidad de las causas tramitadas por los magistrados ecuatorianos.

Los tentáculos judiciales de Washington también se observan en Paraguay. En mayo de 2019, el egresado de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por su sigla en inglés), fiscal René Milcíades Fernández Bobadilla, fue premiado por sus aportes a la investigación del Lava Jato, pesquisa asociada al caso Odebrecht. En julio de 2019, Bobadilla, fue promovido al cargo de Ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). En forma simultánea a su asunción mediada por las felicitaciones de la embajada de Estados Unidos en Asunción, se inició una campaña mediática destinada a involucrar al ex Presidente y actual senador Fernando Lugo en el entramado del Lava Jato.

El 28 de abril el Ministerio de Justicia guaraní, donde Bobadilla almuerza con colegas egresados de ILEA, anunció el inicio del programa destinado a diseñar y elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 de la Corte Suprema de Justicia. Dicha iniciativa cuenta con el financiamiento del National Endowment for Democracy (NED), una organización estadounidense fundada en 1983 a iniciativa del Congreso estadounidense para costear proyectos orientados a defender los intereses de las corporaciones estadounidenses, los principios neoliberales y la lucha contra el populismo. El NED cuenta con un presupuesto de 200 millones de dólares, y el destino de esos fondos se orienta a remunerar programas de formación jurídica, política y policial en América Latina, el Caribe y los países limítrofes con Rusia y China. En forma paralela, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Programa de Democracia y Gobernabilidad (PDG), colabora con la Corte Suprema de Justicia para mejorar la efectividad de la misión institucional.

Poco tiempo antes del golpe contra Lugo, en 2012, la embajadora de Estados Unidos en Asunción, Liliana Ayalde, envió un cable a Washington que fue filtrado tiempo después por la plataforma de Julian Assange, WikiLeaks : « Tener amigos en la Corte Suprema es oro puro (…) la presidencia y la vicepresidencia de la Corte son fundamentales para garantizar el control político… ». Poco tiempo después de que este cable fue despachado desde la embajada, la Corte Suprema de Justicia avaló la destitución de Lugo.

Washington contra el multilateralismo

Uno de los proyectos financiados por el NED, con un aporte de medio millón de dólares, se titula « Combatiendo el capital corrosivo » en América Latina. Su objeto es dotar de herramientas jurídicas y de información útiles para evitar el ingreso de « capitales corrosivos [provenientes] de estados no democráticos » como China y Rusia

Meses atrás los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron un proyecto de ley denominado Promoción de la Competitividad, la Transparencia y la Seguridad en las Américas (ACTSA, por sus siglas en inglés), destinado a limitar las actividades económicas, políticas y de inteligencia del gobierno de la República Popular China en la región. Uno de los capítulos centrales de la ACTSA incluye la asistencia técnico-jurídica para compatibilizar los estándares de Washington con el resto de la región, regulados por la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).

La ACTSA incluye la necesidad de « ampliar los informes de inteligencia sobre las actividades económicas, políticas y de seguridad » de China en las Américas, y exige que en todas las embajadas y consulados en América Latina y el Caribe se designe a un oficial de inteligencia con formación jurídica, encargado de relevar todos los aspectos vinculados con los lazos de Beijing en la región. Además propone el financiamiento de proyectos para formar periodistas de investigación dispuestos « a promover la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos ». Según prevé la normativa, que tiene amplias posibilidades de aprobarse debido a que es una iniciativa bipartidista, el Secretario de Estado en coordinación con el Departamento de Justicia dispondrá los compromisos diplomáticos para alentar y facilitar la adopción de normas por parte de los gobiernos de América Latina y el Caribe.

Rubio es el presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental y de la Comisión Ejecutiva del Congreso dedicada a China (CECC). Además fue uno de los anfitriones del foro en el que Macri, Duque, Piñera y Almagro cuestionaron a los gobiernos que postulan senderos soberanos. En el hotel Biltmore de Miami se insistió además en la necesidad de que los poderes judiciales limiten las capacidades de quienes postulan políticas populistas.

« Hacete amigo del juez », recomendó José Hernández en Martín Fierro.

Segunda parte

LA PRETENSIÓN DE EXTRATERRITORIALIDAD DE ESTADOS UNIDOS
PARA PROTEGER SUS INTERESES EN LA REGIÓN

El injerencismo judicial desplegado por diferentes agencias estadounidenses en América Latina y el Caribe (ALC) es uno de los dispositivos desplegados por el Departamento de Estado para contribuir al doble objetivo de favorecer a las empresas estadounidenses y al mismo tiempo socavar los proyectos políticos que proponen modelos de desarrollo endógeno, autónomos e independientes de la tutela de Washington. El marco regulatorio sobre el que se monta este despliegue persecutorio se encuentra sustentado en la denominada Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act FCPA) aprobada en 1977, que autoriza al Departamento de Justicia (DOJ) a investigar y sancionar los actos de corrupción ocurridos fuera del territorio estadounidense.

El origen de esta normativa se vincula al escándalo de Watergate y al financiamiento irregular a los opositores del gobierno popular de Salvador Allende por parte de empresas multinacionales, que devino en el golpe de Augusto Pinochet en 1973. La FCPA motorizó pocas investigaciones durante sus primeros tres decenios pero se reactivó con el triple objetivo de criminalizar la política en ALC, perseguir a dirigentes populares opuestos a las lógicas neoliberales y combatir a las empresas locales capaces de competir con las trasnacionales estadounidenses.

En los últimos quince años, la FCPA diversificó los procesos de fiscalización, de formación de operadores judiciales y de persecución directa de empresas y agentes gubernamentales. Dichas tareas se llevan a cabo bajo un criterio unilateral de extraterritorialidad, legitimado en la pretendida superioridad del sistema legal de Washington. Las sanciones que habilita la FCPA están dirigidas contra individuos, empresas, organizaciones de la sociedad civil e incluso contra economías soberanas (como son Cuba, Venezuela y Nicaragua).

La FCPA es una normativa aprobada por el Congreso de los Estados Unidos que se atribuye una jurisdicción global, sin respetar los plexos jurídicos del resto de los países miembros de la comunidad internacional. Desde este enfoque, Washington se arroga el derecho de judicializar cualquier actividad que considere lesiva de sus intereses, en cualquier lugar del mundo. La FCPA opera de varias formas diferentes pero convergentes. Algunas de sus iniciativas aceptan las regulaciones de los países. Otras, directamente, violan sus marcos normativos.

Sus iniciativas se ejecutan mediante acuerdos bilaterales luego de presionar desde las delegaciones diplomáticas de Washington. Se despliegan, además, a través de la mediación de organismos multilaterales que suelen funcionar como mascarones de proa de los intereses del Departamento de Estado en la región. También irrumpen por interpósitos operadores judiciales previamente cooptados, educados en la validez de los criterios funcionales a esos mismos intereses trasnacionales. En todos esos casos, los diversos think tanks y centros de formación –como las Academias Internacionales para el Cumplimiento de la Ley (ILEA)– suministran los manuales de procedimiento que operan como sugerencia o condicionamiento de posibles ascensos futuros. A los alumnos no sólo se los capacita en doctrinas judiciales extranjeras. También se les ofrece un marco de referencia social apto para transitar los pasillos del privilegio.

Este es el espacio de capacitación en el que participó el juez Sergio Moro cuando asistió en 2009 al Proyecto Puentes, cuyos instructores eran provistos por el DOJ, el FBI y el Departamento del Tesoro. Los objetivos del entrenamiento, divulgado por el programa, consistían en « consolidar el entrenamiento bilateral para la aplicación de leyes y las habilidades prácticas de contraterrorismo ». En un documento filtrado por WikiLeaks, los capacitadores de la delegación brasileña se congratularon de que Moro hubiese adoptado en sus documentos posteriores el término terrorismo –impuesto por docentes estadounidenses– para nominar las problemáticas ligadas al crimen trasnacional y a la corrupción política.

El entramado de investigaciones y persecuciones, operadas por las diversas agencias que transgreden las jurisdicciones soberanas, se ha desplegado con absoluto desprecio de los marcos regulatorios locales. De hecho, varias de las iniciativas amparadas por el FCPA han violado de forma expresa la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada en 1997, que dispone estrategias soberanas para el abordaje de ese tipo de delitos. Uno de los ejemplos más flagrantes de esta vulneración soberana fue el episodio protagonizado por la agente del FBI Leslie Backschies, quien participó del entramado de criminalización del PT en Brasil que derivó en el golpe institucional contra Dilma Rousseff y la detención del ex presidente Lula Da Silva.

En octubre de 2015, un año antes del juicio político que echó a Rousseff de la presidencia, Backschies formó parte de una delegación de 17 agentes estadounidenses de diferentes agencias que participaron de encuentros con integrantes del Ministerio Público de Curitiba, refugio del juez Sergio Moro. De la comitiva estadounidense participaron fiscales del DOJ, agentes del FBI e integrantes del Departamento del Tesoro. Según conversaciones filtradas por el portal The Intercept, el cometido de las reuniones fue el armado de la acusación contra Lula, con el claro objetivo de desprestigiar al PT y, al mismo tiempo, evitar que Lula se convirtiera en candidato presidencial. La visita se organizó sin el conocimiento del Ministerio de Justicia brasileño, de la Cancillería ni de la Jefatura de Gobierno Federal, disposiciones que debían cumplirse en todos los asuntos de asistencia legal con Estados Unidos, según un acuerdo bilateral firmado en 1997.

Gracias a la labor realizada en Curitiba, la agente Backschies fue promovida dentro de la estructura del FBI y dirige –desde marzo de 2019– la Unidad de Corrupción Internacional (UCI) del FBI, con sede en Miami. Uno de los departamentos a su cargo es el Escuadrón Internacional contra la Corrupción (EIC), dedicado exclusivamente a investigar casos de corrupción en ALC. En julio de 2020, el ex Presidente brasileño declaró que detrás de la persecución a su persona había « intereses del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de las petroleras norteamericanas y de las compañías de ingeniería de ese país, que querían destruir nuestra industria del petróleo y del gas ». En otra declaración más reciente, de abril de 2021, detalló que « la Policía Federal, más el Ministerio Público, más el juez Moro eran servidores del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del FBI (Buró Federal de Investigaciones) ».

Investigaciones ilegales

En agosto de 2019 trece congresistas estadounidenses enviaron una carta al titular del Departamento de Justicia, Bill Barr, en la que le exigían una « aclaración sobre su rol en la operación Lava Jato ». « Estamos preocupados –consigna la misiva– por los indicios de la participación del Departamento de Justicia en los recientes procesos judiciales en Brasil que han generado una significativa controversia, pasible de desestabilizar la democracia de ese país ».

Una de las primeras medidas tomadas por Sergio Moro cuando asumió como ministro de Justicia, en marzo de 2019, fue firmar acuerdos de cooperación con el FBI y con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS). Dichos protocolos tenían como objeto compartir información sobre las actividades de grupos criminales y terroristas en la región, permitiendo el intercambio de oficiales para facilitar el intercambio de datos sobre amenazas en las fronteras respectivas de Brasil y los Estados Unidos. Sin embargo, las actuales investigaciones de la Justicia brasileña acusan a Moro de haber cedido documentos críticos soberanos sin haber previsto contraprestaciones. Una vez que Washington logró su cometido de proscribir a Lula, y empezó a desmoronarse la imagen del ex juez Moro –como producto de la filtración de 1.297 documentos y mensajes de Telegram–, la EIC anunció la finalización del seguimiento de la causa conocida como Lava Jato ante « los acuerdos alcanzado con la empresa Odebrecht ».

Las agencias que aplican las normativas de la FCPA son el DOJ, el FBI, la SEC (Comisión de Mercados y Valores) y el Departamento del Tesoro. De forma implícita, influyen en los operadores judiciales a través de la capacitación y la cooptación de bufetes de abogados que instituyen modelos de aplicación de leyes acordes a las exigencias de las agencias. A estos últimos se les solicita que se conviertan en informantes claves de potenciales conductas lesivas a los intereses estadounidenses en la región.

En mayo de 2016, pocos meses después del inicio de la gestión de Mauricio Macri, el DOJ y el FBI anunciaron en forma conjunta la capacitación de magistrados federales en el Sheraton Hotel de Buenos Aires. A dicho entrenamiento asistieron jueces de la Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Uno de los organismos auspiciantes fue la Organización de los Estados Americanos (OEA). La financiación total del evento corrió por cuenta de la embajada local y el único condicionamiento impuesto por la delegación diplomática fue que los partícipes fueran jueces federales.

El sistema de intervención estadounidense en ALC exhibe tres modelos yuxtapuestos :
  • Invasiones militares : República Dominicana (1904 y 1916), Cuba (1906), Nicaragua (1909, 1912 y 1926) y Haití (1915), Granada (1983), Panamá (1989).
  • Golpes de Estado militares avalados por la Doctrina de la Seguridad Nacional : Cuba (1952), Guatemala (1954), Brasil (1964), Uruguay (1973), Chile (1973), Argentina (1976), Granada (1983), Panamá (1989), Venezuela (2002) y Haití (2004).
  • Injerencia corporativa institucional (ICI), con componentes de índole jurídico-mediáticos : Honduras (2009), Paraguay (2012), Argentina (2015), Brasil (2016), Bolivia (2019).

Los nuevos modelos de intrusión se despliegan a través de lógicas radiales, articuladas por varias agencias estadounidenses en forma simultánea y convergente. Todas ellas dan lugar a una sujeción normativa orientada a descomponer las jurisdicciones tribunalicias y –al mismo tiempo– condicionar a los jueces y fiscales. El modelo no sólo interfiere directamente en la soberanía nacional sino que incursiona en la cooptación de abogados, periodistas y dirigentes corporativos que terminan interpretando las leyes locales con criterios ajenos al propio plexo normativo nacional.

En febrero de 2018, el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, aseguró que la Doctrina Monroe « es tan relevante hoy como el día en que fue escrita ». El llamado « Corolario Roosevelt », anunciado el 6 de diciembre de 1904, brindaba a Washington la potestad de intervenir en Latinoamérica y el Caribe :

« Todo lo que este Estados Unidos desea es ver a sus vecinos estables, organizados y prósperos […] pero los comportamientos incorrectos crónicos […] requieren la intervención de alguna nación civilizada, y en el Hemisferio Occidental el apego de Estados Unidos a la Doctrina Monroe nos obliga […] a ejercer un poder internacional policial »

.
Los modelos de intervención o injerencia pueden mutar. La doctrina no cambia.

Jorge Elbaum* para El Cohete a la luna

El Cohete a la luna. Buenos Aires, 16 de Mayo 2021

*Jorge Elbaum es sociólogo, Dr. en Ciencias. Económicas. Titular del « Llamamiento Argentino Judío ».

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