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22 septembre 2003

Privatizadas : Maniobras de vaciamiento en la mira

par Cledis Candelaresi

 

Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación, sugirió que el Estado podría promover acciones penales si comprobara vaciamiento en los servicios.

El Estado podría exigir por vía judicial a las privatizadas una reparación por las obligaciones incumplidas, las deudas por canon impago y, eventualmente, hasta promover acciones penales si constatara alguna maniobra de vaciamiento." El titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, sugirió así otro recurso extremo y complementario al de una eventual rescisión, del que podría echar mano el Gobierno si prefiriese desligarse de algún adjudicatario en lugar de renegociar el contrato con él. También podrían terminar en los tribunales los reguladores que tuvieron la tarea de controlar a las empresas y, en muchas ocasiones, deshonraron esa obligación.

La opinión del funcionario, vertida en diálogo con Página/12, suena más contundente aún que las recomendaciones que la AGN formula en la serie de informes sobre empresas privatizadas que comenzó a elevar al Ministerio de Economía por pedido expreso de Roberto Lavagna. Tanto en los compendios referidos a los aeropuertos y a los trenes urbanos, subtes y cargueros los auditores recuerdan que las empresas han incurrido en faltas que dejan al poder concedente en situación de dar por caído el contrato sin costo.
Pero la posibilidad de rescindir está mencionada a modo de advertencia, ya que no es atribución del órgano de control disponer sobre la suerte de esos acuerdos que firmó el Poder Ejecutivo. Esta es hoy una decisión que tienen en sus manos los ministros Lavagna y Julio De Vido, de Planificación Federal, y a la que nunca sería ajeno Néstor Kirchner.

A juicio de Despouy, hay dos ferrocarriles urbanos que podrían ser castigados de inmediato con un rescate de la concesión : el Belgrano Cargas, adjudicado a la Unión Ferroviaria, y la división del Metropolitano que explota la línea Roca. Aunque, en ambos casos, las transgresiones son muy similares a las del resto de concesionarios del rubro.

En la casi totalidad de los resúmenes alistados por la Auditoría como en los compendios que terminará de preparar en los próximos días, se señalan incumplimientos en planes de inversiones, tareas de mantenimiento o pago del canon, en los casos en que existe esta obligación. Pero la larga lista de faltas en que incurrieron muchas privatizadas también incluye otro tipo de maniobras no necesariamente reñidas con la ley pero que fundan una decisión política adversa a la empresa.

"Algunas se han repartido dividendos o han asignado elevados honorarios a sus accionistas mientras se endeudaban fuertemente", objeta Despouy, en alusión a las concesionarias de trenes de pasajeros. ¿Puede hablarse de vaciamiento ?, preguntó este diario. "Los hechos condujeron a esto, ya que se retiraban beneficios de empresas que, al mismo tiempo, se descapitalizaban", opina el auditor.

Algo semejante ocurrió con otras concesiones menos controvertidas como las de las empresas gasíferas. Algunas de estas compañías repartieron entre sus accionistas utilidades por montos equivalentes a las deudas que tomaron en moneda dura para costear sus inversiones. No es en sí mismo una ilegalidad, pero sí un dato muy relevante para el Gobierno a la hora de decidir a quién y cuándo autorizar un aumento de tarifas.

Los hallazgos de la Auditoría también incluyen faltas de los entes de control. "El 80 por ciento de las penalidades no se aplicaron", recuerda Despouy. Parte, porque las empresas las bloquean con recursos administrativos, pero también por negligencia de algunos reguladores. Con todas las evaluaciones, el Gobierno podría denunciarlos ante la Justicia imputándoles, en principio, incumplimiento en los deberes de funcionario público. Pero estas alternativas, por ahora, no figuran entre las urgencias oficiales.

"No está en riesgo nuestra concesión"

Por Raúl Dellatorre
Página 12, 18 de septiembre 2003

Para el presidente de Aeropuertos Argentina 2000, Ernesto Gutiérrez, "no está en riesgo la concesión", pese a que un reciente informe de la Auditoría General de la Nación señala graves incumplimientos de contrato e irregularidades que serían causal de rescisión. "Hay un punto de vista equivocado sobre el rol de la AGN, porque no es su función evaluar a las empresas privadas", señaló el empresario. "Las recomendaciones que realiza son exclusivas para el Estado, y a nosotros, en verdad, nos interesa que el Estado las acepte", dijo muy seguro de sí el empresario. En rigor, su comentario hacía referencia a la favorable renegociación que logró arrancarle a la administración Duhalde ya en sus postrimerías, que le otorgó la ventaja de pagar el canon en función de sus ingresos y no como una suma fija, tal cual lo establecía el contrato. Según la particular mirada de Gutiérrez, esa reestructuración contractual se hizo tomando en cuenta "recomendaciones" anteriores de la AGN.

El informe que elevó al Congreso a principios de esta semana la AGN, que preside Leandro Despouy, recomienda al órgano de control, la Orsna, ejecutar las garantías presentadas por la concesionaria e iniciar acciones judiciales en demanda de una deuda por canon que ya superaba los 350 millones de dólares a diciembre de 2001.

En un aparte del acto de inauguración de la nueva Terminal de Cargas Aéreas en el Aeropuerto de Ezeiza, el titular de la concesionaria del sistema nacional aeroportuario intentó minimizar el impacto del duro informe de la Auditoría, que Página/12 publicó el miércoles último. En referencia en particular al tema del canon, Gutiérrez refirió que "estamos pagando de acuerdo al decreto 1227", es decir en función de la cantidad de pasajeros transportados. Dicho decreto, firmado por Eduardo Duhalde en mayo último, fue cuestionado en la Justicia. De todos modos, la empresa del grupo que encabeza Eduardo Eurnekian lo siguió dando por válido.

A partir del acuerdo alcanzado con el gobierno saliente, la concesionaria empezó a pagar el canon variable en función de la cantidad de pasajeros mensuales, y entre mayo y agosto habría ingresado al Tesoro 27 millones de pesos, según fuentes de la propia compañía. Gutiérrez aseguró que para fin de año, de persistir la actual tendencia, los pagos al Estado estarían en el orden de los 130 millones de pesos, contra los 171 millones fijados originalmente por contrato. "Para el año que viene, manteniendo este mismo criterio de pagos variables, estaríamos en un valor equivalente al original", agregó el directivo empresario.

Con respecto a la deuda de 350 millones, Gutiérrez estimó que "será la comisión renegociadora de contratos" la que resuelva con respecto a la misma. La empresa también demanda resarcimientos por lucro cesante y por obras que debieran haber sido hechas por el Estado, a su criterio, por lo que pretende que la comisión compense un reclamo con otro.

En este sentido, Gutiérrez se mostró muy confiado en cómo se encarrile la futura relación de la empresa con el Estado. "Seguimos trabajando normalmente con el Orsna (organismo de control) en cuanto a la definición del plan de inversión ; la concesión no está en riesgo y estamos a la espera de la renegociación del contrato, que en nuestro caso no tiene que ver con tarifas sino con un rediseño de la estrategia para el sector", aseguró. El directivo empresario, en cambio, dejó de lado en todo momento asumir como una posibilidad que el Gobierno pueda resolver la rescisión del contrato. Ricardo Jaime, secretario de Transporte -presente en el mismo evento-, se excusó en tanto de realizar cualquier comentario.

Informe sobre Correo
Página 12, 18 de septiembre 2003

La Auditoría General de la Nación se apresta a elevar su informe sobre la concesión de Correo Argentino que incluirá la recomendación de rescindirla. El dato fue confirmado ayer por el auditor Mario Fadel, segundo en el orden de jerarquías de la AGN, para quien existen sobradas razones para que el Poder Ejecutivo tome esa medida. Fadel recordó al menos dos faltas en que habría incurrido la sociedad que integran Sideco Americana y el Banco de Galicia : no cumplir con el programa de inversiones pautado y computar a cuenta de él el pago de indemnizaciones a los empleados despedidos. Una fuente no identificada del Ministerio de Planificación recordó también la deuda por canon, que ascendería a "500 millones de pesos".

Pero ayer mismo, el presidente de Correo Argentino SA, Raúl Casa, interpretó de un modo muy diferente la situación, al asegurar que no existe ninguna obligación pendiente en ese sentido. Aunque no lo precisó, el directivo aludía a los 28 millones de pesos que la empresa habría pagado en concepto de aquella contribución, con la que interpreta como atendido su compromiso desde marzo pasado hasta la actualidad. Roberto Lavagna habría pedido a los auditores con carácter "prioritario" el informe sobre la concesión de Correo Argentino para decidir rápidamente sobre el destino de esta concesión. El trabajo estaría en su despacho antes de que el ministro regrese de su viaje a Dubai.

Página 12, 18 de septiembre 2003

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