« Lawfare », el nuevo golpismo de derecha

En este contexto, hablar del proceso en sí contra Lula parece innecesario. Vale la pena hacerlo, de todos modos. Lula tiene cinco denuncias. Dos son por supuesta relación con empresas de un hijo y de un sobrino. La relación no está demostrada más allá de la relación familiar. Las otras tres acusaciones son palabra contra palabra. Incluso, las pruebas son a favor de su inocencia. La relación con el Lava Jato fue introducida por una delación comprada, que no presentó pruebas. Hubo 73 testimonios en 23 sesiones y ninguno aportó una sola prueba concreta. Igual se lo acusó de « cómplice pasivo ». La acusación que usaron para frenar su retorno imparable a la presidencia de Brasil fue por un departamento en el balneario popular de Guarujá. Pero hace pocos días la justicia embargó ese mismo departamento en un juicio contra el verdadero propietario.

Son todas acusaciones que se prestan al circo mediático. A lo largo del proceso, el juez Sergio Moro, que lo condenó en primera instancia, difundió en forma ilegal conversaciones grabadas entre Dilma Rousseff y Lula, intervino en forma ilegal el teléfono del abogado del líder del PT y utilizó una delación sin pruebas para la acusación y la condena con relación a la corrupción en Petrobras.

Lula encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales, con mucha ventaja sobre el que le sigue, un dirigente ultraconservador vinculado a las iglesias evangelistas. Todo el mundo sabía que la Justicia confirmaría el fallo improcedente de Moro. Al igual que en Argentina, donde se impuso una nueva interpretación de la ley para encarcelar opositores, en Brasil se llegó a decir que en casos de corrupción bastaría con indicios y la presunción difundida de la culpabilidad, aunque no haya pruebas concretas.

En el Partido de los Trabajadores se pensó que una estrategia de movilización masiva en defensa de Lula frenaría al tribunal de Porto Alegre que confirmó y aumentó la sentencia a 12 años. Lula se lanzó a una caravana impresionante por el respaldo masivo en todo el país, que culminó anoche con la concentración de miles de personas en esa ciudad. Pero no fue suficiente.

En América Latina, el Poder Judicial, articulado con los servicios de inteligencia y el poder mediático, han reemplazado a los viejos golpes militares. En las elecciones presidenciales de fin de año en Honduras todo el mundo sabía que habría fraude para impedir el triunfo del candidato popular Salvador Nasralla. Así fue, quedó demostrado, y sin embargo, el Tribunal Superior de ese país rechazó las denuncias y declaró ganador al conservador Juan Orlando Hernández. En Argentina, el camarista Martín Irurzun inventó una nueva interpretación de la ley para encarcelar con prisión preventiva a los opositores al gobierno de Mauricio Macri. Una interpretación que no se aplica cuando los acusados son parte del gobierno.

Estos son los nuevos golpistas : los servicios de inteligencia plantan falsas denuncias, los medios corporativos les dan profusa difusión y los jueces abren causas y condenas basándose en estas campañas sin pruebas. La condena a Lula para impedirle ser candidato se convierte así en un monumento a la corrupción del Poder Judicial. Le dicen « Lawfare » [Guerra jurídica], el nuevo golpismo de la derecha.

Luis Bruschtein* para Página 12

Título original : « Juicio a los jueces »

Página 12. Buenos Aires, 24 de enero de 2018