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8 décembre 2016

El Frente Renovador Cambiemos de Argentina

par Horacio Verbitsky *

 

En Jujuy tuvo partida de nacimiento el Frente Renovador Cambiemos, oficialismo bifronte allí y germen del nuevo bipartidismo en todo el país. En cualquier hipótesis, Milagro Sala es el cordero sacrificial de la nueva entente.

La fórmula jujeña fue integrada por el contador Gerardo Morales, del ala de Cambiemos que proviene de la UCR, y por el contador Carlos Guillermo Haquim, del FR. Luego de la elección, Haquim alcanzó la presidencia del Partido Justicialista jujeño, preanunciando un proyecto nacional. La intervención del PJ jujeño dispuesta la semana pasada y el anuncio del gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saa de que viajará a Jujuy para pasar la Nochebuena con Milagro Sala indica que no faltarán obstáculos en el camino del engendro.

En la conferencia de prensa que ofreció en Chapadmalal, el presidente Maurizio Macrì ratificó su posición ante la detención arbitraria de la dirigente del movimiento Barrial Tupac Amaru, que fue privada en forma ilegal de su libertad el 16 de enero : si muchos argentinos piensan que cometió graves delitos está bueno que los pague en la cárcel, sin juicio ni condena, y los esfuerzos no deben dirigirse al cumplimiento de las resoluciones de los sistemas supranacionales de protección de los derechos humanos, que urgen su inmediata liberación, sino a que el gobierno de los contadores jujeños haga conocer también orbi esa verdad establecida urbi. O sea, que Jujuy le explique al mundo por qué esa delincuente subversiva no debe pisar las calles nuevamente.

La diputada nacional del Frente Renovador, Graciela Camaño de Barrionuevo, acudió en apoyo de esa posición indefendible, sin privarse de sacar una ventajita sobre el gobierno. Primera espada del opoficialista Sergio Massa en el Congreso, la esposa del caudillo de San Martín que hace cuatro décadas formó parte de la pata sindical de la « Triple A », acusó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a su titular, Susana Malcorra, de cometer errores garrafales en el manejo del caso,

Porque « no se puede jugar con una resolución de los organismos internacionales de derechos humanos, que a partir de la reforma del 94 tienen jerarquía constitucional ». Ante la « excelente defensa internacional » de Sala, dijo, el Poder Ejecutivo mostró « una enorme incapacidad » porque « no puede tener una denuncia en la Organización de Estados Americanos y no tener la iniciativa de presentarse, de tratar de llevar las pruebas, en fin, todo lo que el Gobierno viene haciendo a la zaga, corriendo de atrás ». Sin embargo, su conclusión fue que no debería ser liberada. Con manifiesto oportunismo sostuvo que el problema « no está en la causa, está en lo que hizo el gobierno nacional, vía Cancillería, en los organismos internacionales, para que la verdad de este tema se conozca de manera integral ». Para la señora de Barrionuevo « tenemos que dejar que la Justicia actúe  » ya que « lo que hacen los organismos internacionales son recomendaciones ».

Como ya se ha explicado hasta el hartazgo, los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina obligan al Estado, que la representa ante el mundo por medio de su Poder Ejecutivo Nacional, y no a las jurisdicciones infranacionales, como el gobierno de los contadores Morales y Haquim, ni a su Poder Judicial. Además, el derecho de los tratados rechaza que puedan oponerse argumentos o decisiones del derecho interno al cumplimiento de las obligaciones internacionales.

No es cierto que la Cancillería no haya informado a los órganos correspondientes de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. En el CELS, que presentó el caso ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos tenido acceso a ambos expedientes, en los que consta la extensa argumentación que presentó la Cancillería, con informes de jueces y fiscales jujeños sobre cada una de las causas abiertas a repetición contra Milagro para mantenerla en forma indefinida privada de su libertad. Sus pronunciamientos se basaron en un estudio riguroso e imparcial de toda la documentación disponible. Que no la hayan encontrado satisfactoria es otra cosa bien distinta. El caso está cerrado y sólo resta cumplir la decisión.

La Cláusula Federal contenida en el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que en los estados federales (como la Argentina) el que debe cumplir todas las disposiciones de la Convención es el gobierno nacional. Cuando estas disposiciones « corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación [como la provincia de Jujuy], el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención ».

El último comunicado de la Cancillería dice que ante el llamado urgente de la CIDH para que Milagro Sala recupere de inmediato su libertad, « notificará de inmediato su contenido a la Justicia de la provincia de Jujuy para su conocimiento y acción, para que tome la intervención que corresponda. Como se informara al mencionado Grupo de Trabajo, la República Argentina ha adoptado todas las medidas a su alcance de conformidad con las normas constitucionales aplicables, con las especificidades propias de un Estado federal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuenta también con la información remitida al Grupo de Trabajo, que provee los elementos aportados por la justicia de Jujuy sobre este caso ». Es un mínimo avance respecto de la respuesta al grupo de trabajo, cuya resolución la Cancillería envió a la denominada justicia jujeña « a sus efectos ». También ha abandonado el anacrónico lenguaje anterior sobre la autonomía federal (que en este punto la Convención Americana refuta) y la independencia judicial (una ficción desechada por el Grupo de Trabajo, cuyo pronunciamiento se basó justamente en la falta de independencia de esos jueces).

Tampoco es verdad que el gobierno nacional haya adoptado todas las medidas a su alcance. Por el contrario, con declaraciones como las de Macrì, deriva la responsabilidad en instancias inferiores y rehúsa asumir la propia. Si no encuentra muy pronto la forma de hacerse cargo, ganará impulso la propuesta del juez de la Corte Interamericana Raúl Zaffaroni, de intervención al Poder Judicial jujeño.

Horacio Verbitsky* para Página 12->https://www.pagina12.com.ar]

Página 12. Buenos Aires, 8 de diciembre de 2016.

* Horacio Verbitsky. Investigador, autor y periodista argentino. Actualmente preside el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

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