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8 mars 2015

Escenario confuso y grave en Brasil

 

Desde la noche del viernes, Brasil vive una situación absolutamente insólita : el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, que al mismo tiempo preside el Congreso nacional, están bajo investigación del Superior Tribunal Federal, la instancia máxima de la Justicia en el país. La razón : hay fuertes indicios de que los dos están involucrados en actos de corrupción denunciados en Petrobras.

Tratándose del diputado Eduardo Cunha y del senador Renan Calheiros, ambos pertenecientes al PMDB, principal aliado del PT en el gobierno, vincular sus nombres a sospechas de maniobras irregulares, por decirlo de manera delicada, es algo que está lejos de ser sorprendente.

Pero esta vez se trata de una investigación mayor. Hay un pedido formal, de parte del Ministerio Público, para que sean investigados, y eso crea, concretamente, una situación hasta ahora inédita : las dos máximas autoridades del Congreso bajo sospecha.

Nunca antes hubo algo tan impactante –y a la vez simbólico– que tener a los presidentes de las dos Cámaras del Congreso en esa situación. Teniendo un mínimo de noción de ética y de la estatura de sus puestos, como mínimo pedirían licencia del ejercicio de sus cargos mientras dure la investigación. Pero tratándose de quienes se trata, será al revés : intentarán transformar sus puestos en trinchera para una batalla alucinada.

El primer blanco es el mismo Ministerio Público. Tanto Cunha como Calheiros ya acusan el procurador general de la República de ser una simple figura manipulada por el gobierno. Denunciarlos sería un burdo intento de someterlos a los designios del despacho presidencial. Y justamente el gobierno del cual su partido es el principal aliado, es el segundo blanco de ese odio desatado.

A partir de ahora lo que se verá es una batalla abierta cuyos rumbos y resultados son imprevisibles. El trámite de la investigación que la Corte Suprema aceptó instaurar es largo. Los mandatos de presidente de la Cámara y del Senado duran dos años, los trabajos de investigación seguramente se extenderán por más tiempo.

La imagen de los parlamentarios –de los políticos en general–, que ya está muy desgastada para la opinión pública, se derrumbará aún más. Uno de cada diez senadores estará bajo investigación. Mitad de la bancada del PP (Partido Progresista, también de la alianza de base del gobierno) estará en la misma situación.

La alianza PT-PMDB, que ya estaba tambaleando, sufrió un fuerte impacto. Si tanto Eduardo Cunha, maniobrando a su libre albedrío la Cámara de Diputados, como Renan Calheiros, haciendo lo mismo en el Senado, venían actuando como iracundos opositores, esa brecha podrá abrirse aún más. Hasta ahora, al promover acciones francamente contrarias a los intereses del gobierno, imponiendo seguidas y humillantes derrotas a Dilma, ambos trataban de dar muestra de fuerza para obtener más espacio y más poder en el reparto de cargos, puestos y presupuestos en todos los escalones del gobierno. En esa nueva situación, confrontarse a Dilma puede ser una muestra de fuerza resurgente, pero también un acto que termine por debilitarlos aún más.

No se puede olvidar, sin embargo, que tanto uno como otro son expertos en el juego sucio de la política y no se dejarán derrotar fácilmente.

En medio de todo ese confuso y grave escenario, Dilma sigue en el mismo lugar donde estaba : acosada, aislada y sin un esquema eficaz de articulación parlamentarista.

Si se acaba la alianza PMDB-PT, como parecen querer tanto Cunha como Calheiros, no se acaba el gobierno. Pero lo que nadie sabe es qué espacio de acción le quedará a Dilma.

Eric Nepomuceno para
Página 12

Página 12. Buenos Aires, 8 de marzo de 2015.

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LOS LIDERES DEL CONGRESO ESTAN EN LA LISTA DE MAS DE CINCUENTA ACUSADOS DE DESVIAR FONDOS DE PETROBRAS EN BRASIL

Dieron los nombres de los políticos implicados

También están la ex jefa de Gabinete de la presidenta Dilma Rousseff Gleisi Hoffmann ; su ex ministro de Energía Edison Lobao ; Antonio Palocci, ex ministro de Finanzas de Lula, y el ex presidente Fernando Collor de Mello.

La Corte Suprema de Brasil dio vía libre al fiscal general para que investigue a más de 50 políticos sospechados de estar vinculados con la red de corrupción en la estatal Petrobras. La lista de personas a investigar incluye a los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, por un presunto desvío millonario de fondos del gigante petrolero. En la lista figuran también la ex jefa de Gabinete de la presidenta Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann ; su ex ministro de Energía Edison Lobao ; Antonio Palocci, ex ministro de Finanzas en la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, y el ex presidente Fernando Collor de Mello.

La nómina fue divulgada en la noche del viernes por el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, relator del caso que sacude al gobierno Rousseff. La lista incluye, en total, a 54 políticos –22 diputados federales, de un total de 513, y 12 senadores sobre 81– que serán investigados a pedido del procurados general de la República, Rodrigo Janot, quien pretende determinar si tuvieron participación en los millonarios desvíos de fondos llevados a cabo en la principal empresa pública de Brasil. A la par de la decisión del STF de habilitar la investigación, se conoció la decisión de la fiscalía brasileña de solicitar a la Justicia que se investiguen las actividades que Palocci realizó en 2010, cuando recaudaba recursos para financiar la campaña electoral de Rousseff. Janot pidió la apertura de esa investigación, y el juez federal Sergio Moro deberá decidir ahora si se abre o no un proceso. La presidenta llegó a ser mencionada en declaraciones realizadas a la policía en el marco de las investigaciones sobre la red ilegal de Petrobras, pero no será investigada a instancias del cargo que ocupa.

El oficialista Partido de los Trabajadores (PT) divulgó ayer un comunicado en el que defendió la continuidad de las investigaciones y aseguró que, en caso de que se comprueben los delitos que se adjudican a sus militantes, éstos recibirán las sanciones previstas en el estatuto del partido. “Reafirmamos apoyo integral al proseguimiento de las investigaciones que se realizan en el ámbito de la operación policial de forma completa y rigurosa, sin favoritismos o parcialidad, en los marcos del Estado Democrático de Derecho”, expresó la agrupación izquierdista, que tiene siete integrantes investigados. Una de ellas, la ex ministra Hoffmann, expresó estar triste y tranquila tras conocer el contenido de la lista. “La investigación es una oportunidad para aclarar los hechos y una forma de acabar con los juicios anticipados”, dijo. Su correligionario Humberto Costa aseguró desconocer qué denuncias lo vincularon con Petrobras. “Estoy sorprendido e indignado por la noticia y de que mi nombre figurara en el listado”, afirmó.

Cunha y Calheiros rechazaron los cargos y aseguraron que la imputación forma parte de un acuerdo entre la fiscalía y el gobierno federal para poder inculpar al opositor Antonio Anastasia. Cunha publicó ayer un comunicado titulado “Quien no debe, no teme”, en el que plantea que el gobierno de Rousseff interfirió ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que figuraran en la nómina él y Anastasia, ex gobernador del estado de Minas Gerais y único integrante del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que será investigado por el caso. Por su parte, Calheiros afirmó que dará todas las explicaciones y prestará todas las informaciones que la Justicia desee. “Mis relaciones con el poder público nunca sobrepasarán los límites institucionales”, dijo Renan mediante un comunicado.

Los denunciados pertenecen a seis partidos políticos, entre ellos el PT y su principal aliado, el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al cual pertenecen Calheiros, Cunha y la ex gobernadora del estado de Maranhao Roseana Sarney –hija del ex presidente brasileño José Sarney,– quien ayer calificó como injusta la acusación en su contra. Entre los políticos del PT que integran la nómina están Hoffmann, Palocci –quien dejó el cargo por otro escándalo de corrupción–, los senadores Costa y Lindbergh Farias, los diputados José Mentor y Vander Loubet y el ex diputado Cándido Vaccarezza.

El pedido de investigación se basa en denuncias hechas por el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa –quien accedió al cargo a instancias del PP– y del cambista Alberto Yousseff, arrestados hace un año en el marco de una investigación de la Policía Federal sobre evasión de impuestos y lavado de dinero. Costa y Yousseff firmaron acuerdos de delación premiados como forma de conseguir reducción en sus respectivas penas, a cambio de suministrar detalles sobre la red de corrupción que desvió entre 2004 y 2012 unos 3700 millones de dólares de la estatal. El dinero, según las denuncias, fue usado para pagar sobornos a funcionarios y financiar partidos políticos. Los fraudes se realizaron en complicidad con los directores y altos ejecutivos de las principales constructoras del país, que actuaron como un cartel para ganar las licitaciones y firmar contratos sobrefacturados.

El líder de la oposición socialdemócrata, Aécio Neves, derrotado por Rousseff en las presidenciales de pasado octubre, amenazó con pedir un juicio político contra la presidenta si la investigación pone de manifiesto su directa responsabilidad. En tanto, para el domingo 15 de este mes fue convocada en las principales ciudades de Brasil una marcha nacional para pedir el juicio político a Dilma. Lula criticó duramente la iniciativa y anunció otra manifestación para el viernes 13, que contará con el apoyo de numerosos movimientos sociales. En este sentido, la presidenta reiteró que la Justicia hará todo lo posible para llegar a los culpables y que pagarán por eso.

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