Argentina : 12 de octubre. Nada que festejar.

Un 12 de octubre agitado

En los últimos meses, la cuestión indígena se ha instalado en la agenda política y mediática nacional. La desaparición forzada de Santiago Maldonado, desató un sinfín de estigmatizaciones por parte del gobierno, medios de comunicación y determinados periodistas. El fondo de la represión y su justificación mediática fue ocultar el debate sobre la vulneración de derechos y los conflictos territoriales que atraviesan las comunidades de pueblos originarios en nuestro país con el avance en la privatización de sus tierras, la industria extractivista (minería, hidrocarburos, forestal) y el agronegocios.

En efecto, en Argentina, casi un millón de personas se autoreconocen como pertenecientes a alguno de los 31 pueblos originarios reconocidos por el INAI y distribuidos en el país (Censo 2010). La mayoría de ellas, conforman el sector de la población argentina –rural y urbana- más vulnerable en términos de acceso a recursos básicos (como agua, alimentos, salud, educación y tierra).

El 27 de septiembre pasado, el Senado de la nación dio media sanción a la prórroga de la Ley Nº 26.160. La misma suspende los desalojos a las comunidades indígenas, declara la emergencia de la posesión y propiedad comunitaria y estipula un Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI) a cargo del INAI y con instituciones provinciales. Desde su implementación en 2006 se plantearon numerosas críticas por las dificultades económicas, políticas y estratégicas para cumplir con los objetivos. Entre ellos se criticó el carácter no retroactivo sobre los territorios apropiados (por grupos empresariales, entre otros) y la falta de titulación efectiva de las tierras censadas. Sin embargo, esta legislación constituye un paso previo importante para que las comunidades indígenas puedan identificar su territorio actual y se fomenten políticas públicas provinciales para la posterior adjudicación de títulos de propiedad comunitaria, respetando las lógicas y costumbres indígenas.

Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicado en agosto de este año hay 1532 comunidades identificadas en la actualidad. De ese número, han iniciado el proceso de relevamiento 759 comunidades, es decir, solamente un 49% del total. Y sobre esto, sólo 459 comunidades se encuentran con el trabajo finalizado. En la provincia de Santa Fe, la labor fue asumida por el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (IPAS), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Se han relevado unas 17 comunidades de las cuales, solamente se entregó en 2008 la escritura comunitaria a la comunidad Mocoví « ComCaia » en la localidad de Recreo.

Asimismo, durante 2017 el Estado ha previsto el relevamiento solamente a 150 comunidades (apenas el 9,79% del total de registradas, excluyendo a las que no han atravesado ningún proceso y a las que aún no lo han concluido). El resultado arroja que el 60% quedarían afuera del proceso de no prorrogarse la norma y no tendrían la posibilidad de relevar su territorio (aún falta la aprobación en la Cámara de Diputados con mayoría de Cambiemos). Hay que agregar, que en caso de continuar con el relevamiento el Poder Ejecutivo deberá asignar las partidas presupuestarias necesarias para atender el Fondo Especial creado en el artículo 4º de dicha Ley.

En síntesis, los estados nacional y provinciales y sus distintas agencias han intentado resolver la « cuestión indígena » con poca eficacia práctica. Las demandas de adjudicaciones, las condiciones de tenencia precaria y las denuncias por desalojos –con aumento de la violencia física- continúan y se mezclan a situaciones de asistencialismo y clientelismo que se vinculan con el reconocimiento de los indígenas como sujetos políticos, con la profundización de sus condiciones socioeconómicas y el avance en la privatización de los territorios. No obstante, el amparo legal plantea la necesidad de incorporar esta agenda en la política pública estatal, a la vez que permite reforzar una identidad particular en las luchas de los pueblos indígenas y demandas por el acceso a bienes comunes.

Hacia una nueva Conquista del Desierto

Ayer salvajes, hoy terroristas. Así, la idea del « enemigo interno » desestabilizador del Estado-nación y utilizada como argumento en la Campaña del Desierto del siglo XIX, se reconfigura actualmente a la imagen de « terrorista ». En efecto, no faltan aquellos que piden « mano dura » y hablan de usurpación (por ejemplo, a las tierras del empresario Benetton, de origen italiano). El gobierno en respuesta, reprime.

En muchas ocasiones amparados por el Estado, los megaemprendimientos turísticos, el avance del monocultivo, la industria extractiva, son algunas de las ramas que ocasionan estas situaciones y que se encuentran lejos de aportar al desarrollo de las economías regionales. Al fondo, arrinconadas y excluidas, las comunidades indígenas.

Efectivamente, la existencia de la ley 26.160 como amparo legal no logró evitar represiones y desalojos ; los hechos de 2010 en la Comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) en Formosa, que causó dos muertes ; el mismo año, en Santiago del Estero, murió de un paro cardiaco la campesina indígena Sandra Ely Juárez, mientras enfrentaba una topadora que pretendía arrasar su vivienda y su campo ancestral. Este año, la misma violencia « legítima » del Estado, culminó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado en Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut).

Los problemas territoriales de las comunidades, como así también las condiciones de extrema pobreza en las que viven muchos de ellos (que ocasionalmente son utilizados por la agenda política y mediática por la muerte de los niños con desnutrición) son continuas violaciones a los derechos que las comunidades indígenas han conquistado y defienden en sus luchas políticas.

En la semana donde se cumplen 525 años de genocidio ininterrumpido y de luchas indígenas contra la usurpación y el saqueo de recursos naturales, la nueva agitación del fantasma del terrorismo abre interrogantes : ¿cuál es el rédito del gobierno para instalar esta figura identificada al proyecto sarmientino de civilización y barbarie ?, ¿se busca el consenso de cierto sector del electorado para justificar la escalada represiva ? Mientras tanto, es inaceptable que el gobierno nacional y provincial aún no responda : ¿Dónde está Santiago Maldonado ?

Julia Colla* para El Correo de la Diaspora

El Correo de la Diaspora. París, 13 de octubre de 2017