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18 décembre 2003

Prisión a culpables : Se completó el paquete anti evasión fiscal para la Argentina

 

Por Página 12
18 de diciembre del 2003

El Gobierno consiguió completar ayer el paquete de leyes antievasión que envió al Congreso hace cuatro meses. El último proyecto que faltaba aprobar fue sancionado anoche por la Cámara de Diputados, que aceptó las modificaciones introducidas por el Senado y que respetaban los lineamientos de la propuesta original del Poder Ejecutivo. La ley crea la figura de asociación ilícita para la evasión tributaria, con penas de hasta diez años de prisión para quien sea hallado culpable de ese delito.

Durante la sesión de ayer, la última del año y la primera con la nueva conformación de la Cámara baja, los diputados aceptaron las modificaciones que introdujo el Senado, que encuadró la figura de la asociación ilícita en la Ley Penal Tributaria y no en el Código Penal, como lo había dispuesto la Cámara baja. Esta nueva redacción respeta lo que originalmente había enviado el Poder Ejecutivo.

El texto prevé penas de tres años y seis meses hasta diez años para aquellos que sean partícipes necesarios de una asociación ilícita integrada por tres o más personas, en tanto que para los "organizadores" la pena es de cinco años de prisión. Desde el justicialismo, la iniciativa fue defendida por el diputado Miguel Baladrón, quien destacó la importancia del proyecto para "sancionar las conductas delictivas que, al no estar contempladas, permiten la evasión sin ningún tipo de reproche".

En tanto, en su primera intervención, Claudio Lozano, electo por Fuerza Porteña, pero que formó un bloque unipersonal, advirtió en el recinto que la iniciativa "puede terminar poniendo el traje a rayas a quien no corresponda". En igual sentido se pronunciaron los consejos profesionales de contadores, que ejercieron una fuerte presión sobre el Congreso para que la ley no fuera aprobada.

Una de las advertencias tiene que ver con las facultades extraordinarias con que cuenta la AFIP para controlar la evasión. Esos poderes se pueden convertir en un riesgo si no hay una actitud prudente de los fiscalizadores, dicen quienes rechazan la ley. Desde el Gobierno y desde la AFIP rechazan de plano ese argumento.

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