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25 décembre 2015

Argentina : Repudio unánime ante la derogación por decreto de la Ley de Medios

 

Organizaciones de derechos humanos, universidades públicas, medios comunitarios y trabajadores de prensa repudiaron la intervención por decreto de la Afsca y la Aftic y calificaron la decisión del presidente Mauricio Macri de autoritaria, antidemocrática y violatoria del derecho humano a la comunicación. Resaltaron la necesidad de respetar el espíritu democratizador de la palabra encarnado en la ley de medios y llamaron a movilizarse si el Gobierno mantiene su postura. En paralelo a la solidaridad en la calle, con la concentración en las puertas de la Afsca, Martín Sabbatella recibió apoyo por parte de los sectores de la comunicación sin fines de lucro y del sector público, que calificaron su desplazamiento como un ataque a los postulados de la ley. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó de « ilegítimo » el decreto 236/15 y advirtió de que avasalla facultades « exclusivas del Congreso » establecidas por la Constitución. Las organizaciones coincidieron en denunciar que detrás de la medida está la mano de Clarín y los grupos monopólicos, que caracterizaron como favorables a los intereses que pugnan por la concentración mediática y la desregulación estatal.

« Este avance entra en contradicción con los estándares del sistema interamericano en materia de libertad de expresión, que exigen que cualquier regulación en esta materia esté expresamente definida en una ley », sostuvo el CELS, que también destacó los avances en materia de acceso a la información que la ley de Medios garantiza. « La LSCA significó un cambio histórico de paradigma. La regulación del sistema de medios audiovisuales no puede quedar librada a la lógica mercantil. Es función del Estado garantizar el ejercicio del derecho humano a la comunicación mediante políticas públicas destinadas a fortalecer la diversidad, el acceso, el pluralismo y el debate democrático », destacó el organismo en un comunicado. La Coalición por la Comunicación Democrática se declaró en estado de alerta.

La Defensoría del público, por su parte, llamó al Gobierno « a respetar la división de poderes establecidas por la Constitución Nacional » y que en adelante se ajuste a « los 166 artículos » de la ley, votada por ambas cámaras del Congreso en 2009 y declarada constitucional en su totalidad por la Corte Suprema en 2013. La Defensoría argumentó su posición en que la Afsca, tal como establece la norma, « debe representar los intereses heterogéneos y no de manera exclusiva los del Poder Ejecutivo » y en que la medida restringe su « conformación plural » y vulnera « su autarquía y descentralización ». También recordó que el fallo de la Corte que declaró la constitucionalidad de la ley remarca que la autoridad de aplicación debe ser « independiente » y hace un llamado de atención al ejecutivo sobre la necesidad de imparcialidad. Desde el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) cuestionaron la medida y señalaron que « ningún cambio a la ley aprobada por el Congreso debería hacerse mediante un decreto de necesidad y urgencia » [1].

Graciana Peñafort, que participó en las audiencias públicas convocadas por la Corte en el marco de las impugnaciones del Grupo Clarín, denunció que « tanto la Afsca como Aftic tienen directorios conformados por ley » y que las intervenciones « son ilegales e ilegítimas ».

En disidencia con la línea editorial del Grupo Clarín, la comisión interna trabajadores de Canal 13, TN y tn.com.ar difundió un comunicado en el que manifiesta « profunda preocupación ante el avance incontenible de decretos e intervenciones » del Gobierno. « Luchamos también para que las instituciones de la República sean respetadas », afirmaron.

« La intervención nos afecta directamente por la pérdida de representación », denunció la Red de Carreras de Comunicación Social « [2] », que forman parte del sector beneficiado con el 33 % del espectro que establece la ley. El Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), por su parte, participó en la movilización a la sede de la Afsca y repudió el decreto por « inconstitucional y autoritario » [3]. « No vamos a permitir que estos decretos e intervenciones anulen procesos democráticos y de lucha que tanto han costado a nuestro pueblo », advirtieron desde HIJOS Capital.

Rebelión. España, 25 de diciembre de 2015

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