Guerra contra las Maras

Endurecimiento de leyes no busca rehabilitar a pandillas

Las iniciativas tienen el denominador común de elevar las penas de cárcel para los integrantes de esas organizaciones. Sin embargo, al menos en los casos salvadoreño y guatemalteco, las medidas han sido motivadas por intereses electorales, y no hay una visión integral del fenómeno.

Las tres naciones son las más castigadas en la región por ejércitos de jóvenes que libran una guerra sin cuartel contra la pandilla rival, dejando en el camino una estela de dolor y muerte (NA, Jul. 30, 2001).

No hay cifras exactas sobre la cantidad de pandilleros en esos países, pero cálculos extraoficiales señalan que existen al menos 35,000 en El Salvador, unos 100,000 en Guatemala y 80,000 en Honduras. La Mara Salvatrucha y la Mara 18 son las pandillas más grandes, y operan en esas tres naciones.

El primer país en dar el paso hacia el endurecimiento de las leyes contra las pandillas fue Honduras. El pasado 18 de agosto entraron en vigor las reformas penales aprobadas por el Congreso, y que en esencia elevan hasta 12 años de cárcel y hasta US$12,000 de multa "a los jefes o cabecillas de maras que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito", según el reformado artículo 332 del Código Penal. Las medidas fueron aprobadas unánimemente por las bancadas de los cinco partidos políticos con presencia en el Congreso hondureño, a petición del presidente Ricardo Maduro, quien inició la cruzada contra esos grupos (NA, Mayo 20, 2002).

Uno de los problemas surgidos de la legislación antimaras, es que muchos jóvenes que pertenecieron a pandillas ahora trabajan, pero la Policía igual los detiene. Por eso, con la mediación del obispo auxiliar de San Pedro Sula, monseñor Rómulo Emiliani, los ex pandilleros han solicitado al presidente Maduro se les extienda un certificado para mostrar a la Policía que ellos ya no pertenecen a la mara.

En El Salvador, el presidente Francisco Flores lanzó el 23 de julio el Plan Mano Dura, operación policial y militar dirigida a desarticular las pandillas. Simultáneamente presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley cuyo objetivo era proscribir de tajo las pandillas y encarcelar a sus supuestos integrantes tan solo por su aspecto -tatuajes y vestimenta- y no por haber cometido algún delito.

La propuesta gubernamental fue duramente criticada por la oposición política y por organizaciones de derechos humanos. "El Plan Mano Dura es una salida populista coyuntural para hacerle creer a la población que esa ley asegurará la tranquilidad en las comunidades", señaló un comunicado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

La Asamblea Legislativa rechazó el 4 de setiembre el proyecto antimaras de Flores, y en su lugar aprobó reformas al Código Penal, siguiendo la ruta hondureña.

Sin embargo, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) sostiene que tampoco eran necesarias reformas penales, pues todos los delitos en los que incurren los pandilleros ya están tipificados en la actual normativa. Por tanto, la Policía ya cuenta con las herramientas legales para detener a aquellos que hayan cometido un crimen o delito, como violación, homicidios, narcotráfico o robos.

"No hay necesidad de reformas penales, mucho menos de ley especial, todo eso se circunscribe en un espectáculo con tintes electorales", asegura Jaime Martínez, director de FESPAD.

Para los analistas, la medida tenía evidentes fines electorales, pues los comicios presidenciales de marzo del 2004 están a la vuelta de la esquina, y la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) -que buscará su cuarto periodo en el poder- no se muestra tan robusta como en otros tiempos (NA, Ago. 13, 2003).

Luego de filtrarse a la prensa un documento oficial de ARENA en el que explícitamente señala que quiere sacar ventaja electoral del Plan Mano Dura, miembros de la Mara Salvatrucha realizaron una conferencia de prensa clandestina el 18 de agosto, en San Salvador, para rechazar las intenciones de ARENA de hacer política a su costa.

"Que no se valgan de la Mara Salvatrucha para hacer campaña barata", dijo Skid, quien cubría su rostro con un pañuelo. "Tenemos hijos que mantener. ¿Quién los va a alimentar si nos capturan por pura politiquería ?".

Mientras tanto, en el marco del Plan Mano Dura, unidades de la Policía y del Ejército detuvieron entre el 23 de julio y el 15 de setiembre un total de 2,145 jóvenes bajo el cargo de pertenecer a asociaciones ilícitas.

Martínez señala que urge buscar una solución integral al problema de las pandillas, que incluya medidas represivas, pero también de prevención y de búsqueda de oportunidades para los jóvenes del país, algo en lo que concuerdan diversos analistas.

Guatemala también se ha visto presionada a impulsar medidas represivas similares por motivaciones electorales, en vista de la cercanía de los comicios presidenciales de noviembre (NA, Ago. 13, 2003). El 19 de agosto, el diputado Jorge Rosales del opositor Partido de Avanzada Nacional (PAN) presentó un proyecto de ley que contempla duras sanciones a quienes pertenezcan a pandillas, que van de seis a 12 años de cárcel.

"Ese tipo de propuestas no hace absolutamente nada para rehabilitar a los jóvenes ni para encontrarle una verdadera solución al asunto", dice Emilio Goubaud, director de la Alianza para la Prevención del Delito (APREDE).

Según cifras de APREDE, que agrupa a cuatro organizaciones defensoras de los derechos humanos, alrededor de 680 pandilleros han sido detenidos en el marco del Plan Escoba de la Policía contra las pandillas.

"Los están agarrando sólo por estar tatuados, y ese no es un delito", acota Goubaud.

APREDE busca la reinserción de pandilleros ofreciéndoles talleres vocacionales para que luego se formen microempresas, como panaderías, etc. Hasta la fecha se han creado alrededor de 23 de esas microempresas, logrando reinsertar al mercado laboral a unos 320 pandilleros.

Noticias Aliadas, 13 Octubre 2003
Foto : Edgar Romero