Sobornos y Fraudes en la ciencia y la universidad Argentinas.

Sr. Presidente de la República
Dr. Néstor Kirchner

Por una Política Cultural de Estado y una Reforma Intelectual y Moral.

De nuestra consideración :

Con relación al crítico estado de la cultura, en especial de la investigación científica y la educación superior en Argentina cumplimos en dirigirnos a Vd. con el fin de denunciar negociados corporativos con los subsidios estatales, reprochar el desempeño de sus actuales autoridades y elevar una proyecto de reforma intelectual y moral. Desde la asunción de dichas autoridades no se ha observado el diseño ni la planificación de una política de estado en materia cultural ni mejora alguna vinculada con la retrasada infraestructura científica del país, la turbia democratización de los claustros universitarios, y la penosa transparencia tanto de las calificaciones y acreditaciones universitarias, como de los concursos de cátedra y las convocatorias a subvenciones y subsidios de investigación.

Más grave aún, ante requerimientos puntuales de algunos colegas, el actual Ministro de Educación Lic. Daniel Filmus justificó públicamente los devaluados concursos de cátedra aduciendo con indiferencia desconocer alternativa institucional alguna (Lista de Discusión Pol-Cien, 9-VI-2003) ; y el Presidente de la Agencia Nacional para la Producción Científica y Tecnológica (ANPCYT), dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT), Dr. Lino Barañao, manifestó carecer de responsabilidad alguna respecto a dicha infraestructura científica (Pol-Cien, 24-X-2003). Posteriormente, cuando se le solicitó al Dr. Barañao que suspendiera las convocatorias para el otorgamiento de subvenciones y subsidios de investigación —semejantes a sobornos para mantener silenciada, agradecida y dividida a la comunidad científica— el mencionado funcionario hizo oídos sordos al justo reclamo (Pol-Cien, 19-XII-2003).

En otras palabras, las autoridades del área cultural (Ministerio de Educación, SECYT [CONICET y ANPCyT : FONTAR, FONCyT], Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria [CONEAU] y Secretaría de Cultura de la Nación), no se han hecho cargo ni están a la altura de la nueva etapa que Vd. está intentando inaugurar en el país, siguen resignadas a la inercia de una crónica corrupción, sometidas a un organigrama anárquico y anacrónico que las superponen y antagonizan ; persisten impertérritas —mientras se dilapidan millonarios fondos públicos en subsidios y subvenciones— en la tarea de perpetuar abandonado el patrimonio cultural y la infraestructura académica, científica y universitaria del país ; y se refuerzan las relaciones patrón-clientelares en beneficio de camarillas y lobbys, cómplices con su mutismo en dicho abandono. Debido a ello, la mayoría de la comunidad cultural, docente y científica del país, va a seguir languideciendo en el filtro y la discriminación política, sectaria y disciplinar ; en el acoso o abuso del poder académico-burocrático ; en la degradación de los cánones de excelencia ; y en la penuria electrónica y bibliográfica más deprimentes. Ni siquiera una sola institución científica garantiza hoy en día para sus cuadros y miembros científicos el diseño y hospedaje de los sitios y portales electrónicos más elementales ; ni biblioteca pública y/o universitaria alguna asegura desde hace décadas la actualización de las colecciones bibliográficas de las editoriales en lengua hispana más relevantes (Alianza, Paidós, Fondo de Cultura Económica, Gedisa, etc.). De nada va a servir entonces que se acrediten nuevas universidades privadas, se constituyan jurados de cátedra y se seduzca con subvenciones y subsidios a grupos de científicos y docentes, pues ello equivaldría a echar valiosos recursos en una suerte de usurario gravámen hipotecario o agujero negro. Si dichas autoridades se echan el sayo mutuamente y pueden alegar —al carecer de una política común— que las responsabilidades mencionadas les son ajenas, en ese caso Sr. Presidente, tememos con dolor que su gestión en materia cultural, científica y educativa habrá de caer en la frustración y el fracaso más estrepitosos, que la calidad de la educación superior pública y privada y de la investigación científica decaerá irremediablemente y que el monto de la deserción estudiantil y la cantidad de los científicos y graduados marginados y expatriados se multiplicará geométricamente.

Sr. Presidente, un país atrasado y dependiente que anhele seriamente emanciparse de la tutela imperial y cultural del denominado Primer Mundo no solo debe aspirar a desarrollar una economía moderna, con altos índices de productividad y elevados niveles de consumo ; una sociedad moderna con crecidos indicadores de integración y movilidad social y geográfica ; y una política moderna, con elevadas cuotas de participación ciudadana ; sino también debe tomar conciencia de la necesidad de construir —como clave de bóveda de su política de estado— una nueva cultura moderna, que no se agote en altos índices de alfabetismo, sino que intente alcanzar la sociedad del conocimiento formando masivos cuerpos de investigadores y docentes, con transparentes planes y programas, y con elevadas tasas de excelencia y circulación, tanto geográfica como disciplinar. Sin embargo, la absoluta mayoría de las instituciones académicas y del cuerpo docente regular (concursado) de nuestras universidades nacionales yacen en la actualidad parapetadas corporativa y burocráticamente detrás de sus casamatas de sinecuras y prebendas, y cebadas con incentivos y subsidios fraudulentos, impidiendo la regularización de las cátedras interinas y cerrando el paso a nuevos aspirantes a la docencia y la investigación. La pregonada regularización de dichas cátedras interinas y la democratización de los claustros docentes de las facultades —públicamente exigidas por la presente gestión de la Secretaría de Políticas Universitarias— se viene eludiendo y disimulando con concursos ’arreglados’ que operan bajo una suerte de piloto automático. Los concursos de cátedras en las universidades nacionales y sus respectivos jurados, salvo honrosas excepciones, siguen seriamente devaluados y tenidos general y vulgarmente como fraudes o curros en la opinión de los claustros, por cuanto dichos jurados llegan en la mayoría de los casos con el naipe marcado y han venido siendo crecientemente digitados por las camarillas locales, que son dominantes en las Juntas Departamentales y en los Consejos Directivos y Superiores de Facultades y Universidades, latrocinios nunca investigados ni calificados por la CONEAU. No obstante esta hipocresía institucionalizada, la conducción de la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación, no ha buscado jerarquizar los devaluados concursos de cátedra escalando para ello la instancia burocrática decisoria a través de la constitución de un Tribunal Académico Permanente, con jurisdicción en todo el país, sujeto a las recomendaciones de un Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cuyas juntas coordinadoras fueren integradas proporcionalmente a la matrícula, y fueren supervisadas por una comisión parlamentaria nacional.

Pero lo que es ya el colmo de la desvergüenza, la nueva convocatoria para el otorgamiento de subvenciones y subsidios de investigación por parte del FONCyT, dependiente de la ANPCyT, viene a reforzar las restricciones y limitaciones de un régimen patrón-clientelar, y alimentar la corrupción con contrapartidas fraudulentas, y está motivada por una compulsión rutinaria para distribuir sorpresiva y sospechosamente enormes fondos líquidos durante extensos períodos entre las clásicas ramas hegemónicas del conocimiento, entre los escasos beneficiarios de los concursos de cátedra, y en dos [2] diferentes tipos de monedas, en pesos para las convocatorias denominadas PICT y PID, y en dólares para la convocatoria titulada Programa Áreas de Vacancia (PAV 2003). Estas oportunistas convocatorias —concretadas en medio de los salarios congelados del CONICET y de su absoluta inferioridad con respecto a los salarios del Poder Judicial y otras reparticiones públicas— vienen a abusar de la cruel necesidad de recursos por parte de la gran mayoría de los investigadores, y pretenden enmudecer a la comunidad científica con un nuevo reparto —desigual, filtrador y patrón-clientelar— que cuenta en el nuevo presupuesto con una partida que alcanza la sideral suma de $120 millones de pesos. La más escandalosa, la convocatoria en dólares, denominada PAV 2003, llama a concurso de subvenciones para asociaciones ad-hoc integradas por instituciones públicas o privadas sin fines de lucro —de ahora en mas conocidas como Instituciones Beneficiarias— por el término de cuatro (4) años para favorecer a tres (3) tipos de proyectos con diferentes montos máximos : I.- Biotecnología (U$S 2 millones) ; II.- Tecnología de la Información (U$S 1 millón) ; y III.- Matemática ; Educación ; Trabajo, Empleo y Protección Social ; y Violencia Urbana y Seguridad Pública (U$S 1/2 millón). Dichas Instituciones Beneficiarias (IB) deberán aportar como contrapartida fondos de terceros del orden del 33% del costo total del proyecto, pudiendo ser dichos terceros ’...empresas o instituciones de investigación extranjeras que podrán participar como instituciones asociadas o adherentes aportando como mínimo el 10% del costo total de por lo menos uno de los subproyectos integrados al Programa’. Es decir, aportando sólo el 10% de uno de los subproyectos (de U$S 1/2 millón de dólares), es decir sólo U$S 50.000 dólares, una empresa privada o institución extranjera dedicada a la Biotecnología podrá beneficiarse indirectamente con subvenciones del FONCyT de hasta 2 millones de dólares. Hasta el momento no se conoce quien o quienes decidieron que estas seis (6) exclusivas áreas del conocimiento y estos tres tipos de proyectos fueren los únicos privilegiados en la convocatoria PAV 2003. Por el hecho de no haber habido debate alguno al respecto se sospecha que dichas áreas a subvencionar tienen ya fabricada la designación de la asociación ad-hoc a beneficiar.

Más decisorio y grave aún, salvo la convocatoria PAV 2003, dichas convocatorias no están guiadas ni dirigidas por un programado plan de desarrollo de la ciencia y del conocimiento científico, que esté enmarcado en una política de estado que oriente tanto los preceptos epistemológicos centrales como los criterios y prioridades en la asignación de fondos, en la elección y distribución de las Áreas de conocimiento, en la selección de los miembros del Directorio del ANPCYT y de sus respectivos Coordinadores de Área, en la rendición de sus cuentas, y en los mecanismos de selección y seguimiento de los beneficiarios de sus programas de subvenciones y subsidios. Con referencia a la política de estas convocatorias, como las redes de poder disciplinarias y científicas por especialidades exceden hoy el ámbito de una sola universidad, alcanzando una escala nacional e internacional, las autoridades citadas tampoco han privilegiado en sus políticas, planes y programas la formulación de estrategias y mecanismos que ayuden a comprender las interacciones transdisciplinarias, y que combatan —tal como lo preconiza el filósofo del pensamiento complejo Edgar Morin— la ’corporativización de los saberes’, y el culto a las inteligencias parceladas y compartimentadas, a los pensamientos unidimensionales, mutilantes y fragmentarios, y a las metodologías mecanicistas y reduccionistas, y se pueda así desarticular la participación perversa de dichas redes de poder profesional-disciplinarias.

Con relación a las escalonadas restricciones de dichas convocatorias, las reglamentaciones del ANPCYT —que figuran en el sitio electrónico respectivo— nada dicen respecto a los límites en el número y reiteración de las presentaciones. Han existido los mismos beneficiarios en convocatorias consecutivas. En cuanto a los montos, las Bases de la convocatoria establecen un máximo de $1.800.000 pero se sabe que existen beneficiarios que han recibido un mínimo de $17.000, por lo que la extrema desigualdad también es fuente de una nueva estratificación entre los investigadores. Tampoco prevée el ANPCYT ninguna posibilidad para el investigador del CONICET marginado y excluido por las camarillas académicas que no se ha podido insertar en los ámbitos universitarios públicos o privados (y obtener así, tal como se estipula en las Bases de la convocatoria a los subsidios PID, avales de ’instituciones beneficiarias’ y compromisos de cofinanciación de ’instituciones adoptantes’). Se ha instaurado así en el seno de la comunidad científica una nueva estratificación académica compuesta de una aristocracia de investigadores que cuentan con instituciones beneficiarias, adoptantes, asociadas y adherentes y que acceden por consiguiente a subsidios privilegiados y a una red clientelar de asociados, ayudantes y becarios ; una clase media de investigadores que apenas cuenta con subsidios moderados, la dedicación exclusiva o semi-exclusiva, y los incentivos, premios y viáticos correspondientes ; y un creciente proletariado ’paria’ de investigadores del CONICET que no acceden ni a cátedras ni a subsidios.

En cuanto a las formalidades de las convocatorias, los plazos y fechas de apertura y cierre son estrechos y compulsivos —insusceptibles para dar el tiempo necesario mediante el cual reclutar dichas instituciones— los límites de edad para la designación de los integrantes de los equipos de investigación a subsidiar son irrisorios, y los montos máximos en las diferentes asignaciones presupuestarias son extremamente desiguales y arbitrarios, cuando por la enormidad de las cifras a distribuir debiera existir al menos un Tribunal Académico Permanente o Consejo Académico Nacional, democráticamente elegido, de naturaleza inter y transdisciplinaria, que juzgara la calidad de los proyectos así como la de los concursantes. En cuanto a los Coordinadores de Área se establece que deben ser ’investigadores activos destacados por su comportamiento ético’, pero nada se dice respecto de los mecanismos de su designación ni tampoco bajo cuáles criterios científicos se eligen y delimitan las Áreas de conocimiento a subsidiar y cómo se nombran los miembros del Directorio.

Y en cuanto a las formas y mecanismos evaluatorios, cada proyecto debe pasar por una sospechosa doble instancia, la primera respecto de la calidad del proyecto y la segunda con referencia a la pertinencia (o factibilidad) y el mérito del proyecto. La calidad del proyecto es evaluada por ’pares’ elegidos por los Coordinadores de Área, los que a su vez son elegidos por el Directorio del ANPCYT, mas la asistencia de dos especialistas también designados por el Directorio. La circunstancia real es que dichos ’pares’, a designar para cada proyecto de investigación, son extraídos sin sorteo ni mecanismo imparcial alguno, del seno de Bancos de Datos previamente constituidos, mediante abusivos listados que no discriminan por especialidades y que en el caso de las Ciencias Sociales y Humanidades alcanza un repertorio de un millar y medio (1500) de integrantes. Al parecer no existe norma alguna al respecto, y como es humanamente imposible que cada Coordinador o especialista retenga en su memoria el increíble listado de un millar y medio de pares evaluadores, la real pero oculta verdad es que la selección de dichos ’pares’ estaría librada al mero y caprichoso arbitrio de los Coordinadores de cada Área y circunscripta en última instancia a un pequeño número de ’pares’ allegados, los cuales primero se distribuirían entre sí los proyectos de sus conocidos, clientes o afines para luego dejar librado la mayoría de los proyectos a un riguroso y canibalesco escrutinio. Pero si bien la evaluación de la calidad científica y tecnológica de un proyecto debe ser realizada por ’pares’, especialistas en la temática respectiva, el análisis de la denominada ’pertinencia’ y la ’asignación del mérito’ del proyecto le corresponde finalmente, según las Bases de la convocatoria, a una junta-filtro denominada Comisión Ad-hoc y designada por el Directorio de la Agencia.

Por último, entendemos Sr. Presidente que las responsabilidades políticas de las autoridades mencionadas en este escrito así como la relevancia de la inmensa masa de dinero a distribuir en materia de subvenciones a instituciones científicas y de subsidios de investigación (proyectos de un monto máximo de $750.000 por año y hasta un máximo total de $1.800.000), de las numerosas vacantes docentes a cubrir, y de las infinitas licencias y acreditaciones universitarias a otorgar, requieren de parte de dichas autoridades la prudente e imperiosa necesidad de convocar a un debate abierto y democrático entre todas las instituciones, los investigadores y los docentes universitarios del país a los efectos de suscribir un nuevo y transparente compromiso ético-político con la ciencia, la investigación y la docencia superior.

Apelamos así a la voluntad de cambio, pública y manifiestamente prometida por Vd, para que el Poder Ejecutivo Nacional tome cartas en esta asignatura largamente pendiente y se geste definitivamente en todas las esferas y ámbitos académicos, científicos y universitarios, una política de estado en materia cultural y una profunda reforma intelectual y moral.

Cordialmente,

– Bernardo Gandulla : Historiador-UNLu
– Beatriz García : Astrónoma-CONICET
– Antonio M. Mangione : Bioquímico-San Luis
– Ovidio Núñez : Biólogo-UBA
– León Rozitchner : Filósofo-UBA
– Eduardo R. Saguier : Historiador-CONICET