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5 janvier 2005

Causa y fin del conflicto de la basura de Buenos Aires en el cual Suez-Environnement está en primera línea.

par Eduardo Videla

 

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Luego de una muy neoliberal maniobra de cambio de identidad jurídica, la empresas del sector de la basura, se resignan "aparentemente" a aceptar las condiciones de los empleados.

Ver el desarrollo del conflicto en los tres artículos siguientes :

El conflicto de la basura a Buenos Aires

Página 12, 22 de dicembre del 2004

En medio de un paro que duró de 14 a 21, los recolectores tiraron y quemaron basura frente a la sede del gobierno porteño. Y a la noche volvieron a trabajar a reglamento. Piden una indemnización por "cambiar" de empresa, pero las firmas se niegan. Ibarra aseguró que la medida es "injusta". En el Ministerio de Trabajo intentan lograr un acuerdo. El gobierno de la ciudad pide que los vecinos no saquen la basura. Y el gremio amenaza con parar en todo el país.

El conflicto entre los recolectores de residuos y las empresas del sector, que involucra al gobierno porteño y a toda la ciudad, se agravó ayer, después de que los trabajadores volvieran a rechazar la oferta empresaria, cumplieran un paro de siete horas y, a modo de protesta, volcaran y quemaran basura a lo largo de dos cuadras de la Avenida de Mayo, frente mismo a la sede del gobierno de la ciudad. Anoche, el personal nucleado en el gremio de los camioneros volvió a cumplir una jornada de trabajo a reglamento, lo que se traduce en la no recolección de basura en vastos sectores de la ciudad, como ocurrió en la víspera. El gremio reclama, en rigor, una suma de dinero equivalente a una indemnización por despido porque a partir del 16 de enero pasarán a depender de las nuevas empresas que se harán cargo de la limpieza de la ciudad. Las empresas y el gobierno porteño insisten en que esa compensación no corresponde dado que a los trabajadores se les garantizan la estabilidad laboral y sus derechos adquiridos. El gremio, por su parte, amenaza con un paro de camioneros a nivel nacional. La disputa continúa hoy en el Ministerio de Trabajo.

La ciudad amaneció ayer con cuadras enteras colmadas de bolsas de basura. "La situación era mucho peor que la de la semana pasada : no fue trabajo a reglamento, como dijo el gremio, sino un paro encubierto", dijo a Página/12 el secretario de Producción y Desarrollo Sustentable, Eduardo Epszteyn.

Por ese motivo, el gobierno porteño montó un operativo de recolección de emergencia, para lo cual contrató 40 camiones y 250 operarios eventuales, que trabajaron controlados por la Guardia de Infantería de la Policía Federal. La prioridad fueron el centro de la ciudad, los hospitales, los alrededores de la estación de Once, La Boca y las principales avenidas de la ciudad. "Lo que se gaste en estos operativos será facturado a las empresas recolectoras", aseguró Epszteyn. Por lo pronto, el gobierno porteño pidió a los vecinos que no sacaran la basura a la calle hasta tanto se resuelva el conflicto.

El gremio que conduce el camionero Pablo Moyano -hijo del líder de la CGT Hugo Moyano- redobló ayer la apuesta. Primero, con un paro de siete horas, desde las 14, que afectó el servicio de barrido en la ciudad. Y luego con una movilización hasta la sede del gobierno porteño, que incluyó el vuelco de camiones de basura y la posterior quema de desperdicios en plena Avenida de Mayo, convertida por la tarde en una suerte de relleno poco sanitario.

Tuvieron que intervenir los bomberos para sofocar el fuego, pero nada pudo aplacar el olor que impregnó el ambiente hasta el atardecer, cuando los operarios contratados cumplían con la desagradable tarea de recoger la basura desparramada, podrida, quemada y para colmo mojada.

"Condenamos el método utilizado por el sindicato para ejercer la protesta, más allá de que se considere justo o no el reclamo, ya que es absolutamente irracional poner en riesgo la salubridad de la ciudad", dijo Epszteyn a este diario. El gobierno intentó mostrarse como víctima de un conflicto entre las empresas y el sindicato. Por la mañana, el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, había considerado el reclamo como "injusto" y "desmesurado". "La ciudad garantizó (a través de los pliegos de licitación) que ningún trabajador pierda el trabajo, y hoy tiene la basura en la calle. Yo, la verdad, es que siento que cuanto menos es injusto, por no decir desmesurado", dijo Ibarra en declaraciones radiales. Luego de la demostración que sufrió por la tarde, frente a la sede de gobierno, cedió la voz a su secretario Epszteyn y a su jefe de Gabinete, Raúl Fernández. "Hacemos un llamamiento a los gremios y a las empresas, porque los vecinos no pueden ser rehenes de sus discusiones", exhortó Fernández, al anochecer.

Pablo Moyano volvió a mostrarse tan inflexible como el primer día. "A menos de un mes del traspaso, los trabajadores viven en la incertidumbre : no saben qué empresa los va a tomar, a qué zona van a ir a trabajar, ni con qué antigüedad", dijo el dirigente gremial a Página/12. "Por eso vamos a seguir con el trabajo a reglamento por tiempo indeterminado, hasta que las empresas den una respuesta satisfactoria", agregó. "Vamos a pelear hasta que paguen la indemnización a todos los trabajadores".

El reclamo de una indemnización para quien no es despedido -y que, según el reclamo, debería ser doble- puede parecer desmesurado. Pero el gremio encontró una fórmula para que la pretensión al menos quede encuadrada dentro de la ley. Para ello, formuló una consulta al Ministerio de Trabajo, que obligó al Departamento de Asuntos Jurídicos de esa cartera a emitir un dictamen : ese texto tiene la virtud de dar argumentos a una y otra parte para mantener su posición (ver nota aparte).

Por un lado, el jefe de Gabinete, Raúl Fernández, sostuvo que, según el dictamen, la indemnización sólo corresponde a "quienes rechacen la transferencia a la nueva empresa". Pero el dictamen también dice que "no existe impedimento legal para que, mediante acuerdo escrito, los trabajadores involucrados condicionen la conformidad (de su pase a otra empresa) a la percepción de una suma total o parcial" equivalente a las que les correspondería como indemnización si no hubieran prestado ese consentimiento.

En ese argumento se apoya el gremio de Moyano para seguir adelante con su reclamo. "Por más que les respeten la antigüedad, quién les garantiza a los trabajadores que, con la fragilidad de la economía en este país, las nuevas empresas no terminen cerrando", argumentó el abogado del gremio, Carlos Arias, a Página/12.

 ¿Por qué, si el conflicto es con las empresas, el gremio hizo esta demostración frente al gobierno de la ciudad ? -le preguntó este diario a Moyano.

 El gobierno de la ciudad es solidario con las empresas. Es el que las contrató y se tiene que hacer cargo -respondió el dirigente gremial.

Las cuatro compañías -Aeba, Cliba (ex Sita, de Suez-Environnement), Ecohabitar y Solurban- fijaron su posición a través de una solicitada que se publica en los diarios de hoy, donde se asegura que "la totalidad de los trabajadores que actualmente se encuentran trabajando en la prestación del servicio continuarán sus tareas en las (nuevas) empresas concesionarias (...) respetándoseles la antigüedad, categoría, salarios y beneficios adquiridos". Informan que, no obstante, se les ofreció a todos los trabajadores "un pago graciable". Esa propuesta, que consistió en un mes de sueldo adicional, fue rechazada por el sindicato. Hoy, a las 15.30, las dos partes volverán a encontrarse en la sede del Ministerio de Trabajo. Mientras, la basura se sigue acumulando en las calles porteñas.

***

Los intereses en disputa

Por Raúl Dellatorre
Página 12, 5 de enero del 2004

La solución no será sencilla, las posiciones parecen demasiado distantes. Nadie arriesga a ponerle plazo al conflicto. En tanto, dos de los actores en esta puja saben perfectamente a qué juegan y van midiéndose con la paciencia de quienes cuentan con varios lances similares sobre sus espaldas. Estos son el sindicato de camioneros y el Ministerio de Trabajo. Los otros dos actores recién empiezan a salir del asombro por la virulencia de los acontecimientos. Es la situación de los concesionarios de la recolección de la basura y de quien lo contrata, el Gobierno de la Ciudad.

El fin de la audiencia pública de ayer en el Ministerio de Trabajo, sin resultado aparente y con un cuarto intermedio hasta hoy, les cayó a los primeros como un mero trámite formal. Pese a las posturas inflexibles tanto desde la vereda sindical como del lado empresario, se sabía de antemano que la verdadera negociación estaba planteada en otros ámbitos. "Pasamos a cuarto intermedio hasta mañana (por hoy), pero ahora empieza la verdadera negociación", confió uno de los participantes de la audiencia apenas finalizada la misma. Y así sería : el cruce telefónico entre la cartera laboral, el "bunker" de los camioneros, desde donde Hugo y Pablo Moyano monitorean el conflicto, y las oficinas de los concesionarios de la recolección no se interrumpió hasta bien entrada la noche. E iba a seguir durante esta mañana.

Según lo describió para este diario un viejo conocedor de estas lides -por conflictos caminados y por conocimiento de derecho laboral-, este es un típico conflicto de intereses económicos, no de derechos. Los trabajadores reclaman una mejora en su situación, como si se tratara de un aumento de sueldos, pero no por un derecho cercenado ; por lo tanto, es un conflicto sin derivación judicial. Y solamente se resuelve en una mesa de negociación o por la derrota de una de las partes en la pulseada gremial.

Aunque la explicación suene elemental, quizá contenga la raíz que explica por qué se demora una solución : no todos los actores caracterizan de igual manera el conflicto. Para el Gobierno de la Ciudad y el concesionario, el sindicato "no tiene derecho al reclamo". Y consideran que esa tajante definición cierra la discusión. Pero en la práctica no es así en tanto la parte gremial tenga fuerza para dar pelea "por más". Los camioneros, en tanto, se sienten en posición de fuerza para torcer el fiel de la balanza hacia su lado, aunque la basura en las calles le genere la antipatía de la gente. Pero, por ahora, el gobierno porteño sigue siendo el más apurado en resolverlo. Desde el ministerio, en tanto, consideran que la puja recién se resolverá cuando las fuerzas se midan en la negociación. Y a este último escenario es al que apuesta.

Para desgracia de los ciudadanos porteños, el conflicto parecería estar recién en los primeros escarceos. Como una suerte de "chicana", la respuesta del Departamento de Asuntos Jurídicos de la cartera laboral a una "consulta" del gremio pretendió ser esgrimida por éste como un aval a su reclamo, y por el Gobierno de la Ciudad como el rechazo al mismo. El sindicato consultó si habría algún impedimento a que el personal transferido de concesionario recibiera "una compensación equivalente a una indemnización" al mudarse de trabajo. El ministerio, en rigor, no fue más allá de responder que la indemnización "sólo correspondía" en caso de pérdida del empleo o daño a las condiciones laborales, pero que no había "impedimento legal" para que las partes acordaran esa compensación. Cada uno tomó el párrafo que mejor le convino. Es parte de la pelea pero, por ahora, no de la solución.

***

LAS CONCESIONARIAS PAGARAN MAS DE 28 MILLONES EN INDEMNIZACIONES
Los detalles del acuerdo de la basura

Ayer se formalizó el acuerdo entre el sindicato de camioneros y las empresas de recolección de residuos. 650 trabajadores cobrarán el 180 por ciento de la indemnización. Otros 2850, el 80.

Por Diego Schurman
Página 12, 4 de enero del 2004

Las concesionarias encargadas del servicio de recolección de residuos porteños - Aeba, Cliba (ex Sita, Grupo Suez-Environnement), Ecohábitat y Solurban - desembolsarán más de 28 millones de pesos para afrontar el pago de las indemnizaciones de los 3500 trabajadores del sector. Así lo aseguraron ayer representantes de las firmas tras formalizar un "acuerdo marco" con el sindicato de camioneros que puso fin al conflicto de la basura en la Capital Federal.

Las negociaciones se desarrollaron entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche del lunes en el Ministerio de Trabajo con la presencia del jefe de la cartera laboral, Carlos Tomada. Los camioneros ya habían festejado el jueves 30 de diciembre la decisión de las empresas de hacerse cargo del pago de las indemnizaciones, algo a lo que en un principio se negaban. Pero el tema quedó definitivamente superado ayer, a una semana de vencerse el plazo de la conciliación obligatoria impuesta por el Gobierno.

La disputa se originó por la incertidumbre que generaba en los trabajadores del sector el recambio de las concesionarias del servicio de recolección de residuos, el próximo lunes 16.

Concretamente, el sindicato que conduce Hugo Moyano hizo hincapié en dos reclamos :

 Que las firmas que se hagan cargo del servicio mantengan al mismo personal y reconozcan sus derechos (antigüedad, vacaciones, etc.).

 Que las empresas que terminan con la concesión afronten el pago de las indemnizaciones de ese personal, en los términos en que indica la ley.

El primer punto se da por hecho ya que así lo establecen los pliegos de concesión. Pero el segundo punto generó tironeos hasta último momento. Finalmente, el lunes se avanzó sobre la forma de pago, que de ahora en más cada uno de los 3500 trabajadores, en forma individual, deberá rubricar. El texto del "acuerdo marco" se refiere a dos modalidades :

 Por un lado se hace alusión a los empleados que pasarán a trabajar para la empresa Transportes Olivos-Ashira. Son unos 650 y cobrarán la totalidad de la indemnización, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo. Se trata de una suma conformada por los años de antigüedad, más el 80 % de ese total. Lo que en la jerga laboral se llama la "doble indemnización", pese a que en rigor se trata del 180%. A este grupo, la nueva concesionaria le reconoce la antigüedad para, por ejemplo, computar salarios y vacaciones, pero no a fines de futuras indemnizaciones.

 Los otros 2850 se distribuirán en las mismas firmas que ahora se encargan del servicio pero que desde el 16 de enero cambiarán su razón social ya que constituyeron nuevas Uniones Transitorias de Empresas. Por eso sólo percibirán el 80 % de la indemnización y a cuenta. Por lo tanto, a diferencia del primer grupo, en caso de que sean despedidos se les reconocerá la antigüedad real para completar el resarcimiento que comenzarán a recibir en las próximas horas.

En todos los casos, habrá un pago inicial, el próximo 14 de enero, y el resto se completará en tres cuotas mensuales, el 17 de febrero, el 17 de marzo y el 18 de abril.

Hugo Moyano puso la firma al acuerdo junto a su hijo y mandamás del sector de recolección de residuos, Pablo. Por el sindicato también estaba presente el adjunto Mariano Silva y un cuerpo de abogados integrado por Juan Rinaldi, Daniel Colombo Russell y Carlos Arias. Del lado empresario se mostraron los representantes legales de Aeba, Sita-Cliba, Ecohábitat y Solurban. Y por el Ministerio de Trabajo, además de Tomada, estuvieron el director nacional de Relaciones del Trabajo, Jorge Schuster, entre otros.

El "acuerdo-marco" redunda en calma para los porteños, que durante la última quincena de diciembre vieron transformar la ciudad en un basural por el paro de los recolectores. Pero el alivio es también para Aníbal Ibarra y Néstor Kirchner. El jefe de Gobierno porteño tuvo fuertes cruces con Moyano. Y lo mismo el Presidente, aunque no por los medios sino en dos reuniones en la Rosada. De todos modos, ninguno de ellos pudo festejar : la tragedia de Once los mantuvo ocupados.

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