Desaparecidos en América Latina es un crimen vigente

Los ejemplos más recientes de este tipo de crímenes, realizados a través de la planificación estatal o paramilitar, son los falsos positivos en Colombia, los asesinatos llevados a cabo por el régimen dictatorial en Honduras y los crímenes derivados del conflicto con el narcotráfico en México.

Durante la jornada de este lunes, tanto Amnistía Internacional (AI) como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se pronunciaron sobre el tema.

Ambos organismos reclamaron a los gobiernos del mundo que « ratifiquen la Convención sobre Personas desaparecidas de Naciones Unidas para luchar contra esta práctica abominable ».

« La desaparición forzada es una grave violación de derechos humanos cometida por los Estados o con su colaboración que ha afectado y afecta a decenas de miles de personas en todo el mundo, con casos registrados en más de 80 países », explicaron desde AI.

Para la organización de derechos humanos la mayoría de los casos de detenidos-desaparecidos « siguen sin investigarse ».

Por su parte, el CICR señaló que « es preciso que más Estados se adhieran urgentemente a la Convención Internacional », ya que hasta ahora sólo 83 países la han firmado y 19 se han adherido a la misma.

Los desaparecidos de hoy

Si bien en las décadas del setenta y ochenta los pueblos de América Latina sufrieron los mayores casos de desaparición de personas, principalmente por parte de las dictaduras militares, en estos días la problemática se mantiene como un hecho preocupante en varias naciones.

México

Según el diario La Jornada, México « es uno de los países latinoamericanos con mayor número de desapariciones forzadas ».

El periódico afirmó que « la lista aumenta vertiginosamente » y que en el sexenio del presidente Felipe Calderón ya ocurrieron 3 mil desapariciones por razones políticas, trata de personas y lucha contra el narcotráfico.

Precisamente hace una semana fue hallada una fosa común con 72 cuerpos de migrantes, en el estado de Tamaulipas. Días después fue encontrado muerto Roberto Javier Suárez Vázquez, el fiscal del Ministerio Público que investigaba la masacre.

Colombia

Otro caso emblemático sucede en Colombia con asesinatos perpetuados por el Estado o por organizaciones paramilitares, que en su mayoría cuenta con impunidad gubernamental.

En julio pasado, el Instituto de Medicina Legal (IML) reveló que en los últimos tres años la nación neogranadina sufrió 38.255 desapariciones de personas, víctimas del conflicto interno que vive el país hace más de sesenta años.

De la cifra total, 18.236 casos se denunciaron en el último año, mientras que 15.696 corresponden a 2008 y 4.323 a 2007.

La directora de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asafades), Gloria Gómez, aseguró que estos hechos « necesariamente tienen que ver con funcionarios estatales que participaban directamente en las desapariciones ».

Uno de los hallazgos más recientes se produjo a finales de julio pasado, cuando una delegación de ciudadanos colombianos y representantes internacionales certificó la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados, en la localidad de Macarena. Un mes después fue asesinada Norma Irene Pérez, una de las activistas de derechos humanos que integró la referida delegación.

Honduras

También el pueblo de Honduras sufre la desaparición forzada, sobre todo a partir del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009. Desde ese momento, primero con la dictadura de Roberto Micheletti y luego con el actual gobierno de facto de Porfirio Lobos, la represión ilegal contra la población sucede a diario.

Según la presidenta del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, Berta Oliva, la represión gubernamental trabaja en conjunto con el crimen organizado.

Oliva calificó la situación del país centroamericano como crítica, ya que el Comité recibe diez denuncias diarias de violaciones a los derechos humanos, desde asesinatos selectivos hasta acoso y amenazas de muerte a los miembros de movimientos sociales.

El hecho más reciente en Honduras fue el descubrimiento de una fosa común con más de cien personas asesinadas en los últimos meses.

Cuando las dictaduras reinaban en el Cono Sur

A partir de la década del setenta, las dictaduras militares irrumpieron en Suramérica con varios objetivos concretos, entre ellos : aniquilar a las organizaciones político militares que buscaban el triunfo de la revolución, eliminar a quienes figuraban en las listas de los promotores del anticomunismo y aplicar planes económicos diagramados en Washington, que serían el prólogo al neoliberalismo de la década del noventa.

Con el apoyo total del Departamento de Estado estadounidense y la Central de Inteligencia norteamericana (CIA), los régimenes represivos aplicaron políticas sistemáticas de desaparición de personas como método principal.

El denominado Plan Cóndor es sólo un ejemplo de la coordinación de las dictaduras de Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil y Paraguay para intercambiar prisiones políticos y asesinarlos sin fronteras que entorpezcan.

En Argentina, la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla cometió, desde 1976 A 1983, 30 mil desapariciones a través de una red de centros clandestinos de detención regada
por todo el país.

En Chile, el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) desapareció a 3 mil personas, mientras mantenía en calidad de detenidos-desaparecidos a otras miles en cárceles o centros clandestinos.

Por su parte, la dictadura militar uruguaya (1973-1985) fue la responsable de 200 desaparecidos, aunque la persecución política llevó a cientos de personas a las cárceles o al exilio.

Según familiares de víctimas, en Brasil el régimen dictatorial que sufrió el país entre 1964 y 1985 tenía, para 1979, una lista de 339 desaparecidos, aunque sólo 144 eran confirmados.

En Paraguay, la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) fue responsable de la desaparición forzada de 377 ciudadanos.

En el caso de Bolivia, en 1971 Hugo Banzer encabezó un golpe de Estado para instaurar un régimen que persiguió a militantes de izquierda, al igual que en el resto del Cono Sur.

Tras dimitir Banzer, en 1980 el general Luis García Meza da un nuevo golpe de estado con apoyo de paramilitares reclutados por el criminal nazi Klaus Barbie y el terrorista italiano Stefano Delle Chiaie, derrocando a la Presidenta constitucional interina Lidia Gueiler Tejada.

El régimen de Banzer tuvo como saldo 3.600 exiliados y más de 10 mil perseguidos políticos y encarcelados, mientras que cifras oficiales revelaron que durante el período de García Meza hubo al menos 170 desapariciones forzadas.

Los desaparecidos de la IV República

Si bien Venezuela no tuvo una dictadura militar entre las década del setenta y ochenta, los gobiernos del período conocido como IV República (1958-1998) fueron responsables también de desapariciones de personas a través de métodos represivos.

Antes de la irrupción de régimenes represivos en el Cono Sur y Centroamérica, en Venezuela se produjeron los primeros casos de este tipo de crímenes, justificados en el anticomunismo.

El ex vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, denunció que durante la IV República se produjeron más de mil desapariciones de personas y que se implementó la tortura aprendida en la Escuela de las Américas.

Para el autor del libro La desaparición forzada en Venezuela, Agustín Arzola, a partir de 1964 « se activaron manuales de represión selectiva para América Latina que incluyen desde la tortura hasta la desaparición de opositores de izquierda, producidos por la castrense Escuela de las Américas en Estados Unidos ».

Centroamérica desaparecida

Las naciones centroamericanos que sufrieron con mayor intensidad el aparato represivo militar y, por ende, la desaparición de personas fueron Guatemala, Honduras y El Salvador.

Guatemala ostenta en América Latina el triste récord de la mayor cantidad de desaparecidos políticos : 40 mil luego de treinta años de guerra interna hasta que en 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz.

A finales de la década del setenta y durante 1980, las organizaciones revolucionarias guatemaltecas tuvieron un gran crecimiento y como consecuencia fueron víctimas de una fuerte política represiva por parte del Estado.

El saldo de esta política oficial dejó 200 aldeas arrasadas en el campo, más de 300 mil muertos y más de 250 mil refugiados en México.

Según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), en ese país las desapariciones forzadas se iniciaron en 1979, pero se practican con mayor intensidad a partir de 1981, dejando como saldo a 200 personas de quienes no se conoce su paradero.

Entre 1980 y 1992, El Salvador vivió una guerra civil entre las fuerzas estatales, apoyadas por Estados Unidos, y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).

Con métodos de represión aplicados en varios países, las fuerzas de seguridad salvadoreñas cometieron matanzas y aplicaron la tortura como método previo a la desaparición.

Una historia inconclusa

Un ejemplo para los latinoamericanos es el trabajo incasable de las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, que nunca han desfallecido en la búsqueda de sus hijos y nietos, arrebatos por las dictaduras militares, asesinados, enterrados en lugares desconocidos, echados al mar o entregados en adopción a familias vinculadas o defensoras de esos regímenes, como la dueña del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, quien fue denunciada por apropiación de niños y ha obstruido el proceso para la identificación de Marcela y Felipe Noble Herrera.

La herida abierta en América Latina con las desapariciones forzadas impone a los movimientos sociales y a los gobiernos progresistas sostener e impulsar la lucha no sólo contra la impunidad de otrora sino también por develar las prácticas que se retoman hoy para acrecentar la larga historia de crímenes de esta naturaleza en nuestro continente.

AVN . Caracas, 30 Agosto de 2010.