El Correo

HondurasLo que el golpe nos dejó

Ismael Moreno * — 2010-08-23T17:20:49Z

Las elecciones y el nuevo gobierno no han resuelto la crisis causada hace un año por el golpe de Estado. Han contribuido a ahondarla. Lobo no tiene el poder real, y aunque quienes lo tienen y siempre lo han tenido se afanan por buscar soluciones a la crisis, ninguna responde a una sociedad que quedó convulsionada por el golpe. ¿Qué futuro tiene el Frente de Resistencia ? ¿Qué debate es necesario hoy en Honduras para encontrar una salida, para lograr una nueva Constitución, que refleje un nuevo pacto social ?

La propuesta de gobierno que encabeza Porfirio Lobo Sosa contiene todos los dinamismos desestabilizadores que estuvieron presentes en el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Por mucho que se quiera hacer ver lo contrario,
y a pesar del desmarcaje que el gobernante se esfuerza en establecer en relación con el régimen golpista,
en lugar de ruptura hay continuidad.

¿QUIÉN TIENE EL PODER REAL ?

Todas las señales apuntan a mayor inestabilidad. La denuncia de un complot para defenestrar a Lobo, que hizo pública el propio Presidente antes de salir hacia Sudáfrica a dar su respaldo a la selección nacional en la Copa Mundial de Fútbol, fue una señal alarmante. Hoy, más que nunca antes, el poder real ha dejado de residir en Casa Presidencial, y la reducida cuota que ese poder real le ha reservado al Ejecutivo no llega a ser suficiente para negociar las decisiones políticas fundamentales del país. El deslizamiento del poder resulta evidente. Más que ser concentrador, el Estado se ha convertido en referente o argumento de un poder que se ha deslizado hacia otros escenarios.

En el momento más agudo del conflicto en la región del Aguán, el empresario Miguel Facussé fue quien logró desplazar hacia allí a la policía, al ejército, a la naval y hasta a la fuerza aérea. Empresarios y organizaciones campesinas negociaban y quiso hacerles sentir quién tiene el poder.

El poder real reside actualmente en sectores empresariales y políticos, que lo ejercen con mecanismos e instancias no formales, capitalizado a su favor la institucionalidad formal del Estado. Las principales decisiones políticas y económicas que actualmente se implementan no pasan ni por los partidos políticos ni por los gremios empresariales, mucho menos por las instituciones del Estado. Una consecuencia decisiva del golpe de Estado fue reducir a escombros una institucionalidad que ya era precaria. Haberle dado carta de ciudadanía a los poderes fácticos con el golpe les permite ejercerlo hoy sobre la sociedad con los únicos instrumentos que en la actual inestabilidad resultan convincentes : la violencia y la muerte.

UN ACCIDENTE CON LA MARCA MICHELETTI

Los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- que formalmente escuchamos decir configuran un Estado de Derecho son utilizados por cada grupo de poder al servicio de sus “fincas” particulares, convertidas, de hecho, en pequeños gobiernos con importantes cuotas de autonomía.

Un ejemplo. El sábado 5 de junio, a pocos minutos de las 5 de la mañana, un accidente de tránsito en la ciudad de El Progreso, en el valle de Sula, en el norte hondureño, dejó un saldo de un muerto y tres heridos muy graves.
Un accidente más, de ésos que ocurren con frecuencia por las pocas señalizaciones. La diferencia fue que el provocador del accidente venía muy borracho -previsiblemente drogado-, había salido de un bar exclusivo, iba a exceso de velocidad y antes de provocar el accidente ya había irrespetado dos señales de alto. A pesar de todas estas evidencias, la ley estableció que el accidente fue provocado por otra persona distinta a la que venía conduciendo, que el vehículo, propiedad del Estado, estaba cumpliendo su misión de hacer rondas, y que el muerto y los heridos fueron víctimas de su propia irresponsabilidad.

El hecho quedó en la impunidad y quedará en el olvido. Los familiares de las víctimas no pueden hablar. Y nadie tiene capacidad de hacer valer otra verdad que la oficial, porque la Policía -Poder Ejecutivo- los diputados del departamento -Poder Legislativo- y los jueces -Poder Judicial- ya dieron su veredicto inapelable. La razón : el motorista que provocó el accidente es Aldo Micheletti, hijo de Roberto Micheletti Baín, quien conserva una cuota de poder suficiente para garantizarse toda una vida en impunidad y para asegurársela a los suyos y a sus allegados.

¿POR QUÉ MATAN PERIODISTAS ?

Es en este mismo marco en donde hay que situar y explicar el asesinato de nueve comunicadores sociales en tan poco tiempo, algo inusual en otros graves contextos de violencia, Colombia o el Medio Oriente.

Estos asesinatos no tienen como patrón el querer golpear la resistencia al golpe de Estado. Se explican por los caprichos de muchos poderes dispersos, cada uno con capacidad de tomar decisiones con un importante grado de autonomía. En el actual contexto hondureño, no existe ningun poder con capacidad de controlar esas decisiones, tomadas en cualquier localidad.

Cualquier noticia que difunda cualquier comunicador social está sometida al escrutinio arbitrario de poderes que, de hecho, se sitúan por encima o al margen del derecho y de los poderes públicos formales. Son estos poderes dispersos los que sancionan lo que se dice desde los medios de comunicación. Son estos poderes los que ejercen la justicia con la ley del más fuerte. Y la sanción no tiene términos medios : se paga con la vida.

Esto es lo que en sentido estricto se llama ingobernabilidad. Y no hay en Honduras señales de que por la vía del tradicional control del Estado y de la economía, las reducidas élites políticas y empresariales, estén en disposición de enrumbarse hacia una ruta de salida. Tras varios meses de soportar el rumbo errático de tantos poderes dispersos, y con la violencia como único referente para dirimir conflictos, en lugar de resolverse la crisis causada por el golpe, las elecciones y el nuevo gobierno,
han contribuido a ahondarla.

¿QUÉ LE EXIGEN A LOBO ESTADOS UNIDOS Y EUROPA ?

El gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea han decidido jugar su suerte con el régimen de Lobo Sosa. “Es lo único que tenemos” : así lo reconoció un embajador europeo. Demandan de Lobo garantías para que la Comisión de la Verdad cumpla con su misión y condiciones mínimas para el respeto a los derechos humanos. También le demandan el retorno de Zelaya.

El gobierno de Estados Unidos va más allá. Busca que se consolide el régimen de Lobo y se estabilice la situación política. Su apuesta es lograr una transición moderada, que vaya consolidando su proyecto latinoamericano : “democracias autoritarias” que garanticen la inversión de las corporaciones y que contrarresten el bloque liderado por Hugo Chávez.

LOBO NO PUEDE

A pesar de estos cheques en blanco, el régimen de Lobo no tiene capacidad de responder a los requerimientos de Estados Unidos ni a los de Europa porque está atrapado de sus propias contradicciones. Necesita reconocimiento internacional y sabe que para lograrlo deberá cumplir con lo que le demandan los gringos y los europeos, pero su extrema debilidad no soporta la presión de los sectores del poder real, golpistas de pura cepa, de los que recibió un gran respaldo para lograr la Presidencia de la República.

Éstos le exigen que no haga ninguna concesión que cuestione el control que ejercen sobre el Estado. Y mientras Lobo se esfuerza en ganar reconocimiento y gringos y europeos hacen lo que pueden para sacar adelante su apuesta por Lobo, el piso hondureño es serruchado a diario por esas pocas familias que no ven más allá de sus ganancias y que, a pesar de su mezquindad, cuentan con el respaldo de la derecha extremista del continente.

Por el rumbo errático actual, el país no parece apuntar a otra salida que no sea la violencia. Parece tratarse de una trama de violencias que cruza toda la sociedad, aunque sin hilos de autoridad nacionales que la sostengan. Por eso, los costos sociales, sobre todo en muertes y destrucción, serán cada vez más crecientes y con consecuencias incalculables.

ATRAPADOS EN UNA PELIGROSA ENCRUCIJADA

Los actuales hechos de esta violencia son apenas pequeños avances de lo que puede ocurrir de seguir por la actual ruta. Todos los signos parecen anunciar el descalabro del modelo bipartidista y el umbral de un nuevo período político. El modelo sostenido por un reducido grupo de familias acaudaladas no sólo no puede resolver el asunto fundamental de la inequidad y la ingobernabilidad. En el actual contexto sólo puede continuar a costa de mayores trampas y produciendo cada vez más violencia y más inequidad.

Honduras está hoy atrapada en la encrucijada más peligrosa de su historia moderna. Ingobernabilidad o destrucción : ése es el dilema que hoy enfrenta la sociedad hondureña. Y si ya estamos experimentando las consecuencias a las que nos conduce este modelo excluyente y elitista, hemos de apostar por otro camino. La tarea histórica es diseñarlo. Lo llamamos “Nuevo Pacto Social”. Sus trazos quedaron perfilados en una edición anterior de Envío. Uno de sus componentes es la construcción de un nuevo sujeto político y social que conduzca e impulse una democracia participativa luchando por la soberanía sobre nuestro patrimonio nacional -recursos naturales y tierra-, por la dignidad humana garantizando los derechos, humanos, sociales, étnicos, de género y de organización, y luchando por las transformaciones jurídico-institucionales a partir de una Nueva Asamblea Nacional Constituyente, representativa de toda la nación, que redacte la Constitución que exprese ese nuevo pacto social para el siglo 21.

Todas las transformaciones que encarnen el camino que salve al país del despeñadero sólo pueden impulsarse desde un sujeto político y social que en el actual contexto no acaba de alcanzar un perfil con capacidad conductora y aglutinadora. Ése es, sin duda, uno de los mayores desafíos que debían enfrentar los diversos sectores de la sociedad que rechazan la propuesta destructiva de las élites empresariales y políticas. ¿Cómo hacerlo ? Iniciando un debate constructivo y propositivo.

FRENTE DE RESISTENCIA : TRES POSTURAS

En el debate actual, los sectores populares que resistieron al golpe de Estado se encuentran ante un Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), cuya identidad se estaría definiendo a partir de tres posturas. La primera, un FNRP que sea básicamente correa de transmisión de los liberales seguidores de Zelaya. Éstos buscan convertir toda la fuerza de la resistencia en un factor que les permita recuperar el Partido Liberal, para desde allí apostar a un proceso electoral y a un triunfo en las urnas. Retomarían así desde el gobierno las transformaciones que quedaron truncadas con el golpe de Estado.

La segunda, un FNRP convertido en partido político, distinto a los cinco existentes. Aglutinaría a los sectores opuestos al golpe de Estado, incluyendo a liberales y nacionalistas desencantados con sus cúpulas. Este nuevo partido participaría con éxito en las próximas elecciones. La tercera, un FNRP convertido en un frente social amplio. Su fuerza política no estaría en su identidad partidaria, sino en su identidad de movimiento social aglutinador de diversas fuerzas. Tendrían cabida en él hasta partidos o corrientes de partidos que participen subordinados a líneas nacionales, siempre que no estén sometidos a grupos particulares. Participar en procesos electorales sería una opción importante, pero no la única, ni siquiera la decisiva. La participación sería con candidaturas independientes o surgidas de alianzas con partidos de izquierda -si es que llegasen a existir-, pero sin perder nunca la independencia y la autonomía de un frente político amplio.

EL DEBATE QUE ESTAMOS NECESITANDO

En el actual contexto de debacle del modelo económico y político de la oligarquía una de las preocupaciones políticas fundamentales para los sectores populares es si existe o no la capacidad y las condiciones subjetivas para iniciar un debate abierto, constructivo, propositivo, transparente, franco y tolerante al interior de los diversos sectores que se agrupan o se sienten representados en el FNRP. Un debate que debería conducir a convertir al FNRP en una instancia nacional con capacidad para capitalizar la crisis de ingobernabilidad, haciendo de ella una oportunidad que abra puertas a un período de democracia participativa durante las próximas décadas.

Existen limitaciones propias en el análisis de los sectores populares hondureños : tienden a dejarse llevar por consignas
y viven atrapados en un entusiasmo sin sustento y en acciones movilizadoras continuas y sin reposo, como si,
en sí mismas, consignas y movilizaciones acumularan de forma mecánica fuerza política y condujeran a soluciones mágicas. El contexto de convulsión tras el golpe de Estado contribuyó enormemente a acentuar estas tendencias. También, a la polarización y a la intolerancia al interior de los diversos sectores populares que se agruparon en el FNRP.

SALIR DEL ESQUEMA GOLPISMO / ZELAYISMO

La carencia de una visión estratégica y la dosis muy reducida de tolerancia y de profundidad en el análisis para lograr una lectura adecuada de la realidad histórica -abunda la lectura de folletos petrificados-, ha acentuado desconfianzas, descalificaciones, aversión a los análisis y al debate. Se usa hoy la expresión “golpista” para rechazar cualquier expresión o postura que no sea la que dicte la consigna o que se salga del esquemam maniqueo “golpismo / zelayismo”.

Quien grita más o quien insulta más a los “enemigos” cree tener mayor liderazgo en esta coyuntura en la que el sosiego, el debate, el análisis, la búsqueda de claridad, la tolerancia en la diversidad y la construcción de pensamiento político son fundamentales para definir el camino hacia la construcción de un verdadero poder popular que llene el vacío que ya no logran ocupar con éxito los grupos oligárquicos.

URGE UN NUEVO PACTO SOCIAL

Construir ese sujeto político y social es objetivo esencial en el actual contexto de ingobernabilidad. Las condiciones políticas y la correlación de fuerzas al interior de los grupos de poder que han liderado el Estado y la vida del país dan señales evidentes de un desplome que parece irreversible. Aunque los sectores oligárquicos se afanan por buscar soluciones a la crisis, todas sus propuestas se inscriben en la lógica de adecentar el pacto social de comienzos de los años 80, sin reconocer la inviabilidad de esa propuesta en una sociedad convulsionada por el golpe.

Altos dirigentes empresariales y políticos se esfuerzan en hacer cambios, pero sin cambiar la lógica de la acumulación, generadora de inequidad y de violencia. No existe en ellos capacidad ni voluntad política de abrirse a una nueva lógica que signifique sacrificar privilegios, que cuestione el modelo de acumulación, que abra a Honduras a una búsqueda de nuevas opciones con todos y para el bien de todos.

Las condiciones objetivas están dadas para un cambio de rumbo. Sin embargo, ¿quiénes liderearían ese viraje ? ¿Tienen los sectores populares madurez política, ideológica, cultural y ética para conducir un proceso de “refundación”, como le llaman al interior de los sectores reunidos en la resistencia ? ¿Para construir un nuevo pacto social, como le hemos venido llamando desde nuestro análisis ?

CON DEBATE, SIN PREJUICIOS EN TEGUS Y MÁS ALLÁ

Diez sugerencias tendrían que tener en cuenta las dirigencias y participantes de los sectores populares para asumir en serio el monumental desafío actual :

– Situarnos en estado de debate, aceptando que en un proceso de búsqueda nadie tiene toda la verdad y nadie está en un completo error. -Reducir los prejuicios, descalificaciones y estigmatizaciones que en la historia de la izquierda y del movimiento popular hondureño nos han dejado daños a veces irreparables y heridas que con el correr de los años siguen abiertas.

– La gente que vive y se organiza en Tegucigalpa no puede adjudicarse el derecho de conducir el proceso y de tomar decisiones en nombre de todo el movimiento popular o de la resistencia de toda Honduras. Tampoco las organizaciones populares de otras regiones del país deberán estar ausentes de la capital. Es allí donde está el centro neurálgico de la política y allí deberán articularse y coincidir las acciones políticas que se desarrollan en todo el país.

– Evitar prácticas que parezcan excluyentes, vanguardistas, iluminadas, superiores o de menosprecio hacia ciertos sectores de la sociedad. La inclusión, la horizontalidad y la complementariedad en la participación contribuirán a la confianza y a un ambiente constructivo.

NO A LA “PUREZA” Y SÍ A LA DIVERSIDAD

– Las organizaciones populares no son más relevantes o valen más porque tienen más antigüedad o porque han ofrecido más mártires a la causa. Tampoco las ONG tienen derecho a imponer sus agendas porque financian encuentros y movilizaciones. Tampoco los gremios son vanguardia de las luchas ni las organizaciones comunitarias pueden ser sólo relleno, sirviendo sólo para poner gente en las calles. Tampoco las organizaciones de profesionales son menos porque no son obreras o porque sus miembros tienen mejores salarios. Todas, todos, tienen capacidad de aportar, desde su especificidad. Todos, todas son complementarias a partir de la diversidad de pensamiento, antigüedad, composición, género y cultura.

– No podemos calificar la “pureza” popular o revolucionaria de una persona porque repite y es fiel a consignas
y porque no se sale del molde que han establecido unos cuantos dirigentes. La pluralidad y diversidad en el pensamiento sólo puede enriquecer la lucha. A nadie se le debe excluir, descalificar o negar su presencia
en el proceso por expresar disensos. El pensamiento único y las concepciones teóricas “puras” ya no tienen cabida en el actual desarrollo de las ideas y en la cultura del siglo 21.

OJO CON LOS PARTIDOS

– Debemos evitar la injerencia y control de los partidos políticos, cualquiera sea su orientación ideológica, sin negar por ello que sus dirigentes puedan participar en el debate, siempre que no hayan participado en actos públicos y evidentes de traición a la soberanía, que hayan contribuido a entregar nuestros recursos naturales y la tierra de nuestro país a consorcios extranjeros o hayan participado en evidentes actos de corrupción con los bienes públicos. Debemos también evitar la injerencia de líderes o sectores religiosos o empresariales. No negarles la participación, pero incluirlos siempre en igualdad de condiciones con los demás y siempre que no estén evidentemente vinculados a actos de dirigentes de partidos políticos responsables de la actual crisis.

CON LOS INTELECTUALES Y CON LA JUVENTUD

– Busquemos los aportes y testimonios de personas y organizaciones de otros países para enriquecer nuestro debate, siempre que no sean imposiciones, buscando trasladar mecánicamente a la realidad hondureña las peculiaridades de otros procesos.
– No desestimemos el aporte de los intelectuales en este debate. El aporte de la investigación en la economía, la sociología, la historia, la antropología y otras ramas del quehacer intelectual es necesario para la lucha y la construcción de propuestas. Esos aportes no son verdades a seguir, no son dogmas. Ni los intelectuales deben menospreciar la lucha y los aportes de los dirigentes populares ni éstos despreciar el aporte teórico de los intelectuales. Necesitamos “intelectuales orgánicos”, como los llamaba Gramsci en las luchas del siglo 20.

– El aporte de la juventud, muchachas y muchachos, es esencial en esta hora. En todos los campos, las actuales dirigencias deberían convertirse en “puentes” que van abriendo paso para que emerja la juventud, con nuevas ideas y nuevos liderazgos. Contribuir a que el sujeto político y social esté liderado por una nueva generación comprometida con la transformación o “refundación” de Honduras es un factor “revolucionario”.

Una revolución es lo que necesitamos hoy, cuando la reducida élite que propició el golpe y que conduce el post-golpe está perdiendo capacidad para dar continuidad a su “pacto” desde arriba y sólo para los de arriba.

Tueries dans les prisons du Honduras : Reflet d'une crise sociale et politique.

Ismael Moreno * — 2006-03-01T09:48:44Z

Que fera, que voudra bien faire, ou que sera en mesure de faire le nouveau gouvernement, dirigé par Manuel Zelaya, face à la crise du système judiciaire, l'impunité institutionnalisée, le vaste pouvoir du crime organisé et la rébellion d'une jeunesse mise à l'écart, et de plus en plus regroupée en bandes ? Toutes ces expressions de la crise politique et sociale hondurienne ont leur reflet macabre dans les tueries toujours plus fréquentes qui ont lieu dans les prisons du pays.

Au soir du 5 janvier 2006, de nouvelles tueries ont eu lieu au Pénitentiaire National de Tamara. Treize détenus ont été assassinés et l'un d'entre eux a été gravement blessé. Tamara est une communauté rurale à douze kilomètres du nord de Tegucigalpa. Elle a été sélectionnée pour être le siège du centre pénal le plus important du Honduras, en remplaçant ainsi l'ancien Pénitencier central, situé au centre de Tegucigalpa, et qui a été détruit par l'ouragan Mitch en 1998.

Crise pénitentiaire, crise nationale

Depuis ces faits sanglants, certains détenus ont été transférés hors de leurs cellules et un détachement policier s'est occupé de surveiller les abords du Pénitencier National, par crainte d'une émeute et de nouvelles violences. Les autorités du Pénitencier ont désigné, comme cause probable de la tuerie, le conflit pour le contrôle du pouvoir et le trafic de stupéfiants à l'intérieur du centre pénitencier. Un gardien-chef du Pénitentiaire a déclaré que les détenus qui avaient été assassinés constituaient un échantillon des criminels les plus dangereux du pays, qui couvraient tous une peine pour des délits graves : viols, homicides, vols et trafics de drogues. Des médecins légistes du Ministère de la Santé Publique ont pratiqué l'autopsie des treize cadavres, mais pour le moment, leur rapport n'a pas été rendu public. Le 6 janvier, le Président Ricardo Maduro a ordonné la mise à l'index du directeur du Pénitentiaire, l'inspecteur de police Marvin Rajo, et la destitution du chef de la sécurité du département de réclusion, Domingo García. Mais sans préciser si sa décision était fondée sur une recherche approfondie des faits, ni pourquoi la sanction ne touchait que ces deux fonctionnaires. Le Président a demandé au Congrès l'approbation urgente de la Loi sur le Système Pénitentiaire et a annoncé qu'il allait nommer une Commission de Contrôle du Système Pénitentiaire. Une décision du Pouvoir Exécutif pour fuir ses responsabilités ? En réalité, la crise du système carcéral implique d'autres institutions et d'autres individus, intimement reliés en un nœud complexe de relations qui met en doute l'éthique du système judiciaire dans son entier et remet en question la légitimité de l'Etat dans ce domaine. La corruption institutionnalisée, l'impunité, la partialité des institutions judiciaires et la mise en place d'une politique de terrorisme institutionnel ressortent parmi les causes le plus souvent signalées par de nombreuses personnalités indépendantes et par des organismes de défense des droits de l'homme, dans l'analyse de cette crise.

Antécédents

Au cours des sept dernières années, environ 200 détenus sont décédés de mort violente en prison, dans trois des villes les plus importantes du pays. La première tuerie en date s'est produite en novembre 1999, lorsque 11 jeunes membres d'une bande ont péri et 31 ont été blessés, après s'être affrontés les uns les autres, avec des armes blanches, dans la prison de San Pedro Sula. La seconde - qui n'a pas été tirée au clair - s'est déroulée en mars 2003. 7 autres membres d'une bande de jeunes, « la mara MS » y ont trouvé la mort, par intoxication. La troisième, qui a eu lieu en avril 2003, a eu pour cadre la ferme-prison « El Porvenir » ; Bilan : 69 morts et 39 blessés. Ses causes n'ont pas été non plus élucidées, bien que certains indices pourraient faire penser à un acte prémédité. La quatrième tuerie, tout aussi inexpliquée, et qui fut la plus sanglante, s'est passée en mai 2004. 105 membres de bandes y ont trouvé la mort, dans l'incendie du pavillon où ils étaient détenus, et 9 en sortirent blessés. Tous étaient membres du gang « La Mara 18 ».

Autres faits sanglants

Selon le rapport annuel de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, l'année 2003 s'est conclue avec 89 victimes mortes dans les centres de détention, et en 2004, on a dénombré 155 morts violentes et cinq disparitions dans les centres de réclusion. La tendance s'est maintenue durant les premiers mois de l'année 2005. Jusqu'au 9 mai, il y a eu 13 victimes mortelles pour le seul Pénitencier National, où a eu lieu la dernière tuerie. Les bagarres dans les prisons sont encore plus nombreuses en cas de troubles ou d'événements en rapport avec les conditions d'incarcération exécrables de la plupart des détenus. Un décompte plus précis des conséquences de ces faits devrait inclure également : divers incendies qui ont ravagé les prisons de Santa Barbara, de Copán, et en partie celui de Trujillo ; des émeutes dans les prisons de Danlí y Olanchito, et des tentatives d'insurrections en celles de Tela et de Gracias a Dios ; des incidents similaires à la fin de l'année 1998, à Tegucigalpa et en l'an 2000, à San Pedro Sula ; le conflit qui a fait un mort et 11 blessés au Pénitencier de Támara en juillet 2003 ; les 2 morts et les 9 blessés dans une maison d'arrêt de Tela en mars 2003 ; ce à quoi il faut ajouter les crimes qui ont eu lieu à la maison d'arrêt de Tela en mai 2002. Et toutes ces tueries ont en commun que dans chacune, les autorités judicaires, policières et d'investigation n'ont pas éclairci réellement les faits, ni identifié, inculpé ou jugé les auteurs matériels de ces faits matériels ou intellectuels. La version officielle est presque toujours la même : on fait porter la responsabilité aux seuls détenus, pour leurs disputes internes de jeunes membres de gangs. Le schéma des tueries - de la première à la dernière tuerie, qui s'est produite en janvier 2006 à Támara - est sensiblement le même d'une fois sur l'autre : armes de tous types aux mains des détenus ; trafic de drogues dans l'enceinte de la prison et complicité du personnel pénitentiaire avec les détenus.

Des prisons en profonde crise de légitimité

Une enquête menée par l'Equipe de Réflexion, de Recherche et de Communication (ERIC-SJ), sous l'égide de l'Apostolat Social d'Amérique Centrale de la Compagnie de Jésus, a démontré que les 24 maisons d'arrêt du système pénitentiaire du Honduras connaissant de graves difficultés, des restrictions importantes et se trouvent plongés dans une profonde crise d'organisation et de légitimité. Les résultats de notre investigation ont été révélés en octobre 2005 devant la Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme (CIDH), à Washington. Le rapport souligne l'existence d'une surpopulation dans les prisons du pays, l'inefficacité du système carcéral, le délabrement des centres pénitentiaires, les mauvais traitements et le trafic de drogues qui s'y produisent, tout comme l'insuffisance de la prestation des services de santé, d'alimentation, d'éducation et de récréation, ainsi que la prépondérance de la violence et de la corruption en prison. Le lendemain de la tuerie de janvier 2006, la CIDH a émis un communiqué dont le contenu révèle que les centres de détention du Honduras présentent les mêmes faiblesses qu'avaient déjà signalé auparavant la CIDH, l'ERIC-SJ et d'autres organisations de la société civile honduriennes, et que l'Etat hondurien n'a adopté aucune des mesures suggérées pour améliorer la situation.

Tout a commencé dans les années 80

La crise du système carcéral est un miroir qui reflète bien la crise politique nationale. Depuis la transition démocratique, qui a débuté en 1980, le système juridique et politique de Honduras a été affaibli, faute d'une véritable séparation de pouvoirs de l'Etat. Le Pouvoir Exécutif domine les Pouvoirs Législatif et Judiciaire, consommant ainsi peu à peu leur autonomie. Cette domination reflète la structure hiérarchique - autoritariste et élitiste - qui régit la société hondurienne, ainsi que les inégalités qui minent les relations sociales des honduriens. Depuis la décennie des années 80, le Pouvoir Judiciaire traverse une crise de légitimité. Dans un premier moment, pour son incapacité à prendre en charge, d'un point de vue judiciaire, les protestations populaires et la radicalisation de certaines organisations politiques à la recherche de transformations sociales de fond. Dans cette décennie, le Pouvoir Judiciaire a été supplanté par le pouvoir exercé par les militaires, principaux responsables, par ailleurs, de la disparition d'environ 200 personnes, pour des raisons politiques, effet direct de l'application de la politique répressive de la Doctrine de Sécurité Nationale. Cette doctrine s'est concrétisée par la Loi Antiterroriste, conçue et appliquée en marge des garanties constitutionnelles, substituant ainsi la fonction des autorités judiciaires. Au cours de ces années, les violations des droits de l'homme se sont vues justifiées par la nécessité « d'extraire le cancer révolutionnaire », tel que l'on l'ont conçoit désormais l'extermination des "maras" c'est-à-dire, comme un acte de « nettoyage social ».

Une loi antiterroriste semblable à la loi "antimaras"

La Loi Antiterroriste d'il y a quelques années et l'actuelle "Loi Antimaras" se ressemblent et sont formés sur le même schéma. Elle consiste à identifier un « ennemi social », à promouvoir la lutte menée à son encontre, et à justifier l'investissement des ressources de l'Etat dans le renforcement des institutions chargées de conduire des missions qui vont dans ce sens. Dans les années 1980, on a justifié la "militarisation" de la société en prétextant la lutte contre le « communisme » et la « révolution » par les militaires. Pour sa part, la "Loi Antimaras" contribue à renforcer l'image des institutions policières et du Secrétariat de Sécurité, alors qu'elle tend à faire de la mauvaise publicité au système pénitentiaire. Pendant les années 80, la lutte contre « le communisme » a été essentiellement incarnée par le général Gustavo Adolfo Álvarez Martínez. Dans l'administration du président Maduro, c'est le ministre de la sécurité, Óscar Álvarez, et le président du Congrès Porfirio "Pepe" Lobo - vaincu par Manuel Zelaya dans les élections de novembre 2004 - qui ont incarné la lutte menée contre les "maras". Les organisations de défense des droits de l'homme ont condamné dans les années 80 l'existence de prisons clandestines qui occultaient la responsabilité de l'Etat dans la disparition de personnes. Le système pénitentiaire actuel n'a plus rien de clandestin, mais donne une bien mauvaise image de lui à cause des actes illicites perpétrés dans l'enceinte de ses établissements. La Loi Antiterroriste et la Loi Antimaras partagent d'autres points communs en matière de réponses de l'Etat à la crise sociale. Elles se basent toutes deux sur l'utilisation de la force au moyen d'un contrôle institutionnel de l'Etat. Cela générait et génère toujours dans la population un climat de tension, de peur, d'inquiétude et de méfiance. Un autre point commun, c'est, dans l'une comme dans l'autre, le manque de consensus social et politique pour leur approbation et leur application. Pour cela, au lieu de contribuer à fournir une solution à des difficultés sociales, ces deux lois sont devenus un problème de plus à la crise actuelle.

Un pouvoir judiciaire rongé par l'impunité

Le rôle principal joué par les militaires honduriens pendant la crise centre-américaine des années 80 a mis en doute le système judiciaire du pays, a contribué à jeter les bases de l'impunité, a remis en cause la validité des lois et a subordonné à son contrôle le Pouvoir Judiciaire. Dans les années 90, ce système d'impunité a alimenté de la corruption administrative et de "col blanc", envahissant ainsi toutes les sphères du pouvoir, avec des critères nouveaux dans la gestion de l'économie et de la société. Les scandales liés à la corruption institutionnelle ont affaibli encore plus le Pouvoir Judiciaire, qui, jusqu'à présent a été incapable de condamner les « cols blancs » compromis dans des affaires de corruption et de mettre de l'ordre dans la gestion publique. Malgré les réformes modérées qu'il a instituées pour corriger le tir, le Pouvoir Judiciaire est entré dans le XXI ème siècle en accusant de nombreuses difficultés et une vulnérabilité bien supérieure aux faiblesses que l'on peut observer dans les autres pouvoirs de l'Etat. Cela a eu pour effet la méfiance témoignée par la majorité de la population à l'encontre des institutions judiciaires du pays, ainsi qu'à l'encontre des fonctionnaires de la justice et du système pénitentiaire. L'érosion du Pouvoir Judiciaire est une des causes les plus solides de la crise actuelle du système carcéral national.

Les intérêts bipartites : le revers de la médaille

Les faiblesses du Pouvoir Judiciaire correspondent également aux caractéristiques voulues par la transition démocratique dans les années 80. Depuis qu'en 1979, les Forces Armées ont annoncé leur décision d'abandonner le pouvoir, le retour de l'ordre constitutionnel est revenu aux mains des deux grandes formations politiques traditionnels : le parti Libéral et le parti National. Chacun accepta également la représentation des groupes corporatifs et des puissants intérêts privés au sein de l'état, avec une forte influence sur les dirigeants de ces deux partis. Le Pouvoir Judiciaire s'est ainsi trouvé otage de ces intérêts politiques, présents aussi bien dans la finance que dans l'industrie, le commerce ou l'exploitation des ressources naturelles, pour ne mentionner que les secteurs économiques reconnus comme légaux. Les deux partis politiques traditionnels - dénués de toute éthique et de toute morale - s'emparèrent ainsi du Pouvoir Judiciaire, et déterminant ainsi son fonctionnement et ses décisions. Ils placèrent au pouvoir de cette instance des personnes au service des intérêts corporatifs du patronat et de ses représentants. Jusqu'à l'an 2000, les magistrats de la Cour Suprême de Justice étaient nommés par les dirigeants partisans, représentés au Congrès, sans autre condition requise que cette défendre ces intérêts. En décembre 2000, el Congrès a approuvé un décret qui établit la nomination d'un Comité de Nomination chargé de sélectionner des candidats à la Magistrature de la Cour Suprême de Justice. Il est inimaginable que le bipartisme politique ne cesse d'ingérer dans le Pouvoir Judiciaire. La manipulation a régné tellement longtemps que cela a fini par corrompre totalement le système pénitentiaire au cours des deux dernières décennies. Voilà la vraie raison occulte des tueries qui ont lieu dans les prisons du pays.

Bilan amer : pauvreté, émigration, "maras"

La transition démocratique a coïncidé avec l'arrivée du néolibéralisme comme paradigme social instauré officiellement depuis le début des années 90, grâce à des décrets et des ajustements structurels de l'économie. Le paradigme de la société néolibéral va au-delà d'objectifs strictement économiques. Il conditionne la vision que ses défenseurs ont du monde, de la société et de la culture. C'est une idéologie qui privilégie les intérêts matériels, le profit et l'exploitation démesurée des ressources au bénéfice de quelques petits groupes qui ont la capacité de les exploiter matériellement. En privilégiant les intérêts des élites et en transformant toute chose en marchandise, le néolibéralisme favorise l'essor de l'individualisme, générateur de toutes sortes d'actes nuisibles au bien-être commun et entraîne la dévalorisation et la vie humaine ainsi qu'une iniquité sociale croissante. L'application des objectifs économiques du néolibéralisme au Honduras a eu pour effet une concentration démesurée de la richesse aux mains d'une élite de plus en plus réduite, une massification de la pauvreté et un accroissement des périphéries miséreuses autour des villes les plus importantes du pays. Autre conséquence, autre répercussion : une migration croissante de la population hondurienne vers les Etats-Unis. D'où l'internationalisation du phénomène de la violence juvénile, qui apparaît au Honduras sous la forme de "maras" ou de bandes de jeunes. La jeunesse urbano-marginalisée est une des couches sociales les plus affectées par les conséquences du néolibéralisme, ce qui n'a fait que favoriser l'accroissement d'une certaine rébellion régressive chez les jeunes les plus radicaux. Et cette rébellion a revêtu une forme organique chez les maras.

Seules réponses : prison et répression

La réponse de l'Etat, notamment du gouvernement sortant de Ricardo Maduro (2002-2006), a été de déclarer la guerre à cet échantillon de jeunes urbano-marginalisés. Pendant la dernière législature, le Pouvoir Judiciaire et ses instances se sont consacrés à criminaliser la pauvreté et à fermer les yeux en entier sur la délinquance en col blanc. Résultat : les prisons se sont remplies de jeunes membres de bandes, la population privée de liberté a augmenté, et le système pénitentiaire du pays s'est effrité. Les prisons honduriennes reflètent l'iniquité sociale du pays. Quasiment tous les gens qui sont privés de liberté sont des gens pauvres ou qui proviennent de l'exclusion rurale ou urbaine. Seule une faible minorité provient de classes sociales élevées ou intermédiaires. Comme cela a été le cas dans les années 80 face à la grogne populaire, la réponse de l'Etat face à la crise sociale a été de recourir à la répression et à l'emprisonnement. Et tout indique que cela va plus loin : jusqu'à l'élimination physique. Et bien qu'aux précédentes élections du mois de novembre, le candidat à la présidentielle du Parti National, José Porfirio Lobo, n'ait pas osé mener une campagne favorable à la peine de mort, les tueries qui ont lieu en prison donnent à elles seules l'impression que la peine de mort s'applique déjà dans le système pénitentiaire, sans que cela ne gêne personne.

De la stupeur à l'indifférence en passant par les applaudissements

Le mécanisme pervers qui crée dans les prisons honduriennes la dynamique des tueries a réussi à retenir son engrenage afin de préparer psychologiquement l'opinion publique nationale à ces carnages. A la stupeur des débuts a succédé le tirage de la sonnette d'alarme dans la crainte que de nouveaux faits sanglants se reproduisent dans les centres de détention. Après la tuerie de Támara, on n'a noté aucune émotion dans la population hondurienne. La seule chose que l'on puisse percevoir c'est la crainte d'un certain esprit de vengeance qui pourrait générer, ou du moins favoriser, une spirale de violence. La part de population qui a le moins de capacité de discernement et un accès à l'information réduit, considère que la tuerie de délinquants favorise la paix sociale et améliore les indices de sécurité des citoyens. Avec ce point de vue-là, ils soutiennent largement la politique de fermeté menée contre les jeunes membres des bandes. D'autres secteurs de la population, en revanche se montrent complètement indifférents et ne sont pas capables d'imaginer quelles conséquences pourraient avoir ces évènements sur la légitimité de la démocratie - retour de l'autoritarisme dictatorial -, sur les droits de l'homme - violence généralisée -, sur la justice et dans l'ensemble, sur l'ensemble du système juridique et politique du Honduras. Les médias contribuent à l'érosion de la sensibilité sociale face au crime. Ils font passer au premier plan des informations liées aux tueries de personnes privées de liberté, mais sans aller au-delà. Ils transforment la mort en marchandise pour la seule consommation publicitaire.

Pistes macabres et négligence complète

Un des administrateurs du système pénitentiaire national, l'inspecteur de police et directeur suspendu du Pénitencier de Támara, a donné des indications à propos des relations qui existent entre le système pénitentiaire et le monde extérieur. Selon lui, des condamnés de tous types se côtoient au Pénitentiaire de Támara et il y a des gens qui sont en contact avec l'extérieur. En effet, il y a des condamnés qui communiquent avec des gens importants de toutes les sphères d'influence : gouvernementale, militaire, civile et policière. Mais tant que cela se fait dans les formes, je crois qu'il n'y pas lieu de s'inquiéter.

D'après l'ex-secrétaire du Conseil National contre le trafic de drogues, Alfredo Landaverde, les autorités savent très bien qui est impliqué dans le crime organisé et qui sont les bandes de délinquants dans le pays. Selon Marvin Rajo, ce qui est arrivé à Támara, ce sont les affaires du crime organisé. Et l'intervention de la police a pu éviter qu'il y ait davantage encore de morts, car si les grenades (dont les condamnés disposent) avaient explosé, on parlerait alors de 50 ou 60 morts. Certaines des clés de la crise du système judiciaire et carcéral hondurien ont été mises au grand jour grâce aux informations relayées par certains médias, et qui révèlent la gravité du problème et la conduite passive et négligée de l'Etat face à l'énorme pouvoir dont dispose le crime organisé dans le pays. Dans un autre pays, doté d'une culture politique plus aboutie et de vraies institutions démocratiques, le ministre de la Sécurité et d'autres responsables du système judiciaire et pénitentiaire auraient déjà démissionné suite à ces tueries. Pas au Honduras.

L'absence de moralité et le manque d'éthique vont de pair. Peu avant les élections du 27 novembre 2005, Óscar Álvarez a renoncé à sa place au Secrétariat de son parti, pour être candidat à la députation pour le Parti National. A l'annonce des résultats, dans lesquels son parti avait été vaincu, il a dénoncé avoir reçu des menaces de morts de la part du secteur du crime organisé, et ainsi le gouvernement sortant l'a nommé à un poste de responsable diplomatique à l'Ambassade du Honduras aux Etats-Unis. D'où la réaction de certaines organisations de défense de droits de l'homme qui ont manifesté leur désaccord à ce sujet et ont protesté contre le fait d'allouer une bourse de 6000 dollars par mois à Álvarez aux dépens de l'argent public.

Y aura-t-il de nouvelles tueries avec le nouveau gouvernement ?

Devant la tuerie de Támara, le président élu, Manuel Zelaya, s'est contenté de dire que la Secrétariat à la Sécurité « n'administrerait plus les centres de détention », ce que l'on pourrait interpréter ainsi : le système pénitentiaire serait en crise à cause du Secrétariat à la Securité dirigé par Óscar Álvarez, un des porte-drapeaux de la lutte contre les bandes juvéniles. A partir de la déclaration du nouveau Président on pourrait également déduire que la solution d'un problème de cette ampleur réside dans une mutation de fonctions, d'une institution à l'autre. Peut-on espérer des changements sur ces terrains troubles et préoccupants qui sont en train d'éroder peu à peu le faible caractère institutionnel hondurien, avec le nouveau gouvernement de Manuel Zelaya ? Quoiqu'il en soit, il ne sera pas aisé pour le nouveau gouvernant, et même avec le meilleure volonté du monde, à affronter un problème si grave et si complexe. Dans l'état où sont les choses et avec un tel délabrement institutionnel, on peut objectivement s'attendre à de nouvelles tueries, davantage encore, ainsi qu'à davantage de menaces et d'avertissements macabres de la part des cartels du crime organisé défiant ainsi le gouvernement à essayer de gouverner sans eux.

Traduction de l'espagnol pour El Correo : Pierre Molines

Envío . Nicaragua, janvier-février 2006