Confiscación del conflicto :
« Tracking prospectivo-coercitivo » o la represión « Smart »

« En cada uno de los casos los vamos a ir a buscar, lo digo muy en serio para que no se tome a la ligera » [1], declaró la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich al informar la detención de personas que habían difundido agravios contra el presidente Mauricio Macri desde las redes sociales [2].

En varios casos registrados en 2016 y 2017 se aplicó la misma mecánica : la Policía Federal identifica posts injuriantes, formula denuncia judicial por « intimidación pública » y detiene a los titulares de la cuentas de twitter. En una fase posterior, de escarnio público [3], los datos filiatorios de los detenidos y facsímiles de las presentaciones judiciales se suben a las redes sociales personales de la ministra, para saltar de allí a los medios ortodoxos.

Este artículo es un aporte a la disección de esta estrategia que denominaré de « tracking [4]. Mi hipótesis central es que la recurrencia de estos casos habla de un sistema de vigilancia estatal en redes sociales que es manifestación de un corrimiento estratégico del gobierno político de la seguridad en favor de tácticas policiales de represión del disenso originadas en el plano geopolítico cognitivo-semántico del ciberespacio [5]. Los efectos sociales reales de esta empresa disuasivo-punitiva quedan fuera del alcance del presente análisis. Sin embargo, cabe destacar que la existencia misma de este dispositivo de naturaleza cibernética [6], basado en asimetrías de conocimiento y de poder, es incompatible con las reglas que deberían regular el acuerdo entre autoridad y ciudadanía en la democracia. Como dijo Michel Foucault al cuestionar el neoliberalismo : « ahora la seguridad está por encima de las leyes » [7].

Thoughtcrimes : Orwell anacrónico

El gobierno de Cambiemos conecta, con cierta efectividad táctica, estrategias punitivas en la esfera del ciberespacio y en otros territorios de protesta social y política [8]. En los casos que dan cuenta de la existencia del sistema de tracking prospectivo-coercitivo, la recolección de información, la judicialización y los arrestos fueron desarrollados por la misma fuerza : Policía Federal Argentina.

Se pone en juego lo que Eugenio Zaffaroni denomina proceso de confiscación del conflicto, por el que la autoridad se identifica como damnificado por una acción y se adjudica la legitimidad para actuar en respuesta [9].

La dependencia a la que el poder político le encargó el « listening » del ecosistema de social media, la « División Servicios Técnicos Especiales, Oficina de Inteligencia Prospectiva », es la misma que formula luego las denuncias en sede judicial.

De esta manera una unidad inserta en la « cultura de anticipación », se constituye en eslabón privilegiado de un nuevo espacio burocrático del Estado para la identificación y persecución penal de personas. Esta área tiene por objeto la captura de datos omnes et singulatim, manifestación de un poder individualizador que recurre a tecnologías de la información y la comunicación para gobernar a los individuos de manera continua y permanente. Estas tecnologías han ido institucionalizando sus lógicas [10] en la cultura de la burocracia de Estado a los largo de los últimas dos décadas y naturalizando (ergo, invisibilizando) sus prácticas en el sentido común [11].

Es cierto, sin embargo, que la novedad de esta prospectiva aplicada a la captura en internet de voces no deseadas, se despliega más sobre una continuidad que sobre una ruptura en la tradición de las agencias de seguridad argentinas. La racionalidad que la organiza es la de la excepcionalidad [12]. Razones de índole superior a las del Estado de derecho (la seguridad nacional, generalmente) abren la caja de pandora de la teología política ; nuevamente.

De esta forma, la incertidumbre propia de la criminalidad organizada [13] es trasladada a la política, inaugurando una etapa de excepcionalidad digital-reticulada [14] y de soluciones Smart, dentro la tradición de control de flujos, orden público y territorios de la PFA.

El abordaje prospectivo aporta la focalización « del esfuerzo no en la reacción ante ciertos sucesos producidos, sino en la anticipación y la toma de medidas dirigidas a impedir que dichos sucesos ocurran » [15].

Por esa razón sostengo que la importación de prerrogativas que la criminalística utiliza en la lucha contra organizaciones ilegales y su aplicación al monitoreo de opiniones en el ciberespacio -por más desagradables que estas opiniones pudieran resultar- plantea dilemas graves al pacto democrático.

De la mano de argumentos de pretendida neutralidad técnica, se sumerge al aparato policial en una dinámica política animada por estrategias de poder, divisiones, conflictos y contradicciones que deben ser abordados por la política. La Policía Federal, por decisión de las autoridades, retoma su carácter de « multigestora y garante de gobernabilidad » [16] y acaba al servicio de una inteligencia política de facción.

Como señalé, hay en esto continuidad de un tipo de mirada (moral) sobre el desorden, el delito y la protesta política [17]. La novedad es, pues, la escala de la dimensión comunicacional de la vigilancia [18] estatal.

Las Fuerzas de Seguridad reciben un incentivo desde el vértice institucional para recoger tanta data como sea posible, con finalidad de robustecer el sistema de control, gracias, también, a que el régimen de protección de datos personales en la Argentina es laxo. En esta esfera, las normas no logran imponerse a las prácticas y dinámicas concretas del poder. Así, se integra a los arsenales de las fuerzas de seguridad una vigilancia « soft » (semántica, cultural) hibridada con una vigilancia más « dura » (estructuras « especiales » de inteligencia en la Policía Federal, detenciones).

La estrategia que completa la estrategia punitiva consiste en publicar advertencias desde las cuentas personales de la ministra y amplificarlas a través de los medios de comunicación tradicionales que siguen siendo los que, en última instancia, valorizan socialmente la información.

¿Cómo debe ser leído el epíteto ministerial entonces ? ¿En registro de una disuasión [19] de cuño autoritario tradicional ? ¿Cómo una coerción de tipo nuevo ? Esta estrategia, ¿inhibirá la acción o estimulará la resistencia a través de prácticas sociales que prevengan la atribución de responsabilidad ? ¿Cuál será el alcance de las tácticas de negociación de los ciudadanos con el Estado ante la estrategia del tracking prospectivo-coercitivo ?

Es la comunicación ¡ESTÚPIDO !

La administración nacional manifiesta una preocupación sobre riesgos que pudieran escalar desde las redes sociales. Por eso jerarquizó la unidad de inteligencia especializada de la Policía Federal al instalar una dependencia en la residencia presidencial de Olivos. Pero el core del tracking prospectivo-coercitivo descripto es más bien la visibilización didáctica del mecanismo de vigilancia. La exposición de los individuos es el corazón de la disuasión.

En esta fase de espectacularización del escarnio (ver nota 28) subyace una visión melancólica del poder estatal panóptico. Una anacronía producto de una impostación autoritaria. Martel explica que este tipo de intento de regular internet por parte de los gobiernos « revela una impotencia y un desconocimiento de las reglas de gobernanza de las tecnologías. » [20]

Se refiere a que superado el orden industrial, su persistencia en algún relato es como confusión o fantasma. Porque, en realidad, la modernidad capitalista fue desplazada por una nueva matriz informacional de vigilancia omnisciente [21]. Lo cual empuja a un replanteo teórico de los conceptos socio-políticos de Estado gendarme y de sociedad de vigilancia, hacia una alternativa integradora de ambos en la idea de la « cultura de la vigilancia » y así tratar de comprender mejor el universo de representaciones que se intenta afectar con el tracking prospectivo-coercitivo.

La amenaza explícita de « ir a buscar » (y arrestar efectivamente) a los que postulen lo no tolerado, no deja de ser nostalgia de un comando central que, en las actuales circunstancias, debe ser leído como mera expresión del orden de la propaganda, los manifiestos y declaraciones. Y el recurso a un lenguaje desencajado, en pleno imperio de un universo digital (que, como indica Soshana Zuboff, hace que el modelo de panóptico resulte prosaico) hace pensar en una estrategia de control de efectividad discutible. « No hay escape del Big Other » dice la autora, al contraponer la antigua vigilancia de Estado con el nuevo ecosistema digital fundado en un modelo tecnológico de extracción compulsiva de datos [22]. Es esta matriz del sistema social, al mismo tiempo vigilante e ineludible, es el riesgo principal de la sociedad conectada, más allá a las intenciones de la autoridad que ocupa cargos coyunturales en el aparato Estatal.

En primera persona

Sin embargo la ministra emite, advierte. Al adjudicar carácter de normalidad a un acto exagerado (ídem caso mencionado del agente Chocobar) crea un tiempo social oportuno para la práctica punitiva. La primera persona de la ministra orbita la política farandulizada [23] en un sistema político polarizado, una economía mediática concentrada y una cultura periodística uniformizada, en lo que Harcourt denomina « sociedad de exposición ».

Más allá de las alianzas y complicidades de las empresas de medios, el método escogido por el gobierno (publicar documentos y nombres en las redes sociales) establece una competencia informacional desbalanceada con los medios tradicionales, lo que termina estimulando una cooperación (donde podría haber resistencia) y amplifica el alcance de la coerción.

La disminución del tiempo para la verificación de informaciones aumenta la posibilidad de que los periodistas pasen por alto la controversia latente en materia de protección de datos personales, el derecho constitucional a una expresión libre de tutelas morales, políticas o judiciales, la equiparación de una expresión repulsiva a una amenaza de muerte real y la revelación implícita de que el gobierno dispone de una estrategia de vigilancia política, ejecutada por mecanismos burocráticos de reunión, storage, análisis y manipulación de información sobre las personas agenciada sin el consentimiento del público.

La naturalización de esta vigilancia digital y linchamiento mediático, se desagrega lógicamente de la compleja red de imaginarios y prácticas que David Lyon, sobre los pasos de Charles Taylor, califica de « cultura de la vigilancia (o de la conectividad) ». La puesta en escena responde al imperativo de todo sistema de poder : « es un dispositivo destinado a producir efectos, entre ellos los comparables a las ilusiones que suscita la tramoya teatral » señala Georges Balandier [24] ; o sea, por la manipulación de símbolos en un cuadro ceremonial.

La exhibición pública de los responsables de las presuntas amenazas es también afirmación de la autoridad que toma decisiones concretas en un contexto de excepcionalidad. Como señala Laura Lacaze, « la legitimidad de las agencias se refuerza al afirmar que estas poseen ciertos atributos de detección anticipada » [25]. La comunicación oficial de los procedimientos policiales-judiciales a través de redes sociales (twitter) sin duda ataca los derechos de privacidad, re-distribuyéndolos [26]. Podríamos afirmar que se trata de una táctica putativa de la doctrina del naming and shaming. La voz oficial subraya que determinado fenómeno merece la atención y que además es un tema indignante que amerita soluciones excepcionales.

CONCLUSIONES

El Estado argentino ha hecho saber que dispone de mecanismos de vigilancia oficiales, y otros instalados en una « zona gris », a distancia de los controles republicanos, judiciales, parlamentarios que requieren los dispositivos policiales.

Con el tracking prospectivo-coercitivo el gobierno ensaya una proyección de softpower de tipo Smart sobre la red ; proceso/process [27] enmarcado en un mecanismo superior de asociación estratégica con las grandes corporaciones de tecnología de la comunicación. [28]

La vigilancia/control, como vimos, es la matriz misma de las tecnologías que sostienen la socialidad reticulada [29] de la segunda modernidad. Pero, además, los casos analizados dan cuenta de una economía de vigilancia estatal con fines de disciplinamiento social de tipo autoritario.

El tracking prospectivo-coercitivo se funda en la extracción de datos a través de mecanismos ignorados por el público, en colaboración con las Big Tech con las que el gobierno ha suscrito acuerdos estratégicos.

La existencia de esa arquitectura de vigilancia de redes sociales, la constitución del aparato de coerción en iniciador del proceso de persecución penal y que al mismo tiempo se yergue como actor punitivo-moralizador al encarar en primera persona la comunicación de las acciones restricción de la libertad de los acusados, debería activar alarmas sobre el funcionamiento del estado de derecho en la Argentina.

Porque, en este contexto, la palabra en primera persona de la autoridad conecta el universo online con el de los medios tradicionales (TV y periódicos) donde es validada y amplificada. Y entonces el relato ejemplificador adquiere forma de revancha política. Se podría aventurar que la táctica empleada tiene « menos necesidad de reprimirnos que de angustiarnos (…) de administrar y organizar nuestros pequeños miedos », como sostenía Gilles Deleuze. [30]

Quizás la emergencia de un tracking prospectivo-coercitivo hable de impotencia antes que de prepotencia. Más aún, en plena segunda modernidad de redes digitales en la que el Estado ya no es soberano, sino un protagonista más con capacidad de influir acotada dentro de una net infinita.

Las intenciones disuasivas restringirán más o menos determinadas estrategias discursivas. Martel enfatiza que « en muchos aspectos, internet puede dar poder a los individuos en vez de privarlos de él » [31] Porque la ciudadanía vive en internet de maneras sumisas y también subvertidas. Es probable entonces que estrategias impulsadas por una voluntad de control, pierdan vigor en algunas esferas culturales del mundo reticulado por más que las agencias de coerción hayan avanzado de manera inédita sobre las libertades ciudadanas.

Jesús Martín-Barbero proponía allá por 1987 fijarse en los « conflictos que articula la cultura, los mestizajes que la tejen y las anacronías que la sostienen y del modo en que trabaja la hegemonía y las resistencias que moviliza, del rescate, por tanto, de los modos de apropiación y réplica de las clases subordinadas. » [32].

Es de esperar que las políticas oficiales promuevan, sin desearlo, respuestas más eficaces para evadir sanciones (camuflage social) y se afirmen los imaginarios colectivos que sostienen que el gobierno de Cambiemos sufre espasmos autoritarios o poco tolerantes con las voces disonantes.

Y podría ser que el avance sobre la libertad de expresión, la homologación jurídica de injuria con amenaza, la consagración de un régimen de excepción basado en juicios morales, termine acarreando en el futuro consecuencias jurídicas reparadoras de derechos.

Hay luz al final del túnel en la medida en que el debate salga del círculo áureo de la academia y logre colarse en la agenda púbica. David Lyon, padre de la reflexión sobre los riesgos de la vigilancia para la democracia, propone encender una débil luz antes que maldecir en las tinieblas : impulsar una agenda política para imponer una ética de la vigilancia, en vez de entregarse a visiones en las que la matriz tecnológica impone determinaciones insalvables o limitarse la denuncia de la descomposición de la privacidad como la conocemos hasta ahora.

Diego Llumá

Cuadernos del CEL, 2018, Vol. III, Nº 5 Págs. 17-27. ISSN : 2469-150X