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mercredi 28 avril 2010

Argentina
Millonaria evasión en tres cerealeras cordobesas

 

La AFIP de Río Cuarto detectó una operatoria de comercialización de granos "en negro" de 150.000 toneladas de soja y maíz, que representan una evasión de 140 millones de pesos. En la maniobra están involucradas tres grandes empresas cerealeras cordobesas, establecimientos de acondicionamiento y acopio granarios, así como estudios jurídicos y contables del departamento Tercero Arriba, una región de activa producción de granos del centro de la provincia.

La AFIP informó en un comunicado que allanó –por orden del Juzgado Federal de Villa María, a cargo del Dr. Mario Garzón- 11 domicilios en las localidades de Oliva y Corralito, donde se secuestraron "elementos que dan cuenta de la apropiación de claves fiscales de terceras personas, como así también la existencia de cheques y valores de terceros en propia cartera, que significan el retorno del dinero de parte de los proveedores inexistentes".

La agencia fiscal manifestó que las firmas acusadas utilizaban “prestanombres” de sujetos insolventes y sociedades fantasmas para ocultar los verdaderos operadores y, de este modo, obtenían créditos fiscales falsos. A su vez, arrendaban dos plantas de acopio completamente en desuso, para utilizarlas como pantallas con el fin de hacerse de mayores cantidades de cartas de porte y poder así movilizar el cereal comercializado en negro.

De acuerdo a los procedimientos realizados, se pudo determinar la presunta participación por parte de un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones se encontraba en la zona rural del departamento Tercero Arriba ; que se destaca por ser una región relevante producción granaría del centro de la provincia de Córdoba. También se obtuvo una significativa información sobre un sinnúmero de productores agropecuarios que al realizarse los allanamientos estaban comercializando de manera ilegal su producción.

En este marco, se interdictó sin derecho a uso 1812 toneladas de cereal en negro encontrado en el momento de los procedimientos, equivalentes a un valor aproximado de 1.500.000 pesos.

Pàgina 12, 28 de abril de 2010.

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