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5 mars 2010

Argentina deberia hacer como Ecuador, investigar su deuda externa.

par Alejandro Olmos Gaona

 

Ecuador pudo investigar el origen de su deuda externa y comprobar las aberraciones políticas y jurídicas que se cometieron. Le sirvió para pagar menos y negociar en mejores condiciones con sus acreedores.

La Arena . Argentina, 5 de Marzo de 2010.

Respondiendo a las viejas luchas de organizaciones de la sociedad civil y los grupos indígenas, al poco tiempo de asumir el gobierno, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, creó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), mediante el decreto ejecutivo 472, tomando juramento a sus miembros el 23 de julio de 2007 en la Gobernación de Guayas, de la ciudad de Guayaquil.

La CAIC, estuvo integrada por diez miembros ecuatorianos y cinco extranjeros, entre los que se encontraba quien esto escribe y fue presidida por el ministro de Coordinación de la Política, economista Ricardo Patiño y se dividió en distintas comisiones, para proceder al trabajo que se les encomendara que comenzó, en realidad en el mes de enero del 2008, debido a una serie de trabas burocráticas, que recién en esa fecha pudieron superarse.

El presidente Correa consideró que el paso previo a cualquier renegociación de la deuda heredada de los anteriores gobiernos era analizar cuidadosamente su origen, su formación y, en definitiva, qué parte de ella era legítima y cuál no lo era, para proceder en consecuencia a cortar de raíz con una transferencia de recursos que impedía seriamente el desarrollo de emprendimientos productivos de interés nacional.

Oposición de la burocracia.

La auditoría que encargó no tuvo sólo el propósito de limitarse a los aspectos meramente contables del endeudamiento externo, sino que abordó un espectro amplísimo de trabajo capaz de determinar las graves consecuencias que tuvo para el país y su incidencia no únicamente económica, sino en todo aquello que hubiera afectado al medio ambiente, a los pueblos originarios o a los afrodescendientes, etc.

Debe destacarse que en un principio, hubo que enfrentarse con las trabas puestas por funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Finanzas que provenientes de administraciones anteriores, que no tenían el menor interés que se trasparentaran las cuentas públicas, ya que muchos de ellos, habían intervenido en algunas negociaciones.

El estado caótico de los archivos hizo muy dificultosa la tarea, pero la voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación suplió todas las dificultades, y se trabajó arduamente en el análisis de todos los papeles que se fueron encontrándose, aunque en algunos casos no fue posible reconstruir algunas negociaciones, por haber sido destruidas las evidencias de las mismas.

Igual que Argentina.

En minucioso análisis de toda la documentación que fue verificada mostró que el proceso de endeudamiento fue similar al argentino, ya que habiéndose cancelado toda la deuda externa en 1975, al asumir el triunvirato militar en 1976, comenzó una política llamada "de endeudamiento agresivo" que llevó las obligaciones externas a más de 3.600 millones de dólares a fines de 1979, cuando retornó la democracia. En el año 1982, el Presidente Osvaldo Hurtado procedió a estatizar la deuda privada, y a partir de 1983 se realizaron distintas negociaciones con la banca extranjera, que determinaron que la deuda siguiera creciendo, hasta producirse la interrupción de los pagos en 1986.

En diciembre de 1992, con la casi totalidad de la deuda prescripta de conformidad con las pautas del Estatuto de Limitaciones del Estado de Nueva York, el gobierno decidió renunciar a los derechos de prescripción actualizando la deuda por otros seis años, lo que permitiría, firmar en 1994 el Plan Brady, que era una copia del firmado por la Argentina y otros países latinoamericanos, con la excepción de los montos, los nombres de los funcionarios intervinientes y la legislación de cada Estado que era diferente.

Ante el incumplimiento de las obligaciones del Brady, y violando las propias disposiciones contractuales que establecían, que sólo la mitad de la deuda era susceptible de ser refinanciada, porque la otra parte estaba garantizada por bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que el Ecuador había comprado, se decidió de acuerdo con los acreedores, refinanciar la totalidad, volviendo a incrementarse la deuda, y las garantías fueron vendidas por Salomon Smith Barney (Citibank) uno de los que interviniera en la operación, desconociéndose el destino de los fondos, con excepción de algunas pocas sumas que pudieron ser documentadas.

El "libreto".

Los autores intelectuales de todos los contratos de deuda furon el estudio Milbank, Tweed, Hadley y McCloy, abogados y socios de la familia Rockefeller desde 1930, y que tuvo como abogados destacados entre muchos otros a John Mc Cloy, que fuera presidente del Banco Mundial y asesor de siete presidentes de los Estados Unidos, y a William Webster, que fuera director del FBI de 1978 a 1987, y director de la CIA de 1987 hasta 1991, cuando se decidió la implementación del Plan Brady.

Es importante puntualizar que además de remitir todos los contratos, que debían ser firmados sin ningún cambio, los acreedores, enviaban el modelo de la opinión legal que debía emitir el Procurador de Estado, quien en vez de cumplir con su función de defender al país como abogado del mismo, se limitaba a firmar lo que le mandaban, exactamente igual a lo que ocurrió aquí cuando se firmó el Plan Brady.

Aberraciones jurídicas

Haciendo una síntesis de los hallazgos encontrados, tienen relevancia especial los siguientes que revelan, a los extremos que se llegó :

1) La indudable lesión a los intereses del Estado y al patrimonio público
2) La violación a principios fundamentales del derecho administrativo
3) La ignorancia del cabal destino de los fondos durante la dictadura.
4) La violación del Código Civil, el Código de Comercio y la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
5) La violación de la Constitución.
6) La obligatoriedad de contraer préstamos con el FMI, aún cuando no se necesitara el dinero, como condición de cumplimiento del contrato con los bancos acreedores.
7) Se eximió de cualquier responsabilidad, por cualquier acto lesivo, a los bancos acreedores, representantes, empleados, directivos, etc.
8) Se renunció a cualquier tipo de inmunidad.
9) El Ecuador se hizo cargo de la totalidad de los gastos de los acreedores, sus abogados, asesores, operadores, etc.
10) Se firmaron convenios sin autorización legal.
11) Se renunció a todas las defensas que pudiere oponer el país, en caso de una acción legal.
12) Se renunció a cualquier acción legal, en caso de que el convenio firmado fuera nulo, ilegal o no ejecutable.
13) Los procuradores del Estado, incurrieron desde 1977 hasta el 2005 en los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
14) Se estableció, falsamente, en los convenios que éstos se encontraban en legal forma bajo las leyes del Ecuador.
15) En el caso de los bonos 2012 y 2030, el convenio "Indenture" que establecía las pautas a las que debían ajustarse, no tuvo el obligatorio dictamen de la Procuraduría, y el mismo recién fue remitido a las autoridades ecuatorianas cinco años después de ser firmado por el Cónsul de Ecuador en Nueva York.
16) Se firmaron convenios con fechas antedatadas.
17) En la generalidad de los casos las emisiones de bonos fueron colocaciones privadas a ser negociadas en gran parte en paraísos fiscales y nunca obedecieron a las formalidades de una oferta pública, sujeta a las estipulaciones de la Securities Exchange Comisión de Estados Unidos, como correspondía a una negociación clara y transparente.
18) Se aceptaron créditos de los organismos multilaterales, para privatizar sectores estratégicos, y no para proyectos de desarrollo.
19) Se convalidó el abuso de derecho.

La presentación

El denominado Resumen Ejecutivo de la Auditoría fue presentado al presidente Rafael Correa el 20 de noviembre de 2008, en un acto público que contó con la participación del gabinete de ministros, los más altos funcionarios del Estado, el presidente de la Asamblea Nacional, asambleístas, cuerpo diplomático e invitados especiales de otros países. La economista Karina Sáenz, directora del Banco Central, fue la encargada de mostrar los aspectos estadísticos de la deuda, y quien esto escribe, en su carácter de miembro de la Comisión de Auditoría, fue quien expuso extensamente los aspectos fundamentales de la ilegalidad de todas las contrataciones.

Ante la existencia de graves irregularidades, de los delitos de acción pública mostrados y del incumplimiento de los principios fundamentales del orden jurídico del país y aún de los Estados Unidos, a cuya legislación estaban sometidos los contratos, y los que aún se encuentran vigentes, el presidente Rafael Correa decidió que el Ministro Fiscal del Estado, Washington Pesantez, iniciara una indagación previa sobre la base de la voluminosa documentación reunida por la Comisión a los efectos de imputar a los responsables del endeudamiento, habiendo sido citados ya varios ex presidentes y otros funcionarios.

Suspensión de pagos

Además el Presidente Correa ordenó la suspensión de los pagos de los bonos Global 2012 y 2030, procediéndose a realizar el análisis de las posibles acciones a seguir. En una de las reuniones de gabinete en las que participé, propuse la impugnación de los créditos, ya que tenía en mi poder un informe que había pedido al estudio de abogados de Nueva York Rabinowitz, Leaderman, Standard & Krinsky, pero se decidió seguir la opinión de Paul Reichler, un abogado norteamericano que representaba al Ecuador en un litigio ante la Corte de Justicia de La Haya, quien sostuvo que resultaba imposible accionar legalmente y que sólo cabía negociar con los acreedores. A esto se sumó la baja de los precios del petroleo, y la crisis financiera en Europa y Estados Unidos que determinaron que los migrantes ecuatorianos dejaran de remitir fondos, con lo que la economía del país sufrió los efectos de la crisis, y Correa no tuvo otra alternativa que ver la mejor manera de enfrentar a los acreedores, pero sin acceder a la totalidad de sus reclamos.

Fue así que se decidió hacer una oferta de pagar el 30% de los bonos, en efectivo, y desprenderse así de obligaciones por más de 3.200 millones de dólares, lo que fue aceptado por el 92% de los tenedores. Eso significó terminar con transferencias del orden de los 7.000 millones de dólares en los próximos años en concepto de intereses y amortizaciones, y el consiguiente condicionamiento económico que esa deuda significaba para el Ecuador. El elemento fundamental para que no fuera cuestionada la oferta, fueron los resultados de la auditoría que mostraba todo lo que señalé anteriormente, y los acreedores no iban a arriesgarse a un pleito interminable, de resultados inciertos.

« Cómo arreglamos »

Finalmente, y como una evidencia más de lo importante que resulta efectuar una auditoría que muestre con claridad todo este conjunto de operaciones fraudulentas, puedo consignar el hecho, que a las pocas horas que yo hiciera la presentación al país, se comunicó conmigo vía mail y telefónica unos de los abogados del Chase Morgan, para ver "cómo se podía arreglar todo esto", ya que tenía conocimiento de mi participación en la decisión del Presidente Correa de no pagar la deuda, y era necesario según él llegar a algún acuerdo que fuera beneficioso para las partes.

* Alejandro Olmos Gaona. Historiador, docente, investigador del proceso de endeudamiento argentino y latinoamericano. Autor del libro "La deuda odiosa".

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