Adónde va la Argentina ?

León Trotsky escribió un trabajo en 1934 que tituló Adónde va Francia, en el cual planteaba que Francia no es la Bolsa, ni los bancos, ni los trusts, ni el gobierno, ni el Estado Mayor, ni la Iglesia (todos ellos son sus opresores), sino la clase obrera y los campesinos explotados. Sostenía que la destrucción económica, la regresión social y el cuestionamiento de la democracia son los principales rasgos que la caracterizan. La destrucción económica no es consecuencia sólo del generalizado desmantelamiento de actividades productivas junto con la liquidación masiva de puestos de trabajo que materializan la crisis crónica. Se verifica, en particular, en la sistematización de la desvalorización de la fuerza de trabajo, directa e indirectamente. Es decir, se evidencia en el aumento de la explotación que exige la rentabilidad que mueve la acumulación en el capitalismo mundial del cual Francia es un apéndice. Y esta explotación es la explicación de fondo de la regresión social que se observa, no ya en la impugnación de toda una serie de conquistas durante los últimos años, sino también y, sobre todo, en la amenaza cierta de nuevos retrocesos.

En tanto ese planteo se refería a una nación de Europa, con más razón se puede extrapolar a un país del sur de Latinoamérica que ha exacerbado los beneficios de la renta agropecuaria, que tiene como columna vertebral su río Paraná y que propicia un modelo extractivista y agropecuario exportador, para lo cual necesita reducir los costos internos medidos en moneda dura y, fundamentalmente, el salario.

Y la exacerba cuando, al aumento de los precios de los granos en los mercados internacionales, este gobierno le agregó la fuerte depreciación de nuestra moneda que paso de valer $59,60 el 10 de diciembre de 2019 a $98,85 al 23 de abril de 2021 (devaluación del 66%). Por ejemplo, en el Mercado de Chicago, Estados Unidos, en diciembre de 2019 se cotizaba la tonelada de soja a 195 dólares y su precio aumentó a 532,2 dólares para abril de 2021 (173% de aumento) ; la de maíz pasó de 143 dólares a 235,4 dólares (64%) y la de trigo de 195 dólares a un valor actual de 242,8 dólares (alza del 25%). Además, no modificó la alícuota de los derechos de exportación (retenciones) que es del 30% para el grano de la soja y del 12% para los demás granos, por lo que el incremento de los precios es apropiado por los grandes acopiadores y comercializadores que operan en el país en desmedro del pueblo argentino que debe pagar sus alimentos a un mayor precio.

El problema es que la Argentina cuenta con más 45.500.000 habitantes, de los cuales sólo una minoría puede tener un trabajo productivo ante una producción que se torna cada vez más primaria. En 2020, las exportaciones de granos de maíz han sido récord al alcanzar las 39.000.000 de toneladas declaradas, mientras paralelamente se encareció de excesivamente la carne aviar y porcina en el país, al usar ese alimento como forraje. Se obtuvo una venta al exterior de 1.000.000 de toneladas de carne vacuna y paralelamente el consumo de esa carne per capita fue la más baja de los últimos 100 años de la Argentina (50,1 kilogramos), cuando históricamente rondaba los 90 kilogramos.

El modelo es de ajuste del consumo interno para generar mayor saldo exportable y se justifica por la obtención de divisas para poder pagar la deuda externa, tanto pública como privada. Cuando eso es parcialmente cierto, pero mucho más verdad es la súper ganancia de Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Glencore, Aceitera General Deheza, COFCO, Frigorífico Rioplatense, La Anónima, Frigorífico Bermejo, entre otros que usufructúan de la renta agropecuaria en desmedro del salario real.

El rol del Estado

En medio de la pandemia de Covid-19, el gobierno nacional ha reestructurado sus gastos para priorizar la salud de la población. A la compra, distribución y logística de las vacunas, la inversión en infraestructura hospitalaria y la provisión de servicios de agua y saneamiento sumó una parafernalia de medidas de asistencia. Entre otras : Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ; incremento en los bonos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo (AUH-AUE), y para jubilados y pensionados, trabajadores de la salud y fuerzas de seguridad ; asignación complementaria de los salarios ; postergación y reducción de los aportes previsionales en general y, en particular, para las actividades ligadas a la salud ; créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos ; extensión del seguro de desempleo ; reducción de impuestos a los servicios de salud ; apoyo a las provincias en los planes de salud y en asistencia directa a la energía y al transporte y Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP).

Para hacer posible estas medidas, que se desarrollaron y se desarrollan con fuertes limitaciones, se restringen –a la par– otros gastos estatales. En conjunto, se reduce la participación del Estado en una economía que se redujo en un 9,9% en 2020 y que no presenta una recuperación cierta en los primeros cuatro meses de 2021.

En consecuencia, la Administración Nacional y, por carácter transitivo, el resto de las administraciones públicas –ante una inflación desbocada–, reducen en términos reales el pago de los salarios de sus trabajadores y las jubilaciones y pensiones (ingresos que son deteriorados en su capacidad adquisitiva por el persistente aumento de los precios) [1], y de la inversión pública en general. Ello se hace para afrontar la pandemia, pero también para pagar los servicios de una deuda que, como dijo el propio ministro Martín Guzmán, debería haber modernizado toda la infraestructura del país y no lo hizo, porque ese capital básicamente se fugó.

La extensión de esta situación en el tiempo provoca, por un lado, mayor pobreza y marginalidad y, por otro lado, asegura el patrimonio y la fuga de los beneficiados y la renta entre la diferencia del costo argentino y el precio internacional de las exportaciones.

Cambiar el rumbo

Si el pretexto de reducir los salarios reales y el gasto público es para que se obtenga un mayor saldo exportable, se configura un país para pocos y no exento de conflictos. Es inadmisible que se exporten montañas de maíz en granos y muchos argentinos no tengan que comer.

Se debe cambiar el orden de prioridades y apuntalar los salarios, jubilaciones y pensiones, como hizo Néstor Kirchner a poco de asumir la Presidencia el 25 de mayo de 2003. El problema central para su gobierno se configuraba en cómo hacer para aumentar el poder de compra de los asalariados sin arriesgar el incremento de la competitividad logrado con la devaluación producto de la salida de la convertibilidad, creando una baja en el costo laboral medida en moneda dura. Para ello desarrolló políticas activas, entre las que se incluyeron mejoras en los sueldos y la elevación del salario mínimo, vital y móvil, así como el impulso de negociaciones colectivas que reunieron a sindicatos y cámaras empresarias en el Consejo del Salario. A su vez, al aplicar altas alícuotas en el derecho de exportación (retenciones) a los alimentos, generaban un ingreso genuino al fisco y abarataban en el porcentaje de las retenciones su precio en el mercado interno.

La situación invita a repasar las políticas activas del gobierno de Néstor Kirchner.

Por otro lado, se implementó el Plan de Regularización del Trabajo para luchar contra la informalidad. Estaba orientado a combatir el empleo no registrado, verificar el cumplimiento de las condiciones de labor que garantizaran los derechos y la protección social. A estos fines, se creó un Sistema Integral de Inspección del Trabajo y la Seguridad Social para controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas del trabajo en todo el territorio nacional.

Se debe frenar con la constante devaluación de nuestra moneda. Ya la hizo el gobierno de Cambiemos cuando ajustó el tipo de cambio entre fines de abril y fines de julio de 2018 en un 100%. Por el contrario, lo que se requiere es recuperar el valor del peso.

Si el escollo es el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus condicionalidades, se debe suspender toda la negociación con ese organismo internacional, al menos, mientras se desata la segunda ola de coronavirus. Primero la salud y el trabajo argentino y luego, ver la forma en que se paga la deuda.

En ese marco, se propició el Decreto 239/2021 por el que la Procuración del Tesoro de la Nación se constituye en parte querellante en la causa 3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. El expediente se encuentra en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de determinar a los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado nacional.

Pero que la querella no sea sólo contra los funcionarios de Cambiemos que hicieron posible el endeudamiento y su fuga, sino que debe extenderse a las personas físicas y jurídicas que se beneficiaron con esa práctica. Para ello la AFIP debe llamar, en primer lugar, a los titulares de las mayores compras de divisas y decirles : “Señores, ustedes no pagaron impuestos a las ganancias por el monto de dólares que compraron en el período 2015-2019, de donde extrajeron esa suma”, con lo cual se logra hacer, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.

Sólo tomando medidas de gobierno con decisión y coraje se logra cambiar el rumbo para volver a crecer en base a nuestro mercado interno y a nuestro trabajo. Trotsky, ante el temor al poder económico, termina su trabajo con una frase : « Quien se arrodilla ante el hecho consumado es incapaz de enfrentar al porvenir ». Se gobierna para fijar rumbo y promover el bienestar general del pueblo argentino, según manda nuestra Constitución Nacional. Sino, como dijo Cristina Fernández, mejor que se queden en su casa.

Horacio Rovelli* para El Cohete a la luna

El Cohete a la luna. Buenos Aires, 25 de abril de 2021.