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La fiscalía de la CPI ha investigado presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán. La inclusión de la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda en la lista negra de personas sancionadas por Estados Unidos equivale a « un intento inaceptable de interferir con el estado de derecho », dijo la CPI tras el anuncio de las sanciones. por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo.
Fatou Bensouda, es una abogada gambiana que intentaba investigar acusaciones de crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán, fue sancionada el miércoles. El jefe de la Jurisdiction Complementary, and Cooperation Division de la CPI, Phakiso Mochochoko, también ha sido incluido en la lista negra por « ayudar materialmente » al fiscal, dijo Pompeo a los periodistas.[La CPI considera-las-sanciones-de-eeuu-inaceptables-y-sin-precedentes Efe, La Haya, 3 sep. 2020]
« Estos ataques constituyen una escalada y un intento inaceptable de interferir con el estado de derecho y los procedimientos judiciales », dijo el portavoz de la CPI, Fadi El Abdallah, en un comunicado en respuesta al anuncio de Pompeo. y agregó que « un ataque a la CPI también representa un ataque a los intereses de las víctimas de crímenes atroces, para quienes la Corte representa la última esperanza de justicia. »
Abdallah dijo que la corte se mantiene « firme » en su compromiso con el mandato que le dio el Estatuto de Roma y los Estados que lo firmaron.
El Estatuto entró en vigor en 2002 y 123 estados participan en 2019. Si bien Estados Unidos no hace parte [lo firmó pero no lo ratificó], Afganistán sí lo hace.
En junio, la administración Trump sentó las bases para imponer sanciones económicas y personales contra la CPI y cualquier miembro de su personal que se atreviera a investigar a Estados Unidos o cualquiera de sus aliados, incluido Israel, y describió las investigaciones del tribunal sobre las violaciones de derechos humanos palestinos como « motivadas políticamente ».
Pompeo describió el miércoles a la CPI como « una institución completamente rota y corrupta » y dijo que Estados Unidos « no tolerará sus intentos ilegítimos de poner a los estadounidenses bajo su jurisdicción ».
Mientras apoyaba los Tribunales Internacionales Ad-hoc para Yugoslavia y Ruanda en la década de 1990, Estados Unidos se ha opuesto a la CPI desde el principio y se ha negado a ratificar el Estatuto de Roma. La administración de George W. Bush incluso aprobó la Ley de Protección a los Miembros del Servicio Estadounidense en 2002, que incluye la cláusula de la llamada « invasión de La Haya » que autoriza el uso de la fuerza para liberar a cualquier ciudadano estadounidense o aliado detenido por la CPI.
La ley también permite a Estados Unidos retirar la asistencia militar de países que han ratificado el Estatuto de Roma y limita la participación de Washington en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU a menos que las tropas estadounidenses beneficien una inmunidad total.
Russia Today, 2 de septiembre de 2020
Traducido del francés para El Correo de la Diaspora. París, 17 de septiembre de 2020
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